viernes, 15 de agosto de 2008

El Pelado tenía el cráneo destrozado, sablazos, machucones, quemaduras...


Jorge Batlle cómplice de los asesinos



Viernes, 15 de agosto, 2008
La república




La jueza penal de 7º Turno, Graciela Gatti, recibirá hoy a las 17 horas a un testigo clave para evidenciar la causa de la muerte del estudiante de Agronomía Hugo Leonardo De los Santos, el primer asesinado por torturas de la dictadura.




Gabriel Hugo Uribe de Barros, tiene 57 años y hoy reside en el departamento de Colonia, donde es productor agropecuario. En 1973 era compañero de estudios de De los Santos y fue testigo del estado en que fue entregado su cuerpo, en un cajón cerrado, con prohibición de abrirlo a los familiares en la ciudad de Rocha.

Hugo De los Santos fue detenido el 1º de setiembre de aquel año y trasladado al Regimiento de Caballería Nº 6 donde se le dio muerte bajo torturas. Uribe denunció el homicidio en los años ochenta y declaró ante la Justicia en 1987, antes que el presidente Julio María Sanguinetti amparara el caso en la Ley de Caducidad.

Uribe había estado en la autopsia casi clandestina que pudo hacer la familia de De los Santos, en la que se tomaron fotografías que constituyeron la prueba que desmiente el dictamen forense oficial que dio el médico militar José Mautone, para quien el estudiante de agronomía había muerto por un "efisema pulmonar".

Las fotografías confirman la segunda autopsia, realizada por el médico policial Méndez Benia, quien al negarse a falsificar los datos fue destituido. El propio intendente de la época, general Alfonso Feola, llegó a admitir: "Los muchachos se pasaron". El de De los Santos es uno de los diez homicidos que condenan a Bordaberry.

A Uribe se le quebró la voz y se le inundaron los ojos cuando recordó al "Pelado" De los Santos, anoche al ser entrevistado por LA REPUBLICA en su casa, donde estaba acompañado de su esposa y su hijo.

"Era un tipo maravilloso... Tocaba la guitarra, embromaba, era solidario.

Es difícil hablar de esto... (acomoda la garganta). Fuimos compañeros, estudiamos juntos, hicimos camping, militamos juntos. Siempre tenía un motivo de alegría. Era callado, pero tenía cierta picardía. Era irónico, con esa cosa campera, y el hablar con ese tono delicado muy lindo de expresarse de la gente del este".


"Tenía la edad de mi hijo"

"La agrupación de estudiantes me designó para ir al velorio en Rocha. Fui con Ricardo Améndola y otro compañero que no recuerdo. Cuando llegamos vimos que el cajón estaba tapiado. No lo dejaban abrir. Con los compañeros conseguimos un fotógrafo para que sacara imágenes de una segunda autopsia que la familia pudo hacer. Nos decían que había muerto por un efisema pulmonar. Nosotros no lo creíamos y después vi lo que habían hecho". (Uribe intenta no soltar las lágrimas que hace 35 años aguanta y ahora le brotan desde el alma).

"La autopsia la gestionó el decano de la Facultad de Agronomía, el "Chino" Santos Arbiza. Llevamos el cajón hasta el hospital. Había una sala y destaparon el cajón. Ahí lo pude ver. Estaba destrozado. Tenía el cráneo hundido, como sablazos en el pecho y en todo el cuerpo, la rodilla deshecha, moretones en la cara, el cuerpo mutilado, como quemado, quemaduras redondas, grandes...", dice Uribe con las lágrimas de su angustia y la fuerza de su bronca.

Las fotografías se las dieron a un médico conocido de Rocha, porque temían que no los dejaran volver a Montevideo. Luego supieron que las entregó al Juzgado. Uribe creyó que nunca más las iban a poder encontrar. Sin embargo, aquellas fotos siguen estando hoy en el expediente judicial de la causa sobre Hugo De los Santos. Uribe testificará nuevamente hoy su autenticidad y nombrará a otros testigos.

