Administrado por sus propios dueños

>>>  Dueño de una empresa de transporte es el ministro de transporte

José Luis Falero será el nuevo Ministro de Transporte, propietario de una de las empresas de transporte más importante del país.

José Luis Falero fue dos veces intendente, figura de confianza de Lacalle Pou y se desempeña en la actividad privada en el rubro del transporte de carga.
 

>>> Un librador de cheques sin fondo administra las ollas del MIDES

 

Brecha   Diez días antes de que se anunciara su destitución, el exjerarca del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Pablo Bartol resolvió encomendar a la organización Uruguay Adelante (UA) –sin licitación ni proceso competitivo– la gestión de 65 millones de pesos destinados a comprar insumos para las ollas populares de Montevideo y la zona metropolitana. Como informó Brecha el último día hábil de la gestión de Bartol, el MIDES recurrió a una triangulación con otra ONG, Canastas Uy, que «prestó» su asociación civil, Empatía Uruguay, para firmar el convenio, dado que UA no tiene personería jurídica. En aquella ocasión, este semanario dio cuenta de las actividades y los vínculos de algunos de los empresarios que están al frente de esta organización, como el desarrollador de barrios privados Juan Balsa y el exbasquetbolista Joaquín Izuibejeres (socios en Balsa & Asociados). Izuibejeres es socio en la firma de emprendimientos inmobiliarios Fischer/Rubio, cuyo director es el contador Javier Fischer Carve. Fischer Carve también es socio director del estudio Fischer, que, según las declaraciones de los encargados de UA a Brecha y otros medios, se ocupa de «auditar» los gastos de la organización. Estos vínculos ponen en cuestión la independencia de esa auditoría, ya que Fischer es socio de Izuibejeres, a quien debe auditar por ser, junto con Balsa, el responsable legal del convenio con el MIDES (véase «Metiendo la cuchara», Brecha, 30-IV-21).

Pero a la olla se van agregando nuevos ingredientes. El rol de Fischer Carve ya no es el de auditor de UA: ahora es él quien se encarga directamente de mover los fondos que el MIDES les transfiere a estas intrincadas ONG. «Según explicó Fischer, él es el encargado de hacer las transferencias por los montos y a los proveedores que le detalla al cierre de cada semana el administrador de UA, Gabriel Jauge. La cuenta es una caja de ahorro en Itaú, cuyo primer movimiento fue la transferencia del MIDES de 32,5 millones de pesos el 25 de marzo, según consta en los datos proporcionados por Fischer», informó El Observador (16-V-21). Otro monto equivalente será entregado en dos semanas para completar los 65 millones de pesos –casi 1,5 millones de dólares– destinados a las ollas a través de estas organizaciones.

El manejo de estos cuantiosos fondos públicos hoy está en manos de un contador con algunos antecedentes complejos –y recientes– en su historial. Fischer Carve, integrante de la comisión fiscal de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción –una gremial con cúpulas estrechamente vinculadas al Partido Nacional y al presidente de la república, Luis Lacalle Pou–, promueve proyectos inmobiliarios a través de un instrumento llamado fideicomiso al costo. Según una resolución del Banco Central del Uruguay (BCU) del 13 de diciembre de 2019, a la que accedió Brecha, en esa fecha Fischer Carve figuraba «inscripto como infractor a la ley de cheques, siendo sancionado primero con la suspensión (por parte del Banco Santander SA) y luego con la clausura (por parte del BCU) de sus cuentas corrientes en el sistema financiero por el período 31/07/2019 a 31/07/2020». Pero ese período de sanción no se cumplió a cabalidad, pues el BCU revocó la clausura el 12 de mayo de 2020.

En la mencionada resolución, la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU resolvió «denegar la solicitud presentada por el Sr. Javier Fischer Carve en el Registro del Mercado de Valores, sección Fiduciarios Generales». Según el decreto reglamentario de la Ley de Fideicomiso, el registro en esa sección es requisito para constituirse como fiduciario profesional (categoría considerada cuando una persona física o jurídica participa en calidad de fiduciario en cinco o más negocios de fideicomisos en cualquier año calendario). Entre los fundamentos de la denegación a Fischer Carve, el BCU refiere que el contador «declaró bajo juramento no haber sido sancionado por organismos supervisores y/o de regulación o autorregulación financiera» y «omitió informar su vinculación con la empresa San Donato SRL, habiéndose advertido que dicha empresa, de la cual el Sr. Fischer era socio administrador, fue sancionada con suspensión y clausura de sus cuentas bancarias por la emisión de cheques sin fondos». Con base en estos antecedentes, el BCU consideró, amparado en el artículo 16 de la Ley de Fideicomiso, que «las irregularidades constatadas dejan en evidencia que el Sr. Fischer no cumple con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios» que «actúa sobre la base de la confianza depositada en él».

