La ley de caducidad no esta muerta. Aún falta una confirmación del Poder Judicial sobre la constitucionalidad de la ley que la eliminó. Los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia tienen el poder de los sacerdotes mayas para terminar con la impunidad en Uruguay. En un año de profecías, cada ministro evaluará ante el espejo de su propia historia el fin del ‘calendario Charrúa’.
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
Durante el año 2012, mientras en el mundo se buscarán señales que confirmen las profecías mayas sobre el supuesto fin de la historia, Uruguay definirá en el escenario de su Suprema Corte de Justicia si ha dejado definitivamente atrás la era de la caducidad, o si aún sufre síntomas del virus de impunidad que desde 1986 había infectado a la sociedad y a todos los poderes del Estado.
Desde febrero de 2011, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Gelman, la institucionalidad uruguaya buscó fórmulas para cumplir con una condena que le obligaba a eliminar la ley de caducidad e impedir que el pasado primero de noviembre se produjera la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985).
A mediados de año, el presidente José Mujica revocó los actos presidenciales por los que sus predecesores en el Poder Ejecutivo habían amparado en la caducidad las denuncias judiciales de violación a los derechos humanos y en octubre, las dos cámaras del Poder Legislativo aprobaron una ley que devolvió la pretensión punitiva al Estado y habilitó la acción de la justicia.
Sin embargo, esa ley será denunciada como inconstitucional por los abogados defensores de los militares y policías implicados, para que el tema derive, más temprano que tarde, a manos de los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia, quienes tendrán el poder de definir si la norma se ajusta a derecho o si todo vuelve a quedar en las sombras de la impunidad.
Los sacerdotes mayas
La civilización Maya -de la que tanto se hablará y escribirá este año-, estaba encabezada por un gobernante supremo (Halach Uinik), que estaba rodeado por una casta de nobles (Almenehoob: “los que tienen padres y madres”), jefes militares (Batab), funcionarios (Popolna), policías (Tupiles) y sacerdotes (Ahkin), quienes se encargaban de los rituales y sacrificios.
Cinco eran los chamanes mayas que decidían y ejecutaban los sacrificios humanos: un jefe (Nacom) que era el encargado de abrir el pecho de las víctimas para sacarles el corazón y cuatro ayudantes (Chacoob), quienes sostenían las extremidades del condenado y arrojaban luego sus cuerpos pintados de azul por las escaleras de la pirámide.
Cual sacerdotes mayas, los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya tendrán que resolver en cada uno de los casos que se les presenten recursos de inconstitucionalidad contra la “ley de punitividad”, pero se descuenta que su primer pronunciamiento tendrá los argumentos de fondo que serán repetidos en cada uno de los casos siguientes.
En el año 2012, también se definirá -junto a las profecías Mayas- si en Uruguay se llega al fin de la historia de la impunidad y el Poder Judicial recupera una libertad que perdió desde aquel 15 de abril de 1972, cuando la Ley de Seguridad permitió que la justicia militar actuara sobre civiles, y que no pudo recuperar luego de la dictadura, por la aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Contradicción de Corte
Desde el retorno a la democracia, la SCJ ha tenido pronunciamientos contradictorios en materia de derechos humanos. Durante años, el organismo legitimó la constitucionalidad de la Ley 15.848, pero a partir de 2009, solo días antes de las elecciones, opinó que la ley de caducidad era inconstitucional y habilitó una indagatoria judicial que en el homicidio de Nibia Sabalsagaray llevó al procesamiento con prisión de un general en actividad.
En un sistema judicial donde no se impone jurisprudencia, la integración coyuntural de la SCJ determina sus fallos. Así ocurrió con el impuesto del IRPF que en abril de 2008 se sentenció inconstitucional para un grupo de militares retirados que hizo el reclamo y pasó a ser constitucional en mayo del mismo año, después que uno de los miembros del organismo cesara en el cargo.
El mismo grupo de ministros de la Corte que consideró inconstitucional la ley de caducidad sentenció, paradójicamente, que no se puede calificar los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad. Ese argumento llevó a que los casos de desaparición forzada terminaran siendo tipificados como homicidios especialmente agravados. Se mantuvieron las penas a los responsables, pero sobre otros fundamentos jurídicos.
El máximo órgano judicial, como parte del Estado, debe cumplir también con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó “que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.
Secretos bajo la toga
La Suprema Corte de Justicia esta hoy presidida por el abogado Daniel Ibérico Gutiérrez Proto, e integrada por sus colegas Jorge Ruibal Pino, Jorge Tomas Larrieux Rodríguez, Jorge Omar Chediak González y Leslie Alberto Van Rompaey Servillo, quien será sustituido este año por uno de los dos jueces más antiguos: Julio César Chalar Vecchio o Alfredo Gómez Tedeschi.
Pasa a tener relevancia la historia personal, los antecedentes y los casos en los que como jueces han actuado los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia, cuyas decisiones individuales -como los sacerdotes mayas- pueden definir la sobrevivencia de una causa judicial donde se indaga la verdad sobre la vida y muerte de víctimas cuyos cuerpos también fueron vejados.
Por ejemplo, el flamante presidente de la SCJ, Daniel Gutiérrez con sólo 32 años de edad, era el juez letrado de primer turno de Maldonado que debió actuar el 9 de mayo de 1977 cuando en la Playa Solanas del Mar apareció el cuerpo de un hombre víctima de los vuelos de la muerte de la dictadura argentina. Las imágenes de esos cuerpos que llegaban a las costas uruguayas y se enterraban como N. N. (no nombre) impactaron al mundo días atrás.
Aunque no decidirán el fin de la historia de la humanidad, como advierte el calendario Maya, los cinco ministros de la SCJ definirán un ciclo de treinta años en la historia del Uruguay. Treinta años en los que la impunidad se impuso a la Constitución, a las leyes y al propio sistema judicial. Treinta años, en los que como una profecía ancestral se ha reclamado por verdad, memoria y justicia.
PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL JUEVES 5 DE ENERO DE 2012
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