"En la Justicia yo, la verdad, ya no creo demasiado. Esto pasó hace 35 años y hace 26 que lo denuncié. Sabemos por compañeros que estuvo en Florida. Se menciona a los militares Lawrie Rodríguez y Victoriano Vázquez como los responsables. Y hasta ahora no ha pasado nada. Yo sólo quiero que se sepa la verdad y se haga justicia..." (Se le vuelve a quebrar la voz, mira a su hijo, pita su cigarrillo y explica). "Fijate que el Pelado tenía la edad de mi hijo..."


Los autores
Martes, 11 de diciembre, 2007
Hugo De los Santos había muerto en el Regimiento 6º de Caballería, donde los procedimientos de tortura estaban a cargo del hoy coronel (r) Victorino Vázquez, alias "El víbora" (tío del procesado ex militar Gilberto Vázquez) y de Lawrie Rodríguez, según denuncias ante Amnistía Internacional.

Victorino Vázquez también participó en el Caso Elena Quinteros y actuó en el "300 Carlos" y "La Tablada", por ser mando en la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Lawrie Rodríguez, con antecedentes por violencia contra la prensa, operaba en la Base Valparaíso.

Los antecedentes de las autopsias sobre De los Santos se encuentran hoy en el expediente a cargo de la doctora Gattio, luego que el caso fuera silenciado en varias ocasiones desde el mismo momento en que ocurrió el crimen, cuando en la Fiscalía actuaba el doctor Fernando Bayardo Bengoa.

La causa fue incluida en la Ley de Caducidad hasta que en el año 2006 el caso fue presentado como denuncia contra civiles y militares por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) ante el Juzgado Penal de 3er. Turno, a cargo del doctor Sergio Torres, quien terminó derivándolo a la jueza Gatti. Gatti solicitó los antecedentes del caso De los Santos en el marco de su actuación contra el ex dictador Bordaberry, denunciado por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, por el golpe de Estado y los crímenes que, como el de Hugo Leonardo, se produjeron como consecuencia.


Domingo, 16 de julio, 2006
ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy
Facsímil del diario LA REPUBLICA del 17 de abril de 1999. Otra vez, Lawrie Rodríguez, encabeza una lista "jorgista" en Treinta y Tres.


ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy
Facsímil del diario LA REPUBLICA del 28 de marzo de 1998, con la "visita" de Lawrie Rodríguez a FM Sinfonía de Santa Clara de Olimar.


Facsímil del diario LA REPUBLICA del 17 de abril de 1999. Otra vez, Lawrie Rodríguez, encabeza una lista "jorgista" en Treinta y Tres.

El capitán (r) Lawrie H. Rodríguez, a quien Interpol detuvo por ayudar al prófugo coronel (r) Gilberto Vázquez, no sólo estuvo en la Base Valparaíso donde en 1976 asesinaron a María Claudia García de Gelman, sino que en 1973 también participó directamente de la muerte de Hugo Leonardo de los Santos.

Lawrie Rodríguez fue denunciado ante Amnesty Internacional, junto al hoy coronel (r) Victorino Vázquez, como los autores materiales del asesinato por torturas en el Regimiento 6º de Caballería del estudiante de agronomía Hugo de los Santos, a sólo dos meses del golpe de Estado de 1973.

Victorino "la víbora" Vázquez, pariente de Gilberto Vázquez, realizó declaraciones en defensa de su sobrino en Telenoche 4, donde amenazó con "romper el silencio", aunque no dijo si hablaría de su papel en el secuestro de Elena Quinteros o las atrocidades que hizo en el "300 Carlos" y La Tablada.

Rodríguez y Vázquez, los dos ex militares que tomaron estado público, como consecuencia de la fuga de Gilberto Vázquez, tendrán que pasar ahora por los juzgados cuando el juez Sergio Torres comience a indagar el homicidio de De los Santos, que no fue amparado en la Ley de Caducidad por el gobierno.

El caso de Hugo De los Santos fue radicado en el juzgado penal de 3º turno a fines de mayo, con el patrocinio de un grupo de abogados defensores de los derechos humanos que iniciaron las causas a los mandos de la dictadura, expresamente excluidos de la Ley de Caducidad.


El amigo de Gilberto

Lawrie Rodríguez apoyó a Gilberto Vázquez durante su fuga y fue quien manejó hasta Montevideo el Corsa gris matrícula SBD 9813 de la prima del coronel prófugo, Serrana Rivas, en cuyo domicilio de Isla de Flores 1789, apartamento 304, el ex encargado de inteligencia militar fue capturado por la policía.

Nativo de Rio Branco, Lawrie fue subordinado de Gilberto Vázquez en 1977 cuando María Claudia García de Gelman fue trasladada a la Base Valparaíso en Francisco de Medina 1225 bis para darle muerte. Lawrie era el encargado de la "Inmobiliaria" que hacía de fachada a la base de taxis espías.

Lawrie conocía a Gilberto Vázquez desde sus natales pagos fronterizos, en tiempos que siendo un alférez llegó a Santa Clara de Olimar para cumplir funciones en el Regimiento 7º de Caballería en 1970, donde aprendió las artes de la tortura con la que luego se destacaría en otros destinos.

Luego de su truncada carrera militar, en la que no pudo ascender más que al grado de capitán con el que fue pasado a retiro, Lawrie se terminó de radicar en Santa Clara, donde se había casado con Lidia Machado, heredera de unas 200 hectáreas hacia el paraje La Liebre de la 9º Sección de Cerro Largo.

En Santa Clara, Lawrie Rodríguez es viejo enemigo de la emisora local Sinfonía FM, pero tiene influencias en Radio Agraria A.M. 1160 de Cerro Chato, a 30 kilómetros, propiedad de Freder Mario Benítez, cuya casa fue escenario de recordadas comidas de militares y personeros de la dictadura.


Agresor de periodistas

El 28 de marzo de 1998, en la portada de LA REPUBLICA se daba cuenta de que "Un militar torturador entró en una radio y golpeó a un periodista", y se informaba que "Días más tarde la emprendió a golpes contra el dueño de la emisora: se presentó denuncia penal".

La tapa, explicaba que "El capitán Lawrie Rodríguez fue acusado ante Amnesty de provocar la muerte en medio de salvajes torturas a De los Santos Mendoza: sigue creyendo en la ley de la selva", y en páginas interiores ampliaba sobre el incidente ocurrido en FM Sinfonía de Santa Clara de Olimar.

La violenta acción del capitán retirado de Ejército estaba relacionada con una crítica periodística al Festival de Folclore "Naciente del Olimar" de la que el militar era organizador desde hacía tres años, y a la que le habían prohibido el acceso a FM Sinfonía.

Dos días más tarde, el 30 de marzo, LA REPUBLICA volvía a informar que el "militar torturador le fracturó el tabique nasal al propietario de una radio olimareña que lo había criticado" y se difundía el testimonio de Oscar Viera, propietario de FM Sinfonía y de la TV Cable de Santa Clara de Olimar.

"Crucé al Banco de la República que queda en la otra esquina de la TV cable y frente al Juzgado de Paz, para hablar con un conocido que llegaba a la institución bancaria. Cuando me di vuelta, vi que estaba Lawrie Rodríguez detrás. Me agredió verbal y físicamente, me provocó lesiones, entre ellas fractura del caballete nasal", testimonió entonces Oscar Viera.


Denunciados ante Amnesty

Sólo unas semanas después, Lawrie Rodríguez volvía a ser mencionado en LA REPUBLICA, al confirmarse que el torturador y agresor aparecía encabezando, como primer titular a la Junta Departamental de Treinta y Tres, las Listas 115 y 415 del Partido Colorado que postulaban a Jorge Batlle como presidente.

El siniestro pasado de Lawrie Rodríguez se reveló entonces ante la opinión pública, al confirmarse que había sido denunciado a principios de 1979 por el teniente primero Julio César Cooper Alves ante el Grupo de Apoyo al Sijau, en Estocolmo, Suecia, y ante Amnisty Internacional, en Ginebra, Suiza.

