Mensajes que no contribuyen

Guillermo Besozzi, se reunió con el presidente Yamandú Orsi

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Están jugando con fuego: el desinterés sobre la política

Un estudio de la empresa Factum, difundido el miércoles por VTV, mostró que 1 de cada 3 uruguayos se desinteresa de la actividad política o descree de ella. Todos los días el sistema político se encarga de contribuir a esa situación. Están jugando con un fuego que nos puede quemar a todos.

19 de septiembre de 2025, Caras&Caretas
Carlos Pelaez

Este mismo miércoles a mediodía el presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió en la casa de Suárez y Reyes al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi. Hablaron de asuntos de gobierno pero también de la situación judicial del jerarca sorianense. Se destacó que ambos “son amigos” desde hace años. Pero el mensaje que recibió la ciudadanía no pudo ser peor. Besozzi está formalizado por 7 delitos de corrupción —todos los que incluye el Código Penal— y la Corte Electoral analiza por estas horas despojarlo de su cargo.

Según informó Montevideo Portal, ambos analizaron el delito de “abuso de funciones”, señalando que la línea de actuación —bajo las normas de este artículo— “es fina”. Vale recordar que en el pasado el Frente Amplio pretendía derogar el artículo 162 del Código Penal. Pero esta es la única norma, a falta de otras más claras, que ha permitido perseguir judicialmente a los corruptos.

¿Cuál fue el mensaje?
Un jerarca formalizado exhibe públicamente su poder al ser recibido por el presidente pocas horas antes de que la Corte Electoral se expida.

Por más que sean “amigos” —lo que hace mucho peor todo—, se trató de un acto institucional que hasta podría ser leído como un mensaje hacia quienes deben resolver la situación de Besozzi, tanto en la Justicia como por el organismo que rige las normas electorales.
 

Desde hace días la oposición intenta voltear al presidente de ASSE, Álvaro Danza, basada en presuntas incompatibilidades, ya que el médico, además, cumple funciones como tal en dos mutualistas privadas. La oposición intenta desde marzo voltear a todo “muñeco” que se mueva. Sería su forma de legitimarse por sus propios actos en el gobierno pasado. Pero, en este caso, también trata de frenar la auditoría sobre la gestión de Leonardo Cipriani al frente de ASSE entre el 2020 y el 2024.

No les interesa el presupuesto ni las explicaciones, sólo voltear a Danza. Y para ello usan un informe jurídico del catedrático Augusto Durán Martínez, un hombre estrechamente vinculado al Partido Nacional. Fue subsecretario de Presidencia durante la gestión de Luis Lacalle Herrera, presidió el Instituto Manuel Oribe y es el padre de quien hasta no hace mucho era embajador uruguayo en EEUU. Nada de esto lo descalifica. Pero un informe que hizo a principios de este año para la Junta Departamental de Maldonado, a solicitud de los ediles blancos que integraban una comisión investigadora, deja dudas sobre su accionar.
Durán Martínez es el mismo que, previo pago de 18.000 dólares, elaboró un informe para la Bancada del Partido Nacional en la Junta de Maldonado sobre el caso del expresidente José Luis Sánchez. El experto en Derecho Administrativo concluyó que "no había constatado ninguna irregularidad". Pero el que constató las irregularidades fue el fiscal Jorge Vaz, quien demostró que "una empresa contratada para hacer refacciones en el edificio de la Junta no estaba inscripta en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado)", trámite obligatorio para cualquiera que contrate con el Estado. Además, "no hay un solo expediente que demuestre el contrato de esa empresa, sobre las tareas a realizar ni sobre el control de cumplimiento". Y por si fuera poco, el dueño de la empresa dijo en Fiscalía que "nunca hizo trabajos para la Junta".

Todo esto se lo "comió" Durán Martínez, que sí cobró religiosamente. Sánchez y otros dos expresidentes de la Junta fueron formalizados por los delitos de fraude y falsificación ideológica por un funcionario público. A uno de ellos también se le imputó “abuso de funciones”.

