Coalición para delinquir

 

por Enrique Ortega Salinas.
Salió en Caras y Caretas 

Son tantos los escándalos protagonizados por los integrantes de la coalición gobernante que hacer un racconto es una tarea extenuante. 

El problema es que mucha gente tiene mala memoria, lo que le lleva a creer nuevamente en las promesas de los candidatos derechistas, por insólitas que éstas sean. Viene bien, entonces, refrescar la memoria a nuestros familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo.
 

Comencemos por quienes teniendo edad para votar no han terminado el liceo y quisieran hacerlo. Antes de creerle a Álvaro Delgado, tendrían que preguntarle por qué el Gobierno recortó 10.000 becas del programa Uruguay Estudia y por qué bajó el resto de 8.000 a 4.000 pesos. Ahora que se preocupa por la pobreza infantil, habrá que preguntarle por qué no dijo ni pío mientras el Gobierno que integraba y defiende la subía de 16 % a 20,1 %.
A sus votantes les vendieron que la LUC eliminaría la criminalidad. Aumentó. Ahora les quieren vender los allanamientos nocturnos como la panacea. Para arreglar la deserción estudiantil: pagar para que terminen la secundaria. Para solucionar el problema de quienes viven en la calle (récord histórico), la solución es meterlos presos. La verdad, no tienen ni idea de cómo encarar estos problemas.
 

En 2020 quedó claro que venían con todo y por todo No olvidemos cómo mostraron la hilacha a poco de llegar al poder. Luis Lacalle Pou no invitó a la ceremonia de asunción a los presidentes de Nicaragua, Cuba y Venezuela; pero sí a todo el arco derechista, incluyendo a la golpista boliviana Jeanine Áñez. 

Recordemos al Mides alquilando el hotel Urban Express para hospedar a personas en situación de calle. Nada cuestionable, si no fuera porque pertenece a la familia de la exsenadora nacionalista Verónica Alonso. 

El Gobierno designó como director forestal del MGAP a Carlos Faroppa, quien tiene empresa de servicios forestales e incurriría en conjunción entre el interés público y privado. Faroppa fue presidente de la Sociedad de Productores Forestales, gerente de la primera planta de UPM e integrante del comité asesor de la Unión Agricultural Group, del actual senador Juan Sartori, sin perjuicio de militar en el Partido Colorado. 

No sería el único caso en que se nombraba a un jerarca con la obligación de controlar en nombre del Estado al mismo sector en que opera particularmente; lo que se conoce como poner zorros a cuidar el gallinero. 

También se designó como presidente de la Junta Nacional de Salud a Luis González Machado (de Cabildo Abierto), propietario de una empresa con vínculos comerciales con el Sistema Nacional Integrado de Salud, violando el artículo 31 del Código de Ética de la función pública. 

En abril se desarticuló una banda de abigeos integrada, entre otros, por el alcalde colorado del municipio Rincón de Valentín, Tabaré Leivas, y su hijo. 

En mayo, el diputado suplente Nicolás Ortiz (Ciudadanos) fue imputado por explotación sexual de menores en la Operación Océano. 

Durante la campaña electoral, Lacalle Pou aseguró que no subiría ni las tarifas ni los impuestos; pero, apenas llegó al poder, aumentó las primeras y realizó descuentos al salario de los funcionarios públicos. La rebaja del IVA con tarjetas de débito pasó del 4 % al 2 %, lo cual implicó una suba de impuestos. En el pago con tarjeta de crédito en los restaurantes, la rebaja del IVA pasó de 9 % a 5 %. El Gobierno contrató como asesores y consultores a los hijos de dos exministros: Juan Andrés Ramírez Saravia, con una remuneración mensual de 140.466 pesos más IVA (para el MI) y Marcela Bensión Mallo (para el MEF) con 265.724 pesos más IVA. 

