La crueldad de Gregorio Alvarez en el crimen de Luzardo

BRECHA, 25 de junio 2009

La cresta del gallo.


El documento militar que confirma que a un prisionero político se lo abandonó totalmente y se lo mató de hambre reafirma la importancia de ubicar los archivos secretos para ejercer justicia.

SAMUEL BLIXEN



UNA JUNTA DE médicos del Instituto Técnico Forense lleva tres meses analizando un documento militar para determinar si su contenido constituye una prueba consistente del asesinato de Luis Roberto Luzardo, un prisionero tupamaro que falleció en el Hospital Militar en junio de 1973, en un estado total de abandono, después de que las autoridades ordenaran que no se le suministrara asistencia alguna.
Los familiares de Luzardo radicaron una denuncia penal en 2002, que fue ampliada en 2006, por la que acusan directamente al general Gregorio Álvarez de ser responsable del trato cruel al que fue sometido el prisionero, y el instigador de las órdenes directa de la omisión de asistencia, aplicadas de un manera feroz hasta que se produjo la muerte premeditada.
Luzardo fue herido de bala durante si detención, en agosto de 1972, y el proyecto se alojó entre la segunda y la tercera vertebre dejándolo parapléjico. Después de permanecer semanas sin asistencia, fue internado en el Hospital Militar, donde fue sometido a cirugía. En enero de 1973 Luzardo se reponía lentamente en la sala 8 del hospital, donde permanecían los prisioneros políticos. Acusado -falsamente- de haber participado en la ejecución del general Artigas Álvarez, hermano del dictador Gregorio Álvarez, la situación de Luzardo cambió radicalmente. Desde ese momento se prohibió al personal proporcionar todo tipo de asistencia médica y a los prisioneros mantener cualquier tipo de contacto con Luzardo. Totalmente inmovilizado, con llagas infectadas, privado de la más elemental higiene, Luzardo falleció poco después de que Gregorio Álvarez concurriera a la sala 8 para comprobar personalmente su estado
EL DOCUMENTO-CONFESIÓN.

El trámite judicial de la denuncia ha sido por lo menos extravagante, para usar un calificativo amable. En el voluminoso expediente constan elementos sobrados de convicción que ratifican la denuncia de los familiares: el personal médico interrogado admitió que se estaba autorizado a concurrir habitualmente a la sala 8, "y cuando lo hacían tenían orden de no hablar"; la sala 8 "era una prisión dentro del Hospital Militar"; " se presionaba a los médicos"; "la sala 8 era concurrida y visitada por los militares"; en la sala "el que resolvía era el comandante"; "los militares eran los que ordenaban todo"; las altas, "que eran negadas por los médicos, eran exigidas por los militares". Un militar testigo ratificó la visita de Álvarez a la sala 8.
A los testimonios y los careos acumulados en el expediente se sumó, en marzo último, un documento militar desconocido hasta entonces. El documentó fue ubicado por la defensa en un archivo judicial, en un expediente relativo a otro prisionero político. Del mismo se desprende que Luzardo murió de inanición prolongada; es decir, murió de hambre.
El documento está firmado por el médico militar José A Mautone, jefe de Anatomía Patológica del
hospital, y fue redactado el mismo día del fallecimiento. "En resumen: de acuerdo al reconocimiento que antecede, surge como causa de la muerte el avanzado, estado de caquexia ", escribió Mautone (fallecido en 1988) al final de una escueta carilla que describe el estado de Luzardo.
Mautone comprobó que la muerte de Luzardo no fue consecuencia de la herida de bala: describe "una cicatriz quirúrgica lineal, en buenas condiciones, de 12 centímetros de longitud, en la línea media del plano vertebral". Por el contrario, dio cuenta de "una extensa escara, con pérdida de tejido, que alcanza el plano óseo sobre la zona trocantérea derecha de 25 centímetros de longitud por 15 de diámetro; lesión de iguales características en la región trocanterea izquierda; extensa escara en región sacra, redondeada, de 22 centímetros de diámetro; y múltiples pequeñas escaras en tercio inferior de piernas y pies derecho e izquierdo".
Según el diccionario, la caquexia es "un estado de extrema desnutrición, atrofia muscular, fatiga,
debilidad, anorexia en personas que no están tratando activamente de perder peso". Se presenta en casos de cáncer y en enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el sida.
Luzardo no padecía ninguna de esas dolencias, por lo que médicos internistas a los que Brecha
consultó sobre el contenido del documento afirmaron que "al paciente no se lo alimentó", es decir, se lo dejó morir de hambre. Indicaron que en esas condiciones el paciente pudo haber muerto en un plazo aproximado de 20 días, pero si se le suministró agua "el padecimiento pudo extenderse por más tiempo". Indicaron que la descripción de las escaras, su tamaño, y la pérdida de tejido hasta quedar expuesto el hueso, revelan que "el paciente no fue movido durante meses ". Las escaras son llagas que aparecen por la inmovilidad en pacientes en coma o paralizados por una lesión nerviosa en el cerebro o en la médula espinal, y requieren una atención permanente. Uno de los médicos consultados opinó que el dictamen de Mautone "es chocante y terrible". Para el juez penal Juan Carlos Fernández Lechini, la opinión del Instituto Técnico Forense sobre las implicancias del documento sería determinante para establecer la deliberada omisión de asistencia que desembocó en la muerte de Luzardo, por lo que remitió el expediente a la Dirección de Medicina Forense en marzo último. Sin embargo, la Junta Médica integrada por los doctores Alvaro Zabaleta, Zuly Domínguez y Domingo Perona aún no se ha expedido. El director de la repartición, Guido Berro, confirmó a Brecha que "la junta aún lo está estudiando".
Para el abogado defensor Óscar López Goldaracena, el cúmulo de evidencias debería habilitar al juez a procesar a Gregorio Álvarez por homicidio con sevicia. El diccionario describe la sevicia del siguiente modo: "Se dice en general por toda crueldad o dureza excesiva con una persona; y, en particular, de los malos tratos de que se hace víctima al sometido al poder o autoridad de quien así abusa ".