Por su parte, Danza recurrió al experto Carlos Delpiazzo para justificar su permanencia en el cargo. Pero este experto, junto a otros tres, fue quien en el 2021 consideró que “no había ninguna irregularidad con el fondo de fortalecimiento de los sectores políticos” o “sueldo encubierto” que la Junta de Maldonado paga a los ediles mes a mes desde el 2015 y ahora es investigado por el fiscal Vaz. De nada valió el dictamen de la Jutep, que consideró que se violaba la Constitución y varias leyes, ni las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, cuyo departamento jurídico recomendó el pase a Fiscalía. Un informe pagado sustituyó a toda la institucionalidad.

Claro, después hay que convencer a los más jóvenes de que no todos son iguales y que la política es una actividad noble que tiene por fin mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues, según Factum, uno de cada tres uruguayos ya no cree eso.
 

Más datos sobre el caso Maldonado

Hace muchos años un abogado e importante dirigente colorado, luego ministro, dijo que “en Maldonado las ordenanzas de construcción eran una barrera. Pagás, el peaje se levanta; no pagás, no podés hacer nada”.

En el año 1992 dos ediles, Ruben Pagola, del Partido Nacional, y Leonel Fazzio, del Partido Colorado fueron procesados por coimeros. También cayó Hebert Belino, un conocido escribano y dueño de un periódico, como promotor de acciones ilegales para que se aprobara el fraccionamiento La Juanita, ubicado sobre la franja costera poco antes del ingreso a José Ignacio. Los ediles fueron sometidos a juicio político en el Senado y despojados de sus cargos. Las actas de esas sesiones revelan que Maldonado ya era mirado como un lugar complicado por el tema corrupción.

El entonces senador colorado Pablo Millor llegó a proponer la conformación de una comisión investigadora sobre los permisos de construcción otorgados en este departamento. Era 1992, Luis Alberto Lacalle Herrera era el presidente y Domingo Burgueño era el intendente de Maldonado. El Senado no aprobó el planteo de Millor. Pero en Maldonado el escribano Belino, que era además un extorsionador, después de su condena por corrupto recibió de la Intendencia unos 60.000 dólares en publicidad para un diario que no registraba lectores.

Treinta y tres años han pasado desde entonces. Pero algunas prácticas se mantienen y perfeccionan. Por ejemplo, en 2021 y 2022, bajo las presidencias de los ediles blancos José Luis Sánchez y Darwin Correa, la Junta Departamental decidió adjudicar una partida de unos 500.000 dólares “para ayudar a medios y periodistas que vivían un complejo momento por la pandemia”. No hubo ningún plan publicitario, porque la Junta Departamental no tiene nada para publicitar. Pero decenas de personas, algunos periodistas y otros no se sabe qué, recibieron mucho dinero solo contra la presentación de una factura.

Los documentos en poder de Caras y Caretas muestran la arbitrariedad con que se destinaron esos fondos. Por ejemplo, la empresa Marengreen S.A., propietaria de la FM Cadena del Mar, cuyo titular ante la URSEC es Francisco Sanabria, expropietario de Cambio Nelson, recibió el equivalente a 50.000 dólares entre el 1 de diciembre del 2022 y el 30 de noviembre del 2024. En tanto, a Rodrigo Silva, gerente de esa emisora y testaferro de Sanabria, se le adjudicaron en el mismo período otros 10.000 dólares.

Además, el periodista Marcelo Umpiérrez, que se desempeña como productor y periodista en Cadena del Mar y a su vez era corresponsal de Telenoche 4, recibió en este año 776.530 pesos, es decir 61.000 pesos por mes. Algunas de sus facturas establecen que se prestó “servicio de promoción institucional en redes, radio, TV y notas”.

También recibieron publicidad, entre muchos otros, un periódico de Rocha, dos de Montevideo y otro de Lavalleja, dos radios comunitarias de Maldonado y varios medios, productores y periodistas del departamento. Aunque ninguno iguala lo que cobraron las radios vinculadas a Sanabria. Por si fuera poco, el presidente de la Junta Departamental ordenó un gasto de 16.000 pesos para unas placas y cartel de reconocimiento a la Liga Mayor de Fútbol, que también él presidía. Todos gastos, año tras año, observados por el TCR.

Las asignaciones de dinero continuaron en el tiempo y generaron un importante desfinanciamiento. A fines de julio del 2024, la mayoría nacionalista de la Junta Departamental de Maldonado aprobó una transposición de rubros por 8 millones de pesos (equivalentes a 200.000 dólares) para ser gastados en publicidad. Según el expediente 445/2024, “la directora del Departamento Financiero Contable, contadora Gabriela Quintero, solicita autorización para efectuar una transposición de rubro por un total de 16.500.000 pesos”. De acuerdo al documento, “8.000.000 de pesos serán destinados a publicidad”, que antes estaban destinados presupuestalmente a “limpieza y fumigación” (2.250.000 pesos), otras edificaciones (4.800.000 pesos) y refuerzo de rubros (1.200.000 pesos).

Con este “refuerzo presupuestal”, la Junta de Maldonado habrá destinado otros 500.000 dólares en publicidad durante el año, aunque siguen sin conocerse los criterios de adjudicación. Justo año electoral. Ese era el verdadero destino de esas enormes cifras de dinero; pagar con dineros públicos parte de sus campañas electorales.

El día de la audiencia en que fueron formalizados los ediles Sánchez y Correa, y Alexandro Infante se fugó, dos periodistas relataron a este cronista que “cuando hacían una gestión publicitaria ante Infante, éste les decía: Les doy la plata, pero también va para mi campaña”. Pero no solo esto demuestra un uso abusivo e indecente de dineros públicos. Entre los años 2015 y 2025 hubo por lo menos una decena de viajes al exterior en las delegaciones integradas por ediles de todos los partidos que iban a Miami, destino predilecto, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, nunca se supo a qué, porque nunca hubo informes ni resultados concretos para el departamento de ese turismo legislativo. Un solo viaje a Miami, del que participaron siete ediles, costó 55.000 dólares. Porque además del pasaje, alojamiento y estadía, se les otorgaban los viáticos que establece la Cancillería para los viajes al exterior.

Tal vez tuvieron resultados para sus propios negocios. Por ejemplo, durante el gobierno del frenteamplista Óscar de los Santos, el director de Turismo viajó varias veces a España para promover Punta del Este. Pero de paso concretó alguna inversión edilicia que luego comercializaba en su inmobiliaria.

Y este es otro punto abusivo. Durante esos 10 años, 2015- 2025, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Obras de la Junta Departamental eran además operadores inmobiliarios. Según informó el exintendente Enrique Antía, en esos diez años se aprobaron 5 millones de mt2 de construcción. O sea, los que en la Junta aprobaban excepciones a las ordenanzas, hacia dónde se desarrollaría el departamento, dónde se permitirían fraccionamientos, eran los que luego tenían la posibilidad de vender esas propiedades en sus propias empresas. Tan evidente es que hasta Javier Sena, edil e integrante de la comisión de Obras, es también presidente de la Cámara Inmobiliaria Maldonado–Punta del Este.

El edil Infante, ahora formalizado, dejó de ser empresario gastronómico y montó una inmobiliaria en el balneario Santa Mónica, que se encuentra casi frente a la Boya Petrolera y muy cerca de José Ignacio. Diez años atrás era un lugar muy poco desarrollado, pero que adquirió un importante impulso con varios fraccionamientos aprobados. ¿Quién pone una inmobiliaria en un lugar donde no había nada? Obvio que solo el que tiene información sobre lo que allí se construirá.

Desde su cargo como edil, el también empresario inmobiliario y ahora diputado herrerista Rodrigo Blás organizó una defraudación contra la DGI mediante la venta subfacturada de lotes de un fraccionamiento, que él no votó pero se aprobó en su período.

Están jugando con fuego

Vivimos en un mundo horrible, con un genocidio espantoso en pleno desarrollo, con guerras y asesinatos a diestra y siniestra, con censura y también asesinatos de periodistas. Con líderes que no muchos años atrás eran impensables. ¿Cómo llegaron Trump, Bolsonaro, Milei, además de muchos otros? No lo hicieron porque fueran mejores, sino porque la gente se hartó de los viejos líderes, la mayoría corrompidos mientras la gente se esforzaba por sobrevivir diariamente. Y, principalmente, porque detrás tuvieron el apoyo de un poder que quería cancha libre para sus negocios.

Todavía tenemos tiempo, poco, antes de que esos fenómenos se instalen en nuestro país y ese incendio nos consuma a todos. Para evitarlos hay que esforzarse en convencer a ese 30 % de compatriotas que ya no cree en nada, de que solo a través de la acción política se logran cambios. Pero para eso también hay que exigirles a nuestros políticos que actúen decentemente, no solo dentro de la ley.

