Presidenciales

 

Los mismos perros con distinto partido.


uruguayas de 2024: pese a la corrupción sobran precandidatos

 
Luvis “Ho” Pareja, enero 2024 www.estrategia.la

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de Uruguay se llevarán a cabo el domingo 27 de octubre de 2024. Los partidos políticos ya comenzaron a lanzar sus precandidatos, mientras sigue la incógnita si se logrará conservar la Coalición Multicolor que llevó a Luis Lacalle Pou al poder y si la renovación del centroizquierdista Frente Amplio logrará la recuperación del gobierno.

Diez de los posibles candidatos para las elecciones internas de 2024. 17 % no sabe a quien elegir

El Partido Nacional (blanco) en el gobierno -junto a una coalición multicolor-, encara una renovación: Luis Lacalle está inhabilitado de presentarse pese a su imagen positiva. La renovación también la están haciendo los demás partidos de la su alianza de las elecciones pasadas, mientras la oposición mayor es la del centroizquierdista Frente Amplio, que cuenta con nuevas figuras.
Para el primer escalón de esta sucesión faltan aún seis meses: el domingo 30 de junio de 2024 cada partido defina en elecciones internas quiénes serán sus candidatos para la cita oficial, que será el domingo 27 de octubre del año próximo.
En las últimas elecciones (octubre de 2019), la derecha del Partido Nacional impuso como candidato de la Coalición Multicolor a Luís Lacalle Pou, quien resultó ganador con un 50,79% de los votos en un apretado balotaje que terminó con el ciclo de 15 años de gobiernos del Frente Amplio. Lacalle Pou logró mantener una buena valoración (48% de aprobación)a pesar del clima de intensa polarización política.
A pesar de que falta un año para las elecciones, los resultados de las principales encuestas auguran un escenario disputado. Según Equipos, se mantiene la estabilidad de las preferencias entre los principales bloques políticos: el FA obtiene un 40% de simpatía frente a un 35% de la Coalición Multicolor (si se mantiene), y el 17% de la población dice estar indecisa, porcentaje que quizá sea decisivo en el resultado final.

¿Cómo logra Luis Lacalle Pou mantener los niveles de aprobación? Hay dos elementos que se repiten: la buena comunicación y publicidad del presidente y las escasas críticas de sus socios de la coalición. “Existe cierto consenso en que Lacalle Pou ha resultado ser muy buen comunicador. Se expone, aparece y da explicaciones, más o menos convincentes, pero tiene una buena capacidad de comunicación”, explica el doctor en Ciencia Política Adolfo Garcé.
La última encuesta de Equipos dice que un 45% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente y un 36% la desaprueba. El relevamiento, realizado luego del escándalo generado a partir de los audios de Carolina Ache sobre el caso Marset, muestra una leve caída en una imagen presidencial consolidada en altos niveles de aprobación.

Corrupción, clientelismo, narcotrafico

 
Alejandro Astesiano, el jefe de Seguridad del presidente fue detenido por una trama de corrupción política, venta de pasaportes, y la realización de inteligencia contra senadores opositores. El principal legislador del gobierno, Gustavo Penadés, fue acusado de hasta 22 casos de abuso sexual y explotación sexual de menores.

Heber y Bustillos, dos ministro renunciantes ante el escándalo narco

Mientras la prensa se pregunta cuáles son en realidad la relación del gobierno con el narcotráfico, en el año 2021 se le otorgó un pasaporte a Sebastián Marset, uno de los principales narcotraficantes de la región acusado de participar en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien había sido detenido en Dubai. La entrega derivó en su fuga y en la renuncia de la exvicecanciller, Carolina Ache.
El 1 de noviembre Ache declaró ante la Fiscalía y presentó audios donde, en diálogo con el ministro de Relaciones Exteriores , éste le recomendaba borrar mensajes y desaparecer pruebas.
Allí se inició una semana intensa de crisis política y de gobierno que terminó con cuatro renuncias del círculo más íntimo del Presidente: el canciller Francisco Bustillo, los ministro y viceministro del Interior Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel, y el principal asesor personal encargado de la comunicación, Roberto Lafluf. El presidente tendrá que declarar en los tribunales, lo que debiera dejar aún más tocada su imagen pública, un fenómeno que, paradójicamente, aún no se ha reflejado en las encuestas.

Los cuatro del Frente Amplio

 
Si bien las elecciones serán competitivas, el FA es favorito en todas las encuestas. Se recompuso de la derrota: se embarcó en un proceso de autocrítica, expandió su estructura de base y procesó un recambio de liderazgos manteniendo la unidad.

El Congreso Nacional del Frente Amplio oficializó sus cuatro precandidatos para recuperar la presidencia de Uruguay en un Plenario Nacional: el intendente del departamento de Canelones Yamandú Orsi, la intemdemta de Montevideo Carolina Cosse, el intendente del departamento de Salto Andrés Lima y el senador Mario Bergara. Yamandú Orsi y Carolina Cosse son los dos precandidatos mejor posicionados.
El FA intenta recobrar las políticas de ayuda social para disminuir la pobreza y la indigencia hasta llevarla a los guarismos más reducidos posibles; políticas para combatir el narcotráfico, las estafas de cuello duro, bajar los asesinatos y terminar con tantos delitos menores que terminan sumando en las arcas de la droga. Paralelamente, desplegar políticas de recuperación de ciudadanos que quieran ingresar (o reingresar) al mundo del trabajo.

 Muchos precandidatos: ¿se mantendrá la Coalición?

Si bien son conscientes de que la única forma de ganarle al Frente Amplio en las elecciones es conservando la Coalición Multicolor, los dirigentes insisten en lanzar precandidatos propios. El líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, alertó de cara al futuro que la unidad entre los partidos se dará «siempre que las circunstancias para que haya una nueva coalición se den» y se mostró en contra de un programa conjunto . “No sirve porque estrecha la base. Sería como adelantar el balotaje”, analizó.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó que será precandidato dentro del Partido Nacional, con la esperanza de sortear la interna. Su principal contendiente será Laura Raffo, quien lanzó su propio sector (Sumar) y se propone «crear una segunda etapa de transformaciones que garantice mayor bienestar para todos los uruguayos».
También anunció su postulación el senador Jorge Gandini, quien planteó que viene “del tronco Wilsonista (del exsenador Wlson Ferreira Aldunate, quien se opuso a la dictadura cívico.militar), que hoy es minoría dentro del partido, pero que representa a mucha gente”. Otros dirigentes que se presentarían a internas son el senador Juan Sartori y el exdiputado Carlos Iafigliola.

Por su parte, el Partido Colorado contará con varios candidatos, entre ellos el ahora expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, a quien el propio Lacalle Pou le agradeció por “la transformación educativa”, al despedirlo en un acto público.

Lo propio hicieron quien era el presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), Gabriel Gurméndez, quien destacó su gestión al frente de la empresa pública y valoró haber “cumplido con el mandato inicial de poner Antel al servicio de la gente” y el ministro de Turismo, Tabaré Viera.

Completan la nómina colorada el exedil departamental por Montevideo, Andrés Ojeda; el diputado Gustavo Zubía y el director de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Guzmán Acosta y Lara. Tampoco hay que descartar a Pedro Bordaberry, quien volvió a registrar su sector y contó con muestras de adhesión pública.

Con respecto a Cabildo Abierto, se perfila como precandidato el senador (general) Guido Manini Ríos, quien se presentó en las últimas elecciones y obtuvo más del 11% de los votos. Manini viene advirtiendo errores del gobierno, además de los desencuentros y tensiones en el Parlamento.

En el Partido Independiente, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, aseguró que está “disponible” para volver a presentarse como precandidato presidencial, luego de haber sido el postulante en 2019 y cosechar el 1,01% de los votos. Postuló que «el desarrollo programático del partido para 2024 implica elegir cuáles son los énfasis y desarrollar cuáles son las medidas concretas que el partido va a levantar como banderas propias».

En Uruguay, los problemas socioeconómicos y el descreimiento en el sistema partidario no tienen la profundidad que propició la victoria del ultraderechista Javier Milei en Argentina, pero algunos piensan que les conviene imitar características de su campaña, apelando a la descalificación insultante de los adversarios, la sustitución del debate programático por simplificaciones fantasiosas.

Lo que se trata es de esconder que en Uruguay persisten profundas desigualdades que requieren políticas públicas potentes. Cambios reales y no solo poses para la prensa y las redes sociales.

(En la foto principal los precandidatos mejor ubicados en las encuestas: Álvaro Delgado y Yamandú Orsi)

*Luvis Hochimín Pareja, periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

El regreso de los muertos vivientes.

 

 

 

La sociedad de la nieve y el regreso de los muertos vivientes.

Por Sergio Sommaruga

 
- En Ecuador, el nuevo presidente Noboa implantó un estado militar que estará vigente por los próximos dos meses, como mínimo.
Es un nuevo síntoma del acelerado nivel de descomposición que predomina en américa latina.
La situación ecuatoriana es el corolario de un profundo deterioro, provocado por la incapacidad de la clase dominante para encontrar cauces efectivos al drama de la exclusión social, el aumento de la pobreza y el embrutecimiento de los vínculos sociales.
Cuando esta crisis estaba dando sus primeros pasos, los profetas de la clase dominante le dijeron a la sociedad ecuatoriana, que lo creyó, que la solución a todos los problemas era más mercado, con una economía más capitalista, bajando el costo del Estado y reduciendo la protección social.
La bandera del momento fue la dolarización…y dolarizaron (La gran promesa de Milei, ante una crisis de derechos como la que llevó a Ecuador a esta descomposición)
Ecuador es el único país de Latinoamérica que tiene totalmente dolarizada su economía. 

Y así están hoy.
- Como consecuencia del agotamiento del modelo del 1% más rico, en los últimos años fue creciendo en espiralada ascendencia la violencia descontrolada de las mafias asociadas al narco.
En los últimos días, ese torbellino de violencia sacudió por completo a la sociedad ecuatoriana, luego que, entre otros desmanes, estas mafias tomaran por la fuerza un canal de TV y transmitieron en vivo el robo a los periodistas.
Toda una ostentación de poder e impunidad.
- La militarización de la sociedad ecuatoriana es una nueva señal de la deriva histórica a la que nos han llevado las estrategias de las clases dominantes en América latina.
El problema de seguridad, que de modo innegable sacude a Ecuador, es la cara más visible y voraz del agotamiento de un modelo social, que solo se sostiene con altos niveles de represión y pérdida de libertades (Ver el gobierno de Bukele, por ejemplo)

- En Uruguay, Manini aprovecha el olor a podrido para rememorar la implantación de las medidas prontas de seguridad en nuestro país, que no cesaron hasta llegar a su puerto: la pérdida total de la libertad, con la implantación de la dictadura cívico militar y las desapariciones forzadas de adultos, adolescentes y niños. 

La extrema derecha uruguaya, aunque parezca de locos, ve una oportunidad histórica en lo que está pasando en Ecuador.
La izquierda, por su parte, sigue viendo sin mirar, corriendo el riesgo de hacernos pensar que el problema histórico de nuestras sociedades se resuelve con mejor gestión o, pero aun, arribando a consensos para aplicar más mano dura.
Para esto último, las sociedades no gustan de las copias, prefieren siempre la versión original.
No es por ahí y hay que decirlo.
En estos días se habla mucho de la sociedad de la nieve.
Admito que no la vi.
Lo que si estoy viendo, en vivo y en directo, es el regreso de los muertos vivientes.

No pasa nada

Algo malo pasa en el Ejército
Leonardo Haberkorn, El Observador 6 enero 2024

Hay un teniente que cobra su sueldo sin ir a trabajar porque así se lo piden sus superiores. Dicen que es por su propia seguridad. Le ha tenido que explicar a sus hijos que no es un “ñoqui”, como lo señalan los vecinos.
El teniente se llama Nelson Duarte y antes trabajaba. Pero su desgracia comenzó en 2014, cuando hizo su primera denuncia sobre irregularidades que ocurrían a ojos vista en su unidad.
Por denunciar, lo sancionaron. El comandante de la Brigada de Infantería 1, coronel Víctor Grande, a quien estaba dirigida la denuncia, le impuso diez días de arresto a rigor por “tomarse atribuciones totalmente indebidas al iniciar investigaciones de presuntas irregularidades”.
Luego se inició una investigación administrativa que se tomó su tiempo. Demoró seis años. Recién concluyó en 2020.
Allí se corroboró que todo lo denunciado era cierto: soldados del Ejército, pagados con el dinero de todos, se habían dedicado al menos 16 años, entre 2000 y 2016, a instalar piscinas para la empresa privada Akesse, sin que existiera ningún convenio que lo habilitara.
También se corroboraron otras denuncias del teniente Duarte: se habían hecho traslados de bebidas alcohólicas desde la frontera del Chuy en vehículos militares y en un cuartel se hacían trabajos de carpintería para la empresa privada de un coronel.
Sin embargo, salvo un par de sanciones menores, los responsables no fueron penados. Tampoco se llevó el caso a la justicia.
En cambio, la vida profesional de Duarte cambió para siempre. Ya nunca logró un ascenso. Lleva 13 años estancado en el grado de teniente. Desde su primera denuncia ha sufrido traslado tras traslado, además de un sinfín de sanciones y humillaciones, la última de las cuales es pagarle para que se quede en casa.
En 2021 Duarte hizo otra denuncia. Dijo que al Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE) llegaban cargamentos de bebidas alcohólicas y refrescos desde la frontera con Brasil montados en camiones militares. Aportó fotos y filmaciones.
También que existían maniobras sospechosas con el manejo del combustible en esa unidad y que un oficial había vendido para provecho propio cubiertas del Ejército, algunas de ellas sin uso.
En setiembre de 2021, el entonces comandante en jefe del Ejército, general Gerardo Fregossi, ordenó una nueva investigación administrativa a partir de esas denuncias. Y designó como funcionario instructor al general Marcelo Pose, quien era el jefe del CALE, la dependencia denunciada por Duarte.
Como había ocurrido en la primera investigación, se puso más esfuerzo en descalificar al teniente Duarte que en investigar los hechos. En las conclusiones de su informe final, Pose se despachó con duros conceptos sobre el oficial, a quien acusó de “absoluta falta de lealtad y desconocimiento”.
Pese a todo, las irregularidades eran innegables –estaban filmadas- y buena parte de ellas se demostraron ciertas.
No solo lo de traer cerveza y whisky desde Brasil. También que oficiales del Ejército recibían de regalo vales de nafta, que nadie pudo explicar quién pagaba, pero que sí o sí debían efectivizarse en la estación de servicio de un empresario que es habitual proveedor del Ejército. ¡Qué casualidad!
Lo de los neumáticos, en cambio, se descartó. Básicamente, porque los implicados negaron haber vendido las cubiertas en beneficio propio. Como existían fotos, debieron admitir que algunas de ellas estaban sin uso, pero adujeron que estaban vencidas. ¿O sea que el Ejército compra neumáticos que almacena durante años y nunca llega a usar, que se terminan venciendo en un galpón y al fin se mal venden como basura descartable?
¿Quién compra esos neumáticos que no se usan?
Nada de eso fue explicado. En los cientos de folios que se llenaron con estas investigaciones, nadie se lo preguntó tampoco.
Durante la última investigación administrativa, el general Pose interrogó al teniente Duarte. Y delante de otros oficiales le dio un mensaje muy claro: “Tenga cuidado a quién involucra, no sea cosa que involucre gente que no quiere involucrar”.
Cualquiera diría que eso fue una amenaza.
Pero no pasó nada.
Pose continúa su carrera ascendente en el Ejército, que lo ha llevado a ser agregado militar en Washington y a comandar la principal región militar del país, mientras Duarte sigue en su infierno descendente, amenazado de ser echado en cualquier momento de la fuerza y sin ni siquiera poder presentarse a trabajar.
Todo por denunciar cosas ciertas.
Esos son los hechos. El Observador lo ha documentado en tres largas y sucesivas notas. El silencio general ha sido la respuesta.
Algo malo tiene que estar pasando adentro del Ejército y no es de ahora, lleva muchos años de tolerancias, imposturas y ojos que miran para otro lado.

 

Luego de la feria, la Justicia retomará la denuncia penal por difamación e injurias que presentó el Ministerio de Defensa Nacional contra Luis Puig, exdiputado y actual dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Quizás esa no sea la única instancia en 2024 en la que un fiscal deba dirimir si el honor de las instituciones militares fue mancillado.
“¿Qué ha pasado con prácticas dentro del Liceo Militar? En el Liceo Militar hay prácticas en las que la convivencia entre los alumnos ha llevado a denuncias muy graves en materia de violación de derechos humanos. Hay una práctica sistemática de torturas que se ha realizado a algunos alumnos del Liceo Militar. Ha habido una cantidad importante de denuncias”, había dicho Puig durante el programa Esta boca es mía de Teledoce, donde argumentó las razones por las que el PVP iba a proponer la eliminación del Liceo Militar en el Congreso del Frente Amplio. Puig explicó, entre otras cosas, que es necesario evitar “una especie de ghetto a una edad tan temprana”, pero fueron sus apuntes sobre supuestas infracciones a los derechos humanos los que generaron la reacción del gobierno.
El ministro Javier García elevó la denuncia penal por difamación e injurias en representación del Ministerio de Defensa, pero antes, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, había contestado a las afirmaciones de Puig con un comunicado de prensa: “Los conceptos evidencian desconocimiento de la realidad que existe en el mencionado instituto de educación. Se está gestionando una invitación a las Comisiones de Defensa del Parlamento Nacional con la finalidad de que estos concurran al mencionado centro de estudios. Y el Ministerio de Defensa Nacional se encuentra efectuando un análisis jurídico y legal de las acusaciones realizadas”.
La réplica oficial del Ejército no fue aislada. Reflejó una posición extendida dentro de la institución, que prevé críticas similares desde la oposición en 2024 y ahora anunció, a través del propio Stevenazzi, que está dispuesto a responder públicamente a las difamaciones. “El país estará´ inmerso en una campaña electoral, una más. Sera´ un buen momento para escuchar propuestas, de eso se trata la democracia, quizás también escuchemos opiniones que no nos gusten. En su momento las mayorías decidirán. Cuando se mienta o se ofenda a la fuerza deberemos buscar mecanismos que nos permitan reparar ese daño hacia el público interno, pero también hacia el público externo. Así´ lo haremos, de la forma que elijamos dentro de lo que la ley nos permita, en la oportunidad que definamos, pero con la firmeza de siempre”, indicó el comandante en jefe en la editorial del último número de la revista oficial del Ejército, publicado la semana pasada.
En la interna del Frente Amplio entienden que la relación con las Fuerzas Armadas es delicada de cara a las elecciones, no solo por el vínculo en un hipotético gobierno, sino por el caudal de votos que la familia militar representa. El planteo para la eliminación del Liceo Militar supuso una primera alerta.
El liceo es un instituto de características cívico-militares que brinda capacitación de educación media superior “en un ambiente moral y físico que contribuye al desarrollo integral de la personalidad de los alumnos”, según define el Ejército. Los sectores como el PVP ya han manejado la posibilidad de que el Liceo Militar sea quitado de manera paulatina de la oferta académica pública. El último gobierno de Tabaré Vázquez descartó esa iniciativa y el Congreso del Frente Amplio, desarrollado a inicios de diciembre, decidió no expedirse al respecto, por lo que por ahora no forma parte de las bases programáticas para un gobierno de 2025 a 2029.
Otro punto áspero entre ambas partes es el de las misiones de paz de las Naciones Unidas, consideradas elementales por el Ejército, que es la rama militar que más integrantes aporta a los cascos azules y que al participar en estas operaciones extranjeras obtiene experiencia de combate y la posibilidad de mejores salarios. El espacio Izquierda y Libertad, que reúne al PVP, Casa Grande, el Partido Socialista y la Lista 5005, define a estas misiones como “ocupaciones extranjeras que habilitan abusos de diverso tipo”, según un documento que presentó al Congreso para que fuera incluido en las bases programáticas del Frente Amplio. Estos mismos grupos también impulsan una reducción en el tamaño del Ejército, lo que derivó en abril en una respuesta de García: “¿Esta propuesta es respaldada por el Frente Amplio, Yamandú Orsi y Carolina Cosse? Nuevamente prejuicios ideológicos y antimilitarismo dogmático”, indicó el ministro en un mensaje en la red social X.
A nivel general del Frente Amplio, durante la actual administración, se resistió el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, enviado por el Poder Ejecutivo en 2022 al Parlamento y actualmente a estudio de la Comisión de Defensa Nacional del Senado. El proyecto modifica algunas disposiciones de la normativa vigente, aprobada en 2019 durante el gobierno frentista. Legisladores de diversos sectores de la oposición también han criticado el costo económico del nuevo equipamiento para la Armada y la Fuerza Aérea, específicamente de dos patrulleros oceánicos y dos aviones Hércules. A comienzos de mes, en rueda de prensa, García dijo que la oposición no quiere que se modernicen las Fuerzas Armadas.

Stevenazzi escribió en la revista oficial del Ejército que si en campaña se miente u ofende a las Fuerzas Armadas, estas deberán “buscar mecanismos” que “permitan reparar ese daño hacia el público interno” y “externo”.

