Cosechas robadas

 

Las exportadoras cargan los barcos en la Argentina pero facturan donde más se les facilita la evasión.

Empresas del agronegocio evaden millones de dólares vía Uruguay

Por Nahuel Lag

 

“El sector que más divisas ingresa al país: casi el 50% del total de sus exportaciones”, sostiene —escrito en inglés— el Centro de Exportadores de Cereales en su página web. El dato privado se puede contrastar con el último informe de Comercio Exterior del Indec: en agosto pasado, la exportación de productos primarios y las de manufacturas de origen agropecuario representaron el 60% del total, con gran protagonismo de granos, aceites y harinas. Pero ¿las ganancias de esas exportaciones quedan todas en la Argentina? En el informe “Cruzar fronteras para cosechar ganancias”, los investigadores del Conicet Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti estudiaron los datos contables de una docena de empresas cerealeras y aceiteras, nacionales y multinacionales, que tienen empresas en Uruguay, donde declararon ganancias por 3.954 millones de dólares entre 2017 y 2021, por producciones que no tocaron suelo uruguayo. En el caso de las firmas uruguayas pertenecientes a empresas argentinas del agronegocio, el 40% del total de su facturación lo hicieron en el país vecino.

¿Cómo eluden impuestos las empresas del agronegocio argentino? Es la pregunta que guía el informe de Gaggero y Zanotti. La respuesta: las firmas del agronegocio tienen radicadas en Uruguay “empresas cáscara”, que no tienen actividad productiva y cuyo único objetivo es comercializar desde suelo uruguayo gran parte de lo producido en otros países —la Argentina y Brasil, en el caso de las estudiadas— para aprovechar los beneficios de un régimen impositivo especial que reduce los impuestos por ganancias a menos del 1%.

“Cabe destacar que las ventas de las empresas uruguayas en realidad son una ficción contable y en los hechos las mercaderías de ningún modo zarpan del puerto uruguayo”, subrayan los investigadores, y advierten cuál es el beneficio fiscal que los impulsa a crear esas empresas: “En 2021, las firmas del agronegocio destinaron solo 2% de sus ganancias brutas al pago de todo tipo impuestos”.

¿Cómo es la operatoria? Las firmas uruguayas adquieren la producción de sus contrapartes radicadas en la Argentina, donde la empresa productora vende a las respectivas empresas cáscara de Uruguay a precios menores a los de mercado y, posteriormente, estas últimas comercializan la producción con compañías extranjeras. El pago de retenciones a la exportación se sigue cobrando en el país, lo que se busca evadir es, principalmente, el pago del impuesto a las ganancias.

Las empresas estudiadas —analizando las ganancias declaradas en la Argentina, donde tienen producción; y las declaradas en Uruguay, donde hay poco más que una dirección fiscal— son las multinacionales Cargill, Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra y Syngenta; y las empresas de capitales argentinos Vicentin, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), que en tierras uruguayas está registrada con el nombre de Fisway SA, a diferencia del resto que mantienen su nombre original o parte de él en la “empresa cáscara”. La mayoría integran el Centro de Exportadores de Cereales, organización que impulsa una Ley Agroindustrial con el objetivo incesante de pagar menos impuestos. El oficialismo la respaldó y la oposición también, pero aún no pasó el debate de comisiones.

Uno, dos, tres, diez Vicentines

“Hicimos este estudio porque habíamos hecho un trabajo anterior sobre Vicentin y la estructura que tenía como grupo empresarial, en la que había una empresa muy importante que era su filial en Uruguay, con un rol contable y no productivo. La filial uruguaya era utilizada para comercializar buena parte de lo que exportaba, pero además las empresas argentinas estaban en manos de un holding formado en Uruguay. El caso de Vicentin deja muy claro los problemas que le generan al Estado argentino estas empresas con estructura internacionalizada”, reseña Gaggero en diálogo con Tierra Viva, sobre la punta del ovillo que los llevó a investigar la ingeniería fiscal de las cerealeras.

El caso de Vicentin volvió a la agenda en las últimas semanas debido a que el juez civil y comercial N°2 de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, declaró abierto el periodo de concurrencia, tras un extenso proceso de concurso de acreedores abierto en febrero de 2020. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones volvió a fallar a favor de la empresa del agronegocio y revirtió la decisión, dándole más tiempo para negociar su deuda. La empresa declaró su estado de cesación de pagos por una deuda de 1.300 millones de dólares en 2019, a pesar de haber liderado los rankings de exportaciones y haber recibido créditos millonarios por parte del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

El proceso involucra un vaciamiento de la empresa hacia Vicentin Family Group, al otro lado del Río de La Plata. En paralelo al proceso de quiebra, en el que los acreedores van desde el Banco Nación —con el que Vicentin tiene una de deuda de 300 millones de dólares— hasta productores chacareros, 12 integrantes del directorio de la empresa local fueron imputados por asociación ilícita y estafas.

El informe de Gaggero y Zanotti da cuenta de que el caso de Vicentin no es una excepción sino una regla y ocurre desde principios de siglo. De acuerdo a las informaciones obtenidas del Boletín Oficial de Uruguay, las “empresas cáscara” estudiadas comenzaron a conformarse en 2000. Los investigadores enmarcan este entramado de abuso fiscal en un contexto global iniciado a mediados del siglo XX, cuando la producción de alimentos y derivados se dejó de realizar de forma local, de la producción al consumo, y tuvo lugar un proceso de concentración económica dominado por grandes corporaciones multinacionales en una clara tendencia a “universalizar” los alimentos, entendiéndose por “agronegocio” un sector que se extiende a insumos biológicos destinados a diversos usos, incluyendo alimentos, forraje, biocombustibles y materias primas en otras industrias.

En el caso particular de la Argentina, Gaggero y Zanotti marcan que la expansión del agronegocio estuvo encabezada por grandes multinacionales (Bunge, Cargill y Dreyfus) y ciertos grupos económicos locales (Vicentin y AGD), que estaban presentes en el país pero crecieron de la mano de algunos hitos con el modelo económico instalado por la última dictadura cívico-militar, como una modificación de la Ley de Granos y la autorización para la construcción de puertos privados, lo que le dio a las firmas de molienda una ventaja en sus costos de logística respecto a otros países de la región producto de la reducida distancia entre los puertos. En la década de 1990, en el gobierno de Carlos Menem, la sanción de la ley de actividades portuarias afianzó el modelo privado. Esa decisión fue acompañada por la aprobación de la soja transgénica, en 1996, lo que cambió el modelo agropecuario argentino.

 

Uruguay, paraíso para la evasión

¿Por qué el suelo charrúa es tan tentador para estas prácticas ilegales de las empresas del agronegocio? Según detalla el informe, Uruguay tiene un trato especial para los holdings —sociedades que administran la propiedad de otras compañías— extranjeros que se radican en el país: no cobra el impuesto a la renta de las actividades económicas (gravado en 25% para quienes producen en Uruguay). Tampoco el impuesto al patrimonio (1,5%), o a las ganancias provenientes, por ejemplo, de los dividendos percibidos por las firmas extranjeras o de la liquidación de una de sus firmas en el exterior.

Además cuenta con un régimen especial para las empresas de intermediación en la compraventa internacional de mercaderías y servicios (trading), tanto para productos como para servicios que se generen en otro país y no toquen suelo uruguayo. A estas, la resolución de la Dirección General Impositiva 51/97 les permite pagar aproximadamente el 0,75% de sus ganancias.

Junto al andamiaje legal, el informe —publicado en agosto por la Fundación Friedrich Ebert— precisa información de las empresas que permiten evidenciar que el único objetivo de su radicación en Uruguay es realizar la intermediación de sus productos y servicios e incrementar los saldos contables para liquidar en ese país las ganancias (con una carga impositiva casi nula). Como muestra, los investigadores aportan dos datos:

• En el caso de las empresas cáscara estudiadas, el gasto en empleados constituye el 0,14% de lo facturado;
• El 1,1% corresponde a activos fijos (maquinaria, plantas o inmuebles).

Es por eso, como también marca el informe, que Uruguay está incluido en el listado de países que no adoptaron el conjunto de reglas de transparencia fiscal de la Unión Europea, aludiendo principalmente a la ausencia de acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria. Esos beneficios para empresas extranjeras Uruguay los aporta a cambio de un escaso pago de impuestos, cuando lo facturado por las “empresas cáscara” del agronegocio, solo en 2021, fueron 42.000 millones de dólares. La cifra representa el 43% del valor bruto de producción de Uruguay y el 72% de su PBI.

