sábado, 14 de enero de 2012

Un asesino para investigar desaparecidos



Tabaré Vazquez nombró a un asesino y torturador para investigar sobre los desaparecidos

Archivo 20 / Oct / 2006

Uruguay: Tabaré se carga al Jefe del Ejército

El ex jerarca del Ejército, Carlos Díaz, entregó el mando en forma provisoria al general Manuel Saavedra. La próxima semana se conocerá quien lo ocupe definitivamente. Sobre la reunión con dirigentes políticos que motivó su destitución, Díaz dijo que “yo me reúno con quien quiero”. Además, fueron destituidos y sancionados con 5 días de prisión los generales Pedro Aguerre y Miguel Dalmao.

Así lo cuenta hoy la portada del diario Observador de Uruguay
Una reunión no autorizada entre Díaz y dirigentes de la oposición motivó la decisión del Ejecutivo. Al respecto de su relevamiento, Díaz sostuvo en conversación con canal 5 que “yo me reúno con quien quiero, hago un asado cuando se me ocurre”. También fueron destituidos y sancionados con 5 días de prisión los generales Pedro Aguerre y Miguel Dalmao, que participaron de la reunión con el ex Comandante General del Ejército.
Se ratificó desde el Ejecutivo que quien asuma definitivamente lo hará la próxima semana. El nombre que se maneja en forma extraoficial para ocupar el cargo es el del General Pedro Barneix.
Siempre leal
En declaraciones públicas, Díaz sostuvo que “yo siempre he sido leal”. Señaló que “se entendió que había cometido una falta importante y las consecuencias de la reunión determinan que sea relevado”. Manifestó que no se sintió defraudado, ya que el presidente de la República “tiene la potestad de sacarme del cargo”, y que se va “satisfecho con el trabajo que he realizado”.
Sobre los temas tratados en la reunión, Díaz explicó que “no hubo algún hecho de que yo me estuviera poniendo por encima del cargo que me otorgaron (…) simplemente a veces uno habla de cosas, para sumar y no restar”. Agregó que “los generales que vinieron son camaradas. Vimos aspectos de la institución, que no tienen que ver con los DDHH”.(??)
En tanto, Saavedra mantuvo reuniones con algunos generales, pero según altas fuentes de carácter administrativo. Consultado acerca de su nombramiento, Saavedra señaló que “yo soy el oficial encargado de despacho, nada más” y aseguró que “no sé decir cuando van a designar a alguien en lugar de Díaz”. Consultado sobre la reunión de Díaz y los líderes políticos contestó: “¿Que reunión?, no hubo ninguna reunión. No se decir, pregúntele a Díaz”.
Reunión conflictiva
Este mediodía un comunicado del ministerio de Defensa ratificaba la destitución del jerarca militar. Las reuniones sostenidas entre Díaz y los líderes de la oposición y de las que da cuenta el semanario Búsqueda en la edición de este jueves, fue lo que precipitó la decisión.
El semanario señala que el motivo de los encuentros fue “para intercambiar puntos de vista sobre asuntos de actualidad”. Se amplía además que el miércoles hubo un encuentro del que participaron “el comandante Díaz, el ex presidente y actual senador (del partido Colorado) Julio María Sanguinetti, el ex ministro de Defensa Yamandú Fau y los generales Pedro Aguerre y Miguel Dalmao”.
“Díaz también ha invitado a conversar al presidente del Directorio del Partido Nacional, senador Jorge Larrañaga y al ex presidente de la República, Luis Alberto Lacalle”. Las fuentes mencionaron a Observa que estas reuniones sin previo aviso a la jerarquía correspodiente, fue tomada “como un gesto de descortesía”.
Cabe consignar que el comunicado de prensa de Defensa daba cuenta de la situación de relevo del Carlos Díaz, decisión que “fue motivada por las reuniones que dicho Oficial General mantuvo y programó con altos dirigentes políticos sin poner en conocimiento previo al Mando Superior”.
Al respecto, el Presidente Tabaré Vazquez habló:
A pocas horas de que se conociera su decisión de relevar de su cargo al general Carlos Díaz luego de que este se reuniera con dirigentes de la oposición, el presidente Tabaré Vázquez justificó su resolución mientras se encontraba de pesca por el departamento de Rocha. El mandatario sostuvo que no fue informado de la reunión, y que se enteró por lo informado en el semanario Búsqueda. Díaz “se equivocó”, aseguró el jerarca y puntualizó que “estos errores no se pueden dejar pasar”.
Vázquez recordó que cuando el era líder de la oposición y le pareció oportuno hablar con los altos mandos militares solicitó la venia del presidente de la Republica de turno. “Y lo que yo hice por lealtad institucional y respeto a las autoridades de gobierno, le pedí autorización a los presidentes y me reuní”, sostuvo Vázquez. Señaló además que cuando se o pidió a Batlle este lo negó y “yo respeté esa decisión”.
En ese sentido, opinó que “hay que tener mucho cuidado en respetar a las instituciones del país, no solo con declaraciones pomposas o intentando acusar al gobierno que no respeta las instituciones, sino respetándolas en los hechos”.
A su vez, advirtió que las autoridades militares “dependen del mando superior y el mando superior es el presidente uruguayo electo por el pueblo uruguayo”. Por ello indicó que “cuando no se respeta se produce una falta que se considera grave” y al respecto del general destituido dijo que “yo lo lamento enormemente, siento un gran aprecio por Díaz, creo que es una excelente persona, pero se equivocó”.
El Observador – Uruguay
Este no es el primer problema de Tabaré Vázquez con los militares. Han sido ya varios. Este cuadro que publica el argentino “La nación” los resume:
 Informe sobre los desaparecidos elaborado por el general Pedro Barneix resultó una cruel sarta de mentiras e inexactitudes.
Comisión Díaz-Barneix:

VOLVER A LA PAGINA  PRINCIPALMilitares dicen que declaran porque Vázquez les prometió impunidad

Comcosur

Según afirma el diario ULTIMAS NOTICIAS, "reconocidos oficiales militares" que tuvieron una activa participación en los crímenes de la dictadura y que integraron el OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, el ala uruguaya del Plan Cóndor) y el Servicio de Información de Defensa (SID), dijeron que se han presentado a declarar en la investigación interna que están llevando adelante los generales Ricardo Barneix y Carlos Díaz, "porque tienen el compromiso del presidente de la República, Tabaré Vázquez, de que no se producirán denuncias ante la Justicia Penal basadas en la información revelada".
Es en ese entendido que (bajo estricto anonimato) varios oficiales han prestado su testimonio en esta investigación, que tiene como objetivo determinar el paradero de los restos de los detenidos desaparecidos asesinados por ellos durante la dictadura (1973-85), especialmente los de María Claudia García, la nuera del poeta argentino Juan Gelman, ya que se presume que los suyos no fueron exhumados en la cruelmente llamada "Operación Zanahoria" (debido a que los cuerpos de los asesinados fueron enterrados de pie) y todavía estarían enterrados en el Batallón 13. Se sindica como responsable de ese operativo (que consistió en exhumar los cuerpos, cremarlos, y hacer desaparecer las cenizas) al coronel Alfredo Lamid, quien no podrá presentar descargos pues ya ha fallecido.
La publicación también afirma que el secretario de la Presidencia de la República, Gonzalo Fernández, ha mantenido encuentros paralelos con los militares que se ofrecieron a dar su testimonio a la comisión Díaz-Barneix.
No tengas miedo, mientras sea presidente estás a salvo

Se detalla que en algunos de estos encuentros (que se realizaron con el visto bueno del comandante en jefe, Ángel Bertolotti), participaron como testigos oficiales en actividad, a los que llamó la atención la buena información" que maneja Fernández "sobre los episodios ocurridos en Uruguay, pero también en Argentina, donde desaparecieron más de 100 compatriotas integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) entre los años 1976 y 1978".
"A mí me dijeron que este trámite era anónimo y que no habrá denuncias ante la Justicia Penal, por eso fui. Es más, me señalaron que había un compromiso del gobierno en ese sentido", dijo uno de los militares consultados por ULTIMAS NOTICIAS. En efecto, el mismo día de su asunción, el presidente Vázquez dejó en claro que todas las investigaciones se realizarán en el marco de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, la que impide castigar a los policías y los militares responsables de estos crímenes. También dejó muy en claro, que no considera amparados por esta ley los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y María Claudia García de Gelman.
En el mismo orden de cosas, tampoco hay duda de que la justicia no tendrá obstáculos para procesar -y eventualmente condenar- a los civiles cómplices del terrorismo de estado, concretamente al ex dictador Juan María Bordaberry y a su canciller Juan Carlos Blanco. Ambos han sido acusados de complicidad en los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y Blanco está siendo procesado sin prisión por el de la maestra Elena Quinteros.
El Espectador 14.06.2005

