Hace 52 años

la oligarquía asaltaba al Uruguay
 
 27 junio 2025, Caras&Caretas
 Carlos Pelaez
 
 Un día como el de hoy pero hace 52 años se instalaba la dictadura cívico militar.
 
 El deterioro institucional había comenzado años antes y tuvo en febrero del 73 un fuerte impulso. Partidarios de la dictadura, militares, dirigentes políticos, expresidentes, periodistas y hasta algunos dirigentes tupamaros han insistido una y otra vez en que el golpe de Estado sobrevino a consecuencia del enfrentamiento de fuerzas antagónicas representadas por la guerrilla y los militares. Es decir, la teoría de los dos demonios. La realidad fue muy diferente. El 27 de junio de 1973 se consolidó el proceso por el cual la oligarquía asaltó al país.

La mayoría de los historiadores uruguayos coinciden en que en el año 1968, y con Jorge Pacheco Areco en la presidencia, comenzó un proceso que inevitablemente desembocaría en dictadura. Cinco años después, otro colorado con apoyo de las Fuerzas Armadas y de los sectores más ricos del país disolvió el Parlamento y liquidó todos los derechos ciudadanos.

Fue Julio María Sanguinetti quien, con la recuperación de la democracia, en cada oportunidad responsabilizó a los tupamaros por el golpe de Estado, instalando la teoría de “los dos demonios”. Teoría sostenida también por algunos dirigentes del MLN para colocarse en el centro de un escenario en el que no estaban. Porque el 27 de junio de 1973 ya hacía exactamente un año que las Fuerzas Conjuntas (FFAA más la Policía) habían proclamado la derrota del MLN.

También se instaló la idea de que la CNT y la izquierda, particularmente el Partido Comunista, apoyaron el golpe. Pero con este planteo se intentó ocultar el apoyo que dieron al atentado contra la Constitución un sector de los blancos herreristas y el pachequismo, que se expresó en la enorme cantidad de cargos ocupados por integrantes de ambos sectores políticos durante los 13 años de dictadura. Además se ocultó el apoyo expreso que dieron la Asociación Rural, la Asociación de Bancos y la Cámara de Industria y Comercio.

En el período previo a la dictadura se vivían tiempos de luchas sindicales y estudiantiles. Eran épocas donde la inflación superaba el 100 %, y en 1972 el salario real había caído 17 %. Tiempos de congelación de precios y salarios, tiempos de escasez y hasta de contrabando interno de carne. Tiempos de represión, con estudiantes muertos, con centenares de detenidos en aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad. Y cuando, por primera vez en la historia, un frente político de izquierda comenzaba a tallar fuerte en el escenario electoral.

Tiempos en que un carismático caudillo nacionalista, muy afín a ideas progresistas, disputaba el poder de igual a igual. Por eso Wilson Ferreira Aldunate se convirtió en uno de los principales enemigos de los golpistas.

Los militares cegados por los efectos de la guerra fría, entrenados por franceses y estadounidenses, terminaron siendo el brazo ejecutor para defender los intereses de los poderosos. Claro que también se debe recordar que la democracia no era muy prestigiosa entonces. El golpe tuvo mucho apoyo ciudadano porque la gente estaba enceguecida por el miedo a los tupamaros y a que los comunistas se llevaran a sus niños para Rusia.

Hubo una construcción política y cultural para que el golpe fuera inevitable. Y con la dictadura llegó la tragedia. Miles de presos y torturados, decenas de muertos, dos centenares de desaparecidos, miles de expulsados de sus trabajos, decenas de miles convertidos por decreto en ciudadanos clase C, más de 400.000 uruguayos huyendo del país por razones políticas y económicas.

Un plan político para robar

La dictadura fue parte de un plan político que perseguía redistribuir la riqueza en beneficio de los sectores más ricos del país. Y fue impuesta a sangre y fuego porque el saqueo y pérdidas de derechos ocasionados a los trabajadores así lo exigía. Vale recordar que la uruguaya fue la única dictadura cívico-militar en toda América Latina. Mientras los militares ensuciaban de sangre sus manos, algunas poderosas familias hacían negocios para fortalecer sus patrimonios. Aunque algunas migajas les tiraban a sus cómplices uniformados para mantenerlos dóciles a la mano del amo. Fue así como importantes grupos familiares no vacilaron en vaciar bancos, asociarse a mafias internacionales, saquear empresas y lavar dinero producto del desfalco de otro país.

