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ARGENTINA: ¿CÓMO ES UNA POLÍTICA DE DESARROLLO INDUSTRIAL?

18 de enero de 2012

Autor: William Yohai

En estos días se ha difundido cuan profundos son los cambios que se están produciendo en Argentina en relación a la política industrial. PRÁCTICAMENTE, SE HA PROHIBIDO LA IMPORTACIÓN DE TODO LO QUE SE FABRICA EN EL PAÍS.

El gobierno de Cristina Fernández está seriamente compromentido con este asunto. Y, como no podía ser de otra manera, tal como lo demuestra la historia; política industrial es inseparable de proteccionismo.

El proteccionismo, que practicó Inglaterra en los albores de la revolución industrial, fue también la herramienta que usaron los EEUU y sería después instrumentado por un sinnúmero de países que lograron llegar a lo que se conoce como desarrollo económico.

Aunque fuerza es notarlo, otra pata de una política de desarrollo es la reforma agraria, tema en el cual Argentina está todavía a fojas cero. A pesar de lo cual la política de detracciones a las exportaciones que permite hacer al Estado socio en la percepción de la renta de la tierra, sin ser una reforma agraria, cumple una parte de sus cometidos. La reforma agraria, como vía para ruralizar (o mantener en el campo) a parte significativa de la población, es un contribuyente decisivo en la creación de un mercado interno potente (un elemento clave de la industrialización), a la vez que fuente diversificada de productos alimenticios de calidad (lo que hoy significa precismamente salirse lo más posible de los grandes métodos automatizados de producción hiper exigentes en energía fósil) y de otras materias primas industriales.

Sea como sea el gobierno Argentino parte, correctamente, de la premisa de que no es posible desarrollar una base industrial sometiendo a la naciente producción local a la competencia arrolladora de un mundo, particularmente Asia y dentro de ella China, donde las escalas de producción, el desarrollo tecnológico y los salarios son radicalmente diferentes.

Las medidas recientes que simplemente bloquean la importación de todo aquello que se produzca en el país, salvo, con restricciones, listas de productos duramente negociados en el MERCOSUR tiene, por supuesto, inconvenientes. Productos más caros y/o de inferior calidad para los consumidores. Y, como riesgo adicional, la transferencia rentística (podríamos llamarla también sobreganancias) de dinero a una clase capitalista industrial que estuvo a punto de desaparecer durante los últimos 30 neoliberales años que precedieron a 2003, y que renace hoy como aliada política y económica del gobierno.

Si esta transferencia rentística no es severamente controlada terminará por dar al traste con todo el proyecto.

Son los riesgos que se corren al salirse del libreto neoliberal de desarrollo basado en la inversión extranjera directa en la explotación de recursos naturales libres de impuestos y la financierización de la economía. Éste último es el camino que profundiza, ahora bajo la órbita fraudeamplista nuestro país.

Cuando el Gobierno Uruguayo habla, un día sí y el otro también, a través de diferentes referentes de mantener el crecimiento de los salarios atados a la “productividad” (como si ella dependiera de los trabajadores), cuando autoriza desaprensivamente emprendimientos protegidos por regímenes legales ad-hoc (como el de Montes del Plata), cuando se opone tenazmente a cualquier mención a las detracciones a las exportaciones, o a aumentar el arancel externo común del MERCOSUR como siempre están planteando Argentina y Brasil; lo que está haciendo, en los hechos, es destruir cualquier proyecto industrial sustentable.

Seguiremos, entonces, en el plano industrial atados a los frigoríficos, los derivados lácteos, esencialmente la leche en polvo, dado que la leche fluida es difícilmente exportable, el descascarado de arroz, y algunos sectores que por diversas razones, costo de los fletes, perecibilidad del producto, etc. Favorecen naturalmente la industrialización local. Por lo menos, reconozcámoslo, ahora se está bloqueando por vías administrativas la exportación de ganado en pie a Turquía.

Si faltara algún elemento de juicio reciente para evaluar hacia dónde se dirige la macroeconomía del país, la suba de la tasa de referencia de la COPOM del BCU del 8 al 8,75%, efectuada hace unos días, no hace más que subrayar lo que venimos sosteniendo.

En efecto, el aumento de la tasa de interés fue inmediatamente seguido por un descenso en la cotización del dólar en plaza. Efecto éste fácilmente anticipable, y seguramente buscado por los funcionarios que tomaron la medida.

¿Cómo actúa esto para controlar la inflación? Simple, la caída del dólar en plaza (debemos agregar justo cuando el verde aumenta su cotización relativa en el resto del mundo, especialmente frente al Euro) actúa bajando los precios de productos importados. Entre ellos el principal insumo de la economía, el petróleo. Disminuyen o aumentan menos, además los productos exportables que se consumen internamente, por ejemplo la carne, cuyos precios se arbitran con los de exportación.

Pero, claro, aumenta el precio relativo en la comparación internacional para todo lo que se produce internamente. Y esto es especialmente cierto para los productos industriales. Los salarios, por ejemplo, aumentan automáticamente en dólares; y con ellos todos los bienes y servicios intensivos en trabajo.

Más allá de que algunos funcionarios de la Dirección de Industria del MIEM traten de ir en el camino contrario, y fomentar la industrialización nacional, sus esfuerzos serán siempre neutralizados por una política económica centrada en la producción de exportables sin manufactura y la financierización.

Sobre este último tema no profundizaremos, pero no podemos dejar pasar la ocasión de comentar que la última reforma impositiva, que ata la rebaja del IVA a la compra con instrumentos (tarjetas de crédito y débito) emitidos por los bancos no es más que un paso en ese sentido.

De última, se le está dando a los bancos aún mayor poder para cobrar una especie de IVA privado, que es la tasa que los comerciantes pagan a los emisores de tarjetas por todo lo que se vende a través de éstas.

Y, por supuesto, significa ampliar las facultades relativas de los bancos como emisores de dinero y captadores del beneficio llamado “señoriaje”.

Pero el tema da para mucho más y lo trataremos en futuros trabajos.

PUBLICADO EL 4 DE ENERO EN ÁMBITO FINANCIERO

Rige compre nacional en los supermercados

Adiós a fideos italianos, planchas y aceites

Por: Sergio Dattilo

Éste será un año en el que cambiar la plancha, el secador de cabello, el caloventor y otros electrodomésticos pequeños será una tarea complicada: el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, les comunicó a las grandes cadenas de supermercados que todo lo que se fabrique en el país ya no se importará, restricción que se aplicará aun cuando las fábricas locales no den abasto.

Lo mismo sucederá con productos que algunos argentinos se habían acostumbrado a consumir, como las galletitas en lata danesas, los «wafers» (obleas) griegas en forma de cubanito rellenas de chocolate, los fideos italianos y los aceites de oliva españoles: «Acá se hacen galletitas y fideos; no hay por qué traerlas de afuera», les dijo Moreno a los supermercadistas en su primera reunión del año.

En el sector hubo casi unanimidad: la marca más afectada por estas restricciones será Jumbo; los supermercados del grupo germano-chileno Cencosud son los que apuntan (por «mix» de mercadería y por ubicación de sus sucursales) al segmento socioeconómico más alto, y son los que exhiben en sus góndolas los productos que ya no ingresarán al país.

En lo que hace a los electrodomésticos, varias empresas harán un viaje en el túnel del tiempo y volverán a fabricar planchas, caloventores y secadores de pelo. Son las que se vieron favorecidas por una medida de hace tres años (impulsada por el propio Moreno) que impide la importación de televisores, celulares y otros productos, y que les mantiene los estímulos fiscales por ensamblar (o simplemente poner un manual del usuario en español) esos aparatos en Tierra del Fuego.

Problema doble

Fuentes que participaron en el encuentro afirmaron que el problema con la decisión de Moreno es doble; uno es que la incipiente fabricación local no dará abasto -al menos en una primera etapa- para satisfacer una demanda que viene insatisfecha al menos desde 2010; el otro es la falta de variedad, modelos y avances tecnológicos de los productos que se harán en la Argentina. El tercero es que buena parte de los componentes de esos aparatos es importada, por lo que el impacto en la balanza de pagos (el efecto que busca Moreno) sería mínimo en el mejor de los casos.

El funcionario les «avisó» a los empresarios -que concurrieron encabezados por el presidente de la ASU (Asociación Supermercados Unidos), Juan Carlos Vasco Martínez, que los controles serán más estrictos aún de lo que venían siendo, y que él mismo se encargará de ejercerlos. Demandó también que se mantenga sin cambios en el precio y en la composición la venta de «cortes populares» de carne (son trece). Uno de los presentes en el encuentro confesó a este diario que «si a alguno se le ocurre tocar un precio de esos cortes, a los cinco minutos tenés un ejército de inspectores controlando todo...».

El encuentro fue prácticamente un monólogo en el que el omnifuncionario mezcló duras reconvenciones con chistes; por alguna razón fácilmente imaginable el más silencioso fue Matías Videla, el CEO de Jumbo designado por su dueño el chileno-germano, Horst Paulmann.