Las Fuerzas Armadas están dispuestas a responder a los cuestionamientos políticos durante la campaña electoral dado que prevén críticas desde el Frente Amplio (FA), según sostuvo Mario Stevenazzi, comandante en jefe del Ejército, en un editorial del último número de la revista oficial del Ejército, del que informó este jueves el semanario Búsqueda. Según escribió, la campaña “será un buen momento para escuchar propuestas” y “quizás también opiniones que no nos gusten”. En ese sentido, afirmó que “cuando se mienta o se ofenda a la fuerza, deberemos buscar mecanismos que nos permitan reparar ese daño hacia el público interno, pero también hacia el público externo”.

“Así lo haremos, de la forma que elijamos, dentro de lo que la ley nos permita, en la oportunidad que definamos, pero con la firmeza de siempre”, afirma Stevenazzi en el artículo, que se publicó en el marco de la denuncia que hizo el ministro de Defensa Nacional, Javier García, por difamación e injurias, contra el dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Luis Puig, quien hizo referencia en Esta boca es mía a las denuncias “muy graves en materia de violación a los derechos humanos” en los liceos militares.

Meses atrás concluyó una investigación interna en la que se registraron situaciones de maltrato y abuso contra aspirantes a ingresar a la Fuerza Aérea Uruguaya por parte de cadetes de tercer año y oficiales, informó El Observador en enero, y en mayo del año pasado la Escuela Naval abrió una investigación a estudiantes de segundo y tercer año por la existencia de indicios de presunto “abuso físico” hacia otros compañeros de menor grado.

A su vez, previo a la aprobación de las bases programáticas de la fuerza política, algunos sectores del FA, como el PVP y el Partido Socialista, propusieron la eliminación de los liceos militares. Al respecto, Stevenazzi escribió que el Liceo Militar “ha cumplido nuevamente con su cometido, que no es otro que el de formar mujeres y hombres íntegros, con valores, proporcionándoles educación responsable en un ambiente de respeto que durará por siempre, sea cual sea el camino que elijan para forjar su futuro”.

“Preocupante”

El politólogo experto en defensa nacional Julián González Guyer opinó en diálogo con la diaria que el planteo de Stevenazzi es “poco afortunado” y “suena como amenaza”. Asimismo, consideró que en el marco de la ley no se puede hacer lo que propone, por lo que sería un “contrasentido”. “Salvo que esté pensando en violar la ley, él no va a poder salir a adoptar ninguna medida sobre lo que alguien pueda decir”, sostuvo. La posibilidad de que el comandante en jefe del Ejército se “inmiscuya” en la campaña electoral “no sería nada bueno ni para el Ejército ni para la democracia uruguaya ni para la campaña electoral”, analizó. Para González Guyer, el Ejército “no tiene nada que opinar, en todo caso opina el ministro de Defensa”.

González Guyer indicó que un oficial en actividad “no puede participar ni directa ni indirectamente en una campaña electoral”, en referencia al artículo 77 de la Constitución de la República, que en su numeral cuarto prohíbe al presidente de la República y a los militares ejercer cualquier tipo de actividad política, salvo el voto. “Lo más preocupante es ver cómo, cada vez más, las autoridades del Ejército van avanzando sobre ese artículo de la Constitución y convirtiéndolo en letra muerta”, evaluó. Meses atrás, en el marco del Día del Ejército, Stevenazzi criticó el aumento de la edad de retiro de militares en la reforma jubilatoria, lo que violaría la Constitución, pero García lo defendió al decir que fue un discurso “muy profesional”.

Por su parte, Puig dijo a la diaria que el comandante en jefe del Ejército está “totalmente fuera de lugar” con estos dichos, porque no le corresponde participar en actividades políticas o proselitistas. “Me parece, desde el punto de vista democrático, que es muy grave e inaceptable; se está intentando incidir y adjudicar al FA intencionalidades que no corresponden en absoluto”, agregó.

En tanto, la senadora del FA Sandra Lazo, quien además es presidenta de la Comisión de Defensa Nacional de la cámara alta, dijo a la diaria que cree que imagina que “cuando se habla de que se va a responder, va a ser a través del mando político, porque tenemos unas Fuerzas Armadas que, más allá de la historia en los últimos 40 años, han respetado la Constitución y saben que no pueden emitir opiniones políticas. Entiendo que esas declaraciones se hacen respetando el mando político”, aventuró.