Un encubridor procaz
Luego que el Dr. Tabaré Vázquez lo destituyó como comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos realizó una amplia recorrida por diferentes medios de comunicación, radios y canales de televisión, al tiempo que anunciaba su postulación presidencial. Tal como lo puso de manifiesto el periodista y escritor Leonardo Haberkorn, en varias notas publicadas en El Observador, en dichas presentaciones, en ningún momento señaló haber informado a la Justicia acerca del testimonio incriminatorio brindado por José Nino Gavazzo sobre la desaparición del cuerpo de Roberto Gomensoro Josman, asesinado en el cuartel de Artillería N°1, en marzo de 1973, durante el gobierno de Juan María Bordaberry.
Manini Ríos: ocultó información para favorecer la impunidad de Gavazzo En las diferentes entrevistas que concedió, explicó de manera reiterada, cuáles fueron las razones de no cumplir con su obligación de poner en conocimiento de la justicia los hechos de apariencia delictiva de los que fue informado por sus subordinados. Henchido de la soberbia propia de la impunidad, las grabaciones de Radio Carve, Radio Universal y de “Buen día Gente” de Canal 10 son un testimonio indudable de su reconocimiento público de sus omisiones, de su tránsito institucional al margen de la ley, aunque ahora se presente como una víctima perseguida del sistema.
Las leyes son claras
De acuerdo a las normas vigentes, todos los funcionarios estatales tienen la obligación de denunciar los hechos de apariencia delictiva de los cuales toman conocimiento mientras ejercen sus actividades oficiales. Los militares, desde el regreso a la institucionalidad democrática, no tienen, en términos legales, ningún privilegio al respecto. Deben cumplir con las disposiciones que son comunes a todos los ciudadanos.
Aunque la Ley de Caducidad, desde diciembre de 1986 a octubre de 2009 les permitió eludir la justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, en la actualidad, ya no gozan de ningún privilegio.
Las leyes son disposiciones destinadas a regular la convivencia social de una manera armoniosa y pacífica de las sociedades. Son aprobadas siguiendo procedimientos públicos y reglamentados, por un poder del Estado elegido cada cinco años, de manera democrática, a tales efectos.
Tal como lo establece el Código Penal uruguayo, los funcionarios que no informan al poder judicial cometen un delito y deben ser sancionados penal y administrativamente, de acuerdo a la gravedad de la falta, siendo juzgados con todas las garantías del debido proceso.
Pruebas irrefutables
Las evidencias en contra de Guido Manini Ríos son abrumadoras. No existe ningún documento que acredite que haya cumplido con su obligación de informar al Poder Judicial como correspondía.
Manini Ríos entregó las actas del Tribunal de Honor a las jerarquías del Ministerio 10 meses después que José Nino Gavazzo realizó su primera confesión. Lo hizo, además, presentando un escrito propio que no aludía al asesinato de Gomensoro Josman y tampoco hacía mención al testimonio autoincriminatorio de Gavazzo ni a las declaraciones formuladas por Jorge “Pajarito” Silveira.
En su recorrida mediática del momento, además, Guido Manini Ríos explicó públicamente las razones del incumplimiento legal de sus obligaciones y las justificó, variando su relato, ante audiencias amplias y masivas. Por si fuera poco, tres generales en situación de retiro, que integraron los Tribunales de Honor, ya lo responsabilizaron en los estrados judiciales por las omisiones.
Un crimen de Lesa Humanidad
Como comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos sabía que José Nino Gavazzo había sido eximido de responsabilidad por el asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro Josman, que la causa había sido archivada, siendo un crimen impune, al igual que el de Eduardo Pérez. Su ocultamiento deliberado de los testimonios de José Nino Gavazzo y de Jorge “Pajarito” Silveira fue un acto de complicidad con los responsables de dos causas pendientes de resolución. El aplauso del Centro Militar a la conducta de Manini Ríos es el reconocimiento a su complicidad militante con los principales criminales estatales.
El Senado debe comprometerse con la Justicia
La Cámara de Senadores no puede estar integrada por personas con causas judiciales, con personas que violentaron las disposiciones legales vigentes y que, además, han encubierto a los responsables de crímenes de Lesa Humanidad para que puedan evadir su castigo, transformándose en cómplices de ellos. En democracia, somos todos iguales ante la ley: debe haber justicia. Los delincuentes deben ser juzgados y condenados.