Bancos vaciados y vendidos a 1 peso más IVA; devaluaciones orquestadas; compra de carteras de deudores incobrables; estafas organizadas con el BHU; sobrefacturaciones en obras estatales y hasta la creación de holdings para lavar dinero fugado desde Argentina son un pequeño sumario delictivo de la época.

Una de las grandes deficiencias que aún tiene la investigación historiográfica es que no ha profundizado en los sectores civiles, empresariales y financieros que usufructuaron a la dictadura.

De acuerdo a un estudio realizado por el economista Daniel Olesker, “el resultado de la política económica de la dictadura fue una transferencia del trabajo al capital de más de 5.000 millones de dólares en 1983; ese era aproximadamente el valor del PBI al finalizar el período dictatorial y esa era la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, los trabajadores perdieron durante esos 12 años ingresos equivalentes a la deuda externa uruguaya”. Para realizar ese saqueo se usó a las Fuerzas Armadas y a la Policía.

En el libro “El negocio del terrorismo de Estado”, el periodista Fabián Werner recuerda que “en abril de 1985, exactamente con una semana de diferencia, los senadores Carlos Julio Pereyra (Partido Nacional) y José Germán Araújo (Frente Amplio) presentaron pruebas ante sus colegas de la Cámara Alta de delitos económicos cometidos por militares y civiles durante la dictadura y pidieron la conformación de comisiones investigadoras, además del envío de antecedentes a la justicia penal. El destino de esas acusaciones, profusamente documentadas, fue el olvido”.

Antes

A fines de 1967 asumió como presidente el colorado Jorge Pacheco Areco, elegido vicepresidente para el gobierno del general (r) Óscar Gestido, quien había asumido el 1° de marzo y murió el 6 de diciembre de ese año.

Todos sus ministros o subsecretarios eran dueños o accionistas de importantes empresas y bancos. Jorge Peirano Facio, vinculado al Mercantil, fue nombrado subsecretario del Ministerio de Industria y Comercio que estaba a cargo de Horacio Abadie Santos, vinculado al Banco de Crédito. En Trabajo y Seguridad Social se desempeñaba el abogado Enrique Véscovi, vinculado a la Caja Obrera y al Mercantil, quien a mediados de los 90, como presidente del Grupo Bosque de Punta del Este, denunció que la construcción del nuevo aeropuerto del balneario, cuyo concesionario principal era el Grupo Peirano, afectaba al medio ambiente, hasta que Peirano lo contrató como asesor legal de sus empresas.

César Charlone, exdirector del Banco Internacional y vinculado a la Sociedad de Bancos, asumió como ministro de Economía y Finanzas. Jorge Echevarría Leunda, vinculado al banco de Cobranzas, se desempeñó como subsecretario y luego pasó a presidir la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande cuando comenzó su construcción. El Ministerio de Obras Públicas quedó a cargo de Walter Pintos Risso, propietario de la constructora que llevaba su nombre y vicepresidente de Horacio Torrendell S.A., importadora de los aviones Cessna y de varias marcas de vehículos.

La OPP quedó a cargo de Alejandro Végh Villegas, exdirector de la Caja Obrera. Y como presidente del Banco Central asumió Carlos Sanguinetti, vinculado al Banco Mercantil.

En el mismo tiempo, los Peirano Facio, Jorge y Juan, eran poseedores de 38.000 acciones del Banco Comercial. Por allí se vinculaban al grupo Braga Salvañac, uno de cuyos más conspicuos integrantes era Enrique Braga, exministro de Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. En el Mercantil, Peirano era socio del denominado Grupo Sanguinetti, cuyas cabezas principales eran Juan Carlos y Jorge Sanguinetti. Jorge, vinculado a la lista 15 de Jorge Batlle, y Juan Carlos, presidente entonces del Banco Central del Uruguay. No se cuidaban mucho las formas.