Isaac Alfie contrató como asesores de la OPP a sus amigos Julio Brun, Gustavo Michelin y Guzmán Ifrán, todos con remuneraciones de $142.189 + IVA. Las cofradías se repartían la torta mientras exigían austeridad a los trabajadores con la excusa de la pandemia. 

El 16 de junio, Pablo, cuidacoches que vive en situación de calle junto a su perro “Compa”, fue detenido y esposado por policías. Mientras uno le apoyaba la rodilla en la espalda, el otro funcionario caminó unos diez metros hacia “Compa” y, de manera totalmente innecesaria, le dio un balazo, obligando a Pablo a mirarlo mientras agonizaba. La noticia de este acto de crueldad recorrió el mundo. 

En el mismo mes, unos 60 integrantes del sindicato bancario que manifestaban pacíficamente frente al Banco República, fueron fichados por la Policía como en tiempos de la dictadura. El oficial principal Ramos, de la Seccional Primera, manifestó que esos datos se registraban en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, bajo la tipificación de “manifestante”, al igual que registraban a las personas vinculadas a delitos como hurtos, rapiñas, etcétera. El mes anterior, durante otra movilización del sindicato bancario, también fueron intimidados y fichados. 

En Soriano, la Policía rompió la puerta irrumpiendo con sus armas en un hogar, aterrorizando a la familia de un trabajador y obligando a su hija, que estaba en su cuarto con una amiga, a levantarse en ropa interior. Se equivocaron de domicilio. 

Por esos días, el publicista Fernando Cristino divulgó una grabación en la que la vicepresidente, Beatriz Argimón, lo amenazaba y aseguraba que el Gobierno oía todas las llamadas: “Yo hablé con ellos para que no te hicieran nada”. “Vos cuídate mucho, vos cuídate mucho”. “Haceme un favor; pensá en vos y cuídate. Sos un chiquilín, sos un chiquilín muy joven, ¿tá? Así que cuídate. ¿Oíste?”. Luego le dijo “cuídate” dos o tres veces más. 

El capitán de navío Gastón Bianchi (Cabildo Abierto) fue destituido de la ANP cuando tomaron estado público diversas declaraciones contra aliados y adversarios. A Heber lo acusó de acomodar a su yerno en el Mides y no estar “comprometido con ningún cambio, salvo aquel vinculado a su cuenta bancaria y bienes”. A Pablo Mieres lo llamó “roedor”; a los sindicalistas “parásitos que no tienen hábitos de trabajo” y que “deberían estar todos presos”. Al Frente Amplio le llamó “escoria” y del Partido Comunista dijo que “debería estar proscrito”.

El 4 de julio, el presidente de la CND, Miguel Ángel Loinaz, fue destituido a poco de asumir. Primero había contratado irregularmente a su pareja y luego se supo que utilizaba las instalaciones de la corporación para el funcionamiento de su empresa particular. 

En el mismo mes se descubrió que la Agencia Nacional de Vivienda aprobó adjudicaciones a dos hermanos de Gustavo Borsari en los últimos años. Gustavo Borsari fue director de la ANV, en representación del Partido Nacional, durante el último lustro. 

En Salto, la periodista Sandra Caño, de Radio Tabaré, entrevistó al secretario general del Sunca, Daniel Diverio. El propietario de la radio, Martín Olaverry, accionista mayoritario de Carve vinculado a “Un Solo Uruguay”, la despidió por haber entrevistado a un sindicalista.

 En la misma ciudad, policías del PADO aterrorizaron a dos hermanos de 15 y 17 años que regresaban a su hogar, y al grito de “se terminó el recreo”, frase insignia de la coalición, los obligaron a pararse contra una camioneta abriéndoles las piernas a golpe de cachiporra y golpes en las costillas. El de 17 logró escapar y llamar al 911. El más chico quedó con los policías llevándose la peor parte. Ya con sus padres, presentaron la denuncia correspondiente. 