Cooper había testimoniado sobre dos muertes por torturas: la de Fernández Mendeira en Durazno, de la que responsabilizó al mayor Abiyeira; y la de Hugo de los Santos Mendoza en el Regimiento de Caballería Nº 6 de Montevideo, de la que culpó al mayor Victorino Vázquez y al capitán Lawrie Rodríguez.

En las actas antes los organismos internacionales de derechos humanos, Cooper denuncia que en el caso de Hugo De Los Santos "también de los comentarios surgidos entre los oficiales en aquel entonces se tenía plena convicción de que había fallecido a raíz de las torturas, más concretamente durante la aplicación del método de tortura conocido como "submarino", el cual le ocasionó un paro cardíaco.

Y en cuanto a los participantes directos en dicho hecho, podemos citar al segundo jefe de la Unidad, mayor Victorino Vázquez y al capitán Lawrie Rodríguez".


Asesinos de De los Santos

La verdad sobre la muerte de Hugo De los Santos en el Regimiento 6º de Caballería fue entonces tapada por una contienda de competencias entre el juzgado penal de Rocha y el juzgado militar de 4º Turno, donde intervino el fiscal Fernando Bayardo Bengoa, y el caso fue archivado en la justicia civil.

La muerte fue denunciada a nivel internacional y existe una condena a Uruguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Luego de la reinstitucionalización del país, el caso se replanteó judicialmente, pero el presidente Julio María Sanguinetti lo amparó en la Ley de Caducidad.

Hugo Leonardo de los Santos, estudiante de Agronomía de sólo 21 años, había sido detenido el 1º de setiembre de 1973, dos meses después del golpe de Estado y tres días después su cuerpo torturado fue entregado en cajón cerrado a su familia en Rocha.

La autopsia al cadáver la hizo el médico militar José Mautone, quien sostuvo que había muerto por un "edema agudo de pulmón".

La familia no acató las órdenes militares de mantener el féretro cerrado, y el propio general Alfonso Feola, interventor de la Intendencia Municipal de Rocha se vio obligado a concurrir al velorio.

Feola no quería aceptar que miembros de las fuerzas armadas pudieran haberlo matado, hasta que la familia De los Santos le dejó ver personalmente el cuerpo.

El militar terminó por admitir: "Los muchachos se pasaron...". Ahora se sabe que los "muchachos" eran Victorino Vázquez y Lawrie Rodríguez. *






SOFISMAS
SANGUINETTI Y EL ESCUADRÓN
Samuel Blixen (Brecha)

El ex presidente Julio María Sanguinetti está realmente preocupado, aunque en sus recientes declaraciones públicas a propósito de las derivaciones de la detención del ex agente de la cia Nelson Bardesio, prefiere mostrarse “indignado”.

La indignación proviene de las afirmaciones de dos “guerrilleros mesiánicos”, Julio Marenales y Eleuterio Fernández Huidobro, que lo identificaron como ideólogo del Escuadrón de la Muerte; la preocupación queda en evidencia en los términos de la carta que envió la semana pasada a Brecha para “desmentir” un “libelo difamatorio” (ver Comcosur al Día Nº 1579 del 11.08.08).

Inmediatamente después de la detención de Bardesio en Argentina, el senador Fernández Huidobro recordó que un documento desclasificado de la cancillería de Estados Unidos, fechado en febrero de 1972, revelaba que el entonces derrotado candidato presidencial Jorge Batlle se mostraba de acuerdo con impulsar grupos paramilitares y parapoliciales para enfrentar a la guerrilla, y que Sanguinetti fue ministro de un gobierno colorado que no sólo promovió el golpe de Estado sino que, además, fomentó el terrorismo institucional;; auguró que ambos, Sanguinetti y Batlle, serán citados por la justicia, donde deberán dar cuenta de sus responsabilidades. Marenales, por su parte, dijo no tener pruebas, pero sí la convicción de que Sanguinetti y Batlle habían sido los cerebros políticos del Escuadrón.