Ministro de Ganadería era el ganadero Juan María Bordaberry, padre de Pedro, exministro y exsenador, quien luego se convirtió en dictador. Por supuesto que ya entonces aparecía el abogado Ramón Díaz, uno de los directores del diario El País, quien en sucesivos altos cargos oficiales vinculados a la política económica también representaba los intereses de la banca estadounidense.

En el Ministerio de Comunicaciones y Turismo se desempeñaba el ingeniero José Serrato, uno de los más importantes accionistas y director de la Sociedad Televisora Larrañaga S.A., propietaria de Canal 12 hasta principios del 2000 cuando la adquiere el Grupo Cardoso, cabeza de supermercados Disco.

Adolfo Cardoso Guani, fundador y padre de los continuadores de Disco, fue el segundo ministro de Industria y Comercio de la dictadura.

En febrero de 1973 el juez Héctor Amilivia detuvo y procesó a Jorge Peirano Facio, presidente del entonces Banco Mercantil. Pero en junio la dictadura acusó al magistrado de “prestar asistencia a la sedición”. Tuvo que exiliarse en Barcelona, donde falleció años después. En su momento, Amilivia llegó a compilar todos los documentos contables que fueron necesarios para probar los delitos cometidos por integrantes del “clan” Peirano. Todas las firmas colaterales, prohibidas por la normativa vigente en aquellos tiempos, estaban presididas por Juan Carlos Peirano Facio, quien resultaría procesado. Jorge, su hermano, había presidido el Banco Mercantil, pero, para entonces, había sido designado ministro de Industrias.

El dinero del Mercantil fue desviado a Panamá a través de la SAFI “Mercantil River Trust”. El mismo procedimiento que 30 años después usaron sus hijos para desviar dinero del Banco de Montevideo al Trade & Commerce Bank de las Islas Caimán.

Peirano Facio fue liberado días después de la disolución del Parlamento. Los abogados del banquero eran Ramón Díaz y Adela Reta.

En 1990 el presidente Luis Lacalle Herrera designó a Díaz presidente del Banco Central y en tal condición fue uno de los artífices del proceso de reperfilamiento de deuda externa del Uruguay en esos años.

Durante

Durante los 13 años de dictadura hay apellidos de empresarios y políticos que se repiten: Zerbino, Pascale, Davrieux, Bensión, Strauch, Rocca Couture, Aznárez, Ferrés, Raffo, Soler, Manini Ríos, Otegui, Vargas Garmendia, Ortolani, Peirano. También nombres de militares; Gregorio Álvarez, Hugo Márquez, Luis Vicente Queirolo, Yamandú Trinidad. Y dos mafias internacionales: la logia masónica P2 y la Secta Moon.

• Nunca supimos cuánto costó al país la represa de Salto Grande, una de las obras más grandes iniciada a fines del 73.

• La represa de Palmar, presupuestada en 230 millones de dólares, terminó costando casi 1.200 millones de dólares.

• Sólo un grupo de estafadores argentinos que pagaron coimas suculentas en Maldonado y Montevideo se llevaron 30 millones de dólares del BHU.

• Cinco bancos de primera línea fueron vaciados por sus dueños. Primero los usaron para fortalecer a sus empresas y luego pasaron toda la cartera incobrable (la de sus dueños, entre otros) al BCU. La compra de carteras incobrables por parte del BCU costó unos 800 millones de dólares.

• La Armada Nacional ganó decenas de millones de dólares vendiéndole fletes de petróleo a Ancap y ese dinero lo ocultó en el Riggs Bank, el mismo banco que usó Pinochet.

• La logia P2, asociada a los exdueños de Bafisud, creó un holding de inmobiliarias y constructoras en Punta del Este, que se dedicó a invertir en el balneario la “plata dulce” fugada desde Argentina.

Banqueros enriquecidos cuyas deudas todavía paga usted

El salvataje de varios bancos, la venta de los mismos a 1 peso (sí, un peso) más IVA y el pasaje de sus carteras de incobrables al BCU es un episodio digno de una “republiqueta bananera”. Pero ocurrió en Uruguay.