El viernes 31 de julio, el exdiputado del MPP, Juan José Domínguez, y su esposa, fueron golpeados sin motivo por dos desconocidos, el mismo día en que se atentaba contra un local del FA sanducero. 

En agosto tomó estado público que el abogado, escribano y diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, enfrentaba varios juicios por deudas, habiéndose quedado con el dinero de una compraventa. Suspendido como notario, la Corte entendió que: “Cometió irregularidades que comprometieron severamente el ejercicio de la función pública que le fue confiada”. En mayo había sido denunciado por estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho por incumplir con la mitad de las clases que debía dar en línea. 

También en mayo, Caras y Caretas dio a conocer que el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Andrés Astesiano, fue procesado en 2002 por estafa y había sido indagado en decenas de ocasiones por la Policía de varios departamentos del país.

El Ministerio del Interior compró en forma directa 55 vehículos todo terreno a la empresa Ayax S.A., dirigida por un amigo de Luis Lacalle Pou. 

Un informe de la Cepal mostró a Uruguay como uno de los países que menos invertía en la región (0,7 % del PBI) para aliviar los problemas de las personas más vulnerables ante la pandemia. También fue de los últimos en adquirir la vacuna. 

Agustín Bascou, intendente blanco de Soriano, fue imputado por segunda vez por vender ganado prendado. También fue acusado por hacer que la Intendencia comprara combustible en sus estaciones de servicio, mientras libraba cheques sin fondo. 

Ese mes, el Senado aprobó una moción de condena a los apuñalamientos contra militantes frenteamplistas en Salto. La misma fue rechazada por los tres senadores de Cabildo Abierto.

 El domingo 30 fueron detenidos en Rivera tres militantes de la Comisión Departamental de Memoria y Derechos Humanos por grafitear sobre la calle una leyenda alusiva a un criminal que cumplía prisión domiciliaria. El texto dice: “¿Dónde están? Aquí vive un asesino. Gilberto Vázquez”. 

El 9 de septiembre, una mujer que fue descubierta robando un chocolate en un kiosco del shopping Punta Carretas fue reducida por dos policías femeninas correctamente; pero interfirió un policía en actitud violenta, totalmente “sacado”, lo que motivó a un particular a interceder para evitar el abuso. El joven policía cruzó empujones con él y se le puso frente contra frente, a lo gallo, en una pose típica de un patotero. Poco después se sentó encima de la detenida (que estaba esposada) con una soberbia que enardeció a los testigos. Ya más calmada, la mujer se levantó y el policía (sin justificación alguna) la tiró contra el suelo. El ministro defendió su proceder y el ciudadano que intentó frenar el abuso terminó en un juzgado denunciado por violar la LUC. 

Los abusos policiales estaban a la orden del día y con la complacencia del ministro del Interior. El 16, en Avda. Rivera y Juan Paullier, una joven llamada Daiana filmó a dos policías que le daban patadas al cuidacoches de la cuadra, que estaba indefenso en el suelo. La chica fue llevada ilegalmente a la comisaría. 

En Flores, el día 2, la fiscal Alicia Abreu pidió el procesamiento con prisión de cuatro policías por el asesinato del adolescente Juan Carlos Matonte. Entre ellos figuraba el jefe de Policía, el comisario mayor (r) Juan Ángel Fontes, quien renunció a su cargo. El crimen databa de años atrás; pero el punto es que Larrañaga llamó a Fontes para “agradecerle los servicios prestados”, no dejando dudas de que el Gobierno apoyaba a los policías... sin importar lo que hicieran. 

En Cerro Largo, una exfuncionaria municipal denunció en la fiscalía de Río Branco al exalcalde y actual diputado nacionalista Christian Morel. Según la denunciante, el entonces alcalde le exigía militar para su sector político, usando el tiempo laboral pagado con dineros públicos y repartir alimentos (algunos vencidos) con el nombre del alcalde. Al pedir explicaciones por su despido, se le habría respondido que faltó a su obligación de militar. 