 En entrevista con el diario “El País” (06/10), la Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti, señaló que ya “(…) no cree en más avances en el divorcio entre militares y sociedad”, ni que se obtenga “(…) más información sobre el pasado”. El periodista Alejandro Nogueira consultó a Berrutti sobre el estado actual del proceso de acercamiento de las FF.AA. a la sociedad civil, respecto a lo cual la Ministra indicó que al asumir su cargo tenía ese valor como uno de sus principales objetivos, pero “hay una rispidez muy grande entre la sociedad civil y las FF.AA., proveniente en su mayor parte de la sociedad civil. (…) No solo del electorado del Frente Amplio (FA, partido de gobierno). Es como un sentimiento muy generalizado”.

Los exaltados y Tabaré
Dr. Tabaré Vázquez, ha utilizado con amplitud las facultades que la “Ley de Caducidad” da para el juzgamiento de militares vinculados  violaciones a los DD.HH., esto “No ha sido suficiente para un grupo de exaltados. Ni tampoco ha sido suficiente el conmemorar todos juntos el 19 de Junio como el ´Día del Nunca Más´ y hacer la fiesta del reencuentro”.
(El País Sección EDITORIAL 08/10/07)
  Repercusiones de las Declaraciones de Berrutti
El diario “El País” (08/10) y el semanario “Brecha” (12/10) consignan que integrantes de varias organizaciones de DD.HH. y dirigentes del Frente Amplio (FA, partido de gobierno) no comparten la posición de la Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti, acerca de que los militares “no aportarán más información” sobre el destino de uruguayos detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985), según precisó en entrevista con el periodista Alejandro Nogueira (“El País”, 06/10). El rechazo a las expresiones de la jerarca fue manifestado, entre otros, por la integrante de la organización “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos”, Luisa Cuesta, quien dijo que "los militares tienen toda la información. No la dan porque no la quieren dar y porque no quieren ensuciar sus nombres". El secretario general del Partido Comunista (PC/FA), Senador Eduardo Lorier, manifestó que "no es un tema de voluntad de los militares, que están sujetos a un mando (…) si tienen información la tienen que dar". A su vez, el Diputado Jorge Menéndez (Partido Socialista/FA), sostuvo que "no se deben bajar los brazos" y que es "optimista" ante la posibilidad de que los militares aporten nueva información. El Subsecretario de Defensa Nacional, Dr. José Bayardi, informó el día 09/10 a radio “El Espectador”, que él no da por agotadas las posibilidades de obtener más información. "Supongo que ha habido reticencias de militares retirados y que ha habido dificultades para obtener información, es una constatación y es un hecho. Yo creo que la vida es dinámica. Y que en realidad la dinámica de los hechos va a terminar haciendo aparecer toda la información", sostuvo Bayardi. Desde la oposición política, el Senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista/PN) dijo que "se puede seguir avanzando por medio de las actuaciones judiciales" porque "este no es un tema de voluntad del gobierno (…) lo que tenía que hacer el gobierno ya lo hizo: generar un clima positivo para avanzar en este tema. Confío en que la justicia pueda seguir actuando y avanzando". Por otra parte, desde el ámbito militar, el Presidente del Círculo Militar (Centro social de miembros de las FF.AA.), el Gral. (r) Luis Pírez, dijo a la radio “El Espectador” que para contribuir con el Poder Ejecutivo los militares han callado y que hay medidas del gobierno que no ayudan al reencuentro. El Cte. en Jefe del Ejército Nacional, Tte. Gral. Jorge Rosales, apostó a la "reconciliación" que pide el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, en base al respeto de la “Ley de Caducidad” (de la pretensión punitiva del estado, respecto de los crímenes cometidos durante el período dictatorial), pero pidió un "gesto" y una actitud de "tolerancia" para superar lo sucedido durante el período dictatorial porque en caso contrario "este estancamiento de 30 años va a continuar". Mientras tanto, el Cte. en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Tte. Gral. (Av.) Enrique Bonelli, indicó que "Tenía esperanzas (de reconciliación), pero no sé, porque aparecen elementos nuevos que enrarecen el diálogo", en referencia a nuevas denuncias contra los militares.
(El País Sección NACIONAL 08/10/07; La República Sección POLÍTICA 10/10/07; Semanario Brecha Sección POLITICA 12/10/07) 

