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Los vínculos militares del embajador de los Estados Unidos Kenneth George.
7 febrero, 2020
La banalización en torno al terrorismo de Estado, a veces premeditada, a veces espontánea, cumple un papel fundamental en el mantenimiento de la impunidad.
Lo que es excepcional e inadmisible se vuelve “normal”. Cuando un abogado de derechos humanos reitera la lentitud de la justicia –velocidad de babosa, se dijo– para cuestionar la paralización durante años de un expediente judicial en el que aparecen acusados violadores de los derechos humanos, esa paralización se asume como normal. Cuando se acusa a la Suprema Corte de Justicia de permitir las escandalosas triquiñuelas de los abogados de los terroristas de Estado para dilatar los juicios, el silencio inmutable de los honorables magistrados se asume como normal. Cuando un periodista informa sobre el juicio por difamación impulsado por Miguel Sofía y presenta a este miembro del Escuadrón de la Muerte como un “empresario de las comunicaciones”, se olvida que se está refiriendo a un acusado del asesinato de Manuel Ramos Filippini (en la tarde de ayer se archivó la denuncia y Sofía regresó a la cárcel).
Cualquier delincuente que haya cometido un homicidio y siga prófugo desencadena reclamos imperiosos, críticas a la acción policial y, por supuesto, referencias a los responsables de la “inseguridad”. Pero no provoca la misma reacción saber que asesinos seriales de víctimas que previamente fueron torturadas, y en algunos casos, violadas, andan sueltos por la calle, o prófugos en santuarios brasileños o españoles, o viviendo en “prisión domiciliaria”; no genera ninguna reacción, ninguna alarma. Eso es banalización, una manera de apostar a que las prácticas de terrorismo de Estado, verdaderas pústulas que infectan la sociedad, y cuya cirugía resulta imperiosa para el tejido social, simplemente se olviden. Esta forma de dar vuelta la página, “dejar que la biología resuelva el problema”, no es inocente, beneficia a los directos responsables, y actúa a favor de las corrientes políticas conservadoras que manejan el terrorismo de Estado como última carta bajo la manga.
CURSO SOBRE MISIONES DE PAZ. En los últimos días aparecieron otros ejemplos de banalización. El flamante embajador de los Estados Unidos, Kenneth George –empresario del petróleo, designado por Donald Trump y vecino y amigo de George W Bush–, ha estado activo en sus vínculos con militares. En octubre, a poco de asumir, presidió, en la sede de la embajada, un curso sobre misiones de paz, al que concurrieron, además de militares de otros países, los generales uruguayos Marcelo Montaner y Mario Stevenazzi, y el coronel Pablo Caubarrere.
Fue jefe de la División del Ejército II y de la III y comandante en jefe del Ejército de modo accidental cuando el gobierno pasó a retiro al general Manini Ríos, a raíz de sus apreciaciones sobre la justicia en el documento que daba cuenta de la resolución del tribunal de honor en el que José Nino Gavazzo confesó haber desaparecido a Roberto Gomensoro. En su interinato en la comandancia del Ejército, Montaner permitió que Guido Manini, ya destituido, usara el canal de Youtube del Ejército para difundir el famoso mensaje al personal militar. Por esto, Montaner fue sancionado con tres días de arresto. El general ya había cobrado notoriedad en 2018, durante otra ausencia de Manini, cuando como comandante autorizó a la banda del Ejército a que ejecutara la “Marcha tres árboles”, emblema del Partido Nacional, en el cierre de la Rural del Prado. La presencia del general Montaner en el curso dictado en la embajada de Estados Unidos responde a la misión de paz que él dirigió en el Congo.
OTROS ENCUENTROS. El embajador George protagonizó más recientemente otros dos encuentros militares. Uno de ellos, en un acto vinculado a un programa de cooperación, cuyos detalles no fueron dados a conocer, aun cuando se informó que allí “hubo un representante del ministro” de Defensa, José Bayardi. El otro episodio estuvo referido a la entrega de una condecoración al general Alejandro Salaberry, presumiblemente, antes de que pasara a retiro el 31 de enero. La ceremonia habría estado motivada en su desempeño como agregado militar en Washington en 2017. Salaberry ostenta inequívocos signos de adhesión a la impunidad: en diciembre de 2014, como director general de los Servicios de las Fuerzas Armadas, fue uno de los altos oficiales que cargaron el féretro del general Miguel Dalmao (primer general en actividad procesado por crímenes de la dictadura, en este caso por el asesinato de Nibia Sabalsagaray) desde la entrada del cementerio de Soca hasta el panteón. Durante el sepelio, el general retirado Wile Purtscher pronunció un discurso en el que afirmó, entre otras cosas, que Dalmao “fue asesinado por la democracia, asesinado por los derechos humanos, asesinado por una arpía justicia que está desvirtuada por aspectos personales, ambiciones a futuro e hinchada de venganza”.
En 2018, el general Salaberry fue designado miembro del tribunal de alzada que estudió el trámite del tribunal de honor sobre Gavazzo. Junto con los generales Claudio Romano y Carlos Sequeira, Salaberry dictaminó el pase a reforma de Gavazzo por no haber comunicado la inocencia del coronel Juan Carlos Gómez, que había sido procesado por la desaparición de Gomensoro. Pero el tribunal de alzada no consideró un deshonor que Gavazzo haya sido el autor confeso de la desaparición del prisionero. El oficial, que ahora es condecorado por Estados Unidos, se salvó de la destitución solicitada por el presidente Tabaré Vázquez debido a que la oposición, particularmente los blancos, negaron sus votos para ello. Salaberry permaneció en actividad hasta el término de su mandato como general.
Estas actividades del diplomático estadounidense parecen estar en sintonía con el propósito expresado por el subsecretario para Asuntos Políticos de Estados Unidos, David Hale, quien, tras una reunión con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, razón casi exclusiva de su viaje relámpago a Montevideo, afirmó, según una entrevista concedida a Búsqueda, que hay áreas en las que la “cooperación” entre Uruguay y Estados Unidos aumentará una vez que Lacalle Pou asuma el gobierno
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DE PUMBA. La banalización de los crímenes del terrorismo de Estado y sus métodos alcanzan en ocasiones ribetes grotescos. Hace unos días, en el programa Verano Chaná de Difusora Soriano –dirigido por el ex candidato a intendente por ese departamento Carlos Navarro Cordero–, uno de los panelistas, Felipe Gutiérrez, propuso aplicar la “mano dura, la pesada”, para resolver los problemas de la inseguridad en las calles. “¿Usted está proponiendo que regresen los militares?”, se le preguntó. “¡Cómo no! –respondió–. Y una retroexcavadora para enterrar a todo el bichicomaje, para adentro nomás. Así, pumba.” De la misma forma, cierta superficialidad para tratar los delitos de lesa humanidad o la búsqueda de los desaparecidos, establecer la verdad y reclamar justicia puede atentar contra los objetivos propuestos.
Hace algunas semanas una columna de opinión firmada por la historiadora Fabiana Larrobla afirmaba que a partir de la decisión política de traspasar el cometido de búsqueda desde el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia a la Institución Nacional de Derechos Humanos (incluida la no contratación del equipo de historiadores) implicaría que “las investigaciones que se realizan sobre detenidos desaparecidos, fallecidos y asesinados políticos por responsabilidad del Estado […] serán suspendidas”. La afirmación fue publicada el mismo día en que el equipo del Giaf retomaba las excavaciones en predios militares.
Algo similar ocurrió con el anuncio de que el Estado había enviado a la Corte de Roma, donde se tramita el llamado “juicio del Cóndor”, una documentación que probaría la participación del teniente de navío Jorge Tróccoli –procesado por la desaparición de prisioneros de origen italiano– en la desaparición de la maestra Elena Quinteros, cuya captura dentro de los jardines de la embajada venezolana provocó una seria y prolongada crisis diplomática. En esa oportunidad, Quinteros fue devuelta al 300 Carlos, el siniestro centro clandestino de detención que funcionó en un galpón del predio militar compuesto por el Regimiento de Caballería número 13 y el Servicio de Materiales y Armamento. Según el documento, Tróccoli, que operaba en la Armada y que en 1977 fue responsable de la inteligencia de Fusileros Navales (Fusna), participó del secuestro.
Pero el abogado Pablo Chargoñia, que impulsa en la justicia uruguaya el caso de Quinteros, formuló públicamente un reproche al gobierno porque ese documento enviado a Roma no fue comunicado al juez de la causa ni al fiscal especial para delitos de lesa humanidad. De hecho, al afirmar que nadie conoce el texto del documento, implícitamente puso en duda la confirmación de la participación de Tróccoli en ese caso. La única referencia que se conocía era la afirmación del capitán de navío retirado Alex Lebel, quien en un tribunal de honor aseguró que la camioneta con la que se trasladó a Quinteros pertenecía al Fusna. Esas declaraciones de Lebel ya habían sido entregadas al abogado italiano que representa a las víctimas uruguayas, y, hasta donde se sabe, los funcionarios del Grupo de Trabajo que digitalizaron el archivo del Fusna no habían hallado nuevos materiales sobre la participación de Tróccoli, cuya responsabilidad en la guerra sucia está suficientemente probada.
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