Uruguay vive un episodio que debería ser un escándalo histórico. La Intendencia de Soriano, símbolo de la gestión pública en el país, se encuentra inmersa en una investigación judicial que desnuda un entramado de corrupción tan estructurado como impune, que involucra al intendente Julio Guillermo Besozzi Arocena y a su círculo más cercano de colaboradores. La gravedad de los hechos, las pruebas incontestables y la continuidad de estos personajes en el ejercicio del poder provocan asombro y vergüenza. Soriano y todo el país observan cómo un grupo de funcionarios actúa como si la administración pública fuera un feudo privado, mientras la ciudadanía contempla, impotente, la falta de consecuencias.

El Tribunal de Apelaciones de Montevideo, después de meses de análisis y recursos de segunda instancia, confirmó y amplió la investigación que pesa sobre Besozzi y su grupo. Los delitos imputados son graves y reiterados: peculado reiterado, tráfico de influencias, concusión, cohecho simple y coautoría de cohecho calificado, todos en reiteración real. La formalización de la investigación, adoptada el 22 de mayo de 2025 con los votos de los ministros Luis Charles y Adriana de los Santos, y con la disidencia de la jueza Gabriela Merialdo, deja en evidencia que la Justicia tiene ante sí un entramado de corrupción sistemático, sostenido durante años, que compromete el manejo de fondos públicos y la confianza ciudadana.

La historia que desvela la investigación se remonta a 2021, cuando un incendio de características sospechosas afectó al teatro 28 de febrero, un edificio propiedad de la Intendencia de Soriano y cedido al sindicato de funcionarios municipales (ADEOMS). La Fiscalía, alertada por la calificación del siniestro realizada por Bomberos, inició intervenciones telefónicas que dejaron al descubierto conversaciones comprometedores entre dirigentes sindicales y autoridades municipales. Entre estas, destaca una grabación en la que Besozzi dialoga con Alberto Martín Herling, presidente de ADEOMS, sobre un adelanto de 150 mil pesos destinados a cubrir cheques del sindicato, suma que se sumaba a 600 mil pesos ya comprometidos. La transcripción de la llamada, citada textualmente en la sentencia, no deja lugar a dudas: Besozzi conoce y participa activamente en maniobras financieras que rozan lo ilegal: “Para mí es un riesgo político bestial, yo con lo que estoy de acuerdo te firmo en el Banco República… lo cierto es que yo no puedo sacar esos 150 mil pesos de acá porque estoy regalado, pero regalado mal”, dice el intendente, reconociendo la magnitud del riesgo político y financiero de sus actos.

El diálogo continúa con instrucciones precisas sobre cómo formalizar la cesión de créditos para cubrir los cheques sin afectar directamente las cuentas de la Intendencia. “Vos no podrás conseguir 150 mil pesos con alguno que… dándole un cheque o algo y después ya lo meten ahí en la rueda del préstamo… nosotros les cedemos la cesión de créditos al banco y nosotros se la entregamos”, explica Besozzi. Cada frase, registrada en la sentencia del Tribunal de Apelaciones, muestra un patrón de conducta que evidencia cohecho, tráfico de influencia y manipulación de recursos públicos, prácticas que no solo son ilegales sino profundamente antiéticas.

El caso no se limita al intendente. El entramado incluye a funcionarios de alto rango que actuaban coordinadamente para proteger intereses personales y sindicales sobre los fondos públicos. Jonathan Torres Osores, director de Logística, enfrenta imputaciones por utilización indebida de información privilegiada y cohecho reiterado; Pedro Ernesto Nocetti Guigou, director de Obras, por peculado y abuso de funciones; Pedro Besozzi Cerchi, director de Hacienda, por peculado; y Daniel Gastán Rostagnol, escribano y secretario general, por peculado y omisión de denuncia. Otros implicados, como Germán Federico Cavallero Dalia, Esbar Gonzalo Castillo Ramírez y Leonardo Agustín Rivero Poggio, completan un cuadro de responsabilidades compartidas, conformando lo que la Justicia considera una estructura criminal dentro de la Intendencia.