Peine el gallo.

Luis ROBERTO LUZARDO, con su cuerpo paralizado por una bala que afectó la columna vertebral, fue asesinado -como se describe en esta página- de la manera más cruel: se ordenó que quedara abandonado en su cama de la sala 8 del Hospital Militar, que no se le prestara asistencia, que no se curaran sus heridas, que no se lo alimentara y que se impidiera expresamente que otros -médicos, enfermeros o pacientes- lo ayudaran. Su agonía duró meses, y algunos días antes de su muerte el general Gregorio Álvarez fue a verlo al hospital -tal como surge de las múltiples evidencias y testimonios- para confirmar el desenlace por él ordenado
-Peine al gallo -le dijo Álvarez a uno de los dos militares que lo acompañaban, después de observar durante varios minutos a Luzardo, que ya estaba en coma. El Goyo ironizaba con la costumbre, en las riñas de gallos, de tocar las plumas de la cabeza del animal para saber si está liquidado o si se puede reanimarlo para seguir el combate.
Eso ocurría en junio de 1973. Treinta y seis años después, frente al juez penal Fernández Lechini,
Álvarez negó cínicamente el episodio y, más aun, negó haber tenido contacto personal con los
familiares de Luzardo. Sin embargo, la madre y los hermanos Raúl y Zulma ofrecieron a la justicia testimonios detallados de las gestiones realizadas, en febrero, de 1973, una vez que percibieron el abandono y deterioro progresivo del prisionero. Dejaron constancia de la reunión que mantuvieron con el general Hugo Chiappe Pose, jefe de la Región Militar número 1, quien les aconsejó "hablar con Álvarez", y de la entrevista que les concedió el Goyo en su despacho del comando del Estado Mayor Conjunto, en la avenida Agraciada.
A raíz de esa negativa, el abogado que representa a la familia Luzardo, Óscar López Goldaracena,
solicitó un careo. La instancia, verificada en el despacho del juez, comenzó mal: Álvarez, que ha
perdido su libertad, mantuvo su impúdica arrogancia.
-¿Éste tiene que estar aquí? -dijo dirigiéndose al juez pero señalando a López Goldaracena-. Porque cada vez que ló veo me dan náuseas y ganas de vomitar.
-No sólo va a estar, sino que lo va a interrogar -respondió el magistrado.
El abogado estaba sentado en el medio, frente al juez y la fiscal; a su izquierda estaban la abogada
defensora Gianina Podestá ("¿Esta chiquitína qué hace aquí?", había comentado el Goyo un poco
antes), la madre de Luzardo y Raúl, uno de los hermanos; a su derecha estaba el Goyo, su abogado Carlos Curbelo Tammaro y una abogada del Ministerio de Defensa.
López Goldaracena comenzó con una pregunta enigmática a la madre de Luzardo, que incluso
descolocó al juez:
-¿Usted vio a los animales de Álvarez?
-Sí -respondió la señora-. Cuando fuimos a verlo, él estaba en su despacho con dos perros inmensos, doberman, que metían miedo.
El Goyo no supo contener su tendencia a insultar:
-Mo eran doberman, eran gran daneses. ¿Usted sabe lo que es escatológico? -dijo dirigiéndose a la señora-. Mis perros no iban a morderla, porque no comían mierda.
López Goldaracena se dirigió a Raúl Luzardo y le hizo la misma pregunta.
-Sí, vi a los dos perros.
El abogado Curbelo Tammaro intervino:
-Usted no pudo haberlos visto porque no estuvo presente.
-Exacto -dijo Raúl-, Vi a los perros cuando se abrió la puerta del despacho y un asistente me detuvo y me dijo que yo no podía entrar.
No fue necesario indagar más en ese aspecto de la denuncia. Del careo surgió la evidencia de la
falsedad de la negativa de Álvarez. El dictador se pisó el palito.
Alguien, quizás, te peine la cresta. Para reanimarlo, antes de que se produzca la sentencia del juez.