Del "subversivo" al "violento"

Por Manuel Freytas

Los medios y la nueva lógica represiva en América Latina



La nueva estrategia represiva tiene su matriz funcional en la nivelación masiva de una conciencia y opinión "antiviolencia" que se superpone a cualquier lógica de legitimidad o de justicia social expresada por los grupos que cortan calles y rutas o hacen huelgas para reclamar por sus derechos (a comer y trabajar), o por los que luchan por una mayor distribución de la riqueza. Se trata de una represión sin fusiles, donde la acción militar es sustituida por la manipulación mediática en alta escala orientada al direccionamiento pasivo de la conducta social hacia los objetivos de preservación del sistema capitalista.






El sistema ya no reprime militarmente, sino que direcciona conducta social pasiva por control remoto.

La condición esencial para el funcionamiento
del Estado capitalista (tanto en América Latina como en el resto del mundo) se resume en tres factores: Estabilidad económica, gobernabilidad política y "paz social".

Esas tres condiciones son básicas para que el "sistema" (la estructura funcional) de los negocios y la rentabilidad capitalista funcionen sin interferencia y no se alteren las líneas matrices de la propiedad privada y concentración de riqueza en pocas manos.

Cuando por alguna razón se altera alguno de estos tres factores, el sistema entra en crisis, y debe generar inmediatamente alternativas para preservar su supervivencia.

Hoy, la ecuación que resume la supervivencia del sistema capitalista (estabilidad económica, gobernabilidad política y "paz social") se encuentra claramente amenazada por una "crisis global" resumida en tres escenarios: Suba del petróleo, suba de los alimentos y debacle financiera en EEUU, que ya se proyecta como un proceso inflacionario-recesivo mundial desde los países centrales a los países periféricos.

El resultante de ese proceso, por lógica interacción, amenaza con romper la "estabilidad económica", la "gobernabilidad política" y la "paz social" mediante procesos de protestas y conflictos encadenados que surgen tanto en los países más pobres como las urbes centrales de los países capitalistas más desarrollados.

El quiebre de la "paz social", que podría llegar a desarrollarse a escala planetaria (con el consecuente quiebre de la "estabilidad económica" y la "gobernabilidad política") coloca al sistema capitalista ante la disyuntiva de reprimir los conflictos y las protestas sociales que comienzan a extenderse desde Europa a todo el planeta.

Y esta cuestión, clave para la preservación del sistema, pone sobre el tapete el papel de los medios de comunicación en las nuevas estrategias represivas que cambian la acción militar por la acción psicológica (manipulada mediáticamente) como nueva metodología de control político y social.

Estas estrategias, ya tienen un módulo experimental en América Latina, donde los consorcios multimediáticos cumplen un papel central en el direccionamiento y manipulación de conducta social orientada a la preservación del sistema capitalista del cual forman parte como empresa comercial.

En la era del control mediático el sujeto a reprimir ya no es el "subversivo comunista" sino el "violento social".

Del "subversivo al "violento"

En la década del setenta, en Argentina y en toda América Latina, cuando alguna de las variables de supervivencia capitalista (estabilidad económica, gobernabilidad política y "paz social") se rompía, los factores de poder y Washington acudían al golpe de Estado militar para reajustar nuevamente el sistema.

Durante toda la guerra fría el enemigo que atentaba contra el funcionamiento del sistema capitalista era el "peligro comunista" que amenazaba a la sociedad con la "disgregación y el caos".

Los golpes de Estado para cambiar gobiernos civiles por gobiernos militares se ejercían contra la "subversión marxista", y la metodología para restablecer la "estabilidad económica", la gobernabilidad política y "paz social" era la represión armada para restaurar el "orden" por vías militares.

Tres décadas después, en la era del "libre mercado" y del "libre comercio", y con la sustitución del Estado Nacional por el Estado Privado (gerencia de enclave de las trasnacionales) cambiaron las formas pero no los contenidos, y las necesidades de supervivencia del sistema capitalista continúan siendo las mismas.

El actual esquema de dominación y explotación capitalista de América Latina, ya no se rige por la doctrina militar de la "seguridad nacional" sino por la doctrina del "sistema democrático", y por lo tanto los actores de la represión como los "alteradores del orden" cambiaron de identidad.

Hoy el conjunto de la sociedad (en la Argentina como en el resto de América Latina), ya no está amenazada por el peligro de la "violencia subversiva" sino por el peligro de la "violencia social" expresado en las huelgas y protestas con cortes de ruta y de calles.

Consecuentemente, los que hoy quiebran el orden y la "paz social" (con huelgas y reclamos sociales) ya no son los "subversivos" (contra quienes se dirigían los golpes y la represión militar) sino los "violentos" que cortan rutas, calles, e impiden la "libre circulación" de los demás.

Como ayer sucedía con los "subversivos", la caracterización de "violento" se antepone a la causalidad de la acción de las luchas sociales y sindicales.

Así como durante las dictaduras militares se demonizaba al "subversivo" para descalificar su proyecto de cambio del sistema capitalista por otro más justo, a los que ahora hacen huelga y cortan rutas se los demoniza como "violentos" para deslegitimar las luchas sociales por un mejor reparto de la riqueza.

En términos concretos (y disfrazados de servidores públicos de la comunicación social), los consorcios mediáticos que realizan el control político y social (en sustitución de los militares) son auxiliares complementarios de la "Justicia" (del sistema) en la tarea represiva, y el sujeto a reprimir ya no es el "subversivo comunista" sino el "violento social".

Consecuentemente, la tarea disciplinadora-represiva de los medios de comunicación del "sistema democrático" (el nuevo ejército del control político y social que sucedió a los militares) está orientada a reprimir a todo aquel que viole la "paz social" reclamando por sus derechos (a comer o a trabajar) con huelgas y movilizaciones con cortes de ruta.

A diferencia de los ejércitos militares, el ejército mediático no hiere ni mata para reprimir, sino que aísla y demoniza socialmente a los grupos que utilizan metodologías de lucha social que perjudican la "estabilidad" (o sea, la rentabilidad) del sistema capitalista.

En términos estratégicos, la calificación de "violento" es un derivado (en el terreno de las luchas sociales) de la calificación de "terrorista" utilizada por Washington para justificar su hipótesis de control regional con la "guerra contraterrorista".

Y como, en la estrategia de dominación con elecciones, gobierno civil y Parlamento, ya no hay guerra fría ni "subversivos", ahora la tarea de reprimir a los que amenazan la estabilidad del sistema no se hace con tanques y soldados sino con medios de comunicación y manipulación orientadora de conducta colectiva.

La nueva estrategia represiva

Quien observe atentamente el mapa político y social de América Latina, podrá comprobar que el uso de la represión policial y militar de los (hoy reducidos y escasos) conflictos sociales y sindicales es mínima y solo se la utiliza en casos extremos.

Y eso tiene una explicación: Los gobiernos (técnica y funcionalmente, gerencias de enclave de los bancos y corporaciones trasnacionales) no se mueven dentro de un esquema militar (el viejo sistema de dominación) sino dentro de un esquema político-democrático (el nuevo sistema de dominación).

Por lo tanto, si caen en la tentación de reprimir policialmente, la corporación mediática les arroja la sociedad en contra calificándolos de "represivos y violentos".

Los gobiernos que comenten el error de reprimir militarmente son inmediatamente rechazados por la sociedad masivamente nivelada en la condena a " toda forma de violencia", más allá de sus contenidos (esto se ejemplifica con el caso del gobierno de Kirchner analizado más abajo).

No importa que el que corte ruta sea un hambriento o un desocupado (en América Latina hay 200 millones de pobres e indigentes), la opinión pública está masivamente "adoctrinada" (por los medios de comunicación y sus conductores) para rechazar (sin ningún análisis de las causas) las huelgas y los cortes de ruta que generan "violencia social".

De la misma manera que en la década del setenta, se utilizaba la figura del "subversivo" (como expresión de demonización social justificatoria de la represión militar), hoy se utiliza la figura del "violento social" para aislar, deslegitimar y condenar socialmente las luchas sindicales y sociales que atentan contra la "estabilidad económica", la "gobernabilidad" y la "paz social" del sistema.

De esta manera, y a la luz del crecimiento desmesurado de los activos empresariales y de las fortunas personales (con su contracara de pobreza y exclusión social masiva) en América Latina se verifica aquel axioma que expresa que "la paz es el negocio del dominador".

Y prueba la efectividad de las técnicas mediáticas para controlar las protestas sociales y sindicales con la lógica represiva de la "antiviolencia" predominando sobre las razones de los reclamos.

