La prioridad es que no se vean. Qué hacer con ellos, cómo evitar que haya más parece algo secundario para ellos
Lacalle Pou transmitió a ministros que la ley de internación involuntaria que entra a regir este domingo “es un tema prioritario”
Desde el Vilardebó dicen otra cosa
Tanto policía por un indigente
Población sobrante
Casi 350.000 personas caben en el 10% de la población de Uruguay que se encuentra atrapada bajo la línea de la pobreza. Viven sobre todo en los departamentos del norte del país y también en el sur, en los márgenes de Montevideo, la capital. Según un informe de la ONU, el 44% de esas personas son niños y adolescentes. Este dato genera alarma, pero no sorpresa, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) así lo ha reflejado, con leves variaciones, en el transcurso de la última década. Ganarle el pulso a ese 10% de la pobreza con tan marcado carácter infantil es un mandato ético, al menos eso se escucha estos días de campaña electoral en Uruguay.
En el asentamiento Nueva Esperanza, hay motivos de sobra para no creer en grandes cambios. Situado al oeste de Montevideo, fue creado en 2015 por cinco familias, a las que se sumaron otras hasta alcanzar las 45 que se cuentan hoy, explica Luis Acosta, referente comunitario del lugar. “No tenemos trabajo fijo, hacemos podas y limpieza de terrenos, reciclamos basura”
Salvo pocas excepciones, la mayoría de sus 200 habitantes –entre ellos, 100 niños– pasa los ventosos y húmedos inviernos montevideanos entre viejas chapas de zinc, madera y nailon, sin ventanas, debajo de techos que aguantan temporales con tan solo el peso de piedras y neumáticos. Pero más que al frío, en Nueva Esperanza temen a la lluvia. Cuando cae, el agua se cuela en las viviendas, desborda los pozos negros y convierte el camino de acceso al barrio en un lodazal por el que es casi imposible transitar. “Quedan muchas cosas para seguir haciendo”, agrega Acosta, que durante la charla destaca la solidaridad de los vecinos. Juntos mantienen una olla popular, asegura, también un merendero, que funcionan en el centro comunal.
En Uruguay hay unos 607 asentamientos irregulares en los que viven alrededor de 165.000 personas, según los datos oficiales disponibles. Desde el actual Gobierno, una coalición de centroderecha, apenas 21 de ellos han sido completamente intervenidos en cuatro años de administración, mediante su regularización o la relocalización de las familias, entre otras acciones, como informó en febrero el periódico local El País. Las condiciones materiales de estos asentamientos son diversas, así como las historias de quienes los habitan.
“Dentro de la categoría pobreza, ¿qué hay? No es solo la capacidad de consumo [de una canasta básica], que es lo que marca la línea del INE. ¿Qué situaciones se viven?”, plantea la socióloga Verónica Filardo en conversación con América Futura. Filardo es coautora de Detrás de la línea de la pobreza, una investigación hecha en los barrios populares de Montevideo que describe la vida de sus habitantes y su relación con las políticas sociales implementadas entre 2005 y 2019, durante los Gobiernos del Frente Amplio (centroizquierda). En ese periodo, hubo un marcado descenso de la pobreza, observa Filardo, pero la presencia del Estado no se tradujo en una reducción significativa de personas en asentamientos. “Por más mejoras que haya habido, incluso en las condiciones materiales de muchos, siguen estando en el mismo lugar”, apunta.
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