jueves, 25 de septiembre de 2008

La marcha de Crysol que los medios de comunicación ningunearon





23 años después de reiniciada la vida democrática y 31 días antes de finalizar el período durante el cual el Poder Legislativo puede aprobar proyectos que impliquen gastos, las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos que se practicaron en forma ininterrumpida, con distinta intensidad y gravedad, desde el 13 de junio de 1968 hasta el 14 de marzo de 1985 seguimos esperando que se apruebe una Ley de Reparación Integral.



Sería muy triste para la justicia, para la democracia, para los

Derechos Humanos, para la institucionalidad democrática,

para las heridas aún no cicatrizadas, para las expectativas,

incluso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

que desde 1992 se ha pronunciado al respecto, que una ley

de reparación integral no se aprobara en la presente legislatura.


Exhortamos a todos los parlamentarios, al Poder Ejecutivo y a todos

los partidos, en especial al que tiene las mayorías para aprobar una

Ley de Reparación Integral, a que no pierdan esta oportunidad

histórica de hacer justicia, de dar un paso adelante en el camino

de asegurar jurídica, política y éticamente, que no habrá

una repetición de lo sucedido en la patria de Artigas.

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El estado debe asumir públicamente su absoluta responsabilidad en

la práctica sistemática e ininterrumpida de las violaciones a los Derechos

Humanos de la mayoría de la población. Debe asumir su responsabilidad

y pedir perdón, porque solamente es posible perdonar cuando

se pide perdón. Pero también es necesario dejar bien claro que

ninguna víctima tiene la obligación de perdonar.

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Y pensando en el pasado y el futuro es que también el estado

debe abocarse a la construcción de espacios de homenaje a las víctimas,

monumentos, nombres de plazas, calles, avenidas, espacios públicos.

Y debe establecerse un Día Nacional de la Memoria. Nosotros

proponemos que ese día sea el 11 de abril para incluir en

este homenaje a las primeras víctimas de las violaciones a los derechos

humanos, los miembros de la etnia Charrúa asesinados por los agentes

del gobierno en la localidad de Salsipuedes en el año 1831.


Pero eso no fue todo, también cometieron las mismas atrocidades

con adolescentes y niños uruguayos: los robaron, les cambiaron

su identidad, los torturaron, los violaron, los asesinaron y

los desaparecieron. Miles de niños y adolescentes se criaron

sin uno o sin ninguno de sus progenitores, deambularon por

los cuarteles y los penales, sufrieron malos tratos y atropellos,

vivieron con angustia y terror directo que los afectaron síquica y

moralmente y los marcaron para siempre.


Las sucesivas leyes previsionales que se aprobaron, por diferentes motivos

y razones, han dejado a muchas víctimas directas de las

graves violaciones sin ser auténtica y genuinamente

reparados en sus derechos previsionales y pensionarios y es

hora de que se resuelva esta situación en la Ley

de Reparación Integral que debe aprobarse, para que no

haya exclusiones de ningún tipo ni inequidades.

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Finalmente, compañeras y compañeros, hablamos de indemnización.

Todos sabemos que hay sufrimientos que no tienen precio.

El dolor por la desaparición forzada, aún sin esclarecerse,

de un ser querido; el dolor por el asesinato de un familiar;

por un suicidio inducido y aún no esclarecido.

El dolor por un aborto

producto de la tortura; el dolor de la violación; el dolor de la tortura.

No tienen precio los años de prisión, la angustia de los años

yendo a firmar semanalmente a los cuarteles, de exclusión del

mercado laboral formal, de exilio, la pérdida de oportunidades laborales,

de estudio y formación, de competitividad, la destrucción de l

os proyectos de vida, el sufrimiento de nuestros hijos y familiares.

No tiene precio el tiempo que se pasó sin haber podido construir

una familia, o criar hijos acompañándolos en la maravillosa

experiencia de convertirse en adultos. No tiene precio el

tiempo que no se pudo dedicar al disfrute de los padres

y hermanos, a cuidarlos en su vejez, a estar a su lado en

el momento final.

Y porque nada de lo que nos ha sido siempre esencial para la

vida tiene un precio es que sabemos que no hay dinero

con el cual devolvernos lo que nos quitaron.

Indemnizar entonces, es una forma de facilitar las posibles

soluciones a las graves y complejas secuelas de las pérdidas

y los sufrimientos en la medida en que permite acceder

a prestaciones de diversa índole que siempre tienen

un valor monetario. Indemnizar es una manera de hacer justicia,

de que el Estado reconozca el daño ocasionado.


Cuando planteamos entonces Reparación Integral estamos hablando

de un derecho fundamental de la persona que entre otras

cosas busca terminar con esta cultura de la impunidad mostrando

otro camino posible para la sociedad sin exclusiones.

Para esto hay que contemplar todos los aspectos que hacen a

la condición de derecho fundamental y son precisamente

los que establece la resolución 60/147: restitución, rehabilitación,

indemnización, satisfacción, garantías de no repetición y prevención.


Pensamos que nuestro gobierno debe cumplir con la Resolución 60/147

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque

fue ratificada por nuestros representantes en su

momento y entonces hoy, Uruguay está en omisión desde el

punto de vista de la legislación internacional.


Por una Ley de Reparación Integral para todas

las víctimas del terrorismo de Estado de acuerdo

a resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

Por Verdad, Justicia y Memoria.

Por la Anulación de la Ley de Caducidad.

Crysol

asociación de ex pres@s polític@s de uruguay





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