¿Cómo reaccionaría, estimado lector, si mañana este cronista le pasara a cualquiera de ustedes sus facturas de servicios para que las pagaran? Muchos se reirían y la mayoría lo mandaría al diablo, por lo menos. Pero lo que seguramente no imaginan es que 40 años después aún están pagando las deudas adquiridas por otros y que forman parte de nuestra “deuda eterna”. Es decir, todos pagamos la riqueza mal habida de importantes empresarios.

Miguel Carrió, el mismo que denunció el “Operativo Conserva”, explicó en su libro “País vaciado” cómo fue la operativa. “En 1981, al allanar el escritorio en Arezzo, Italia, del gran maestro de la Logia Masónica Propaganda Due (P2), Licio Gelli, quedaron al descubierto las conexiones entre dicha organización mafiosa y altas personalidades de la política, las finanzas, y la diplomacia internacional. Entre los implicados en la densa trama de sobornos y lavado de dinero figuraba el banquero Mario Ortolani, quien estaba instalado en nuestro país desde 1970, y en 1981 era la eminencia gris del Banco Financiero Sudamericano (BAFISUD) desde su aparentemente modesto cargo de subgerente general”, dice Carrió.

Agrega: “Junto a Ortolani, integraban el Consejo de Administración de BAFISUD representantes de los intereses vaticanos, personalidades uruguayas del ambiente financiero, y el propio Licio Gelli. Entre los uruguayos figuraban los Santayana, Julio Aznárez, la familia Strauch y la familia Peirano Facio”. Carrió explica en su libro que en ese año se desarrollaba una guerra no declarada por la sucesión del dictador Aparicio Méndez en la Presidencia de la República, entre los generales Luis Vicente Queirolo (quien tenía “negocios” con la logia P2) y Gregorio Álvarez. Es precisamente esa relación de Queirolo con la para ese momento “desgraciada” organización mafiosa, lo que permitirá a Álvarez hacerse con el poder.

Una vez en la presidencia, el dictador Álvarez ordena al general Yamandú Trinidad la incautación de los documentos encontrados en la casa que Licio Gelli tenía en Carrasco. Entre ellos había tres carpetas rotuladas “Massera, Emilio Eduardo”, el hombre de la logia en Argentina, represor, genocida, ladrón de niños, amigo y socio del vicealmirante Hugo Márquez. Hacia 1982, el BAFISUD ocupaba patrimonialmente el tercer lugar en el ranking bancario uruguayo, poseía una sucursal en la ciudad brasileña de San Pablo, y en Argentina era propietario del Banco Continental.

En abierta infracción a la legislación uruguaya y en forma “relámpago”, Ortolani construyó un denso entramado de intereses industriales y comerciales en torno al banco, con el objetivo claro de vaciarlo en perjuicio de sus ahorristas. Se asocia con la empresa SAFEMA (Sociedad de Fomento Edilicio de Maldonado), que canaliza hacia la inversión en la construcción en Punta del Este y Montevideo buena parte del dinero negro argentino, conocido como “plata dulce”, asegura el autor.

Carrió explica que la forma de actuar de Ortolani para concretar inversiones era detectar las empresas que podían ser de interés para el grupo mediante auditorías de la multinacional Price Waterhouse y, si el informe era favorable, hacía una oferta para su adquisición.

Pero en esa misma fecha, en medio de la “guerra sucesoria” por el control de la logia P2 derivada de la quiebra del Banco Ambrosiano, el mafioso Carmelo D’Amore inició un juicio contra BAFISUD acusando a Ortolani de malversación de fondos, uso indebido de depósitos y falsificación de firmas. Lo denunciado por D’Amore era verdad, y ello provocó una corrida bancaria que fue solucionada por la dictadura vendiendo el BAFISUD al holandés NMB Bank por la suma de $1 más IVA y comprándole luego su cartera pesada por 94 millones de dólares. El asesor de los holandeses en nuestro país era el luego diputado del Partido Colorado (lista 15) Alberto Brause Berreta.