EL NICHO DE LOS POBRES

También según El Observador, que accedió a las planillas de transferencia semanales de UA, «el grueso de los montos» que maneja la organización va a Tienda Inglesa TI, su principal proveedor. Esta cadena de supermercados, que desde 2016 está en manos de capitales estadounidenses (el banco de inversión Goldman Sachs es su principal accionista), estuvo históricamente asociada a un consumo selecto para las clases alta y media alta, pero el año pasado dio un giro importante en su estrategia comercial. A partir de abril de 2020 comenzó a aceptar la Tarjeta Uruguay Social (TUS) –que canaliza transferencias del MIDES a ciudadanos de bajos recursos– y lanzó una agresiva campaña hacia este último sector, con descuentos específicos para usuarios de la TUS y trabajadores en seguro de desempleo. Unos meses antes Tienda Inglesa había intentado comprar el grupo Disco, Devoto y Geant, operación que fue impedida por los cambios en la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia aprobados en setiembre de 2019.

Mientras tanto, a dos meses de iniciada la operación de tercerizar la administración de fondos, el MIDES sigue sin dar a conocer el texto del convenio. El 4 de mayo, la directora general de la secretaría de ese ministerio, María José Oviedo, firmó una respuesta a un pedido de acceso a la información pública sobre los términos del convenio con UA realizada por la organización Solidaridad Uy. En esa comunicación, el MIDES decidió acogerse a la prórroga legal que otorga la ley para dar información «dada la amplitud y complejidad de la información solicitada». Aún espera una respuesta, también, un pedido de informes que los senadores del Movimiento de Participación Popular hicieron al ministerio la semana pasada por el mismo convenio. Mientras el flamante ministro Martín Lema mueve fichas en la interna del ministerio –con especial atención en las transferencias y en la evaluación y el monitoreo de programas–, el invierno se acerca, el caldo se va espesando y el fondo de la olla todavía no se atisba.

 >>> El dueño de un casino es director del BROU

 

Búsqueda El hecho de haber asumido un lugar en el Directorio del Banco República (BROU) no impidió que el contador Pablo Sitjar continúe su actividad en el directorio de varias sociedades anónimas, aun cuando mantengan litigios con el Estado.

Sitjar es vicepresidente de Vidaplan S.A., titular de la explotación del Casino Nogaró en Punta del Este, que en mayo del 2020 demandó a la Dirección General de Casinos (DGC) por US$ 50 millones y desde agosto está enfrentada con el Poder Ejecutivo porque se opone a reabrir sus puertas, un episodio que derivó en la justicia penal.

El juicio de Vidaplan S.A. con el Estado no es el único que involucra a una sociedad anónima en la que Sitjar ocupa un cargo en el directorio. Búsqueda informó la semana pasada que el empresario, quien integra el BROU a pedido de Cabildo Abierto, está embargado desde 2018 por una deuda con la Dirección General Impositiva generada por una empresa de la que es director.

Mano propia

Las salas de juego permanecían cerradas desde marzo producto de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia, hasta que en agosto la DGC ordenó su reapertura. Pero el directorio de Vidaplan S.A., integrado por Piero Taliento (director), Nicola D’Occhio (presidente) y Pablo Sitjar (vicepresidente), decidió no cumplir con la resolución del gobierno.

El director Taliento comunicó a los empleados la resolución del directorio de que el Nogaró no iba a abrir sus puertas y dispuso que no ingresaran sus empleados ni los funcionarios de Casinos. El Nogaró era una sala de explotación mixta entre la empresa y el Estado.

Como sus trabajadores no podían entrar, Casinos presentó una denuncia penal por el delito de “justicia por mano propia”. La fiscal Ana Roses pidió la formalización del director de Vidaplan S.A. al comprobar que “mediante la presencia permanente de guardias de seguridad en la puerta de ingreso se les impidió a los funcionarios de la DGC el ingreso”.

De acuerdo con la fiscal, la decisión fue adoptada por el directorio de Vidaplan S.A., lo que incluye a Sitjar, aunque solo pidió formalizar Taliento. La empresa “contaba con vías judiciales y administrativas” para resistir la resolución, por lo que debió “esperar el resultado de dichas acciones y no pretender actuar en sustitución de la justicia a fin de llegar al fin deseado”, dijo.

Tras el pedido de formalización, en octubre del año pasado, la empresa declaró a El País que la decisión de no reabrir las salas respondió a que su situación económica era complicada. Cuestionó el accionar de la DGC, porque “la única respuesta que se obtuvo fue una denuncia penal contra Vidaplan S.A. aduciendo que esta hizo justicia por mano propia”. Sostuvo además que era falso que se hubiese impedido el ingreso.