Desde los primeros meses de 2025, la Fiscalía detectó delitos reiterados que incluyen peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho calificado y abuso de funciones. Besozzi no actuó solo: se le imputa como coautor en múltiples delitos, mientras sus colaboradores más cercanos, entre ellos Pedro Besozzi Cerchi, Esbar Gonzalo Castillo Ramírez y Germán Federico Cavallero Dalia, aparecen señalados como parte de un entramado que manipuló documentos, desvió fondos públicos y ejerció presión sobre funcionarios y empresarios para beneficio propio.

Para impedir que Besozzi entorpeciera la investigación, la Justicia adoptó medidas cautelares desde marzo de 2025. Inicialmente, quedó bajo arresto domiciliario total con geolocalización, con prohibición estricta de acercarse o comunicarse con la Intendencia de Soriano y sus reparticiones. El objetivo era claro: evitar que el intendente utilizara su posición para influir sobre testigos, ocultar pruebas o garantizar la impunidad de su red. Sin embargo, la Sentencia Interlocutoria Nº 1303/2025, del 27 de junio, levantó parcialmente esta medida, pese a los insistentes alertas de la Fiscalía sobre el riesgo real de interferencia. La defensa alegó que las pruebas principales ya estaban aseguradas, aunque expertos judiciales advirtieron que Besozzi seguía teniendo acceso directo a funcionarios, testigos y documentos clave.

La justicia también corrigió la omisión de comunicar a la Corte Electoral la formalización de la investigación contra Besozzi, revocando la Sentencia Interlocutoria Nº 1287/2025. Esta comunicación es crucial, ya que, conforme a la legislación uruguaya, la formalización de una investigación por delitos graves puede derivar en la suspensión de la ciudadanía del imputado, impidiéndole ejercer funciones públicas, incluyendo el cargo de intendente. La Corte Electoral deberá evaluar la situación y decidir si corresponde aplicar esta medida, lo que podría provocar un terremoto político en Soriano y dejar la administración local en un limbo administrativo.

Las medidas cautelares y los recursos de los implicados reflejan la lucha constante entre la Fiscalía, que busca garantizar el debido proceso y preservar la integridad de la investigación, y la defensa, que intenta minimizar las restricciones argumentando afectaciones a derechos constitucionales y la inexistencia de un riesgo concreto de entorpecimiento. La Sentencia Interlocutoria Nº 1131/2025 prorrogó medidas cautelares, incluyendo arresto domiciliario y prohibición de acercamiento, justificadas por la gravedad de los delitos y el riesgo de entorpecimiento, hasta el 9 de agosto de 2025. A pesar de la defensa de los imputados, el tribunal entendió que la extensión era proporcional y necesaria.

Los hechos confirmados en la investigación y las transcripciones de llamadas demuestran que Besozzi y su equipo manejaban la Intendencia como un feudo privado, desviando recursos, manipulando contratos y controlando información sensible. La ciudadanía de Soriano, y de Uruguay en general, observa con asombro e indignación cómo personas con pruebas tan claras de corrupción y abuso de poder siguen en funciones, sustentadas por la indiferencia o la ignorancia de quienes continúan votando a esta clase de politiqueros sin conciencia cívica.

El 14 de septiembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones ordenó a la jueza Ximena Menchaca comunicar a la Corte Electoral la formalización de la investigación contra Besozzi. Esta decisión es un paso crucial para que la ley actúe y para que la ciudadanía pueda ver que la justicia no es solo un ideal, sino un instrumento capaz de limitar la impunidad. La resolución, firmada por el Dr. Luis Charles Vinciguerra como Ministro Redactor, la Dra. Adriana de los Santos Arigoni como Ministra y el Esc. Eric Longobardo Cantou como Secretario Letrado, confirma la formalización de la investigación, declara carentes de objeto ciertas apelaciones y revoca decisiones previas que impedían la notificación a la Corte Electoral.

Este caso es una bofetada a la ética pública y un espejo de la impunidad que todavía azota a Uruguay. La evidencia no deja lugar a dudas: funcionarios que deberían velar por el bienestar colectivo actuaron en beneficio propio, desviaron fondos, manipularon procesos y ejercieron presión sobre actores privados y públicos. Y lo más indignante: siguen en sus cargos, sustentados por quienes votan sin conciencia y permiten que la política se convierta en un instrumento de privilegio personal en lugar de un servicio al pueblo.