“Entre los deudores incobrables de BAFISUD figuraban, entre otras, las empresas Ambrois y Cía., Tem S.A., Atma S.A.; y los grupos Soler, Bakirgian y Strauch. Este último, que estaba sindicado como estrechamente vinculado a la logia P2, tuvo un acelerado desarrollo basado en el crédito bancario durante la dictadura. Su estrategia era concentrar los bienes en manos de un integrante del grupo que no tuviera deudas, volviendo insolvente al resto. Así lo hizo con el BAFISUD, y así lo volvería a hacer con el Banco Pan de Azúcar tiempo después. Esta última institución (que tras quebrar fue absorbida por el Banco República) tenía iniciados más de 20 juicios contra este grupo, pero nunca pudo recuperar un centésimo debido a la carencia general de garantías de la que históricamente hacen gala los Strauch”, dice Carrió.

El investigador sostiene que “la misma operación de compraventa se repetiría con los bancos Panamericano, del Litoral, y Banfed, que también fueron vendidos en un nuevo peso al Banco Central de Madrid, al Banco Santander y al Banco Exterior de España, respectivamente. Luego de vender los bancos, el estado uruguayo pagó a sus nuevos dueños una suma superior a 300 millones de dólares por el privilegio de quedarse con sus carteras pesadas. Esta estrategia de compra de carteras incobrables de los bancos fundidos adrede fue idea del Citibank, que ofreció a cambio de la venta de la suya un préstamo al gobierno central. De esta manera, la banca privada solucionaba sus problemas de la alta incobrabilidad de sus carteras, y la dictadura obtenía nuevos préstamos externos para seguirse financiando”.

Los vendedores de bancos se quedaban sin deudas y con sus empresas modernizadas porque todos “metieron mano en la lata”.

“Esta operativa costó al país 821 millones de dólares, según denunció el senador Carlos Julio Pereyra (MNR-PN), quien además acusó a José Gil Díaz, presidente entonces del BCU, de haber colaborado con los directivos de uno de los bancos vendidos para ocultar una defraudación tributaria. Fue investigado por la Justicia, sin consecuencias”, sostuvo Carrió.

Vaciaron al BHU

Julio César Luongo fue interventor del Banco Hipotecario durante casi toda la dictadura. Era un protegido del general Gregorio Álvarez y de su esposa Rosario Flores. Tanto que en 1984, cuando el entonces ministro de Economía Alejandro Végh Villegas pretendió destituirlo, el Goyo se opuso.

Para financiar a la institución, Luongo la endeudó en 50 millones de dólares con el Citybank; otros 50 millones con el Banco de Londres y 16 millones con el Banco de Crédito. Pero ese dinero fue traspasado a promotores privados sin ningún control. Estos vendían bajo el sistema conocido como “en el pozo”, es decir, antes de construir nada.

Se liberaron los precios de venta, se eliminó al Departamento Financiero, no se controló la calidad de la construcción y el uso de los préstamos. En 1980 se modificó la Carta Orgánica del banco para eliminar la garantía hipotecaria como condición para los préstamos.

Varios de esos promotores, como Julio María De Feo, la inmobiliaria Yaco, Urbaneste y Framyl, se hicieron de decenas de millones de dólares estafando al BHU y a los promitentes compradores.

A esa estafa se sumó el coronel Néstor Bolentini, primer ministro del Interior de la dictadura, quien ya fuera del gobierno y actuando como abogado organizó a muchísimos damnificados, quienes mediante el pago de “honorarios” recibían la promesa de un nuevo préstamo para construir. Demás está decir que perdieron todo lo pagado y nunca recibieron el préstamo prometido.

En Maldonado se cometieron dos estafas millonarias contra el BHU, las que fueron posibles por las coimas que cobró Domingo Burgueño, entonces secretario general de la Intendencia, luego consejero de Estado y en democracia dos veces electo intendente.