En este escenario, las fuerzas policiales y militares tienen como función principal: disuadir antes que reprimir, para preservar a su vez, los acontecimientos que puedieran desbordar y alterar la "paz social" del sistema.

Es así que el gobierno que decide utilizar la fuerza policial o militar, también pierde inmediatamente legitimidad política y apoyo social, tarea de la que se encargan los propios medios de comunicación, cuya misión es preservar el "sistema democrático" (de dominación capitalista) en los parámetros establecidos de la "estabilidad económica, la "gobernabilidad política" y la "paz social".

La nueva estrategia represiva tiene su matriz funcional en la nivelación masiva de una conciencia y opinión "antiviolencia" que se superpone a cualquier lógica de legitimidad o de justicia social expresada por los grupos que cortan calles, rutas o hacen huelgas para reclamar por sus derechos o por una mayor distribución de la riqueza.

Se trata de una represión sin fusiles, donde la acción militar es sustituida por la manipulación mediática en alta escala orientada al direccionamiento pasivo de la conducta social hacia los objetivos de preservación del sistema capitalista.

Ese es el papel estratégico, la función clave, que cumple la corporación mediática (que sustituye a la corporación militar en la tarea represiva de restauración del "orden") como nuevo gendarme de adoctrinamiento y de control político y social en la era de la Guerra de Cuarta Generación, donde las operaciones militares son sustituidas por operaciones psicológicas.

El desarrollo tecnológico e informático de la era de las comunicaciones, la globalización del mensaje y las capacidades para influir en la opinión pública, convirtieron a las operaciones de acción psicológica mediática en un arma estratégica de importancia clave para el control político y social.

Manipular, controlar, y convertir a este individuo-masa en potencia social direccionada con fines de control y dominio político-social es el objetivo estratégico clave de la Guerra Psicológica.

Mediante la manipulación y direccionamiento de conducta por medios psicológicos el individuo-masa se convierte en "soldado cooperante" de los planes de dominio y control social establecidos por el capitalismo trasnacional y la potencia imperialista regente.

Es a la vez, víctima y victimario, de las operaciones psicológicas, ya que se convierte en una célula trasmisora tanto de planes de consumismo capitalista como de planes de control y represión social manipulados sin el uso de las armas.

La lógica represiva con el temor al "violento social" aísla a los movimientos populares que se enfrentan al sistema y demoniza sus métodos históricos de lucha ante el resto de la sociedad nivelada masivamente por la resignación "pacifista".

Al convertir las huelgas y los cortes de ruta en sujetos de escarnio y de condena social masiva, el sistema capitalista puede preservarse y y generar "alternativas de gobernalidad" sin utilizar las armas contra sus enemigos.

Esa es la explicación de porqué hoy en América Latina, con 200 millones de pobres e indigentes y con la más alta tasa de desocupación del mundo, los administradores "democráticos" gerencian el Estado capitalista casi sin la necesidad de utilizar la represión militar.

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Entre el golpismo y la democracia vigilada

Raúl Zibechi

Lo sucedido antes y lo que está sucediendo después del referendo revocatorio en Bolivia merece ser discutido y analizado por las izquierdas antisistémicasy los movimientos sociales latinoamericanos, ya que forma parte de las nuevas estrategias para sostener la dominación, implementadas por las elites los últimos siete años, luego del 11 de septiembre de 2001. No se trata de estrategias inéditas, sino del permanente perfeccionamiento de las que van ganando impulso desde la derrota imperial en Vietnam.

Como muestran Bolivia, Colombia y Venezuela, están emergiendo nuevas derechas autoritarias, que no rehuyen los golpes de Estado, pero que ahora asumen formas diferentes a los golpes militares clásicos. Ya no pretenden derribar presidentes con tanques en la calle ni bombardeos a los palacios de gobierno. Uno de los objetivos más destacados, en esta etapa, es obstaculizar la gobernabilidad democrática y popular, no importando si los gobiernos son apoyados por la población, si son sostenidos por mayorías y si actúan dentro de la ley. Pese a haber ganado más de diez elecciones, Hugo Chávez fue acusado reiteradas veces de dictador o de autoritario.