La respuesta del ex presidente consistió en reprocharle a Marenales su antigua condición de guerrillero que se beneficia hoy de la democracia que él, Sanguinetti, forjó y consolidó durante sus dos mandatos presidenciales. La debilidad del argumento, que pretende justificar todo en la ecuación demócrata (él) y antidemócratas (los otros), tiene el tufo de una cortina de humo que quedó evidente en el contenido de su carta a Brecha.

El texto aborda, entre otros, tres temas centrales del debate que hoy se ha instalado (la responsabilidad gubernamental en la aparición del Escuadrón de la Muerte) para edificar un desmentido: 1) “nunca oculté las aberraciones del pasado”;; 2) en el episodio de la entrega de Bardesio, en mayo de 1972, en el edificio del Seminario, “siendo yo ministro de Educación y Cultura, no podía permanecer allí ni un minuto más sin informar a mi colega de Defensa, general Magnani, para que se hiciera cargo de la situación, tal cual se reclamaba (…). Lo que pasó después me fue totalmente ajeno”;; 3) puesto que “se estaban dando desbordes personales o de grupúsculos pequeños de la órbita policial” informó al presidente Bordaberry, “quien rechazó toda vinculación, autorización u orden al respecto (del Escuadrón), pero que consideró “tranquilizador”, aunque no había evidencias, “dispersar territorialmente a esos presuntos terroristas para que no pudieran conectarse con facilidad y actuar en conjunto, si ese era su propósito”.

De modo que los miembros del Escuadrón fueron “dispersados” para que no siguieran haciendo aquello de lo que no existían evidencias. Calificar de “desbordes personales de grupúsculos” más de 200 atentados y cuatro muertes está en sintonía con una excusa pueril: dice Sanguinetti que, como ministro de Educación, estaba “muy lejos” de esos episodios. No tanto, en realidad: como tal ministro, él era responsable de la actuación de los fiscales, y por tanto, por intermedio del fiscal de Corte, estaba obligado a investigar los episodios. No hubo uno solo de los cientos de atentados y crímenes que fuera aclarado por la Policía y la justicia; la impunidad fue total, y aunque pretenda eludir responsabilidades atribuyéndole la decisión al presidente Bordaberry, él, como ministro del gobierno, compartió la decisión. Lo más revelador es que en ningún momento se le ocurrió entregar a los miembros del Escuadrón a la justicia, en lugar de “dispersarlos territorialmente”.

Lo mismo con la entrega de Bardesio a la Policía, pese al compromiso expreso asumido por quienes se concentraron en el Seminario aquella mañana de mayo de 1972. ¿Cómo podía serle ajeno lo que pasó después? ¿Acaso no era ministro, miembro del gobierno y directamente involucrado en la negociación para evitar que Bardesio quedara en manos de los policías que él había delatado?

La pacificación del país, que él se atribuye, no es incompatible con el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad. La impunidad es sólo una de las vías de la pacificación, quizás la menos pacificadora, porque la amnistía que él reclamaba para ambos bandos es asimétrica: mientras unos fueron encausados y condenados, otros se beneficiaron además con el secreto de sus delitos. En su esquema de “pacificación”, Sanguinetti pretendía exculpar no sólo a los militares y policías que actuaron durante la dictadura, su proyecto, que no prosperó, pretendía también salvaguardar a los miembros del Escuadrón, a sus cómplices y encubridores. Su proyecto de amnistía, que cubría un período mucho más extenso (desde 1962), intentaba consolidar aquella “dispersión” cuyo único objetivo era poner a los terroristas fuera del alcance de la justicia, en 1972 y en 1986. Quizás debido a estos pliegues de la verdad, que Sanguinetti manipula escudándose en su condición de “demócrata”, es que Marenales y Fernández Huidobro no dudan en calificarlo de “cerebro político” del Escuadrón de la Muerte.





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