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Al mismo tiempo, en Lima otros miles de trabajadores marcharon por la ciudad en respaldo a los indígenas con dirección al Congreso –donde legisladores nacionalistas han bloqueado las sesiones de trabajo–, pero fueron dispersados por la policía que lanzó bombas lacrimógenas, en medio de un caos vehicular y el cierre de algunos negocios.
La marcha inicialmente transcurrió en forma pacífica en la capital peruana, encabezada por el secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT) –la mayor central obrera del país–, Mario Huamán, que recorrió las calles céntricas junto con manifestantes de otras organizaciones sindicales, cívicas, populares y políticas.
Más tarde se desataron choques cuando la policía antimotines bloqueó el paso a la columna para impedirle acercarse al Congreso. Centenares de marchistas se enfrentaron a los uniformados, durante más de dos horas; los manifestantes no lograron llegar a la sede parlamentaria, y hubo un número no precisado de detenidos.
Los manifestantes, que por momentos rompieron el cerco policial en algunas arterias, portaban carteles que decían “Alan (García) asesino” y “la patria no se vende”, en rechazo a la política presidencial de permitir mediante una serie de decretos signados entre 2007 y 2008 la explotación de minerales, maderas, agricultura y exploración petrolera en la Amazonia.
En el Congreso, las fuerzas del oficialismo y sus aliados de derecha suspendieron ayer indefinidamente las polémicas leyes luego de dos meses de intensas protestas, que tuvieron su punto álgido la semana pasada con choques entre policías e indígenas que dejaron decenas de muertos y heridos.
Al mismo tiempo diversos sectores políticos exigen que renuncie el primer ministro Yehude Simon, quien dijo que el gobierno asumía su responsabilidad sobre los hechos violentos, pero que no renunciaba porque “mis manos no están manchadas de sangre”. Aseveró que no dimitía por presiones de partidos y que no se dejaba presionar “por amigos ni enemigos”.
En Yurimaguas, mil 400 kilómetros al noreste de Lima, los indígenas seguían con el bloqueo de la principal vía que abastece a ese poblado, donde el comercio local funcionaba aunque los alimentos básicos se vendían a precios más altos de lo normal.
“Hemos decidido quedarnos hasta que haya una solución”, dijo el indígena Fernando Ríos Panaipi, proveniente de una remota comunidad selvática, que se sumó a la protesta que comenzó en varias regiones del país el 9 de abril.
Hemos decidido quedarnos hasta que haya una solución, dijo el indígena Fernando Ríos Panaipi, proveniente de una remota comunidad selvática, que se sumó a la protesta que comenzó en varias regiones del país el 9 de abril.
Cientos de indígenas permanecen apostados en la carretera portando lanzas y algunos de ellos tienen la cara pintada con rayas rojas y negras, como acostumbran cuando están en situación de conflicto y en defensa de sus tierras.
Según comunicaciones desde radios y televisiones, el paro de actividades en apoyo a la protesta se cumplía de forma parcial en ciudades selváticas de las regiones de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, así como en otras áreas andinas como Puno, Ayacucho, Cusco, Tacna y Arequipa, y de la costa del Pacífico como Moquegua e Ica, que se han solidarizado con los indígenas amazónicos.
Esas protestas se han realizado en forma pacífica con marchas o cese de actividades, aunque la excepción se dio en la sureña Puno donde el local del oficialista partido Apra fue apedreado por estudiantes que marchaban, según reportaron medios de prensa, en la peor crisis política que afronta el gobierno neoliberal de Alan García en su segundo mandato.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, afirmó que no existen “razones” para el paro ni las protestas, ya que cuando el Congreso suspendió las polémicas leyes, restituyó y dio “fuerza de ley a todo el régimen legal anterior”.
Yehude Simon dijo a la prensa que en las protestas de los indígenas hubo “un aprovechamiento político” de grupos opositores.
El Congreso suspendió la vigencia de las cuestionadas legislaciones, entre ellas la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, para realizar “sustanciales modificaciones” en las normas en consenso con los manifestantes indígenas.
La suspensión no definitiva de las normas fue rechazada por el opositor Partido Nacionalista Peruano (PNP) y nueve de sus legisladores realizan un ayuno en el Congreso en demanda de la eliminación rotunda de las leyes.
En total, unos 22 congresistas de ese partido y de otras fuerzas de izquierda en “rebeldía” pasaron la noche del miércoles en la sala plenaria en vigilia.
El oficialismo en el Congreso suspendió por su parte por 120 días sin goce de sueldo a siete parlamentarios del PNP por los incidentes ocurridos en las últimas horas en el recinto. Además, el Congreso amonestó a otros 11 parlamentarios de la misma formación política que participaron en las acciones de rebeldía.
En tanto, Alan García juramento a dos nuevos ministros, con lo que recompuso el equipo luego de que la titular de la Mujer, Carmen Vildoso, renunció en desacuerdo con la forma en que el gobierno ha manejado la crisis amazónica.
Vildoso fue remplazada por la legisladora oficialista Nidia Vílchiz, que era ministra de Vivienda. Y en esa cartera nombró a Francis Allison, alcalde del distrito limeño Magdalena del Mar.
El presidente de Perú manda asesinar a los activistas indígenas
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