23 años después de reiniciada la vida democrática y 31 días antes de finalizar el período durante el cual el Poder Legislativo puede aprobar proyectos que impliquen gastos, las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos que se practicaron en forma ininterrumpida, con distinta intensidad y gravedad, desde el 13 de junio de 1968 hasta el 14 de marzo de 1985 seguimos esperando que se apruebe una Ley de Reparación Integral.
Sería muy triste para la justicia, para la democracia, para los
Derechos Humanos, para la institucionalidad democrática,
para las heridas aún no cicatrizadas, para las expectativas,
incluso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que desde 1992 se ha pronunciado al respecto, que una ley
de reparación integral no se aprobara en la presente legislatura.
Exhortamos a todos los parlamentarios, al Poder Ejecutivo y a todos
los partidos, en especial al que tiene las mayorías para aprobar una
Ley de Reparación Integral, a que no pierdan esta oportunidad
histórica de hacer justicia, de dar un paso adelante en el camino
de asegurar jurídica, política y éticamente, que no habrá
una repetición de lo sucedido en la patria de Artigas.
Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
El estado debe asumir públicamente su absoluta responsabilidad en
la práctica sistemática e ininterrumpida de las violaciones a los Derechos
Humanos de la mayoría de la población. Debe asumir su responsabilidad
y pedir perdón, porque solamente es posible perdonar cuando
se pide perdón. Pero también es necesario dejar bien claro que
ninguna víctima tiene la obligación de perdonar.
Y pensando en el pasado y el futuro es que también el estado
debe abocarse a la construcción de espacios de homenaje a las víctimas,
monumentos, nombres de plazas, calles, avenidas, espacios públicos.
Y debe establecerse un Día Nacional de la Memoria. Nosotros
proponemos que ese día sea el 11 de abril para incluir en
este homenaje a las primeras víctimas de las violaciones a los derechos
humanos, los miembros de la etnia Charrúa asesinados por los agentes
del gobierno en la localidad de Salsipuedes en el año 1831.
Pero eso no fue todo, también cometieron las mismas atrocidades
con adolescentes y niños uruguayos: los robaron, les cambiaron
su identidad, los torturaron, los violaron, los asesinaron y
los desaparecieron. Miles de niños y adolescentes se criaron
sin uno o sin ninguno de sus progenitores, deambularon por
los cuarteles y los penales, sufrieron malos tratos y atropellos,
vivieron con angustia y terror directo que los afectaron síquica y
moralmente y los marcaron para siempre.
Las sucesivas leyes previsionales que se aprobaron, por diferentes motivos
y razones, han dejado a muchas víctimas directas de las
graves violaciones sin ser auténtica y genuinamente
reparados en sus derechos previsionales y pensionarios y es
hora de que se resuelva esta situación en la Ley
de Reparación Integral que debe aprobarse, para que no
haya exclusiones de ningún tipo ni inequidades.
Finalmente, compañeras y compañeros, hablamos de indemnización.
Todos sabemos que hay sufrimientos que no tienen precio.
El dolor por la desaparición forzada, aún sin esclarecerse,
de un ser querido; el dolor por el asesinato de un familiar;
por un suicidio inducido y aún no esclarecido.
El dolor por un aborto
producto de la tortura; el dolor de la violación; el dolor de la tortura.
No tienen precio los años de prisión, la angustia de los años
yendo a firmar semanalmente a los cuarteles, de exclusión del
mercado laboral formal, de exilio, la pérdida de oportunidades laborales,
de estudio y formación, de competitividad, la destrucción de l
os proyectos de vida, el sufrimiento de nuestros hijos y familiares.
No tiene precio el tiempo que se pasó sin haber podido construir
una familia, o criar hijos acompañándolos en la maravillosa
experiencia de convertirse en adultos. No tiene precio el
tiempo que no se pudo dedicar al disfrute de los padres
y hermanos, a cuidarlos en su vejez, a estar a su lado en
el momento final.
Y porque nada de lo que nos ha sido siempre esencial para la
vida tiene un precio es que sabemos que no hay dinero
con el cual devolvernos lo que nos quitaron.
Indemnizar entonces, es una forma de facilitar las posibles
soluciones a las graves y complejas secuelas de las pérdidas
y los sufrimientos en la medida en que permite acceder
a prestaciones de diversa índole que siempre tienen
un valor monetario. Indemnizar es una manera de hacer justicia,
de que el Estado reconozca el daño ocasionado.
Cuando planteamos entonces Reparación Integral estamos hablando
de un derecho fundamental de la persona que entre otras
cosas busca terminar con esta cultura de la impunidad mostrando
otro camino posible para la sociedad sin exclusiones.
Para esto hay que contemplar todos los aspectos que hacen a
la condición de derecho fundamental y son precisamente
los que establece la resolución 60/147: restitución, rehabilitación,
indemnización, satisfacción, garantías de no repetición y prevención.
Pensamos que nuestro gobierno debe cumplir con la Resolución 60/147
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque
fue ratificada por nuestros representantes en su
momento y entonces hoy, Uruguay está en omisión desde el
punto de vista de la legislación internacional.
Por una Ley de Reparación Integral para todas
las víctimas del terrorismo de Estado de acuerdo
a resolución 60/147 de las Naciones Unidas.
Por Verdad, Justicia y Memoria.
Por la Anulación de la Ley de Caducidad.
Crysol
asociación de ex pres@s polític@s de uruguay
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado