Este informe se publicó originalmente el 29 de enero de 2023
Cuando algo de interés —una foto, un video, un documento o lo que sea— se viraliza,
nadie sabe bien cómo empezó todo, quién dio el primer clic, pero sí que
en forma vertiginosa la información circula y que el final es
impredecible. Algo de eso pasó hace unos días en el caluroso enero artiguense: la captura de un recibo de sueldo de una funcionaria de la intendencia empezó a circular en los grupos de WhatsApp, en los perfiles de Facebook
y otras redes sociales, hasta llegar a los portales locales de noticias
y convertirse en tema de discusión política, con ediles de la oposición
atacando fuerte a la administración (pero también voces críticas dentro
del propio Partido Nacional, que tiene el poder desde 2015 en
Artigas, un departamento de tradición colorada). Allí, en ese recibo del
mes de diciembre, se indica que el sueldo básico de la empleada es de
45.188 pesos, pero luego se agrega una compensación de 40% para esta
funcionaria grado 7 de recursos humanos (18.075 pesos) y, acá viene lo
llamativo, 93.979 pesos de pago por horas extras (196 horas
extras realizadas en un mes) y 26.861 pesos por trabajo en feriado (53
horas). Y eso que el único feriado de diciembre, Navidad, fue domingo.
El sueldo total nominal de la empleada, sumando otros beneficios, quedó en unos 181 mil pesos, aunque el líquido es muy inferior por descuentos de diferentes créditos y convenios, entre otros. Se trata de un salario superior al del propio secretario general, de 171.545 pesos nominales.
Con este informe de Qué Pasa se difundieron a nivel nacional las irregularidades con las horas extras que, en aquel verano artiguense de 2023, solo eran conocidas a nivel local y aún no habían llegado a los medios de comunicación. Un recibo de sueldo circulaba por WhatsApp. Tras esta nota el tema tomó notoriedad y llegó a la política montevideana. Un año y medio más tarde, Valentina dos Santos y Pablo Caram fueron condenados por la Justicia.
Pero hay más. Por estos días se filtró otro documento donde la hermana de esta empleada, quien también es funcionaria municipal y es cuñada de Rodolfo Caram, pide que sea registrada como ocupante de un padrón propiedad de la Intendencia de Artigas. En la carta, firmada el 22 de julio de 2022, detalla el nombre de su pareja y dice que ambos son “trabajadores y muy responsables”. Y agrega: “Nos motiva dicha solicitud que necesitamos salir del pago de alquiler, ya que realmente resulta muy complicado poder seguir con montos tan elevados al mes y no queremos vivir en casa de familiares, pero realmente se nos está haciendo muy difícil”. La nota termina diciendo que, si el “aval es positivo”, solicitarán los servicios de agua, luz y saneamiento para construir una casa “lo más rápido posible”. Ocho días después, el 1º de agosto, la intendencia autoriza lo solicitado, según la resolución a la que accedió El País, firmada por Pablo y Rodolfo Caram.
Pablo Caram y Valentina Dos Santos tras el triunfo de 2020
La versión oficial
¿Qué argumentan desde la intendencia? Mientras que ediles frenteamplistas y colorados preparan sendas denuncias penales contra la administración y dicen que hay unas 50 situaciones similares a las de esta funcionaria (sobre horas extras para allegados al gobierno), ni el intendente ni el secretario general respondieron la consulta de El País. Tampoco la diputada artiguense Valentina Dos Santos, quien —como ya veremos— es pieza clave del gobierno departamental.
“Estoy de licencia por primera vez en siete años”, dice el intendente Caram desde Maldonado y rechaza hablar del asunto.
El director de Hacienda, Juan Guruceaga, sí atiende a El País por teléfono y dice que la semana pasada la intendenta interina Elita Volpi resolvió que se investigue el tema. Ella es una escribana de origen colorado, de confianza de Dos Santos y su familia, dicen fuentes políticas del departamento.
—Una vez que nos enteramos, lo hablamos y Elita ya solicitó que se abra una investigación administrativa al respecto —dice Guruceaga—. El tema pasó a jurídica y recién estamos empezando a indagar.
—Pero no dan los números para que alguien haga tantas horas extras: debería haber estado casi todo el día en la intendencia.
—Ella depende de otra oficina, no te sé decir porque no es funcionaria mía —responde—. Pero, a priori, por las cuentas que saca cualquier persona, parece complicado.
—También es llamativo que figuren 26.000 pesos por trabajo en feriados.
—Pasa que acá trabajar un sábado o domingo va en el rubro feriado. Puede ser que ella haya hecho un trabajo el fin de semana.
—¿Es normal que la intendencia pague tanta cantidad de horas extras?
—No te sé decir porque eso depende de recursos humanos. Ellos reciben, controlan y calculan todas las horas extras.
Desde la bancada oficialista hay silencio. El edil nacionalista Marcelo Silva responde a El País desde Brasil, donde está de vacaciones, y se excusa de opinar: “Sé poco y nada sobre el tema, solo por redes sociales, publicaciones de prensa y ediles de la oposición”. Pero también admite que, cuando fue director de Tránsito en la intendencia, jamás cobró “ni media hora extra”, y agrega: “Eso que participé de todos los operativos, trabajé todos los feriados y realizaba un mínimo de 16 horas extras por semana”. El silencio de la administración, a su juicio, “no es bueno”.
Los lazos familiares y políticos
Para entender lo que pasa en Artigas, hay que explicar la estructura del poder en el departamento, con los lazos políticos y familiares que se entreveran, donde mandan las familias Dos Santos y Caram en el Partido Nacional y por ende en el gobierno departamental. El Partido Colorado ha quedado reducido a un mínimo electoral, Cabildo Abierto tiene relativa fuerza gracias a la presencia de la ministra Irene Moreira y su padre Roque, al tiempo que el Frente Amplio bajó su caudal electoral tras haber estado un período en el gobierno (Patricia Ayala de 2010 a 2015). En las últimas elecciones departamentales la izquierda obtuvo 10.905 votos contra 34.906 del Partido Nacional, de los cuales más de 30.000 fueron a Pablo Caram.
El intendente artiguense es comerciante: tenía una distribuidora y “era un bolichero, de esos que se ponen la lapicera en la oreja”, cuentan. Le dicen Turco, aunque es de descendencia libanesa. Tuvo un emprendimiento comercial vinculado a la distribución del gas con el también dirigente blanco Mario Ayala. Ambos militaban con Jorge Larrañaga y fue con el apoyo de Alianza Nacional que llegó al poder en 2015. Ahora va por su segundo mandato pero ya no es aliancista, desde hace años integra Aire Fresco, el sector que creó Luis Lacalle Pou.
Su primo, el exdiputado Rodolfo Caram, es el secretario general y pareja de la funcionaria del recibo polémico.
Hay más parientes. Manuel Caram, otro primo, es edil y fue asesor en Desarrollo Social en el primer período. Karolina Gómez, esposa de Pablo Caram, es funcionaria municipal: en el mandato anterior fue directora de Cultura y ahora ocupa un cargo en la comisión del Río Cuareim.
La abogada Valentina Dos Santos Caram es diputada pero además primera suplente de Pablo Caram. Es su sobrina, fue directora general de la intendencia en el período pasado, dicen que tiene mucho poder (“es la que corta el bacalao”, así la define un dirigente local) y todos aseguran que se postulará a intendenta en 2025. “Valentina ya ha dicho que quiere ser candidata y acá no hay quien compita con ellos”, dice el periodista local Alfredo Simón, del portal Todo Artigas. Dos Santos está muy presente en la propia intendencia y se la suele ver en el despacho del intendente.
