Que sea sin exclusiones injustificadas.

Por Gastón Grisoni. 11.06.09

La remisión del Poder Ejecutivo al Parlamento de una iniciativa destinada a reparar los daños ocasionados por el Terrorismo de Estado ha sido un hecho importante en múltiples aspectos. Son muchos los aspectos positivos de la propuesta gubernamental a ser tenidos en cuenta. Pero lo cierto es que la misma es insuficiente en muchos planos. Abogamos por generar la sensibilidad imprescindible para que la sociedad uruguaya pueda avanzar firmemente en el camino de superar las secuelas vivas del pasado reciente.



Hasta el momento todos los parlamentarios gubernamentales han atribuido las insuficiencias del proyecto de reparación integral que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento a principios de este mes a la acción devastadora del Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Alvaro García y a su escasa disposición emocional hacia dicha iniciativa.



Es evidente que su involucramiento, ya sea personal o del equipo de técnicos a su cargo, fue un factor determinante en cuanto a las insuficiencias del mismo a la hora de dar cumplimiento a algunas de las obligaciones por parte del Estado uruguayo. Los montos indemnizatorios establecidos y las tímidas mejoras a la ley 18 033 son elocuentes. Los dimes y diretes de estos meses siempre se han referido a su participación. Su rechazo sistemático a entrevistarse con los representantes de las organizaciones civiles confirmaría lo que todo el mundo comenta en los pasillos.



No es mi intención hacer la defensa del mencionado pero reducir las insuficiencias e inconsecuencias del proyecto del Poder Ejecutivo solamente a la acción del equipo económico es un error. Las insuficiencias son mayores y obviamente no deberían ser imputables al mismo sino a los propios redactores del proyecto.



Los niños y adolescentes de la época.



Una de las grandes insuficiencias del proyecto del Poder Ejecutivo es la no inclusión dentro del universo de víctimas que merecen la reparación por parte del Estado, de los niños y adolescentes en aquella época que eran familiares directos de las ex presas y de los ex presos políticos.



Para la normativa internacional, especialmente para la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, “se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”.



Este grupo de ciudadanos a los que hacemos referencia es ignorado por la propuesta gubernamental aunque es evidente y notorio que ellos sufrieron un enorme daño emocional que los marcó para siempre. Fueron violentamente separados de sus padres, obligados a crecer sin ellos y a veces sin poder volver a convivir con ellos ya que fueron asesinados o murieron en prisión.



Tanto ellos como los familiares que asumieron la responsabilidad de su cuidados y crianza, así como todos los familiares directos de las y los ex presos políticos, sufrieron hostigamiento físico y psicológico, persecución, vigilancia, afectación laboral, a veces permanente, allanamientos en sus domicilios privados, a veces detenciones en calidad de rehenes, estigmatización social así como tratos crueles y degradantes para acceder a las visitas en los cuarteles y en los Centros de Reclusión.



El proyecto gubernamental a estudio de la Cámara de Senadores propone indemnizaciones monetarias solamente a algunos sectores específicos de víctimas, pero incluye y tiene en cuenta a nivel declarativo como beneficiarios de derechos, a universos mayores, entre los que omite incluir a los niños y adolescentes a los que hacemos referencia.



Obviamente, este sector de víctimas directas del Terrorismo de Estado fue contemplado específicamente en el proyecto de ley que el colectivo de ex presas y de ex presos políticos junto con el Dr. Oscar López Goldaracena puso a disposición del sistema político hace ya dos años. Su no inclusión en el proyecto gubernamental no puede ser atribuida al desconocimiento de la problemática o debido a que nadie lo planteó. Crysol lo plasmó debidamente en su iniciativa.



Como grupo social están debidamente organizados, desde hace tiempo, en el colectivo Memoria en Libertad y desarrollan una importante labor que ha tenido, incluso, difusión mediática.



Para seguir avanzando en el camino de la justicia, Uruguay debe aprobar una ley de reparación integral que cumpla con la normativa internacional y que contemple a todas las víctimas del Terrorismo de Estado, sin exclusiones. Incorporar al proyecto a estudio del Parlamento a los niños y adolescentes de la época que sufrieron en carne propia la sevicia del accionar del Estado es insoslayable.



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(*) Son opiniones de carácter personal y no reflejan, necesaria y obviamente, las opiniones del colectivo que tengo el honor de representar en ocasiones y que cuando opina como tal, lo hace a través de sus órganos legítimos. Estas líneas son para despuntar el vicio, nomás. Y lograr que alguno “me pague la vuelta”, no sólo virtualmente.