No le perdonan el éxito

 

El legado de Luis Alberto Heber

 

Luis Alberto Heber fue evaluado en todas las encuestas como el peor ministro de este gobierno.

10 diciembre 2023, Caras y Caretas

Por Carlos Pelaez

Durante la gestión de Heber la inseguridad creció, los crímenes violentos se acumulan diariamente, las bandas criminales continúan en la impunidad y su política antidrogas fue un fracaso


Pero hay más: el caso Astesiano se llevó a la mitad de la Dirección Nacional de Policía; el caso Penadés nos mostró a jerarcas y policías complotados para obstruir a la Justicia y el caso Marset, reveló que su ministerio se organizó para mentirle al Senado. Ahora también se sabe que policías usan el Sistema de Gestión de Seguridad Pública para extorsionar a otros policías.
Desde el 25 de mayo del 2021 hasta el 4 de noviembre de este año duró la gestión de Luis Alberto Heber al frente del Ministerio del Interior. Cualquier balance que se realice con rigor sobre su pasaje por tan importante organismo es negativo. Aunque, en honor a la verdad, el caos en ese ministerio no comenzó con él, sino con su antecesor Jorge Larrañaga.
Sin embargo, Heber llegó a Interior con antecedentes, por lo menos, cuestionables. Hasta el 2020 fue el legislador con mayor antigüedad en el Parlamento. Con el acceso de la coalición al gobierno, debutó como ministro de Transporte y Obras Públicas y una de sus primeras decisiones fue adjudicar la terminal de contenedores del puerto por el plazo de 60 años.
Otra de sus decisiones fue suspender la aplicación del SICTRAC, es decir, el sistema que detecta y sanciona a los camiones que circulan sin permiso del Ministerio de Transporte. Hace una semana dirigentes gremiales del transporte de cargas señalaron su preocupación porque “varios procedimientos han demostrado que la droga entró al puerto en camiones. Entonces, si la droga entra en camiones pero a los camiones nadie los controla, estamos en una situación muy vulnerable”.
Primero Jorge Larrañaga y luego Luis Alberto Heber desmantelaron una de las más saludables políticas que había comenzado el inspector Roberto Rivero y luego siguió Julio Guarteche. Con mucho trabajo habían desplazado a viejos oficiales involucrados en actos de corrupción. En los 10 años de la gestión de Eduardo Bonomi se expulsó de la Fuerza a algo más de 3.000 policías por abusos o actos de corrupción.
Desde el 2020 muchos de esos oficiales fueron convocados nuevamente a filas. Y no son pocos los que lo hicieron con ánimo revanchista. Muchos de nuestros mejores funcionarios policiales quedaron por el camino.
El caso Astesiano permitió conocer qué clase de jerarquías teníamos en el Ministerio del Interior. A pesar de la defensa permanente de Heber, la mitad de la Dirección Nacional de Policía fue desplazada. Algunos renunciaron y otros fueron formalizados.
Heber mentía en cada oportunidad. Porque sus investigaciones administrativas urgentes siempre daban como resultado que no había ninguna irregularidad. Pero la información y el accionar de la Fiscalía demostraba otra cosa.
Heber falseaba la información pública cada vez que hablaba del descenso en el número de delitos cuando en realidad lo que había caído era el número de denuncias.
Y así continuó hasta convocar a una reunión en una dependencia de su ministerio para organizar cómo le ocultarían al Senado la existencia de una comunicación enviada por el subsecretario Guillermo Maciel a la vicecanciller Carolina Ache, en la que se informaba la condición de “narcotraficante peligroso” de Sebastián Marset, antes de otorgarle el pasaporte.

El caos interno
Desde el comienzo del gobierno actual se expuso parte de la debacle cuando la mitad de los jefes de policía o altos oficiales recién nombrados en todo el país debieron ser sustituídos, varios terminaron formalizados y alguno preso.
El lamentablemente fallecido ministro creyó que con consignas vacías de contenido, como “hay orden de no aflojar” o “a la policía se la respeta”, lograría contener los altos índices de inseguridad. Pero solo logró empoderar a funcionarios que se sintieron impunes, además de desalentar a los buenos policías, que son la mayoría.
Luis Alberto Heber, que no estaba preparado para el cargo, heredó una situación que se le fue de las manos.
Desde el 25 de setiembre del 2022 cayó casi la mitad de las más altas jerarquías de la Dirección Nacional de Policía.
El caso Penadés expuso a un alto oficial, ahora preso, quien, complotado con otro policía y algunos particulares, intentaron obstruir la investigación fiscal con información falsa.
Más de 40 policías se suicidaron en los últimos dos años.
Varios funcionarios asesinaron a su pareja con el arma de reglamento.
La política del acomodo también se aplicó en la Policía.
Lo más reciente fue encontrar a 13 funcionarios del establecimiento carcelario Comcar que dieron positivo a un test de cocaína y marihuana.
La corrupción llegó hasta el Sindicato Policial de Montevideo (SIFPOM). Su actual secretario, Fabricio Rios, expareja de la presidenta Patricia Rodríguez, tiene varias denuncias por acoso sexual y laboral.
El pasado 3 de octubre Rodríguez renunció al sindicato y la semana pasada asumió un cargo en el Ministerio del Interior al frente del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID), aunque antes protegió a su pareja.
El 8 de junio Heber había firmado un decreto por el cual el cabo Fabricio Ríos fue ascendido a subcomisario con destino al Hospital Policial. Según expresa la resolución “se trata de un contrato válido por tres años”. En ese simple acto Ríos recibió como aumento la mitad de su sueldo.
La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (CONASIP) cuestionó la decisión ministerial señalando que “hace 10 años Ríos no cumple ninguna tarea policial porque tiene licencia sindical”.
Integrantes del sindicato dijeron al periodista Eduardo Preve “que algunos usan el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) para extorsionar a otros policías”.
Astesiano también lo usó para entregar información a terceros e incluso usó el sistema de videovigilancia para espiar al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, o a otras personas sobre las que no pesaba ningún requerimiento. También un policía intervino en el espionaje a los senadores Mario Bergara y Charles Carrera. Y otro espió al exdirector nacional de Policía, Mario Layera.
En Tacuarembó se complotaron para acusar a un defensor de oficio que les era molesto. En la Jefatura de Cerro Largo llamaron a concurso para ingresar a ese organismo. Uno de los postulantes salió en el lugar 162. Pero “por una orden superior se alteró la lista y quedó en el lugar 30”, señaló el periodista Gabriel Pereyra.
Esta breve reseña de hechos gravísimos muestran la magnitud de la crisis policial.
No pocos veteranos funcionarios dicen que “la institución está destruida”.
No basta con gritar “a la Policía se la respeta” si la ciudadanía no los percibe como respetables. Esta también es una pesada carga para la mayoría de funcionarios que cumplen su tarea con honestidad y el máximo esfuerzo.
La responsabilidad absoluta de este deterioro es del exministro Luis Alberto Heber, quien jamás logró tener control político sobre sus dirigidos.

No pudo con la inseguridad
La coalición de gobierno hizo su campaña prometiendo mejorar radicalmente los datos del delito. Tuvieron un año bueno gracias al encierro generado por la pandemia. Pero una vez que pasó, la inseguridad volvió a ser uno de los temas de mayor preocupación ciudadana.
Tanto Larrañaga como Heber creyeron que la inseguridad era un tema policial y se resolvía con más presos. Lo lograron con la LUC.
Pero los resultados están a la vista. Los asaltos y rapiñas son cosa de todos los días; hemos normalizado que haya dos o tres asesinatos por día y crímenes horrendos. Reaparecieron los copamientos. Las pandillas asolan a los barrios más pobres y se han adueñado de territorios.
Han cerrado centenares de bocas de drogas, pero se abrieron otro centenar. Para peor, Uruguay dejó de ser un país de tránsito para ser un país de acopio y exportación de cocaína.
Hay 15.000 presos en condiciones infrahumanas, salvo menos de 100 que están en Florida.
No bastaba con gritar “se terminó el recreo”.
Nicolás Martinelli, quien sustituyó a Heber, tiene una visión más realista. Parece haber comprendido que sólo con la cárcel no se resuelve la inseguridad. Y que el problema de las drogas se debe encarar con inteligencia para enfrentar el mayoreo además de combatir el lavado de dinero.
Si además logra mitigar la corrupción existente en sus filas, será un logro muy importante. De su actitud y decisiones depende la vida de muchísimos uruguayos.