¿Cuánto representaría para la Argentina? Si bien el total de la facturado también incluye movimiento de otros países —en particular Brasil— por las triangulaciones hechas por multinacionales como Cargill y Bunge, la economía argentina atraviesa en este 2023 el impacto de la sequía: según la Bolsa de Cereales de Rosario, la pérdida por ese fenómeno fue en 2023 de 14.140 millones de dólares, que ascienden a 19.000 millones si se toma el impacto en toda la cadena.

Estas maniobras de “abuso fiscal”, como lo denominan Gaggero y Zanotti, se extiende más allá del agronegocio, pero para dimensionarlo el informe aporta una estimación de la organización Global Alliance for Tax Justice y Tax Justice Network (Alianza Global por la Justicia Fiscal y Red por la Justicia Fiscal), según la cual en 2021 el Estado argentino dejó de recaudar entre 1.200 y 2.400 millones. En marzo pasado, la AFIP informó que tenía en investigación una supuesta maniobra de evasión por 44.206 millones de pesos que involucraba a 20 cerealeras.

“La creación de firmas en distritos de baja o nula tributación les ha permitido a las grandes corporaciones eludir el pago de impuestos, privando a los Estados —especialmente a los más pobres— de recursos que podrían ser destinados al desarrollo económico y social”, sentencia el informe. “Es una pérdida de recursos muy relevante en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina”, resalta Gaggero, y suma un ejemplo de 2021: una firma uruguaya, perteneciente a una empresa argentina del agronegocio, facturó ganancias por dos millones dólares en la Argentina, donde tiene su producción, y 93 millones en Uruguay.

El informe arroja otras conclusiones reveladoras a partir del estudio de los datos contables de las empresas en ambos márgenes del Río de la Plata:

• Las empresas del agronegocio en Uruguay tuvieron ganancias por 475 millones de dólares en 2021 y por 3.954 millones en los últimos cinco años. Su procedencia está relacionada tanto a la actividad de intermediación a través de los desvíos de precios de transferencia —el cobro por productos y servicios entras las firmas de la misma empresa— como de operatorias con los contratos en el mercado financiero de commodities.
• Las firmas uruguayas pertenecientes a grupos locales argentinos representan más del 40% de la facturación total del grupo.
• “En particular, las firmas de ACA, Cargill, AGD y Pérez Companc acumularon gran cantidad de activos líquidos. Especialmente las firmas uruguayas de capitales argentinos (ACA, AGD, Pérez Companc, Vicentin) concentran gran parte del total del efectivo del grupo en las filiales radicadas en Uruguay. Es decir, los dólares constantes y sonantes de los grupos argentinos son mantenidos en Uruguay a través de las firmas estudiadas”.
• “El patrimonio del grupo argentino Pérez Companc (a través de Molinos Agro) se encuentra especialmente explicado por su filial en Uruguay. Es decir, dicha rama de negocio del grupo posee su patrimonio casi enteramente resguardado en Uruguay. Por otro lado, las firmas de Bunge, Dreyfus, ACA, Adecoagro, AGD, Vicentin, representan entre 4 y 9% del patrimonio total del grupo o conglomerado”.
  
  
  

  “Todas tienen una estructura offshore”

  —¿Funciona distinto la ingeniería de abuso fiscal de una multinacional como Bunge o Syngenta, que tienen filiales en todo el mundo, que la de empresas nacionales como ACA, Molinos, Pérez Companc o Vicentin?

  Alejandro Gaggero: En general, el mecanismo es el mismo. Hay una empresa radicada en la Argentina que produce y una empresa en Uruguay que funciona como comercializadora y se asocia con empresas de otras partes del mundo, ya sean países con los que comercian o guaridas fiscales, donde también hay transacciones. En la actualidad, la estructura de una empresa como Molinos (Pérez Companc) no es tan diferente a la de una empresa multinacional. Todas tienen una estructura offshore, con empresas en países de baja tributación o guaridas fiscales.

  —En el informe marcan cómo América Latina, ubicada en el lugar global de proveedora de productos primarios, tiene enormes dificultades para enfrentar eficazmente el control de estas estructuras corporativas. ¿Cuál es la imposibilidad del Estado argentino para perseguirlas?

