http://www.elpais.com.uy/informacion/inau-denuncias-fulco-no-valen.html
>>> Estas son parte de las gravísimas CONFESIONES de la presidenta del directorio del INISA frente a la comisión del Parlamento
Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día
30 de agosto de 2016 (VERSIÓN COMPLETA EN https://parlamento.gub.uy/…/documen…/versiones-taquigraficas)
ASISTENCIA
Presiden:
Señora Senadora Daniela Payssé, ad hoc, señor Senador Daniel Bianchi, Vicepresidente y Señor Senador Marcos Otheguy
Miembros:
Señoras Senadoras Verónica Alonso, Carol Aviaga y Lucía Topolansky y señores Senadores Daniel Bianchi, Marcos Otheguy y Yerú Pardiñas
Integrantes:
Señoras Senadoras Patricia Ayala y Constanza Moreira y señores Senadores José Amorín, Carlos Camy, Álvaro Delgado, Luis Alberto Heber, Rubén Martínez Huelmo y Rafael Michelini
Concurre:
Señor Senador Guillermo Besozzi
Invitados Especiales:
Por el Consejo Directivo Central de la Universidad Tecnológica: Consejeros licencidada Graciela Do Mato, ingeniero agrónomo Pablo Chilibroste y doctor Rodolfo Silveira, Secretario General señor Marcelo Martínez, Directora Financiera señora Rossana Santomauro, Asesor Letrado doctor Gabriel Delpiazzo y Asistente en Informática señor Ignacio Presa Por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente: Presidenta licenciada Gabriela Fulco, Vicepresidente doctor Eduardo Katz y Director señor Álvaro Viviano, Directora General doctora Alicia Díaz, Directora del Departamento Jurídico doctora Andrea Caffiro y contadora Nora Medina Por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señora Mirta García Montejo y por la Unidad Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas señora Ana Laura Amengual
SEÑORA FULCO.- Para ser concretos, quiero decir que nosotros llegamos a este sistema el 20 de mayo del año pasado, simplemente, con una referencia sobre él –que muchos podrían tener–, emergente de las relatorías internacionales y nacionales en el marco de lo que es su objetivo y su función: velar por el cumplimiento de los derechos humanos de los jóvenes internados. Eso es lo que conocíamos.
El ingreso al sistema fue el descubrimiento de un Uruguay que no pensábamos que teníamos, pese a que proveníamos del sistema penitenciario de adultos. Las condiciones de internación en todos los niveles resultaron paupérrimas. Lo único que uno puede sentir cuando entra a esta institución y ve a los jóvenes en la situación en la que están, es dolor. Les aseguro que ese dolor realmente nos llega y es por lo cual seguimos adelante –como bien lo señaló el doctor Katz–, porque nos revelamos contra esta situación que encontramos el 20 de mayo del año pasado.
Por ejemplo, en el sector de niños de 13 a 15 años, para dormir y disponer de una almohada tienen que agarrar un buzo o lo que tengan, rellenarlo con la ropa de que dispongan y hacerle un nudo. Puedo seguir hablando de las situaciones que tienen que ver con higiene, el deterioro estructural, la situación de los colchones –por llamar así a lo que tienen y que cumple esa función– y la falta de ropa, tanto de cama como para ellos mismos. Esto último lleva a determinadas desigualdades, todo dentro de la situación de pobreza. Los que tienen padres que puedan llevarles ropa, se las llevan pero, a su vez, esta inequidad que se genera en el sistema es parte de la cultura carcelaria o tumbera, de rastrillar al que tiene mejor que nosotros, lo cual genera situaciones de violencia entre los pares.
En ninguno de los niveles, esto es, en ninguno de los 18 centros –que son todos diferentes pero con la misma situación de pobreza interna– se cumple con los estándares internacionales aprobados por nuestro país en lo que tiene que ver con los menores privados de libertad, lo que da lugar a situaciones de conflicto, más allá de no contar con personal especializado. Como en algún momento mencionamos, tenemos un gran árbol genealógico dentro del Inisa; no sabemos cómo ingresó gente que está absolutamente emparentada, y eso genera dificultades, porque si se mueve alguien de un lugar salta media red del sistema. Esto se vincula también con la situación sindical, que genera obstáculos permanentes –que todos conocen– y una cultura básicamente del terror tanto para los chicos, porque en muchos casos no ha dejado que denuncien las cosas que les han pasado, como para las familias, que también permanecieron silenciadas respecto a estas situaciones bajo la amenaza de que les iba a ir peor a sus hijos.
Quiere decir que este ha sido un organismo largamente invisibilizado a los horrores que hemos encontrado y los expedientes que hemos leído. Debimos comenzar una cantidad de investigaciones administrativas, y del período anterior recibimos la finalización de determinados sumarios que tienen que ver con lo que ha sido la vida de estos jóvenes, que a mi entender supone generaciones perdidas. Quizás no reincidan por el efecto intimidatorio de esta situación de reclusión trágica, dramática; o quizás lo hagan y los encontraremos –como sucedió con la franja más importante– en el Instituto Nacional de Rehabilitación a lo largo de los años, donde una gran mayoría tienen antecedentes y registro de pasaje por institutos de la minoridad.
