Ningún preso por luchar

Procesan militantes en protesta en la Suprema Corte de Justicia

Conferencia de prensa

Miércoles 15 de marzo,
Para quienes no pudieron concurrir directamente se transmitió por youtube, por el siguiente canal:
 

Procesados por manifestarse contra el traslado de Mariana Mota cuestionaron “operativo político para enterrar las causas de los derechos humanos”

 La diaria 15 marzo 2023

La defensa interpuso un recurso de casación ante la SCJ que “puede demorar entre tres meses y dos años”, y en última instancia recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A un mes de que el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 4º turno ratificase el fallo judicial que condenó a seis personas que en 2013 participaron en una manifestación en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en rechazo al traslado a la Justicia civil de la jueza Mariana Mota, quien tenía a estudio más de 50 causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, este miércoles, por primera vez, hablaron públicamente los condenados.

Lo hicieron ante un centenar de personas en la sede de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom). Aníbal Varela, Irma Leites, Álvaro, Diego y Eduardo Jaume, sentenciados por un delito de atentado a entre ocho y 24 meses de prisión, criticaron al Poder Judicial y “la estructura de la impunidad”. El sexto condenado, Jorge Zabalza, fallecido el año pasado, estuvo simbólicamente presente en un retrato colocado delante de los micrófonos.

También habló Mota, quien junto a los cinco condenados afirmó que lo que hubo el día de su traslado fue “el ejercicio de un derecho de protesta, absolutamente legítimo”. Comparó la situación con los desalojos de las barras en el Parlamento: “¿Por qué acá no podía pasar eso? ¿Por qué teníamos que traspasar esa situación y llegar a una criminalización? Porque tenían que dar una lección: nadie cuestiona a la SCJ”. Sostuvo que el procesamiento de los manifestantes tiene “irregularidades y cosas insólitas”.

Acerca de su apartamiento de las causas vinculadas a la dictadura, la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo dijo que siempre sintió “un enorme honor en poder tramitar esas causas”, las cuales fueron “absolutamente dolorosas”. “Me resulta realmente muy difícil ver a cada víctima y ver cómo sobrevivieron a tanta barbarie. Me emociona pensarlo”, expresó, conmovida. Asimismo, lamentó “no haber podido avanzar más” de lo que lo hizo y aseguró que la movilización en contra de su traslado significó el “mayor honor” que puede tener cualquier juez: “Que la gente apoye su trabajo en forma espontánea”.

Los testimonios

A su turno, Leites, integrante de Plenaria Memoria y Justicia, afirmó que existe una “criminalización” y una “judicialización” de la protesta, con “el único objetivo de tergiversar la realidad”. “Al procesarnos confiscaron el rol que tuvo la gente, porque en realidad fuimos cientos los que entramos a la SCJ”. Según Leites, la suprema corte de “injusticia” sustituyó a Mota para “seguir manteniendo la estructura de la impunidad”.

Álvaro Jaume, padre de Eduardo y Diego, recordó que el mismo día de la manifestación le preguntaron qué opinaba del traslado de Mota: “Este es un operativo político para enterrar las causas de los derechos humanos”, respondió. Una década después, sostuvo, “la historia lo demostró”. Cuestionó su sentencia en contraste con “cientos y cientos de torturadores, asesinos, secuestradores y violadores que no saben lo que es un día de prisión, ni siquiera saben lo que es declarar frente a un tribunal; ese fue el pacto de impunidad que se selló tristemente en este país”.

Eduardo Jaume calificó el fallo judicial como “absurdo” e “inentendible”. Acerca del traslado de Mota, expresó que a su entender era “la única que estaba pinchando a fondo para conseguir –solamente– que los milicos no estuvieran tan tranquilos”.

Diego Jaume dijo que “en Mariana encontramos justicia”, por eso, “cuando nos enteramos de que la iban a sacar no podíamos creerlo”. En 2013 “fuimos a la SCJ desesperados para que Mariana siguiera en el caso, [porque] sabíamos que si no seguía los milicos iban a salir impunes, como salieron después”.

Por último, Varela, dirigente de Adeom, manifestó que con el dictamen del Tribunal de Apelaciones “no ha terminado ni ha claudicado la lucha por los derechos humanos”. Afirmó que “la única manera de combatir es en la calle”.

El abogado de todos ellos, Juan Fagúndez, comentó que, pese a la ratificación, “la sentencia no está firme” debido a que se interpuso la casación; esto es una acción ante la SCJ “que admite ser presentada siempre que sea por una cuestión de error en la aplicación del derecho”. Por lo tanto, ahora la SCJ deberá analizar el caso, lo cual “puede demorar entre tres meses y dos años”, indicó el abogado. Pero incluso si hay un nuevo fallo adverso la defensa recurrirá a “la vía internacional” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Apelaciones confirmó la condena por atentado contra Irma Leites, Álvaro Jaume, Aníbal Varela, Diego Jaume y Eduardo Jaume por los incidentes en la SCJ en 2013, cuando se produjo el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil.  

 

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