En cuanto se instale el nuevo Parlamento, la Cámara de Senadores deberá abordar la solicitud de desafuero del general retirado Guido Manini Ríos, imputado de ocultar información sobre un hecho delictivo, para encubrir a José Nino Gavazzo.
Para afirmar la institucionalidad republicana, el Senado debe votar su desafuero. Sobran evidencias en su contra. Todos los senadores deben asumir su responsabilidad y su obligación de contribuir con el Poder Judicial para aplicar las leyes vigentes. Votar el desafuero de Manini Ríos para que sea juzgado, como corresponde, es un compromiso con la legalidad democrática y de rechazo al terrorismo de Estado.
------- Opinando N° 3 – Año 9 – Miércoles 12 de febrero de 2020
>>> También, no te olvides
El presidente Tabaré Vázquez decidió ayer desmontar la cúpula del Ministerio de Defensa, tras divulgarse el contenido de las actas del Tribunal de Honor Militar con las confesiones de José Gavazzo sobre la desaparición de Roberto Gomensoro, que no fueron comunicadas al mando superior. El Tribunal estaba integrado, entre otros, por el comandante en Jefe del Ejército José González, a quien el presidente decidió también destituir, al igual que el resto de los generales implicados.
La decisión de remover al ministro Jorge Menéndez y al viceministro Daniel Montiel está vinculada con su responsabilidad jerárquica en el caso y con el hecho de que a Vázquez -que firmó la homologación de las actas del Tribunal- no se le comunicara su contenido.
Sin embargo, una información aportada hoy por el diario El País pone en entredicho la responsabilidad de Jorge Menéndez. De acuerdo al artículo de Pablo Fernández y Pablo Melgar, Menéndez leyó las actas del Tribunal de Honor y llamó a dos de los abogados que lo asesoran.
Juntó el material y acompañado de los abogados Alfredo Maeso y Josefina Nogueira pidió audiencia con el secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma. Allí le entregaron los documentos, le comentaron sobre la confesión por José Gavazzo y le sugirieron presentar una denuncia penal, de acuerdo a varias fuentes consultadas por el matutino (del Partido Socialista, del Gobierno y del Ministerio de Defensa).
El material del Tribunal de Honor, de acuerdo a la información del matutino, estaba en manos de Presidencia desde la segunda quincena de febrero. Los dos abogados que acompañaron a Menéndez se excusaron de confirmar o desmentir la información, al ser llamados por El País.
Esta información dejaba una duda planteada. ¿La información que llegó a Toma fue transmitida al presidente Vázquez? Con esta interrogante en mente, los autores del artículo llamaron a Toma.
En la charla, que el matutino transcribe íntegramente, Toma no es claro al responder las preguntas que se le formulan, pero al ser consultado expresamente no desmiente que se haya reunido con Menéndez por este caso y aclaró que a Presidencia llegó un expediente para homologar fallos del Tribunal de Honor. Sin embargo, asegura que no recibió "declaraciones de nadie", al ser consultado si Menéndez le habló de las confesiones de Gavazzo.
Cuando le preguntan si Menéndez le sugirió que se debía presentar la denuncia, replicó que "están diciendo cualquier disparate".
Uruguay quien es quien
Un nuevo presidente en Uruguay proveniente de la oligarquía nacional, integrante del Partido nacional quien integró la dictadura cívico Militar con varios integrantes y con un presidente de facto como fue Aparicio Méndez, por otro su padre quien fue presidente fue quien en democracia censuró a la prensa en aquel recordado 24 de agosto con heridos y muerte por las fuerzas represivas.
Como si esto fuese poco, la coalición del nuevo gobierno la integran otros grupos que también integraron la dictadura cívico militar como el Partido Colorado con Bordaberry quien dio dicho golpe y muchos más de sus integrantes, siempre que este gobierno estuvo en el gobierno fue represor y también genocida de la Raza Charrua o sea el genocidio de Salsipuedes.
Otro de los integrantes Cabildo Abierto esta integrado por militares golpistas vinculados y denunciados por violación a ddhh y su líder siendo investigado por ocultación de información. Otro es el Partido Independiente que se decía de centro izquierda y se alía por un ministerio con toda la derecha o sea demostrando lo que es en realidad.
Es lamentable algo que ya se veía que es el alineamiento a las políticas de EEUU en temas de Política Internacional.
Marcando cuál será el camino que es alinearse al Cartel de Lima, con el apoyo a Luis Almagro y sus políticas intervencionistas.