Para impedir la gobernabilidad en procesos de cambio social, las nuevas derechas han encontrado modos para promover una suerte de inestabilidad de masas mediante grandes movilizaciones populares impulsadas desde arriba, convocadas por los grandes medios monopolizados. Aquí el papel de los medios es importante, pero no factor decisivo. Mucho más importante es fomentar la intolerancia y los miedos de las clases medias, y de importantes sectores populares, hacia los diferentes (indios, pobres, otras lenguas y culturas). Insuflar miedo da buenos dividendos, de ahí que en todos los procesos mencionados la delincuencia y la violencia urbana se hayan disparado o ésa es la impresión dominante entre buena parte de la población.

En Colombia el elemento movilizador es el “terrorismo” de las FARC, pero en Argentina un padre de familia, cuyo hijo fue asesinado por delincuentes, Juan Carlos Blumberg, movilizó cientos de miles con la excusa de la inseguridad ciudadana, codo a codo con la ultraderecha, contra el gobierno de Néstor Kirchner. Las nuevas derechas, sean las autonomistas de Santa Cruz o las que defienden una televisora golpista en Caracas, tienen capacidad de movilización de masas, apelan a demandas “democráticas” y utilizan un lenguaje familiar a las izquierdas, pero para promover fines antidemocráticos y los intereses de las elites. A menudo meten en el mismo saco a las viejas derechas y a los dirigentes de los movimientos sociales y de izquierda, como hizo el prefecto golpista de Santa Cruz, Ruben Costas, quien la noche del referendo atacó por igual a Evo y a Jorge Quiroga, dirigente de Podemos: “Con la presencia del pueblo, derrotamos el oportunismo político que sin escrúpulos unió a la derecha conservadora y al masismo totalitario para destruir a esta patria emergente, alejada de los privilegios de la verdadera oligarquía que es el MAS”. Discursos como éste son desvaríos oportunistas, pero lo cierto es que las nuevas derechas enarbolan demandas sentidas por amplias franjas de la población.

Estos discursos y esas prácticas obedecen a dos nuevas orientaciones de las elites globales. La primera fue formulada por Robert M. Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, en su discurso en la Universidad Estatal de Kansas, titulado “La restauración de los instrumentos no militares del poder estadunidense” (Military Review, mayo-junio de 2008). Quien sirvió a siete presidentes como director de la CIA sostiene que su país puede mantener la hegemonía mundial a condición de “fortalecer nuestras capacidades de usar el poder ‘blando’ y establecer una mejor integración con el poder ‘duro’”.

Sacando conclusiones de la experiencia en Irak y Afganistán, Gates sostuvo que “el logro del éxito militar no es suficiente para vencer, sino el desarrollo económico, la construcción institucional y el imperio de la ley”. Para conseguirlo, se trata de “atraer civiles con experiencia en el agro, gobernabilidad y otros aspectos del desarrollo”, como una de las claves de las políticas de contrainsurgencia. La segunda cuestión, íntimamente ligada a ésta, es el apoyo material y en orientación a esas nuevas elites, como sucede en Bolivia.

Según denuncia del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip S. Goldberg, es el gran articulador de la oposición, inspirada en su odio a los indios. En 2007, la agencia de cooperación USAID desembolsó 124 millones de dólares en ayudas a la “sociedad civil” boliviana, canalizados por los prefectos de los departamentos de la Media Luna autonomista, embanderada detrás del departamento de Santa Cruz. Una estrategia muy similar a la utilizada en Venezuela.

Para los estrategas actuales del imperio, la democracia se reduce a elecciones con resultados mínimamente creíbles. Ni la democracia ni los servicios sociales son derechos que tiene la población, sino formas de mejorar el control y asegurar la hegemonía.

A la era de los golpes de Estado le sucedieron los “golpes de mercado”, como el que obligó la renuncia del presidente argentino Raúl Alfonsín en 1989, o de Hernán Siles Suazo en Bolivia, en 1985, en medio de la hiperinflación promovida por “los mercados” para destituir gobiernos a los que consideraban poco fiables. Ahora se trata de destituir procesos más que presidentes, impedir cambios de fondo motorizados por bases sociales organizadas y que cuentan con masivo apoyo popular. Un golpe de Estado clásico sería contraproducente, toda vez que los sectores populares aprendieron a revertirlos, como sucedió en Venezuela en 2002. La estrategia del desgaste y la ingobernabilidad ocupa el primer lugar en la agenda.