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El Ministerio de Defensa mantiene intactas las jubilaciones de los militares detenidos por violaciones de derechos humanos

Una demora jurídica. Así definieron los funcionarios del Ministerio de Defensa consultados por Búsqueda la tardanza de 68 días para responder un pedido de acceso a la información formulado el 21 de junio. En el pedido, se solicitaba información referente a las jubilaciones y pensiones de varios militares procesados con prisión por delitos cometidos durante la dictadura (1973-1984).
Búsqueda inquirió si los militares retirados Gregorio Álvarez, Juan Carlos Gómez, José Nino Gavazzo, José Nelson Chialanza, Carlos Calcagno, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Araujo Umpiérrez recibían algún tipo de jubilación o pensión, a cuánto ascendían sus ingresos por este rubro y si dentro de sus potestades el Ministerio había recortado, suprimido o modificado en algo esos ingresos.
Aunque disponían de 20 días legales para responder, el Ministerio hizo pasar el pedido por varias oficinas jurídicas de sus departamentos hasta que este miércoles respondió. Habían pasado cinco días desde que Búsqueda presentó una denuncia por demoras ante la Unidad de Acceso a la Información Pública.
En la respuesta, el organismo señala que los militares en cuestión “perciben pasividades” y que las mismas “no fueron recortadas, suprimidas ni modificadas”. Sobre los ingresos de los militares procesados, Defensa se negó a entregar la información, amparándose en que dichos datos son de carácter confidencial, ya que refieren al patrimonio de las personas. “La Administración no se encuentra obligada a aportar” esos datos, sostuvo el Ministerio.

Números militares. 

Aunque no se puede tener un número exacto, los ingresos de los militares procesados por concepto de pasividades son de “no menos de $ 60.000” , según fuentes del Servicio de Pensiones de las Fuerzas Armadas, militares retirados y en actividad consultados por Búsqueda.
La excepción del grupo es la de Ernesto Soca, ya que es soldado y no oficial, por lo que percibe sensiblemente menos.
Las jubilaciones militares son un complejo cálculo que se basa en los años de servicio, la edad, porcentajes de aporte diferenciado y que incluye una tasa de reemplazo singular, lo que hace que cada pasividad sea “casi única”.
Sin embargo, según los cálculos de las fuentes, actualmente un coronel del Ejército se jubila ganando al menos $ 75.000 nominales en el peor de los casos. Si el coronel cumplió 55 años de edad, 36 años de servicio, estuvo 5 años en el grado y fue calificado como “muy apto”, entonces se jubila con el grado inmediato superior.
En ese caso, su jubilación se apareja a un sueldo de general, de más de $ 80.000, dijeron las fuentes. Entre los militares detenidos hay varios coroneles: Juan Carlos Gómez, Nelson Chialanza, Carlos Calcagno y Jorge Silveira.

El caso más sonado es el de Gregorio Álvarez . El militar se retiró con la máxima jerarquía: teniente general, equiparable hoy al grado de general de Ejército que ostenta Guido Manini Ríos.
Según militares y funcionarios del servicio de retiro, un comandante en jefe jubilado gana unos $ 150.000 líquidos . El sueldo del general de Ejército en actividad es de $ 95.000.
Esta disparidad se da, explican las fuentes, porque los retirados que cumplen con los 36 años de servicio dejan de aportar el montepío, lo cual representa un “aumento automático” del 13% en la pasividad. Pero además, las jubilaciones se ajustan por el índice medio de salarios mientras que los sueldos lo hacen por Índice de Precios al Consumo, donde se genera otra disparidad en favor de los haberes jubilatorios.
Álvarez también cobraba por el BPS una jubilación que superaba los $ 100.000 en calidad de ex presidente de facto. En febrero del 2008 el organismo suspendió esa jubilación, luego de que Álvarez fuera procesado por reiterados delitos de “homicidios muy especialmente agravados” de 37 personas.

Reformados y Tribunal. 

“No existe normativa que regule la suspensión de haberes de retiro a las personas que cumplen pena de penitenciaría como en el caso de los titulares citados cuando revistan en calidad de retirados”, argumentó la Asesoría Jurídica del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas en la respuesta al pedido de información.
Sin embargo, existe un mecanismo jurídico que permite al Ministerio de Defensa impulsar la quita de hasta dos tercios de la jubilación de militares retirados: la convocatoria a un Tribunal de Honor que juzgue el accionar de estos oficiales retirados.
Así, un militar puede pasar de estar en situación de retiro a situación de reforma, en la que “pierde el derecho a ocupar cargos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, ni aun en la reserva, y que tampoco puede usar el título ni el uniforme correspondientes al grado que investía”, según la ley orgánica militar.
En esa situación de reforma, el Tribunal puede fallar retirarle hasta dos tercios de su jubilación, la que sería cobrada por su núcleo familiar más cercano. De no tenerlo, ese dinero pasaría a Rentas Generales.
Según el artículo 212 de dicha ley, la reforma puede ser motivada “por mala conducta pública o privada que arroje grave desprestigio sobre la institución militar”. La pena en la quita de haberes puede reverse a los cinco años, no así el resto de los deméritos.
Un Tribunal de Honor del estilo se formó y reformó al ex coronel Gilberto Vázquez, pero no por haber sido procesado por delitos contra los derechos humanos, sino porque en 2006 se fugó del Hospital Militar cuando había “dado su palabra al comandante” de que no intentaría ningún escape.
En 2012, el entonces ministro Eleuterio Fernández Huidobro y el presidente José Mujica homologaron un nuevo fallo del Tribunal de Honor Militar que le restituía el 100% de su jubilación.
“No se entiende qué es lo que reclaman ciertos periodistas e internau­tas: ¿Que les peguemos? ¿Que los torturemos? ¿Que persigamos a sus familias?”, dijo Fernández Huidobro en ese momento en una carta abierta en la que justificó la decisión.


>>> Oir a Carlos Pelaez 

http://audios.espectador.com/2016/09/08/cosechandoamigos160908.mp3

1 vez por año la buseca de Ibiray


Mientras hay victimas de la dictadura con graves problemas económicos