Se duplicó el sueldo de los presidentes de entes públicos, pasando de 120.000 pesos a 235.000, en plena crisis y mientras decenas de miles de uruguayos quedaban sin empleo o veían disminuidos sus ingresos. Enardecidos, los titulares del MI y MGAP evaluaron armar a los productores rurales y declarar inconstitucional a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Larrañaga declaró que desatendería los reclamos e indicaciones de ésta. 

El general (r) Guido Manini Ríos, que había prometido no ampararse en ninguna clase de fueros, tras ser convocado por la Justicia para declarar por no haber informado los crímenes confesados por un camarada de armas ante un tribunal de honor, cambió de opinión y se atrincheró en su banca. 

La senadora Graciela Bianchi obligó a su colega Amanda Della Ventura a quitarse una camiseta con la leyenda “Desafuero o complicidad” (durante una sesión de una comisión) porque hería su sensibilidad. 

Militantes del MPP, que repartían listas a la salida del Supermercado Devoto, fueron agredidas verbal y físicamente en Shangrilá. A la vez, desconocidos incendiaron cartelería frenteamplista en la Colonia San Javier, de Fray Bentos. Pocas semanas atrás, en Canelones, un grupo de militantes fue “saludado” desde un vehículo al grito de “vivan los blancos” y con disparos de armas de fuego. Abusos de toda clase, en todos los ámbitos, deterioraron rápidamente la democracia uruguaya. 

Nicolás Chiesa renunció a la empresa Mi Granja; pero anunció que continuaría como director de la Granja del MGAP. El FA lo denunció por haber firmado un contrato entre la empresa privada y la institución que dirigía, en clara e indiscutible conjunción del interés público y privado. 

Por otra parte, Ademu denunció incumplimientos en el pago de la copa de leche para las escuelas y que no se pagaban en tiempo y forma las partidas de comedor para las escuelas rurales. 

En Colonia, con elementos nuevos aportados por ediles del FA y la Jutep, la Fiscalía retomó la investigación sobre mala administración y uso del erario por parte de Carlos Moreira. Tras haber sido salvado en la causa sexo x cargo, por dos fiscales de clara vinculación política con el intendente, ahora enfrentaba acusaciones de concusión, tráfico de influencias y abuso innominado de funciones. Todo terminaría en la nada en su feudo. 

El senador Óscar Andrade denunció que la lista 903 (Partido Nacional) de Flores ploteó con propaganda política una ambulancia que fuera donada en 2015 por el SUNCA. 

En San José, mientras se recortaba la inversión social de la manera más cruel, la Junta Departamental determinó una suba de sueldo para el intendente, que pasó de 298.800 pesos nominales a 340.347 más 108.423 pesos por gastos de representación. 

En Soriano, Colonización adjudicó tierra a un edil del Partido Colorado en Cardona, provocando indignación entre los productores aspirantes a colonos, ya que el edil ocupaba el tercer lugar y con menor puntaje en la lista. El caso se sumaba a los de los blancos Álvaro Delgado y los intendentes Pablo Caram, de Artigas, Enrique Antía, de Maldonado, y Fernando Echeverría, de Flores, los cuales se beneficiaron irregularmente durante años con la explotación de tierras del Instituto Nacional de Colonización. 

En Salto, el día 22, el diputado colorado Omar Estévez, del Partido Colorado, anunció que se retiraría de la coalición multicolor debido a los casos de corrupción, resaltando “regalos” que no se sabía de dónde venían, ministros que llegaban al departamento a interferir en la campaña electoral y al reparto de canastas en camioneta del Mides con propaganda de la lista 404. Sin embargo, tras las elecciones del domingo 27, echó para atrás y dijo que “fue un momento de calentura”. 

Mientras, en Canelones continuaba la violencia contra militantes del Frente Amplio. Previo a las elecciones departamentales, Gabriel Almada, en Salinas, fue baleado desde una moto sin matrícula, resultando herido en una pierna, y el mismo día un edil frenteamplista fue agredido en Lavalleja.