En la página 145 del libro “País vaciado”, el periodista Miguel Carrió sostiene que «la vedette uruguaya de la estafa fue Domingo Burgueño Miguel, a quienes sus amigos apodaban ‘el Bala’. Todas las irregularidades cometidas en la Intendencia y las correspondientes gratificaciones pasaron por sus manos. Framyl fue posible porque el Bala estaba en el asunto».

El libro agrega que una cinta grabada por Poblet Videla, principal de Framyl S.A., y que llegó a manos de David Borges, exinterventor de Disnamar y editor del diario Punta del Este, y que este cronista escuchó, se expresa que “Burgueño es pieza clave en la organización delictiva y principal destinatario de los dineros que desviaba el Banco Hipotecario para el pago de coimas”.

Los dueños de Framyl S.A. eran dos delincuentes argentinos: Julio Bachman, con antecedentes internacionales por secuestro, extorsión y falsificación de moneda extranjera, y el abogado Arturo Poblet Videla, implicado en una falsificación millonaria de Bonex.

Ambos se instalan en Maldonado y constituyen las empresas Framyl S.A. y Disnamar S.A. para vender terrenos y construir viviendas con financiación del Hipotecario. Sin tener en cuenta los antecedentes de estas personas, el BHU le otorgó una cifra cercana a los 25 millones de dólares. Pero además se hizo una tasación de 900 dólares por metro cuadrado de construcción para viviendas de categoría II, cuando en las torres más importantes de Punta del Este el costo era de 600 dólares el metro cuadrado. La construcción de viviendas se inició sin que el fraccionamiento estuviera aprobado y sin contar con los servicios indispensables.

Carrió sostuvo que «relacionado con Framyl S.A. aparecen otros personajes de la dictadura como el abogado Eduardo Carrera Hughes, consejero de Estado y abogado de la empresa, así como una larga lista de funcionarios municipales y del BHU que recibían coimas mensuales para que el programa de construcciones se hiciera sin planos o se cobraran adelantos de obra en el Banco por construcciones que nunca se concretaron». Los terrenos vendidos bajo esas circunstancias recién fueron regularizados en el año 2007, bajo el gobierno del intendente Óscar de los Santos (FA).

Carrera Hughes era socio de Burgueño en un estudio contable ubicado en la calle Burnett, frente al campus. Y también está vinculado a la sucesión que es copropietaria de los terrenos de Punta Ballena, donde se pretendía construir 29 edificios.

En tanto, “Urbaneste”, fue un proyecto para construir 576 viviendas, que se presentaban como ciudad satélite y que se erigirían en la ruta 39 casi frente al barrio Hipódromo. Recibió 30 millones de dólares del BHU, apenas levantaron 47 viviendas en dos bloques, los abandonaron sin terminar y huyeron. Recién fueron regularizados y reconstruidos en el gobierno de De los Santos y adjudicados alrededor del 2016 por el intendente Enrique Antía (PN).

Los escandalosos negociados con el Complejo América y Euskal Erría en Montevideo originaron pérdidas escandalosas a los promitentes compradores mientras los consorcios constructores se embolsaron millones de dólares.

En el año 2003 fue procesado con prisión el entonces presidente del BHU, Salomón Noachas. Entre otras cosas se le acusó de haber adjudicado directamente la unidad 406 del edificio Mburucuyá de Punta del Este, ubicado en la calle En Familia, a Sonia Casella de Luongo, esposa de Julio César Luongo. Aún en democracia e impune, seguía recibiendo beneficios.

Otros negociados

El libro de Miguel Carrió dedica un capítulo entero a contar las andanzas del vicealmirante Hugo Márquez, y revela que la Armada uruguaya manejó durante años una cuenta secreta en el mismo banco en el que hacía sus depósitos Augusto Pinochet: el Riggs National Bank, sucursal Nueva York. Parte de esos dineros provenían del alquiler del superpetrolero propiedad de la Armada, el R.O.U. Lavalleja, a la estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP). Según la propaganda de la dictadura, la adquisición de esa nave “nos surte con una apreciable reducción en el precio de los fletes, que antes se pagaban a barcos de otras banderas”. Sin embargo, el petrolero propiedad de la Armada cobraba a ANCAP un flete muy superior al precio internacional. Resultó, sí, “un excelente negocio para la Armada a costa de ANCAP, aumentando el costo de los combustibles”, que por supuesto terminaba pagando el consumidor.