Por lo tanto, todo esto se define en una expresión: violencia institucional estructural, de la que todos somos responsables. En esta situación, no tenemos nada que nos permita sacar adelante a la institución, más allá de un plan –porque somos conocedores de la materia, hemos estudiado durante treinta años y hemos estado en continua formación sobre este tema– en el que nos movemos con la base científica de este conocimiento y podemos augurar que puede ser exitoso si disponemos de los fondos necesarios.
Este es el panorama que tenemos. Debemos presentar esta realidad porque es nuestro punto de partida. De otra manera, las cosas quedarán a medias o rengueando por el camino, pero no olvidemos que los principales afectados van a ser y seguirán siendo los jóvenes que están en esta situación. Los invito a todos a visitarnos y comprobarlo.
En el primer semestre de trabajo –ya hace un año– lo que hicimos fue apagar incendios en lo relacionado a la conflictividad del sistema, descolgar chicos que se cuelgan permanentemente por las condiciones en que viven. Les digo que no es nada desagradable descolgar un chico para salvarle la vida. ¿Qué es lo que lleva a los chicos a esa situación de autoagresión? Las condiciones en las cuales están recluidos y no otra cosa, más allá de que también muchos de ellos vienen de situaciones de encierro prolongado por la falta de una gestión con contenidos desde el punto de vista psicoterapéutico, educacional, de actividades recreativas, artísticas, esto es, la integralidad que debe tener un tratamiento. Entonces, estas autoagresiones son una alerta de que algo pasa en el sistema. La red vibra porque todos los días un chico que está en pleno desarrollo y en una etapa en la que sentimos que tiene toda la vida por delante y hay esperanza, está cortándose para autoeliminarse. Muchas de las situaciones fueron atendidas a tiempo, y en un período de un año hubo una muerte por autoeliminación.
Ese panorama nos muestra el estado del sistema. Como decía el doctor Katz, no estamos acá para buscar responsables; estamos acá para mirar hacia adelante. Esto hay que cambiarlo de una vez por todas, si no, vamos a seguir arrastrando la misma situación.
Se habló de que hicimos una auditoría; seguimos relevando irregularidades desde el punto de vista administrativo, que son muchas y tienen que ver con robos de materiales del sistema y comida, con personal que no está calificado para el trato directo con jóvenes en distintos niveles de la Administración y con vicios que se arrastran desde hace varias décadas. Quizás desde siempre haya sido así, ya que no sabemos cuál habrá sido el punto de inicio de tanto deterioro, y creo que en eso también todos tenemos responsabilidad, porque quedó invisibilizado o no se quiso ver, atender a tiempo e intervenir para cambiar el sistema.
Entonces, más fondo que el que se ha tocado creo que no se puede tocar; ya es hora de cambiar y para eso estamos pidiendo los recursos mínimos. Pedíamos un monto, pero el Ministerio de Economía y Finanzas nos dijo qué era lo posible, por lo que estamos apenas rascando el mínimo para funcionar y poder revertir esta realidad, porque es otra generación que no podemos perder, que tenemos que sacar adelante.
Este es un resumen que trata de contestar algunas de las inquietudes que se presentaron y estamos abiertos a seguir contesttando
>>> Los horrores
.
Chalecos punitivos
Pedernera asegura que el PIT-CNT tiene doble estándar sobre la tortura; planteó abolir las cárceles para adolescentes.
En el marco del Debate sobre seguridad organizado por el
PIT-CNT y Proderechos, entre otras organizaciones, una actividad del Día
del Futuro, se llevó a cabo la mesa “Hacia un nuevo sistema penal
juvenil”. El integrante del Comité de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas Luis Pedernera dijo que no cree que “ninguna cárcel cumpla con
los fines que se proclama de rehabilitación y reeducación”. Aseguró que
“las cárceles son depósitos de personas” y “deterioran”. Sí cree en los
“componentes socioeducativos para disminuir la violencia estructural que
contiene todo tipo de institución como esta [...] pero nunca para
legitimarla”. Además, dijo estar de acuerdo con abolir las cárceles
“como propuesta para los niños”, y manifestó su “preocupación” por la
impunidad de la tortura que es, en algunos casos, impune ante el
PIT-CNT. “He visto a la central sindical con un doble estándar en los
temas de tortura. Una cosa es la tortura de los presos políticos y en la
dictadura, y otra cosa es la tortura de los peores, de los que cometen
delitos y de los que nos amargan la vida con la inseguridad. Una se
denuncia, nos organizamos para repudiarla, y la otra ahí queda, bajo un
manto de oscuridad”, aseguró.