Excavaciones no han Arrojado Resultados
La segunda etapa de excavaciones en procura de ubicar restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1985) no ha arrojado resultados hasta ahora. Las excavaciones han concluido en dos de los predios señalados como probables lugares de enterramiento: una isla de pinos cercana al centro penitenciario “La Tablada”, antiguo lugar de reclusión clandestino, y el Batallón de Artillería Antiaérea Nº 1. En el primero de los casos se procuraba ubicar los restos de nueve personas que desaparecieron de ese local y en el segundo de ellos, se excavó en busca de los restos de la desaparecida maestra Elena Quinteros. A pesar de la falta de resultados, el equipo de arqueólogos y antropólogos continuará el trabajo en una zona próxima al arroyo Pantanoso, lugar que debido a las continuas lluvias se ha hecho imposible excavar con comodidad. La Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti, declaró que ha "perdido el optimismo" en cuanto a que los militares aporten datos certeros sobre desaparecidos. Tras indicar que se han hecho todos los esfuerzos desde el gobierno para que se aporten datos, cree que "salvo algún tipo de reacción individual, no hay solución para que los militares den más información". Por su parte, Luisa Cuesta, miembro de  la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos entiende que los militares tienen la información pero que "no la dan porque no la quieren dar y porque no quieren ensuciar sus nombres".
(La República Sección POLITICA 09/10/07)

 Declaran Barneix y Díaz como Testigos de Silveira y Ramas
El ex Cte. en Jefe del Ejército Nacional, Carlos Díaz y el Gral. Pedro Barneix declararon ante la Justicia en calidad de testigos a pedido de los abogados defensores del Cnel. (r) Jorge Silveira, y Cnel. (r) Ernesto Ramas. La causa por la que deben responder los dos militares es la que investiga un Juez Argentino Daniel Tapié sobre el Plan Cóndor, por la cual se solicitó a la Justicia uruguaya autorice su extradición. La defensa de los ex integrantes del Órgano Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA), convocó a ambos militares para que testifiquen que durante la dictadura militar (1973-1985), Silveira y Arab no participaron en actividades represivas en Argentina. La defensa intentará remarcar que la OCOA no actuaba fuera de la jurisdicción del país. No obstante, los pedidos de extradición se basan en los numerosos testimonios de uruguayos que estuvieron detenidos en Argentina y que afirman que Silveira y Ramas estuvieron en ese país. La solicitud de comparecencia de Díaz y Barneix se produce por haber sido los dos militares que llevaron adelante la investigación interna en el Ejército en 2005 sobre el destino de los desaparecidos, la cual fue ordenada por el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez. Díaz y Barneix negaron que Silveira y Ramas hubieran viajado a Buenos Aires en misión oficial del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), en tareas de represión y coordinadas con dependencias militares argentinas.
(El País Sección NACIONAL 09/10/07 y La República Sección POLÍTICA 11/10/07)




Las huellas del pacto
 Samuel Blixen

El cúmulo de mentiras y pistas falsas que distribuyeron algunos militares para prolongar su impunidad se vuelve ahora en un arma contra ellos mismos si, como se promete, la orden es desenmascarar a los homicidas.



¿Medio vacío o medio lleno? Ante la confirmación de la manera en que fue asesinado el educador y periodista Julio Castro, la determinación del comandante del Ejército, Pedro Aguerre, de revocar –"si ha existido o existiera"– un pacto de silencio –"del que no tengo conocimiento"– para encubrir delitos dentro de la fuerza, es un ejemplo acabado de ese deporte nacional que es la ambigüedad.

Puesto que en la misma declaración Aguerre fue enfático en que "el Ejército no aceptará, tolerará, ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas", esa pueril aclaración sobre el desconocimiento de la omertà militar debe interpretarse como una concesión a los comandantes que lo precedieron y que, ni por asomo, llegaron a los niveles de condena y de compromiso para enfrentar a "la horda o algo similar" que campeó durante el terrorismo de Estado. Es de estrategia elemental no abrir múltiples frentes de combate, de modo que, más allá de la ambigüedad, es de suponer que el acento principal de la declaración está en el rechazo frontal al "encubrimiento de homicidas", y de ahí que, algunos –entre ellos el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro– tienen la convicción de que, formalmente, el Ejército brindará nueva información que permita avanzar en la búsqueda de la verdad sobre qué pasó con las víctimas, y en el castigo a la "horda".

A menos que exista una disposición superior que ordene lo contrario, el Comando del Ejército podría empezar por buscar y entregar los archivos, parciales o totales, de los servicios de inteligencia, cuyos contenidos siguen vedados para los jueces y fiscales y sin embargo son utilizados en su página web por connotados inquilinos del penal de Domingo Arena; la imposibilidad de ubicar los documentos relevantes sobre las operaciones que culminaron con la desaparición y asesinato de unos 200 prisioneros de la dictadura es una forma de ese encubrimiento que Aguerre anuncia que combatirá.

El Comando podría tomar nota de las múltiples referencias en expedientes de la justicia penal al pacto de silencio, no para confirmar algo que se cae de maduro, sino para seguir la cadena del encubrimiento, que aporta pistas sobre el papel de los cómplices.

Un ejemplo acabado de ese encubrimiento lo brindó, en 2007, el general retirado Mario Aguerrondo (quien, incidentalmente, en 1993, siendo jefe del Servicio de Información de Defensa, encubrió a los asesinos del agente de la dictadura chilena Eugenio Berríos) cuando compareció ante el juez que indagaba la desaparición de prisioneros extraditados clandestinamente desde Buenos Aires en el llamado "segundo vuelo". Aguerrondo había sido el jefe del Batallón 13 de Infantería, en cuyos predios funcionó El Infierno o 300 Carlos, un centro clandestino de detención que utilizaba las instalaciones del Servicio de Materiales y Armamento.

Aunque por El Infierno pasaron cientos de detenidos, y muchos de ellos desaparecieron –como la maestra Elena Quinteros–, el entonces coronel Aguerrondo dijo ante el juez "que no sabe en qué período de tiempo estuvo operativo el 300 Carlos" en el Servicio de Material y Armamento, "porque un día aparecieron y así se fueron. Toda esa gente que había ahí, evidentemente era de algún servicio especializado", pero su ignorancia y recato eran muy profundos. Contó que en 1975 el comandante en jefe Julio César Vadora (convenientemente fallecido) "me dijo que iba a haber una operación de inteligencia, que yo no apoyara ni interviniera de manera alguna y que no iban a ir por el frente (...) se retiró un puesto de vigilancia, de los tres que había se retiró el del fondo (...) pensé que era algo muy grave, probablemente matar a alguno, pero no pensé mucho", afirmó en el juzgado, como si ese "no pensar mucho" atenuara su responsabilidad.

A diferencia de Aguerrondo, a quien el pienso le permitió admitir que en el Servicio de Material y Armamento funcionó un centro clandestino de detención, el jefe del sma, Lautaro May, apenas admitió que en el predio hubo un galpón que "por orden del comandante Vadora, fue desafectado del servicio del cuartel". Pero sostuvo que estaba permanentemente cerrado, que allí no iba nadie, y negó que se introdujeran en el terreno efectivos de inteligencia, ni prisioneros. El segundo jefe, Hugo Bértola, confirmó los dichos de May y agregó que "nunca vio a nadie, nunca tuvo indicios de que hubiera gente dentro"; ninguno de ellos llegó a escuchar, claro, los insultos que la maestra Elena Quinteros profería, en medio del dolor, a sus torturadores y que eran registrados por todos los que permanecían encapuchados en el galpón.

El encubrimiento impidió a la justicia determinar si la veintena larga de prisioneros que trajeron de Buenos Aires en el segundo vuelo (todos desaparecidos) fueron llevados al Batallón 13 o al Batallón 14. Según Gilberto Vázquez, el mediático torturador y asesino recluido en Domingo Arena, "en 1974 o 75 se dio la orden de que no podía aparecer ningún muerto, a mí me la dio el director del servicio (Amaury) Prantl, pero venía del comandante en jefe del Ejército, Vadora, era una orden verbal. Era por razones económicas del país, había una crisis económica y había que dar una sensación de estabilidad y tranquilidad". Ante una pregunta de los magistrados, contestó que "los enterramientos clandestinos se hacían en el marco de la orden de hacer desaparecer a todos los muertos".

Los miembros de la Comisión para la Paz abogados Carlos Ramela y Gonzalo Fernández se inclinaron por acepar la versión aportada por militares a los que entrevistaron en reserva, quienes afirmaban que los prisioneros del segundo vuelo fueron llevados directamente al Batallón 14, pero los jueces dejaron constancia de que todos los elementos sugieren que pasaron primero por El Infierno. En el expediente dejaron constancia de que "no pudo saberse, sin embargo, quienes eran esos informantes, fue imposible ahondar judicialmente sobre los puntos más importantes a esclarecer y el paradero de los posibles restos no tuvo respuesta válida".

Una posible vía de información eran los pilotos que condujeron los aviones. El brigadier general Enrique Bonelli admitió haber sido el copiloto del avión C 47 que efectuó un traslado el 24 de julio de 1976, conocido como el primer vuelo. Pero no recuerda quién le dio la orden verbal (fue "un superior que no recuerda"). Tampoco recuerda quiénes integraban la tripulación, "él era el copiloto pero no reveló quiénes eran el piloto principal y el ingeniero de vuelo", consigna el expediente. Bonelli, siendo comandante de la Fuerza Aérea, realizó una investigación sobre el segundo vuelo. Ante los magistrados afirmó que "fue un vuelo nocturno". No proporcionó los nombres de los tripulantes aduciendo que, "siguiendo el tenor de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en cuanto a continuar las actuaciones de la Comisión para la Paz, y lo expresamente dispuesto en su artículo 3 del decreto que la formó, orientó la investigación, no a conocer quiénes habían realizado el vuelo, sino a conocer si efectivamente éstos se habían llevado a cabo. Desconoce cuál fue el destino final de estas personas". La misma amnesia exhibieron otros oficiales pilotos: Walter Pintos, Mario Muñoz y José Pedro Malaquin (presunta tripulación del vuelo del 5 de octubre). Bonelli tuvo un desliz ante los magistrados; dijo no saber los nombres de los pilotos de los dos vuelos, pero afirmó que ninguno de la tripulación estuvo en ambos traslados.

En el expediente relativo a los traslados clandestinos se afirma que "el propósito de los autores de los ilícitos es ocultar o destruir las pruebas sobre la desaparición para mantener el crimen en la impunidad. Ese pacto de silencio se prolonga al presente". Y agregan los magistrados: "No sólo de silencio sino de construcción de pistas falsas, de estrategias urdidas para desviar la dirección de la indagatoria sobre el paradero de las víctimas".

Pasos en falso. El general Carlos Díaz podría aportar elementos, en caso de que el Ejército se ponga, efectivamente, a extirpar la complicidad con los homicidas. Díaz fue quien recabó la información que supuestamente indicaba el lugar exacto donde había sido enterrada María Claudia García de Gelman, y quien señaló el "árbol cortado" en el cuartel de Toledo, que supuestamente era la referencia del enterramiento. El general Ángel Bertolotti, confiando en la información recabada con criterios reservados, comunicó la novedad al presidente Tabaré Vázquez, y éste anunció el lugar exacto donde, "en un 99 por ciento", estaban los restos de María Claudia. Aún se sigue esa búsqueda que, imprevistamente, permitió rescatar los restos de Julio Castro.

Ni Bertolotti, ni Díaz, ni el general Pedro Barneix, revelaron quién o quiénes dieron las pistas falsas, los "sitios de interés" que impusieron recorridas extenuantes de autoridades judiciales, an­tropólogos y familiares por senderos de un monte que, después se supo, era donde se realizaban entrenamientos. El general Raúl Gloodotfsky, que oficiaba de maestro de ceremonias en el Batallón 14, nunca llegó a explicar quién le sugirió que mostrara simples trincheras como si fueran fosas de enterramientos, y a identificar como alteraciones del terreno de supuestas exhumaciones lo que eran pozos de tiradores. Los cuatro generales mencionados podrán aportar importantes insumos a la tarea de depurar al Ejército de "la horda".

Las informaciones falsas y las falsas pistas fueron aceptadas como válidas por la Comisión para la Paz, en la medida en que, salvo algunos contados casos, se incorporaban tales versiones en el informe final. Así ocurrió en el anexo referido a Julio Castro, donde se consignó que sus restos habían sido exhumados, incinerados y arrojados al mar. La misma versión se incluye en el anexo de Elena Quinteros y se detalla el mismo procedimiento –que Ramela confirmó en el juzgado, en función del "testimonio de múltiples fuentes militares y policiales" que "reconocieron expresamente haber participado en ese operativo".

Por su parte, Gonzalo Fernández declaró ante el juez: "Cuando se inaugura el Batallón número 14 con sede en Toledo, aproximadamente del 73 en adelante o principios del 74, se nos informó que todas las personas muertas en dependencias militares, cualesquiera fueren éstas, fueron sepultadas en el predio del 14 lindero o lindante con la ruta que lo atraviesa y que los militares identificaban con mordacidad como 'Arlington', en alusión al conocido cementerio militar estadounidense". Agregó: "Yo creo que quienes permanecían sepultados en el 14 fueron removidos sus restos en el marco de la llamada Operación Zanahoria en el año 1984". Los que Fernández señaló en noviembre de 2003 como "indicios objetivos y bastante significativos, a mi modesto entender, de que ella se realizó", aludiendo a la llamada Operación Zanahoria, no encuentran, según los magistrados, "sustento en la información obtenida". El obrero de la construcción Horacio Gelós Bonilla fue torturado en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce y, según lo informado por Fernández, su tumba, abierta, fue encontrada por unos particulares en un predio cercano al aeropuerto de esa localidad, confirmando la versión de militares de que los restos fueron desenterrados, incinerados y arrojados al mar. Sin embargo el equipo de arqueólogos descartó esa información. Fernández también anunció "la desaparición (sic) de la tumba de Gomensoro Josman en el Cementerio de Paso de los Toros y la ubicación de una nueva sepultura de un niño exactamente en el mismo lugar". El expediente afirma que "esos datos tampoco son ciertos. La tumba de Gomensoro Josman no había sido nunca excavada entonces. Su cráneo fue hallado en poder de un médico que había practicado la autopsia en la época de la aparición del cuerpo. El antropólogo Horacio Solla excavó después en el lugar por orden del señor juez de Paso de los Toros, se localizaron restos óseos (pero no de un niño), que están depositados en el Instituto Técnico Forense".

La contradicción entre el informe final de la Comisión para la Paz y la realidad que dejó al descubierto el hallazgo de los restos de Julio Castro, promovió una intensa controversia entre los que respaldan la actuación de la Comisión y quienes afirman que el informe avaló flagrantes mentiras de militares. Ramela, quien recientemente denunció "canalladas" de quienes lo fustigan, resultó en última instancia extremadamente crédulo con sus informantes militares. Lo importante es que los equipos que investigan el destino final de los desaparecidos están recabando informaciones que, muy probablemente, permitan avanzar; será anecdótico si esas informaciones desmienten a los informantes de Ramela y Gonzalo Fernández. Y quizás, si los militares cumplen la orden de su comandante en jefe, el flujo de información podrá acelerarse, siempre y cuando no se reincida en la información falsa. n

2 comentarios:

  1. Felicitaciones por la calidad informativa y periodística de este blog. Muy completas las notas. Gracias. Esteban García

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  2. Excelente el material expuesto y con una crudeza y una verdad que no se habìa visto con anterioridad, ni publicado por nadie o por lo menos recopilado y expuesto en esa forma. La verdad felicitaciones al o los que la realizaron, pero sòlo me resta una pregunta el pueblo (màxima autoridad) cuando voto por la derogaciòn de la Ley de Caducidad se equivocò, si es asì perdonenos y si no es asì, en parte tienen razòn Saravia y Fernandez Huidobro, quememos la Constituciòn o sino hacemos como dice el tango cambalache, en vez de la biblia en el calefòn, pongamos la Constituciòn, por si necesitamos papel en el baño. Gracias

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