Según explicaban los mismos marinos, la Armada había abierto esa cuenta en el banco Riggs para ocultar sus ganancias al Ejército y la Fuerza Aérea, temerosa de que su dinero fuera a parar a Rentas Generales y terminara por no poder ser administrado por ella. Nunca se supo cuál fue el destino de los intereses devengados por el millón de dólares depositados en el Riggs. En 1985, el senador José Germán Araújo (FA) denunció estas maniobras ilícitas en el Parlamento, pero el asunto no pasó a mayores.

También vaciaron a ILPE (Industrias Loberas y Pesqueras del Estado); alentaron la formación de empresas pesqueras privadas que terminaron en manos de algunos de los nombres mencionados antes y en fraudes descomunales contra el Estado.

Carrió explica que “el político colorado de mayor trayectoria en la pesca bajo la dictadura fue el luego senador Eduardo Paz Aguirre, único director de Pescatlántica S.A. La empresa contaba supuestamente con el respaldo de ciertos capitales españoles, pero en los hechos compró sus barcos con un préstamo del Banco de la República Oriental del Uruguay, con la garantía de los propios barcos y la solidaridad de Paz Aguirre. Pero además, Pescatlántica contrajo voluminosas deudas con los bancos de Montevideo y Bafisud y con Provimex, una empresa propiedad del hermano del político colorado. Pescatlántica quebró y esos créditos pasaron a integrar las carteras incobrables que luego compraría el Estado uruguayo para poder vender esos bancos a capitales extranjeros”.

La Secta Moon llegó y se instaló en Uruguay de la mano de Gregorio Álvarez. Incluso su suegro, Segundo Flores, presidió la organización uruguaya al principio. Pero la cara visible fue el empresario Julián Safi, exsecretario de redacción de La Mañana y El Diario, propiedad de la familia Manini Ríos. Orienta sus actividades hacia la banca, medios de comunicación y hotelería. El Goyo Álvarez declaró de “interés nacional” la remodelación del hotel Victoria Plaza. Enseguida adquirieron varias empresas uruguayas como: Frigorífico Ameglio, La Montañesa, Ricard, Famosa de Paysandú, Caramelos Zabala, Fleischman, Pernigotti y Compte, todas absorbidas por la multinacional Nabisco. Pero la mayor estafa la hicieron con el Banco de Crédito.

La oligarquía uruguaya

Desde hace más de 60 años la oligarquía uruguaya se ha enriquecido defraudando al Estado. Hoy hijos y nietos son inmensamente ricos y ocupan lugares de decisión gracias a la actividad fraudulenta de sus padres y abuelos.

En Uruguay hay miles de estudios que nos permiten conocer desde el origen de la pobreza hasta cuánto calzan los pobres. Pero se cuentan con los dedos de una mano los estudios que permitan conocer el origen de la riqueza.

La oligarquía uruguaya es endogámica, tal como lo revelan en el tiempo las páginas de sociales de El País y más acá la revista Galerías. Se nuclean en los mismos barrios, concurren a los mismos clubes sociales y deportivos. Reparten su tiempo con actividades gremiales en la Asociación y la Federación Rural y en la Cámara de Comercio y de Industrias. También en la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), organización creada en el 2005 que sustituyó a la Asociación de Bancos (ABU). O en los exclusivos clubes que construyen para ellos, como el “piso 40” o “el rancho de pescadores” frente a las canteras del Parque Rodó, veranean en Punta del Este.

En el libro “Los de arriba. Estudio sobre la riqueza en Uruguay”, coordinado por Juan Geymonat y del que participan varios economistas compatriotas, se afirma que “el 1 % de la población tiene el 30 % de la riqueza del país. Todos los participantes de este libro son integrantes del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (UDELAR).

Surge entonces una pregunta que muy pocos se hacen: ¿cuántas de las fortunas actuales tienen origen en los delitos económicos cometidos en dictadura?

 

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