Ocupada en el norte, lidera lista de faltas
Cuando da entrevistas a medios locales, la diputada Valentina Dos Santos
habla como si fuera parte del gobierno departamental. Y, de hecho, lo
es. Quienes conocen de política artiguense dicen que incide mucho.
Quizás por eso Dos Santos tiene muchas faltas en la Cámara de
Representantes: 44 con aviso y cuatro sin aviso, sin contar los pedidos
de licencia, según consta en la web del Parlamento. Desde febrero de
2020 fue citada a 145 sesiones y asistió a 97, con el 67% de presencias.
En el último año el porcentaje empeoró: asistió a 22 de 42 sesiones
(53%).
El padre de la diputada es el productor rural Jorge Dos Santos, cuñado del intendente Caram y hermano del histórico y folclórico exdiputado “Alma” Dos Santos. Él es el presidente de la Departamental del Partido Nacional y responsable de solventar buena parte de la campaña electoral.
Con este panorama y un dominio de esta línea en el Partido Nacional, que en Montevideo tiene como referente al secretario de Presidencia Álvaro Delgado, hoy Alianza Nacional y el Herrerismo (cuyo líder local es el exintendente Julio Silveira) tienen presencia mínima en el departamento.
Quizás por eso, desde esos grupos se animan a criticar con fuerza al intendente.
Secretario general de la intendencia al principio del primer período de Caram en 2015, el aliancista Sergio Arbiza dice que el episodio “es una vergüenza” e ironiza que la funcionaria municipal “ni los domingos dejaba de trabajar” en su oficina.
A su juicio, el intendente debería “tomar una medida” con el secretario general “pero no sé si se animará”. Arbiza asegura que, cuando él estaba en el cargo, se intentaba que no sucedieran cosas así: “Justamente yo controlaba las horas extras y bastantes problemas tuve por los vicios que hay. Si no le ponés coto, la gente aprovecha”.
Un dirigente de Alianza Nacional, que pide no ser identificado, dice que la corriente mayoritaria “destruyó al partido” y que episodios como el denunciado “no extrañan”. En eso coincide un referente herrerista, quien también pide permanecer en el anonimato, en el entendido de que “el dinero de una de las familias más ricas del departamento”, junto al estilo de Caram, han determinado “un impresionante combo electoral nunca visto acá”. Pero también reconoce que se han realizado obras en los últimos años, “han hecho mucha calle”.
Los dos, el dirigente aliancista y el herrerista, están de acuerdo en que Caram ha colocado a mucha gente de su entorno en puestos en la intendencia.
"Acá todos superan las 100 horas por mes"
Marcelo Dacol es el presidente de la Asociación de Empleados Municipales de Bella Unión (Aembu), un sindicato que —pese a su nombre— también cuenta con algunas decenas de afiliados en la capital del departamento. Desde la ciudad fronteriza, confirma que está al tanto de la polémica desatada por los sueldos y horas extras de allegados al gobierno departamental, pero sostiene que la situación está lejos de ser nueva. “Eso pasa hace rato, en su momento le pedimos a la intendencia que los funcionarios grado 7 no realizaran horas extras”, indica el sindicalista, “porque suelen ser de confianza”. Estos empleados, según el gremio, deben tener una compensación “pero cero hora extra” porque “son los que deciden quiénes hacen esas horas”. Eso en la práctica no sucede y los funcionarios cobran las dos cosas, “y todos superan las 100 horas extras por mes”.
La oposición
¿Qué dice la izquierda? La bancada de ediles del Frente Amplio pidió el 18 de enero pasado que se convoque “a la mayor brevedad posible” a un plenario extraordinario de la junta departamental para considerar las denuncias públicas sobre “las desmesuradas horas extras y otras partidas salariales” a la mencionada funcionaria, así como la autorización concedida para que la hermana de esa empleada construya una casa en un predio municipal.
Para sesionar se precisa un mínimo de 16 ediles pero el Frente Amplio tiene solo 7 y los colorados dos. El resto son blancos, ya que Cabildo votó en el Partido Nacional en las elecciones departamentales.
