Marcos Joel (FB)
La Gran Estafa del Astillero y el Legado de la Impunidad:
Lo que intentan vender como un legado de gestión es, en realidad, la arquitectura perfecta de una estafa encubierta, disfrazada con el humo tóxico de una política barata y maquillada por un conglomerado mediático que responde fielmente a los intereses de una oligarquía cómplice. No nos encontramos ante simples errores administrativos, señores, estamos frente a un atentado sistemático contra el Estado uruguayo, donde la coalición multicolor demostró que su única estrategia es la viveza criolla desprovista de cualquier ética republicana.
El caso del Astillero Cardama no es un incidente aislado, es la prueba irrefutable de la negligencia dolosa o, peor aún, de la complicidad activa durante la administración de Luis Lacalle Pou y la gestión de su exministro de Defensa, Javier García. ¿Cómo es posible que se firme un contrato de tal magnitud sin las garantías mínimas de solvencia técnica y financiera? La respuesta duele, pero debe ser dicha con la fuerza de la verdad, porque nunca hubo intención de cumplir, porque el objetivo era otro, porque se buscaba crear las condiciones ideales para vaciar las arcas públicas bajo la fachada de la modernización naval. La rescisión del contrato no fue un acto de corrección, fue el reconocimiento tácito de que la operación estaba podrida desde su raíz, tan burdamente diseñada que ni siquiera lograron sostener la farsa.
Es de una indignidad suprema que todavía haya voces que intenten defender lo indefendible. La astucia de estos funcionarios no es inteligencia estratégica, es la picardía del ladrón que cree que nadie lo ve mientras rompe la cerradura. Deberían callar por vergüenza, deberían guardar silencio ante la evidencia aplastante de que el Estado fue tratado como un botín privado. No hay circo mediático, no hay opereta parlamentaria, no hay relato distorsionado que pueda ocultar lo evidente, se firmó mal, se controló menos y se ejecutó con una desprolijidad que solo puede explicarse si existía un deseo oculto de estafar a la nación.
Y aquí es donde la suspicacia se convierte en certeza. ¿Qué legado quiere proteger la oposición? ¿Acaso el legado de haber convertido la Torre Ejecutiva en una trituradora de documentos? Existe una sombra alargada y aterradora sobre la destrucción de documentación sensible, archivos que claramente incriminaban a los más altos niveles del anterior gobierno. Destruir la prueba es el último recurso del culpable, es el acto final de quien sabe que la justicia podría alcanzarlo. Ese es el triste y patético epitafio del llamado honorable expresidente Luis Lacalle Pou, un mandato marcado por la opacidad, por la huida hacia adelante y por la destrucción de pruebas para salvar la propia piel.
Permitir que Lacalle Pou camine libre, hablando sin rubor, actuando como si nada hubiera pasado, siendo protegido por sus correligionarios que hoy fingen democracia mientras encubren el saqueo, es una afrenta a la dignidad del pueblo uruguayo. Lo están ayudando a consolidar la impunidad, le están diciendo al país que robar al Estado, si se tiene el apellido correcto y los medios adecuados, no tiene consecuencias. Es una falta de vergüenza absoluta, es la normalización del delito de cuello blanco bajo el amparo del poder político. La historia, esa jueza implacable que ellos tanto temen, ya ha comenzado a escribir el veredicto, fueron unos administradores fraudulentos que jugaron con la seguridad nacional y el patrimonio de todos nosotros.
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