miércoles, 20 de noviembre de 2024

Se pudrirá en la cárcel



La Justicia procesó con prisión en la jornada del lunes al coronel retirado Eduardo Ferro por cuatro delitos de privación de libertad por el secuestro de los militantes del Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti y los hijos de ella, Camilo y Francesca. El hecho ocurrió en noviembre de 1978 en Porto Alegre (Brasil) y se dio en el marco de la operación «Zapatos rotos»


 


La Justicia procesó con prisión en la jornada del lunes al coronel retirado Eduardo Ferro por cuatro delitos de privación de libertad por el secuestro de los militantes del Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti y los hijos de ella, Camilo y Francesca. El hecho ocurrió en noviembre de 1978 en Porto Alegre (Brasil) y se dio en el marco de la operación "Zapatos rotos".

Según la fundamentación de la sentencia, compartida por el Observatorio Luz Ibarburu, Celiberti fue trasladada a Porto Alegre "bajo custodia de Ferro" con "la finalidad de montar una ´ratonera´ en su domicilio y detener a Hugo Cores, todo en forma ilegítima". Cores era en ese entonces secretario general del PVP. Los militares que respondían a Ferro eran Glauco Yanone, José Bassani y Carlos Rossel, y el jefe del Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), Pedro Seelig.

https://observatorioluzibarburu.org/media/uploads/procesamiento%20FERRO%20noviembre2024%20%20fund.pdf


La jueza de la causa, Silvia Urioste, señaló que los agentes que estaban a cargo de Ferro "privaron de su libertad a cuatro personas -dos de ellas niñas- y torturaron sistemáticamente a los mayores de edad, incluso, simularon un delito, lo que demuestra el exceso y la saña de su actuación".
Lilián Celiberti, exdirigente del PVP que fue secuestrada durante la dictadura militar.

La carta y la visión de Camilo Casariego

En enero de 2021, Camilo Casariego, uno de los hijos de Lilián Celiberti, publicó una carta al entonces prófugo Eduardo Ferro, narrando lo sucedido. “Recuerdo bien ese mediodía en el cual yo de siete años junto a mi hermanita de tres años, hacíamos lo de siempre, jugar en la puerta de nuestra casa en Porto Alegre, Brasil. Al ver llegar a mamita salí corriendo a abrazarla, como hacíamos, y hacen todos los niños de esa edad, pero el abrazo fue interrumpido por una cantidad de ‘camaradas’. Aún hoy, escucho los golpes que le dieron al 'Yano' (Universindo Rodríguez) al hacernos entrar a todos en el apartamento”, dijo Casariego.

"Nos llevaron primero a una comisaría en Porto Alegre, luego en una camioneta llena de soldados armados hasta los dientes, nos trajeron a Uruguay, pasamos la frontera y nos separaste de nuestra madre, te la llevaste a Brasil y nos encerraron a mí con siete años y a mi hermanita de solo tres años en una habitación vacía, me golpearon cuando a la mañana siguiente quise abrir la ventana para escaparme de ese infierno”, relató.

Además, en el cierre de la misiva expresó: "Acá te estábamos esperando tus víctimas, no solo los comunistas, también los que no lo somos, y te queremos ver encerrado, preso que es donde mereces estar, porque en definitiva, lo único que sos verdaderamente es eso, un genocida, un criminal".

Militares retirados Iván Paulós y Eduardo Ferro a la salida de un juzgado



 

 

 

 

Por lo ocurrido en la Torre Ejecutiva





Carolina Ache no votará a Delgado porque cree en “el Estado de derecho”

Búsqueda, 19 noviembre 2024
 

“Los hechos que denuncié son de público conocimiento y no hay dos versiones como han pretendido instaurar, entre otros el candidato blanco, la verdad es una sola”, dice la exsubsecretaria colorada respecto a los presuntos intentos de ocultar información sobre la entrega de un pasaporte al narcotraficante Marset; espera la citación en Fiscalía para dar más información.

La exvicecanciller Carolina Ache no votará a Álvaro Delgado en el balotaje porque cree en “el Estado de derecho” y por los hechos presuntamente irregulares ocurridos en la Torre Ejecutiva que denunció en Fiscalía.

Ache, que compitió en la interna presidencial del Partido Colorado, era hasta ahora una de las pocas dirigentes de esa colectividad que no se había pronunciado de cara a la segunda vuelta que enfrentará a Delgado con el frenteamplista Yamandú Orsi. Consultada por Búsqueda acerca de a quién planea votar el próximo domingo 24, la exviceministra de Relaciones Exteriores del gobierno de la coalición dijo que no acompañará al candidato que apoya su partido. 

“Voté a mi partido en primera vuelta. Soy colorada y batllista. Nadie me va a correr por ese lado”, dijo. “Justamente como colorada también soy republicana y creo en el Estado de derecho. Los hechos que denuncié son de público conocimiento y no hay dos versiones como han pretendido instaurar, entre otros el candidato blanco, la verdad es una sola”. Y concluyó: “Por esas razones no voy a votar a Álvaro Delgado”.

Ache denunció que, cuando era subsecretaria, el gobierno intentó ocultar documentos que debía brindar a la Justicia y demostraban que el Poder Ejecutivo había mentido al Parlamento. Durante una interpelación a varios ministros por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, lo que le facilitó salir de una cárcel en Emiratos Árabes Unidos, los representantes del gobierno habían dicho que nadie sabía quién era ese uruguayo.

Tras la interpelación, el Frente Amplio logró que la Justicia obligara a la Cancillería a entregar la investigación administrativa que había desarrollado para entender cómo se había tramitado el pasaporte. También debía proporcionar los intercambios de WhatsApp entre Ache y el subsecretario del Ministerio Interior, Guillermo Maciel, en los que hablaban de Marset como un narco "pesado" y "peligroso".

El gobierno intentó que esa información no llegara a la oposición. El entonces canciller, Francisco Bustillo, le sugirió a Ache que perdiera el celular, según una grabación que la exsubsecretaria entregó en Fiscalía cuando, en noviembre del año pasado, declaró como indagada por la entrega del pasaporte.

Ache dio a Cancillería, en noviembre de 2022, un acta notarial con los chats, pero el documento no llegó a la Justicia. Días después fue a una reunión en la Torre Ejecutiva convocada, a pedido del presidente Luis Lacalle Pou, por el asesor en comunicación y estrategia del mandatario, Roberto Lafluf. Allí, según la denunciante, le pidieron que borrara los chats con Maciel y entregara un acta que mostrara que no tenía los mensajes en su celular.

Al día siguiente, Ache le avisó a Lafluf que no iba a cumplir con el pedido. El asesor cortó y llamó al presidente para informarle de la decisión y, según la denuncia, la volvió a contactar para pedirle que presentara el acta notarial con los chats en Cancillería. Cuando Ache le dijo que ese documento ya estaba en poder del ministerio, Lafluf le respondió que no era así porque él lo había destruido.

Después de que Búsqueda, el 2 de noviembre del año pasado, informó sobre los intentos del gobierno de ocultar esa información, el presidente Lacalle Pou aceptó la renuncia de Bustillo, Lafluf, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el subsecretario Maciel. Ache había renunciado antes, cuando la oposición finalmente consiguió los chats.




El fiscal especializado en delitos económicos y complejos Alejandro Machado, que investigaba la entrega del pasaporte a Marset, abrió una carpeta para indagar sobre la destrucción del documento, que fue confirmada por el presidente Lacalle Pou en conferencia de prensa. Mientras cerró el caso “madre” sin imputaciones, continúa investigando las eventuales responsabilidades de las autoridades por el ocultamiento de información.

Algunos de los jerarcas que renunciaron ocupan hoy cargos en la administración pública y otro mantiene un vínculo con el oficialismo pero desde la actividad privada: Lafluf asesora a través de su agencia de publicidad desde hace meses a Delgado en su campaña presidencial, Heber volvió al Senado, Bustillo a la Cancillería y Maciel ocupa un cargo como asesor en Ancap.

En los últimos días, el abogado de Ache, Jorge Díaz, dijo que nunca integraría un gobierno liderado por Delgado, entre otras cosas porque sabía lo que pasó en la reunión en el piso 11 organizada por Lafluf.

Consultada por Búsqueda acerca de si pasó algo más en la reunión de la Torre Ejecutiva de lo que se sabe hasta ahora, Ache respondió que solo hablaría del tema en Fiscalía. Añadió que está “esperando” que el fiscal Machado la cite.

Acerca de la eventual participación del presidente en la reunión en el piso 11 —el mandatario dijo que no estuvo involucrado y solo pasó "a saludar"—, volvió a decir que prefería “no hablar del tema” hasta no ser citada.








lunes, 18 de noviembre de 2024

El narco de la lista 3600

 

18 noviembre 2024, Montevideo Portal


La Policía detuvo el pasado viernes a cinco personas en un operativo llevado adelante en la playa de San Luis (Canelones). Efectivos del Departamento Antidrogas y del Grupo de Inteligencia de la Armada Nacional estuvieron a cargo de las acciones policiales.

Gracias al trabajo de inteligencia, los uniformados lograron conseguir información que apuntaba a que en la madrugada del viernes llegaría un cargamento de drogas a la playa. Así fue que interceptaron una barcaza y, producto de esto, se dio un tiroteo, en el que dos funcionarios resultaron lesionados.

Horas más tarde se supo que uno de los delincuentes, Mario Scaglia, era funcionario municipal de la Intendencia de Canelones e integró la lista 3600 del Frente Amplio en el lugar número 13. En octubre de 2024, se jubiló. 

La lista 3006 es de la Agrupación Frente Grande, que integra el sublema Canelones Productivo y con Justicia Social, que también conforma el Movimiento de Participación Popular (MPP).

Aracelis Delgado fue quien encabezó la lista. En agosto de 2023 dijo que la agrupación comenzó “en torno a Yamandú Orsi”. Según consignó Caras y Caretas, Delgado aseguró que “gobernar Canelones no es fácil” y por eso su sector decidió apostar por el candidato de izquierda.

Fuentes del caso informaron a Montevideo Portal que Scaglia fue condenado a dos años de penitenciaría a través de un juicio abreviado, en el que reconoció un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico.

De hecho, las fuentes dijeron que Scaglia era quien manejaba el tractor que sacó la barcaza del agua, en la que se llevaba una tonelada de pasta base.

El hombre trabajaba desde 2011 en la comuna canaria y en 2013 pasó a ser maquinista especializado. Por su experiencia, se estima, era quien manejaba el vehículo de gran porte que tenía el cometido de alejar la droga del agua.



Decomisaron más de 1.000 kilos de pasta base en San Luis; es la mayor incautación de esta droga registrada en Uruguay.
Se interceptó una embarcación que iba a altar mar.
Dos efectivos resultaron heridos.
Hay nueve detenidos









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El narco de la lista 51


Por Eduardo Preve en X


EN LA LISTA

  • El narco y funcionario municipal detenido con 10 kilos de cocaína en Paysandú fue candidato en la lista 51 de Nicolás Olivera en las elecciones internas en junio.
  •  Ocupó el lugar 57, según el registro de la Corte Electoral.

AMPLIACIÓN

  •  La Fiscalía incautó el celular del narco que trabajaba en la Intendencia de Paysandú y militaba activamente para el intendente blanco Nicolás Olivera
  •  Pueden surgir más conexiones.
     Schubert Sebastián Álvarez Helguera y Juan Eduardo Olivera Requelme
  •  
  • La vice presidenta de la República Beatriz Argimón se pronunció sobre el caso del integrante de la Lista 51 del Partido Nacional detenido con 10 kilos de cocaína en Paysandú.
    “Desconozco!!” admitió Argimón sobre razón que Chofer de la Intendencia de Paysandú de Olivera, que fue a prisión por tráfico de cocaína, continuaba en ese cargo y todavía siendo “activo militante” de una lista del Partido Nacional, cuando ya tenía antecedentes por ese delito


Chofer de la Intendencia de Paysandú del nacionalista Nicolás Olivera y puntero político del intendente y senador electo del PN detenido con 10 kilos de cocaína, informa El Telégrafo de Paysandú


Como se informara, el pasado viernes fueron imputados dos sanduceros de 29 y 36 años que ingresaron a nuestro país casi 10 kilos de cocaína desde Argentina.
Según los datos recabados ambos poseían antecedentes penales, por lo que se puede precisar que el automóvil era ocupado por Schubert Sebastián Álvarez Helguera, de 29 años, quien se desempeñaba como funcionario en la Intendencia de Paysandú y es activo militante de la lista 51 del Partido Nacional, y Juan Eduardo Olivera Requelme, de 36.

El procedimiento fue realizado sobre las 23 horas del jueves a la salida del puente internacional “José Artigas” cuando personal de la Brigada Departamental Antidrogas se encontraba efectuando controles de rutina. Mientras se encontraban en la curva de salida al puente identificaron un automóvil Kia de color blanco, con matrícula de Paysandú, en el cual viajaban dos hombres y cuya actitud del conductor –que había cruzado desde Argentina hacia nuestra ciudad– les llamó la atención.

Ante el nerviosismo de los involucrados, la Policía puso en conocimiento a la Fiscalía de Turno donde se autorizó el traslado del vehículo con sus ocupantes hacia la base policial para poder realizar una inspección minuciosa. Al realizarse el registro notaron que una de las puertas traseras tenía el panel lateral con modificaciones y llevaban acondicionados nueve “ladrillos” encintados con droga. En tanto, al efectuar las pruebas específicas se comprobó que la sustancia era positiva a cocaína, con un peso total de 9,393 kilogramos. De acuerdo a lo manifestado por el Jefe de Policía de Paysandú, Eduar Alvez, al informativo Subrayado de canal 10, el valor en el mercado oscila en el eje de los 90.000 dólares.

Tanto Schubert Sebastián Álvarez Helguera como Juan Eduardo Olivera Requelme, ambos con antecedentes penales por tráfico de estupefacientes, fueron llevados a juicio abreviado y condenados “un delito de transporte de sustancias estupefacientes en concurso formal, con un delito de importación de sustancias estupefacientes en grado de tentativa”, imponiéndoles la pena de 2 años y 10 meses de penitenciaría.


 

 

 

 

 


 

domingo, 17 de noviembre de 2024

Sicarios y policías

 

Violencia, corrupción policial y ultraderecha

 

Niños y adolescentes asesinados por sicarios y también policías; ajustes de cuentas casi cotidianos; padres que matan a sus hijos; niñas violadas por docentes y familiares, son parte de las noticias diarias que progresivamente nos van acostumbrando a este escenario de violencia. ¿Cómo se para esto? ¿Se puede parar?

 

16 de noviembre de 2024, Caras&Caretas

Por Carlos Peláez


Violencia y corrupción policial: Según datos tomados de fuentes abiertas, es decir, los partes policiales y las informaciones de prensa, al momento de cierre de este informe se han registrado un total de 1.786 homicidios en todo el país durante esta gestión de gobierno.

En los últimos 5 años del gobierno frentista se registraron 1.687 asesinatos, que era la cifra más alta hasta entonces. A pesar de las mentiras de algunos voceros, ya tenemos 99 crímenes más cuando aún quedan tres meses para cerrar el período.


Pero estos son sólo números si no se ponen en contexto. A mediados de abril del 2022 aparecieron restos humanos en la costa montevideana, frente al Barrio Sur. La visualización de cámaras de videovigilancia mostró a dos hombres empujando un carrito de supermercado por la calle Paraguay casi Carlos Gardel. Así se descubrió que un consumidor de drogas, que tendría una deuda importante, fue citado a una casa ubicada en la zona, allí lo mataron, descuartizaron, metieron los restos en el carro y los tiraron en el Río de la Plata.


Es difícil pensar en algo más horroroso. Sin embargo este tipo de crímenes se convirtieron en algo habitual. Así empezaron a aparecer cadáveres descuartizados, quemados o enterrados, siempre en barrios periféricos de Montevideo. Enseguida se instaló el sicariato como noticia diaria. Siempre dos tipos en moto, con casco, portando una pistola 9mm y más recientemente subfusiles.


Primero esperaban a sus víctimas cerca del lugar donde vivían. Pero recientemente las balaceras se hacen ante multitudes sin medir las consecuencias. Tal fue el caso de un hombre al que quisieron matar dos veces antes de encontrarlo jugando al fútbol en una cancha de Carrasco Norte. Lo acribillaron ante muchísima gente y una joven que nada tenía que ver recibió un impacto.


El fin de semana pasado, un joven de 24 años fue asesinado a balazos en medio de un baile en San José y ante unas 300 personas. También un inocente sufrió un roce de bala en la cabeza.


Siempre puede ocurrir algo peor. En enero de este año un niño de 8 años murió durante un ataque a balazos en su casa de Malvín Norte.


En febrero, un pequeño de dos años murió alcanzado por una ráfaga, disparada desde una moto, que iba dirigida al conductor del auto en que lo trasladaban. El padre del niño, de 22 años, también murió en el lugar. Otros dos pequeños que estaban en el vehículo sufrieron graves heridas. Todo ocurrió frente a una “boca” en Pinar Norte.


En mayo, un niño de 11 años y tres hombres mayores de edad, que estaban todos en una “boca” del barrio Maracaná, fueron asesinados a balazos. Los homicidas eran parte de una banda de pequeños traficantes que portaban pistolas automáticas calibre 40.


En octubre, un enfrentamiento entre bandas de Cerro Norte provocó el asesinato a balazos de un bebé de un año y graves heridas a su madre.


El lunes pasado, una adolescente de 16 años que estudiaba en el comedor de su casa del barrio Maracaná fue asesinada a balazos por un hombre que llegó en moto, saltó un murito, ingresó a la casa, le pegó dos balazos a la chica, baleó a otros dos niños que jugaban en el patio pero resultaron ilesos, y huyó.


Autoridades del hospital Pereira Rossell informaron que “aproximadamente cada 15 días reciben a un menor baleado”.


Todos estos casos fueron obra de sicarios contratados por pequeños narcotraficantes locales. En la mayoría de los casos la policía logró identificar a los responsables que luego marcharon a la cárcel. Pero a pesar de saber quiénes son los jefes de esas bandas y dónde están, la Inteligencia policial no ha logrado pruebas para condenarlos.


Vale recordar que el exministro Luis Alberto Heber mostró en el Senado un diagrama con los 45 grupos delictivos que funcionan en la zona metropolitana, incluyendo todos sus nombres. Es decir, saben quiénes son.


No es el caso de los niños pero sí de los mayores que se ha hecho costumbre en los partes policiales señalar que las víctimas tenían antecedentes, como si eso justificara el crimen.


La violencia está en nosotros

Si todos estos crímenes no fueran suficientemente terribles para toda la sociedad, ocurren otros que deberían promover la pregunta “¿qué nos está pasando?”.


Por ejemplo, los casos reiterados de violencia vicaria, es decir, padres asesinando a sus propios hijos. Los más recientes, una mujer que vivía en una zona rural de Young mató a su hijo de 10 años prendiéndole fuego. Una semana después un hombre de 22 años saltó desde un balcón a la calle en el barrio Casabó llevando a una bebe de 5 meses, a la que luego mató tirándola violentamente al piso.


O las cada vez más frecuentes violaciones de niñas y adolescentes por familiares directos e incluso por docentes o compañeros de clase.


Claro que no debería sorprender, porque esas personas viven en la misma sociedad donde el senador más importante del Partido Nacional pagaba a menores para tener sexo. O una sociedad en la que son frecuentes los casos de abuso sexual que involucran a policías, militares, políticos o empresarios.


Por otro lado, también existe un clima de extrema violencia en la misma sociedad. Cualquier pequeño incidente de tránsito puede terminar a los golpes. El fin de semana pasado, dos equipos de fútbol de Salto, que participaban de un campeonato policial, terminaron a las trompadas entre policías. En Lavalleja un juez de fútbol fue salvajemente golpeado en una cancha.


No hay partido de los equipos de 1º División que no registre algún incidente violento. Claro que también hay bandas de narcos mezcladas entre las barras de Peñarol y Nacional. Más allá de la acción policial, hinchas de Peñarol cometieron tropelías en Río de Janeiro en ocasión del partido con Botafogo, y no era la primera vez.


Referentes de la barra de Nacional pretendieron robar los cofres fort de un banco de Buenos Aires.


¿Se entiende el grado de locura que vivimos?


La violencia y la corrupción policial
Lo saben propios y ajenos, la corrupción es un grave problema instalado en el seno de la Policía. Son ya innumerables los casos de jerarcas policiales, entre ellos casi una decena de jefes de Policía, que han sido destituidos o formalizados por actos de corrupción. Sólo el caso Astesiano se llevó puesto a casi la mitad de la cúpula policial.


Los casos de gatillo fácil, alentados por la LUC y negados por el Gobierno, han provocado al menos 5 muertos en este período. El último esta misma semana, cuando una funcionaria mató por la espalda a un niño de 14 años cuyo delito era hacer “wheelie” en moto.


¿Cuántos casos serían necesarios para parar la mano?


Los vínculos de policías con traficantes de droga barriales son harto conocidos. Hay muchos policías que no pueden justificar el auto que tienen con el sueldo que ganan. La gente no confía en la Policía. Y eso a pesar de las encuestas y de los buenos funcionarios que son mayoría.


En los barrios marginales la gente no denuncia porque tiene miedo a represalias, ya que la Policía es incapaz de brindarles seguridad. Pero en los barrios centrales de todas las ciudades también la gente teme a los delincuentes porque la Policía es ineficiente. Por ejemplo: un vecino de Piriápolis, una ciudad con pocos habitantes y hasta no hace mucho muy tranquila, relataba que los comercios están cerrando apenas se va la luz del sol “porque temen ser asaltados”.


Nadie está tranquilo ni en su casa.
El Gobierno podrá dar mucha cifra intentando demostrar que todo está mejor que antes, pero el ciudadano no piensa lo mismo.
A este cronista le resulta curioso y preocupante que la corrupción policial no haya sido siquiera mencionada por ninguno de los partidos políticos durante la campaña, aunque todos anunciaron mejoras para el instituto policial. Pero la principal mejora es barrer a los corruptos dentro de filas. Ellos son los que han destrozado a la Policía. Es francamente curioso ya que en conversaciones privadas dirigentes de todos los partidos lo reconocen pero nadie lo expresa en público. Tal vez porque no quieren perder esos votos.


La violencia y la ultraderecha
El filósofo Thomas Hobbes, tan despreciado por el presidente Luis Alberto Lacalle Pou, decía que “cuando los humanos viven sin otra seguridad que la que les suministra su propia fuerza y su propia inventiva, el hombre se convierte en el lobo para el hombre”.


En un mundo donde las guerras son cosa de todos los días, donde individuos inescrupulosos como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei y tantos otros se imponen usando la institucionalidad que desprecian, no solo no estamos seguros, también tenemos miedo.
La violencia ha sido el argumento usado por Nayib Bukele para encarcelar a miles de personas sin ser juzgadas. Gobiernos autoritarios de América Central y del Sur también usan la violencia como motivo para generar miedo y aplicar políticas que van contra los intereses de la gente.


Quienes éramos adultos en los 60 sabemos el grado de violencia que entonces ejercía la ultraderecha, de la que casi nadie habla ahora. La historiadora Magdalena Broquetas ha escrito varios libros muy ilustrativos al respecto.


Blancos y colorados solo mencionan a los tupamaros como únicos gestores de violencia y olvidan a propósito que muchos de los terroristas de la ultraderecha de entonces eran miembros de sus partidos.


Miguel Sofía, integrante del Escuadrón de la Muerte, exhibía su carnet de miembro del Partido Colorado. En tanto, los fundadores de Azul y Blanco y del Movimiento de Restauración Nacional no solo tenían vínculos con el Partido Nacional, años después tuvieron lugares de privilegio en sucesivos gobiernos democráticos.


El golpe de Estado lo dio la ultraderecha militar asociada a dirigentes blancos y colorados que integraron el Consejo de Estado, parodia de Parlamento, u ocuparon cargos relevantes de gobierno, mientras miles de compatriotas eran encarcelados, salvajemente torturados, las mujeres eran violadas y muchos desaparecieron.


Todos dieron vuelta la cara aunque no ignoraban lo que pasaba en los cuarteles. Y lo hicieron porque compartían con los militares el mismo odio cerril contra todo lo que les parecía comunista, desde el PCU hasta Wilson Ferreira Aldunate, y que debía ser exterminado.


Esa ultraderecha regresó, modernizada, en este período de gobierno. Varios políticos, que cobran suculentos sueldos como parlamentarios pero no han hecho nada significativo, usan la red social X para mentir, para denigrar adversarios, para generar odio contra todos aquellos que no piensan como ellos. Esta es la práctica que emplea la ultraderecha en el mundo entero.


¿Cómo se asocia la situación de violencia e inseguridad que vive el país con esa postura ideológica? Solo piensen en quienes reclaman “la volada” para ser ministros de Interior en un posible gobierno de la coalición multicolor: Guido Manini Ríos y Gustavo Zubía. Probablemente no lleguen a ministros pero sí a subsecretarios.


A esa ultraderecha le sirve que haya inseguridad para que la gente tenga miedo y reclame medidas más represivas.


Si la gente tiene miedo, tampoco ejercerá su derecho a la protesta. Y si nadie protesta, podrán hacer lo que quieran. Aquellos que los denuncien serán lapidados en la red de Elon Musk.