En Colonia, el diario “El Eco de Colonia” informó que el exdiputado blanco Edmundo Roselli podría ir a prisión, debido a una serie de demandas por deudas (por varios millones de dólares) con particulares y el Banco República, libramiento de cheques sin fondo y venta de ganado que estaba prendado. 

El 27 se derrumbaba Cabildo Abierto en las elecciones departamentales y municipales, obteniendo solo un concejal y seis ediles. También naufragaba el Partido Colorado, que solo se quedaba con la Intendencia de Rivera y culpaba al Partido Nacional de jugar sucio y sepultar a sus propios aliados. 

El día 29 Luis Lacalle Pou sacó en comisión a un funcionario de la Facultad de Medicina de la Udelar para atender de manera personal al expresidente Luis Lacalle Herrera. Nicolás Fusario Collian es militante de la lista 71 del Partido Nacional. La medida no es ilegal, pero, considerando la posición económica, tanto del hijo como del padre, no pareció ética. 

Ese día, en entrevista con “Mejor Dicho”, el senador Guido Manini Ríos expresó: “Hay familiares que siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda la vida”. La frase dejó al descubierto el odio de la extrema derecha por quienes buscan saber dónde fueron enterrados sus hijos luego de haber sido torturados y asesinados por los camaradas de armas del líder de Cabildo Abierto. 

En plena pandemia, el proyecto de ley de Presupuesto estableció el “presentismo patológico”, ya que el trabajador público que no deseara perder salario debería presentarse a trabajar aun estando enfermo, pues se dejaría de pagarle los tres primeros días de la licencia médica. 

El día 30, mientras el Parlamento trataba el desafuero de Manini Ríos, el candidato por Cabildo Abierto a la alcaldía de Nueva Helvecia, Mario Bertino, expresaba en Facebook: “No jodan más con los desaparecidos… la gran mayoría está en el agua y otros viven en otros países... los hubieran educado bien y ahora estarían vivos”. Bertino tuvo instrucción militar en 1979 en el sangriento Batallón Florida. “Si tengo datos, no los voy a decir”, agregó en una entrevista luego de indicar que “en el Batallón Florida, los gritos de las mujeres en las torturas se escuchaban desde afuera”. 

En octubre, y en el colmo de la mediocridad, la Comisión de Patrimonio del MEC decidió eliminar el centenario de Mario Benedetti e Idea Vilariño de las celebraciones del Día del Patrimonio 2020, lo que estaba dispuesto desde hacía dos años. El homenajeado terminó siendo Manuel Quintela (1865-1928), que fuera diputado blanco, presidente del Jockey Club y de la Asociación Rural. 

En Cerro Largo, Pablo Cáceres Pereira, que encabezaba la lista 195 del Partido Nacional a la Junta Departamental, fue enviado a prisión por amenazar, agredir y lesionar a su pareja. El dirigente ya tenía un antecedente penal por apropiación indebida. 

En Cerro Largo saltó que se pagaban sobresueldos ilegales a los alcaldes; en Maldonado se repartían canastas del Mides desde un local del candidato Rodrigo Blás; la nueva secretaria de derechos humanos en Presidencia (Lourdes Perdomo) decía que era más fácil recibir ayuda que trabajar, cuando debió decir que era más fácil librar cheques sin fondos que trabajar, si consideramos que en 2008 fue enviada a la cárcel por tal causa... Julio María Sanguinetti pasó de ser ideólogo de la coalición a mariscal de la derrota del Partido Colorado, dejándolo en posición genuflexa ante el Gobierno. Se afirmó el modelo neoliberal, quitando derechos a los de abajo y aumentando privilegios a los de arriba. El presidente que prometiera “hacerse cargo”, culminó el año culpando de todo al Gobierno anterior, aunque no paraba de inaugurar obras realizadas por aquel. Todo eso y muchísimo más tan solo en nueve meses de 2020.