El gobierno mantiene su versión de que Vidaplan S.A. no permitió que entraran sus funcionarios.

“La única sala que no abrió sus puertas fue la del Casino del Estado Nogaró (el cual es explotado en el régimen denominado ‘sistema mixto’), por una decisión unilateral del arrendador Vidaplan S.A, quien impidió el acceso a las instalaciones del mismo a los funcionarios de la Dirección General de Casinos”, dice el decreto firmado el 30 de noviembre por el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

El decreto autoriza el pago de una compensación económica a los trabajadores de Casinos que no pudieron entrar en el Nogaró.

Demanda y venia

El enfrentamiento de fondo entre Vidaplan S.A. y el Estado uruguayo es de larga data. La empresa comenzó a hacerse cargo del Casino Nogaró a partir del 2010, aunque ya explotaba el hotel Mantra desde antes.

Vidaplan S.A. presentó el año pasado una demanda contra el Estado mediante la que reclama US$ 50 millones, informó El País.

Fuentes de Casinos dijeron a Búsqueda que la demanda es “por discutir la naturaleza del contrato y por competencia desleal” y que el Estado ya la contestó. Además, las autoridades descartaron que se vaya a negociar una “solución extrajudicial” con la empresa.

Vidaplan S.A. presentó la demanda el 25 de mayo del año pasado, cuando Sijtar era su vicepresidente y también director del BROU.

De acuerdo con información de la Dirección General de Registros, solicitada por Búsqueda el 15 de enero, Sitjar es vicepresidente de Vidaplan S.A. desde el 1º de enero del 2020. Había sido su director entre 2015 y 2018, cuando pasó a ser vocal por casi dos años.

A su vez, el Senado aprobó el 1º de abril del 2020 la venia de Sitjar para integrar el directorio del BROU, cargo que asumió dos días después.

>>> Trabajaba para CLARO el presidente de ANTEL 

Designaron como presidente de Antel al ingeniero industrial Gabriel Gurméndez

SUTEL critica designación de Gurméndez y recuerda sus vínculos con Carlos Slim y Claro
La Diaria 17 de junio de 2020 

 
El sindicato vaticina “años complicados” para Antel y advierte además por la relación de la presidenta de Ursec con Movistar. 

La designación del ingeniero industrial Gabriel Gurméndez en la presidencia de Antel, confirmada este miércoles por el Poder Ejecutivo, generó inmediata polémica a nivel sindical. El presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, dijo que los trabajadores “conocen perfectamente” a Gurméndez porque ya estuvo en la empresa en los gobiernos de Luis Lacalle Herrera y Jorge Batlle.

El sindicalista recordó que Gurméndez estaba en la empresa durante la primera subasta de telefonía celular, en la que participaron Movistar, que ya operaba en el país, y Claro (en aquel momento CTI Móvil), la empresa del mexicano Carlos Slim. Molina asegura que Gurméndez “festejó enormemente” desde el directorio de Antel que la empresa de Slim haya accedido a una banda de telefonía celular en aquel momento.

“Después de eso, (Gurméndez) fue claramente beneficiado y nosotros como sindicato denunciamos los vínculos que existían entre Carlos Slim y Gurméndez. Luego de eso, y durante muchos años, Gurméndez fue gerente general del Aeropuerto de Cancún, que más allá de que sea una sociedad anónima, estaba claramente vinculado a Slim. Nosotros tenemos la convicción de que Gurméndez obtuvo ese cargo como un regalo por el esfuerzo que hizo para que Claro accediera a una banda de telefonía celular”, comentó Molina, en diálogo con la diaria.

Según el presidente de Sutel, se vienen “años complicados” para Antel, ya que además en la presidencia de URSEC estará Mercedes Aramendia, quien, según dijo, ocupó “un cargo muy alto” en la empresa Movistar, también competidora de Antel.

“Estos vínculos nos preocupan muchísimo, realmente. Estaremos siguiendo con mucha atención y en alerta para que no se tomen acciones desde adentro contra los propios intereses de Antel”, señaló Molina.

La confirmación de la designación de Gurméndez la anunció este miércoles el titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Ahora el Poder Ejecutivo deberá enviar la venia correspondiente al Parlamento para su aprobación.

Paganini destacó que el ingeniero es una persona “muy solvente” y con “una trayectoria gerencial en muy diversas empresas”. Asimismo, expresó que Gurméndez va a “sacar una gestión sumamente exitosa”. El ministro aseguró que el ingeniero dejará el sector privado para ocupar este cargo.