Desconociendo todos los protocolos internacionales, no invitando y haciendo ya perfilismo político contra Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Mostrando su doble moral política invita a la nazista boliviana Añez a la asuncion, siguiendo claramente los lineamientos de EEUU.
Realmente a invitados a los gobiernos represores de sus pueblos como Chile, Ecuador, Colombia etc.
Esta forma de actuar muestra que su accionar político será de por y para estar bien con su amo eeuu y sus políticas intervencionistas.
Ese no es el sentir del pueblo uruguayo y este señor no debe olvidar que ganó por apenas un punto de diferencia.
#LealesSiempreTraidoesNunca
#RedConaicop
Ruben Suarez
Secretaria Internacional
Febrero 2020
Manuel Cordero en el juzgado de Sant'Ana do Livramento. (archivo, octubre 2008)
La Justicia uruguaya no pudo completar el trámite de extradición de Manuel Cordero, que se encuentra preso en Argentina
20 de febrero de 2020
Para que el proceso sea concretado, es indispensable la autorización de Brasil.
Si bien en 2018 la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa
Humanidad solicitó la extradición desde Argentina del coronel retirado
Manuel Cordero -preso en ese país por violaciones a los derechos humanos
del Plan Cóndor-, la Justicia uruguaya no pudo completar el trámite
para presentar la solicitud formal en los siguientes 30 días, como
establece la normativa.
Según publicó este jueves el semanario Búsqueda, el pedido de extradición realizado por el fiscal Ricardo Perciballe hizo que se dispusiera un arresto preventivo de Cordero (que de todas maneras se encuentra en prisión domiciliaria), pero en los 30 días posteriores la Justicia no logró continuar con el trámite, por lo que se debió levantar el arresto preventivo.
Perciballe sostuvo al semanario que el levantamiento del arresto preventivo no tuvo consecuencias graves debido a que Cordero se encuentra en prisión domiciliaria, lo que evita que exista riesgo de fuga. “La situación es de mayor preocupación si la persona requerida está libre. En este caso está sujeto a la Justicia argentina”, comentó.
El fiscal explicó que la extradición de Cordero también depende, en última instancia, de que Brasil la autorice: el militar retirado fue detenido en ese país y desde allí fue extraditado a Argentina.
Entonces, si un tercer país lo requiere, es el Estado que habilitó su traslado inicial quien debe aprobar la extradición. Perciballe informó que Uruguay no obtuvo aún la autorización de Brasil, por lo que no pudo enviar la autorización formal a tiempo.
A pesar de estas dificultades burocráticas, el fiscal aseguró que no haber presentado el pedido formal “no inhibe que el proceso de extradición se mantenga”.
Perciballe busca investigar a Cordero por abusos sexuales y torturas cometidas contra 28 mujeres en centros de detención clandestina durante la Dictadura.
Según publicó este jueves el semanario Búsqueda, el pedido de extradición realizado por el fiscal Ricardo Perciballe hizo que se dispusiera un arresto preventivo de Cordero (que de todas maneras se encuentra en prisión domiciliaria), pero en los 30 días posteriores la Justicia no logró continuar con el trámite, por lo que se debió levantar el arresto preventivo.
Perciballe sostuvo al semanario que el levantamiento del arresto preventivo no tuvo consecuencias graves debido a que Cordero se encuentra en prisión domiciliaria, lo que evita que exista riesgo de fuga. “La situación es de mayor preocupación si la persona requerida está libre. En este caso está sujeto a la Justicia argentina”, comentó.
El fiscal explicó que la extradición de Cordero también depende, en última instancia, de que Brasil la autorice: el militar retirado fue detenido en ese país y desde allí fue extraditado a Argentina.
Entonces, si un tercer país lo requiere, es el Estado que habilitó su traslado inicial quien debe aprobar la extradición. Perciballe informó que Uruguay no obtuvo aún la autorización de Brasil, por lo que no pudo enviar la autorización formal a tiempo.
A pesar de estas dificultades burocráticas, el fiscal aseguró que no haber presentado el pedido formal “no inhibe que el proceso de extradición se mantenga”.
Perciballe busca investigar a Cordero por abusos sexuales y torturas cometidas contra 28 mujeres en centros de detención clandestina durante la Dictadura.
EUREKA CAMBIAMOS AL ÑATO Y SUS TRAIDORES POR CORDERO Y MANINI....
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