En ese sentido, agregó que ha “acompañado a madres de gurises y a funcionarios que han sido amenazados y suspendidos en la afiliación gremial por denunciar tortura”, y desde el PIT-CNT se los “descalifica” diciendo “esperemos que avancen las investigaciones, que hacen falta protocolos; palabra prácticamente leitmotiv de algún dirigente sindical, pero la tortura sigue ocurriendo”. Contó que hace menos de 15 días denunció “una situación de tortura en un centro donde a algunos adolescentes se les suspendió la hora de la comida porque era la hora de comer de los funcionarios, se los golpeó y se les suspendió las visitas”. Explicó que la “lógica” es “esto no se registra”: esa es la “peor versión” de lo que sucede en “barrios de la periferia urbana, en los asentamientos, donde la gente te dice ‘acá lo mejor es no hacer, no hablar, no escuchar’”. “Me niego a sostener esa lógica, que es la base de la impunidad de la tortura, se haga donde se haga”, declaró.
Además, Pedernera criticó al Ministerio del Interior y la política gubernamental de seguridad y convivencia: “Se pide más garantías para el accionar policial [cuando muere un oficial], las respuestas han sido desarrollar la lógica de la legítima defensa presunta a favor de los policías o, como ocurre hoy en el Parlamento, una ley que agrava las penas si se mata a un policía en ocasión de servicio. La legítima defensa presunta en América Latina es el gatillo fácil, y se lleva la vida de todos los gurises que hoy nos convocan acá, a sentarnos a discutir. Ojo con esas propuestas, y ojo porque surgen, muchas veces, de las preocupaciones legítimas de los sindicatos”, opinó.
Estamos mal
Lucía Vernazza habló en representación de UNICEF. Dijo que a nivel internacional, la situación uruguaya es “compleja”, por ello pidió un “cambio radical” en la administración de la justicia penal, desde “cambios normativos” hasta “fortalecimientos institucionales”. Explicó por qué: Uruguay viola el principio de excepcionalidad consagrado en la Convención de los Derechos del Niño; la privación de libertad adolescente en el país no es el “último recurso”, no se imputa por “el menor tiempo posible” y, además, el sistema penal juvenil tiende a reproducir el sistema penal de adultos. “El debate ya está superado: está comprobado que la privación es una medida sumamente dañina para el adolescente, que no es efectiva para lograr mayor seguridad a la ciudadanía. La cárcel no soluciona los problemas de seguridad, eso que le interesa al sistema político: es más cara que desarrollar medidas no privativas”, advirtió.
En ese sentido, agregó que ha “acompañado a madres de gurises y a funcionarios que han sido amenazados y suspendidos en la afiliación gremial por denunciar tortura”, y desde el PIT-CNT se los “descalifica” diciendo “esperemos que avancen las investigaciones, que hacen falta protocolos; palabra prácticamente leitmotiv de algún dirigente sindical, pero la tortura sigue ocurriendo”. Contó que hace menos de 15 días denunció “una situación de tortura en un centro donde a algunos adolescentes se les suspendió la hora de la comida porque era la hora de comer de los funcionarios, se los golpeó y se les suspendió las visitas”. Explicó que la “lógica” es “esto no se registra”: esa es la “peor versión” de lo que sucede en “barrios de la periferia urbana, en los asentamientos, donde la gente te dice ‘acá lo mejor es no hacer, no hablar, no escuchar’”. “Me niego a sostener esa lógica, que es la base de la impunidad de la tortura, se haga donde se haga”, declaró.
Además, Pedernera criticó al Ministerio del Interior y la política gubernamental de seguridad y convivencia: “Se pide más garantías para el accionar policial [cuando muere un oficial], las respuestas han sido desarrollar la lógica de la legítima defensa presunta a favor de los policías o, como ocurre hoy en el Parlamento, una ley que agrava las penas si se mata a un policía en ocasión de servicio. La legítima defensa presunta en América Latina es el gatillo fácil, y se lleva la vida de todos los gurises que hoy nos convocan acá, a sentarnos a discutir. Ojo con esas propuestas, y ojo porque surgen, muchas veces, de las preocupaciones legítimas de los sindicatos”, opinó.
Estamos mal
Lucía Vernazza habló en representación de UNICEF. Dijo que a nivel internacional, la situación uruguaya es “compleja”, por ello pidió un “cambio radical” en la administración de la justicia penal, desde “cambios normativos” hasta “fortalecimientos institucionales”. Explicó por qué: Uruguay viola el principio de excepcionalidad consagrado en la Convención de los Derechos del Niño; la privación de libertad adolescente en el país no es el “último recurso”, no se imputa por “el menor tiempo posible” y, además, el sistema penal juvenil tiende a reproducir el sistema penal de adultos. “El debate ya está superado: está comprobado que la privación es una medida sumamente dañina para el adolescente, que no es efectiva para lograr mayor seguridad a la ciudadanía. La cárcel no soluciona los problemas de seguridad, eso que le interesa al sistema político: es más cara que desarrollar medidas no privativas”, advirtió.
. Publicado el 26 ago. 2015
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado