10 de Marzo de 2023
Desde mayo de 2018, el represor Eduardo Ferro no cobró su jubilación militar por disposición del entonces ministro de Defensa de la época, Jorge Menéndez. Luego, Ferro se entregó y pasó a cumplir cárcel en Domingo Arena por delitos de lesa humanidad. Pero una disposición de la jueza Natalia Cereda es un derecho fundamental.
La demanda incluye los haberes jubilatorios militares comprendidos entre agosto de 2018 y marzo de 2021. Durante ese lapso, Ferro estuvo prófugo de la justicia, investigado por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino.
MVD Noticias relató que Ferro huyó desde marzo de 2017. Pero durante un año siguió percibiendo su jubilación a través de una cuenta en el Scotiabank. En mayo de 2018, el militar buscado por la justicia civil efectuó la “fe de vida” o “revista de existencia en Valencia.
Es que un artículo del Presupuesto 1990-1995 establece que un militar retirado que resida en el exterior puede continuar cobrando su jubilación siempre y cuando haga ese trámite de “revista de existencia” de forma semestral y, si no lo hizo, declarando el motivo por el cual no actualizó los datos antes podrá continuar percibiendo sus haberes. Por esto, Ferro se presentó en el Registro Civil de la localidad valenciana de Peñiscola.
Jorge Menéndez, ministro de Defensa en ese año, rechazó el trámite por considerarlo ilegal. Esto provocó que se entregara a la justicia del militar retirado en 2020 y su posterior procesamiento. En ese marco, la cartera ahora encabezada por Javier García también defendió la posición contraria a pagar la jubilación de Ferro porque entiende que el exmilitar sabía las consecuencias de sus acciones.
Pero la jueza Cereda sentenció que Ferro cobre los 4,5 millones de pesos, más intereses, porque el cobro del a jubilación es un derecho fundamental y respondió de forma administrativa al requerimiento de la “fe de vida”.
Quién es Eduardo Ferro
Según la web “Sitios de Memoria”, Eduardo Augusto Ferro Bizzozero es un reconocido torturador que participó en el secuestro y traslado ilegal de Lilián Celiberti, Universindo Rodríguez y sus hijos, desde Brasil hacia Uruguay, y en la desaparición forzada de Óscar Tassino. Por éste último crimen, fue procesado en 2021.
Una crónica del semanario español El Correo el 9 de abril de 2021 indica: “Arrogante, Ferro reconoció en una entrevista reciente en una radio local haber secuestrado en 1978 a una pareja –Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti–“, “los niños estuvieron 18 días en el cuartel de las torturas; los adultos, siete años”.
Y más adelante, señala: “’Vandalizó la carne y el espíritu’, escribe Claudio Invernizzi, uno de los torturados por Ferro y otros esbirros del régimen instaurado en 1973. ‘Mi adolescencia fue estrenada con picana, sed, submarino, plantón, ausencia, violación’”. También añade: “Al menos otros dos de los prisioneros no salieron: Óscar Tassino y Fernando Miranda”.
Incluso reconoció que en democracia realizó seguimiento y vigilancia a integrantes de partidos políticos y a sindicalistas.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol piden no abonar a la “teoría de los demonios”
Desde estas organizaciones consideraron “muy ambiguo y poco explicativo” el proyecto reparatorio a víctimas de la guerrilla, que ya cuenta con media sanción del Senado.'
8 de marzo de 2023
Colectivos vinculados a los derechos humanos comparecieron este 8/3/23 20:09 Página 1 de 5 miércoles ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja, donde tratan el proyecto de ley de reparación económica y social a víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976.
La iniciativa surgió de Cabildo Abierto (CA), que solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un proyecto de ley con este cometido. Semanas más tarde, Presidencia redactó el texto y el Senado le dio media sanción a fines del año pasado.
El Frente Amplio (FA) denunció que la iniciativa tuvo un tratamiento “exprés” para que la reforma de la seguridad social, que en ese momento estaba a discusión de esa cámara, se aprobara lo antes posible.
Para algunos frenteamplistas, se trató de una moneda de cambio entre el gobierno y CA para que este partido aprobara la reforma jubilatoria, que hoy se trata en Diputados.
El oficialismo se apresta a aprobar el proyecto de reparación cuanto antes, pero la oposición quiere citar a más delegaciones para que opinen sobre el texto.