La sesión se realizará y se convocará “próximamente”, confirma a El País la presidenta de la junta, Gabriela Balbi, quien no quiere referirse al tema de fondo.
El edil frenteamplista José González dice que las autoridades artiguenses tienen “una omnipotencia importante” y “hacen lo que se les ocurre”, ayudados por “una mayoría aplanadora” en la junta. Agrega que lo que sucedió con el sueldo de esta funcionaria “es una barbaridad” y equivale a más de siete horas extras por día fuera de su horario “contando sábados, domingos y feriados”. Entonces aclara que “no es solo del último mes, hace varios meses que cobra así, como mínimo ocho o nueve meses”, aunque no puede asegurar que siempre sean cifras tan altas. El vínculo con el secretario general, además de la cantidad de horas, “agrava” la situación y “se descuenta” que Rodolfo Caram tiene conocimiento de todo, según el edil opositor.
Respecto a la autorización para construir en un terreno municipal, González dice que algo así “está expresamente prohibido”. En este caso hubo “una especie de comodato familiar”, cuestiona el edil.
Guillermo Gasteasoro, también frenteamplista, asegura que hace tiempo que existe “un agujero negro” en la Intendencia de Artigas, hay “muchos ñoquis”, además de conjunción de intereses y “nepotismo”. El edil maneja la información de que hay 51 funcionarios allegados al gobierno que cobran sueldos irregulares, algunos “con cerca de 200 horas extras”.
Si no se concreta la sesión de la junta o las explicaciones no convencen, los ediles frenteamplistas evalúan presentar una denuncia penal.
Los colorados, en cambio, están más apurados y ya preparan la denuncia penal que probablemente presentarán en fiscalía en los próximos días, dicen a El País el edil Daniel Argañaraz y el abogado, exedil y exdiputado Rudi Paiva. Ambos se reunieron esta semana para ponerse de acuerdo en un escrito a presentar.
Argañaraz, quien tiene pedidos de informes no respondidos por la intendencia “hace dos años” y dice que en Artigas gobierna “la dinastía Caram”, adelanta que la denuncia penal se fundamentará en que la situación “es un abuso, raya con lo ilegal”. Al edil no le cierra que la funcionaria en cuestión haya pasado de grado 3 a grado 7 en poco tiempo, cobre una compensación sumada a esa cantidad de horas extras, y teniendo “vinculación directa” con uno de los jerarcas máximos. “Alguien firmó para que esa señora pueda cobrar todo eso, mientras otros están hace 25 años en grado 1 y hay gente que recibe regalías por ser amigote de las autoridades de turno”, protesta el edil.
Además, anuncia Paiva, los colorados le pedirán una entrevista al intendente, “que es un tipo accesible”, y le reclamarán “la inmediata remoción” del secretario general Rodolfo Caram y de la encargada del departamento de recursos humanos, Elizabeth Ramallo, “que orquesta toda esta situación”.
“Vamos a hablar en criollo”, dice Paiva con ese inconfundible acento norteño, “es una reverenda joda, el tema revienta con la pareja del secretario general pero a raíz de esto empezó a explotar por otros lados y hay más de 50 funcionarios, amigos y familiares vinculados a dirigentes del Partido Nacional cobrando horas extras que obviamente no se hacen porque son cifras desorbitantes”.
¿Cómo se llega a esa cifra de otras 50 situaciones similares? “Los empiezan a quemar los otros funcionarios que hasta ahora estaban callados y pasan los datos”, responde el dirigente colorado, “vos averiguás y confirmás”.
Sobre el caso de la funcionaria cuyo recibo se filtró, Paiva ironiza: “Ella tiene que entrar a las 12 del mediodía como entran todos y salir como a las cinco de la mañana del día siguiente. Y volver a entrar el otro día a las 12. Si no, no hay manera”.