Este miércoles fue el turno de la Asociación Toda la Verdad - organización que pide que se reconozca a las víctimas de la guerrilla-, de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la asociación de expresos políticos Crysol y de la Institución Nacional de Derechos Humanos. A favor, pero con dudas Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, señaló a la diaria que solicitaron a los legisladores que aclararan “un poco” el proyecto de ley, ya que lo que está indicando es “como que quieren implantar la teoría de los dos demonios, con la que no estamos de acuerdo”.
En ese marco, 8/3/23 20:09 Página 2 de 5 adelantaron que no comparten la fijación del período 1962-1976, puesto que quedan por fuera algunas víctimas. “Nos llama mucho la atención”, expresó, y recordó que los civiles no habían sido reparados económicamente, pero sí policías y militares en 1973, año en que comenzó la dictadura cívico-militar.
“Por lo tanto, este proyecto de ley debe abarcar sólo a civiles”, indicó Montes de Oca. A su vez, expuso que preguntaron si la iniciativa abarcaba también los hechos y delitos que cometió la Juventud Uruguaya de Pie.
“Es muy ambiguo y poco explicativo lo que ellos quieren reparar; incluso hablan de reparación de bienes”, sostuvo, y añadió que lo que querían que quedara claro es que no es lo mismo los hechos que cometió el Estado, en los que “se agredió a toda la población”, que las acciones de particulares o grupos.
“No tenemos inconvenientes en que se repare a los civiles, pero no tenemos bien claro qué es lo que quieren reparar ni a quiénes [abarcaría la ley]. Si viene con nombre y apellido, no sabemos”, indicó, y resaltó: “Fueron más dudas que cuestionamientos”. Entre ellos, que no usen ese período como “excusa” para decir “que fue lo que provocó la dictadura”.
En tanto, desde Crysol entienden “razonable” que el Estado asista económicamente a los familiares de los ciudadanos que fueron víctimas de la violencia que “vivió nuestro país y que no han sido resarcidos hasta el momento”.
En el documento que presentaron ante los legisladores, y al que tuvo acceso la diaria, indicaron que les “preocupa mucho” el hecho de que se vuelva a resarcir “a víctimas de la acción de particulares, que ya lo fueron oportunamente por el Estado”.
“De acuerdo a la información que manejamos, la inmensa mayoría de las personas fallecidas ya fueron asistidas en su momento por el 8/3/23 20:09 Página 3 de 5 Estado.
Los promotores de este proyecto de ley lo saben”, añadieron, y agregaron que les parece que la “verdadera intención” del documento “no es resarcir a los damnificados durante un período muy difícil en la vida del país, sino generar una operación publicitaria y mediática”.
Asimismo, sostuvieron que es una “evidente maniobra política y marketinera”, que repite el accionar de los “grupos neonazis a nivel europeo e internacional” para condenar “al olvido al holocausto del pueblo judío y a las luchas de los pueblos contra el fascismo”.
Apuntaron que en este caso “se trata de amplificar al máximo posible los resultados siempre dolorosos del clima de violencia y de confrontación que se generó históricamente desde el poder, muy especialmente desde el 13 de junio de 1968, momento en que el presidente Jorge Pacheco Areco implantó las medidas prontas de seguridad”.
A su vez, indicaron que la teoría de los dos demonios “es una interpretación histórica destinada a exculpar a los responsables sociales y políticos del drama histórico que vivió nuestro país”: “Y este proyecto de ley, tan enérgicamente defendido en todos los canales de la televisión privada y estatal por los mismos que defienden a los principales criminales que conoce la historia de Uruguay, va en ese sentido, va en esa orientación: ocultar el terrorismo de Estado, invisibilizarlo, difuminarlo, poniendo el foco en aspectos dolorosos pero menores de la historia que se vivió”.
Otros puntos Diego Burgueño, referente de la Asociación Toda la Verdad e hijo de Carlos Burgueño, asesinado por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros durante la toma de Pando, en 1969, también compareció ante la comisión y manifestó su respaldo al proyecto. 8/3/23 20:09 Página 4 de 5 “Venimos manteniendo desde el comienzo de nuestra lucha reivindicar un pasado que ha sido oculto, enterrado para la ciudadanía, y exponer sobre nuestros propósitos de por qué este proyecto de reparación histórica lo apoyamos”, sostuvo a la diaria.
Según Burgueño, se trata de un “mojón” en la historia que ha tenido “más avances”, no como en otras oportunidades, que se presentaron proyectos en el mismo sentido.
“Esta vez, aparentemente, va a llegar más lejos. De todas formas, no pedimos una reparación económica, lo que pedimos es reparación histórica”, y afirmó que “sí se puede dialogar sobre un pasado que tenemos que mirar más allá de la punta de la nariz”
“Los militares ya fueron reparados”
La Asociación de ex presas y presos políticos de la dictadura uruguaya que trabaja por la defensa de los derechos humanos y los derechos de las personas que estuvieron detenidas, salió al cruce de un editorial de un matutino en el que se afirma que “nunca hubo una reparación ni reconocimiento alguno para los 66 muertos y sus familiares durante la intentona revolucionaria de los tupamaros”.
CRYSOL afirma que esa “gran mentira” ha quedado al desnudo.
Texto completo
Desde hace muchos años, los defensores de los terroristas de Estado vienen propalando a los cuatro vientos que las víctimas de la violencia no estatal no fueron reparadas. Una editorial del matutino El país de fecha de 2017 señalaba: “Nunca hubo reparación ni reconocimiento alguno para los 66 muertos (y para sus familiares) durante la intentona revolucionaria de los tupamaros”. Tal cual, un mentiroso contumaz.
La ley 14 106 ya los reparó
Desde hace años existen leyes en nuestro país que atienden la situación de los funcionarios policiales fallecidos en actos de servicio. Una realidad preocupante desde que existe el delito.
La vida humana es única e irrepetible. No tiene valor monetario. En lo referido a los militares fallecidos en actos de servicio en el período predictatorial y dictatorial propiamente dicho, se ha ocultado, de manera intencionada que los mismos ya fueron reparados. Mientras Yamandú Fau era ministro de Defensa Nacional, del segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, hubo un pedido de informes al respecto y así fue constatado.
El Artículo 115 de la Ley 14 106 de marzo de 1973, aprobada aún en democracia, no deja lugar a dudas. En ese momento las Fuerzas Armadas formaban parte del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, y en buena medida ya cogobernaban. Para esa ley hay muertos de primera y de segunda, repara a los militares víctimas de la violencia no estatal de diferentes formas, discriminando al personal subalterno de los oficiales.
“Fíjase la prestación que deberá pagar el Estado por concepto de reparación a los causahabientes del personal militar fallecido con motivo o a causa de la lucha antisubversiva en los siguientes montos en Unidades Reajustables (Artículo 38 y concordantes de la ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968).
- A) Para los causahabientes del personal de categoría Superior: 2.480 (dos mil cuatrocientas ochenta) Unidades Reajustables. (US$ 85.000.- a valores actuales).
- B) Para los causahabientes del personal categoría Subalterna: 2.170 (dos mil ciento setenta) Unidades Reajustables. (US$ 75.000.- a valores actuales).
Alimentar la Teoría de los dos demonios
Mediante este proyecto de ley, los sectores más conservadores de la sociedad, en alianza con los nostálgicos del terrorismo de Estado, pretenden alimentar y revitalizar la perimida teoría de los dos demonios para explicar el proceso histórico vivido en Uruguay desde el 13 junio de 1968. De manera indirecta, pretenden quitar gravedad a las desapariciones forzadas, a los secuestros de niños, a los asesinatos, a las torturas, a las calamidades sufridas por miles de exiliados y de insiliados forzosos. Incluso, por las declaraciones formuladas en diferentes medios, pretenden asentar en la conciencia ciudadana que tienen la misma importancia jurídica las conductas de los particulares que las de los funcionarios del Estado.
No se puede equiparar la conducta de los particulares
Las normas de Derechos Humanos son una conquista de la humanidad, un gran logro de los pueblos. Luego de la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial, las mismas surgieron a nivel internacional para proteger a los ciudadanos de los potenciales abusos de los funcionarios estatales, civiles, militares y policiales. En este sentido, solamente los funcionarios del Estado violan las normas de DDHH tal como lo ha señalado hace unos meses en un reportaje el actual presidente de la INDDHH el Sr. Marcos Israel.
Los funcionarios del Estado tienen la obligación de respetar las normas de Derechos Humanos y asegurar el pleno usufructo de ellas a toda la ciudadanía. El accionar de los particulares nunca puede ser equiparado ni igualado al de los funcionarios del Estado.
La violencia fue generada desde el poder
El proceso iniciado el 13 de junio de 1968, cuando Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), desembocó en la dictadura y luego en el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel protagónico, cargan y cargarán, históricamente, por lo mismo, una pesada mochila. La dictadura cívico militar fue una calamidad nacional. Sobre dicho proceso recae toda la responsabilidad por los costos directos e indirectos del mismo, en daños y sufrimientos, humanos y materiales.
CRYSOL, Jueves 16 de febrero de 2023
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