  —La manipulación de los precios de transferencia no es legal, es un delito perseguido por el Estado. La AFIP es la encargada de generar los mecanismos para evitarlo. En la práctica, es una tarea muy difícil porque estas diferencias de precio se pueden camuflar de diferentes formas, con los distintos factores que inciden en el precio: la fecha de venta, la fecha de embarque, las variables de transporte o condiciones de venta. De los procesos iniciados por la AFIP son muy pocos los que terminan con un fallo que condene a las multinacionales. El Poder Judicial, en lo fiscal, tiene problemas para enfrentarse a una maquinaria administrativa judicial de firmas que defienden a estas empresas, que no son un adversario fácil. No ha sido eficaz el Estado para controlar esto, incluso en la venta de granos, cuya trazabilidad es fácil de seguir, pero las empresas multinacionales también tienen muchos servicios para facturar y realizar una planificación que los esconda: uso de marca, patentes por innovaciones tecnológicas, que suelen tenerlas en guaridas fiscales. ¿Cuánto le tiene que pagar la empresa a su filial en un paraíso fiscal por el uso de marca o por una consultoría interna? En las transferencias intra-firma no hay regla de mercado para los precios.

  —¿Qué alternativas pueden buscarse para frenar estas estrategias de abuso fiscal?

  —En el mundo se están discutiendo alternativas de cómo gravar a las multinacionales. Una es la de poner un impuesto mínimo, que sería equivalente, por ejemplo, al 15% de las ganancias. La discusión se está dando al nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o sea, son los mismos países ricos los que están poniendo en discusión el rol que tienen las guaridas fiscales y estos sistemas tributarios especiales, porque erosionan la base imponible sobre la que cobran impuestos los Estados. En los últimos años se ha avanzado en ese aspecto, aunque todavía no se llegó a una implementación.

  —¿Qué podría mejorar la Argentina a partir de trabajos como el que realizaron ustedes para poner freno a estas estrategias ilegales?

  —Una de las soluciones posibles, a nuestro entender, es que la Argentina y Brasil negocien con Uruguay sobre sus regímenes especiales, porque son muy perjudiciales para las arcas públicas, mientras que el efecto para la economía uruguaya es muy marginal y concentrado en los sectores financieros e inmobiliario. Por otro lado, sería necesario pensar en cambios de regulación que graven de una forma diferencial las relaciones de intercambio entre empresas productivas argentinas y sus “empresas cáscara”. Se puede hacer, por ejemplo, poniendo impuestos a las transacciones de servicios con filiales en Uruguay. El Estado viene poniendo la lupa un poco más sobre estos mecanismos, pero debe avanzar en formas inteligentes de enfrentar estos perjuicios no desde el discurso sino con medidas concretas. Los mecanismos de abuso fiscal siguen siendo un problema grave.

  —El debate sobre lo fiscal y el pago de impuestos es una constante en las propuestas de campaña presidencial, en particular del candidato de ultraderecha Javier Milei, que apunta contra todo impuesto. ¿Qué análisis hacen a partir del trabajo que realizaron?

  —El informe busca incidir en ese debate mostrando que hay una gran inequidad en el sistema fiscal actual, porque los sectores de más altos ingresos no pagan lo que deberían. Ya no se trata de una reforma fiscal que eleve las tasas imponibles, sino que existen mecanismos por los que los más ricos pueden pagar menos impuestos a las ganancias, o por los que una gran empresa agroindustrial –en términos relativos por su facturación– paga menos impuestos que una ferretería o una pyme metalúrgica que está en blanco. Es un gran problema para el Estado porque implica desfinanciarse. Si el objetivo es no tener déficit fiscal hay que ver de qué forma se busca saldarlo: si a través de impuestos progresivos o de impuestos regresivos, como el IVA, que perjudica a los más pobres.

  —¿Y qué ocurre con planteos como los de Milei de eliminar los impuestos?

  —El planteo de Milei es muy extremo y va contra los consensos que se construyeron en los países centrales, países que él reivindica, para gravar a las grandes empresas que utilizan guaridas fiscales o regímenes especiales. Pero Milei y el movimiento libertario reivindican las guaridas fiscales y valoran a los países que tienen esos regímenes. Sin embargo, es un planteo tramposo porque esos beneficios se aplican solo para extranjeros, no para residentes de esos países, que pagan impuestos en un nivel estándar. Es una admisión tácita de que estos esquemas son perjudiciales. Los libertarios hablan del concepto de “competencia fiscal”, que implica que cada quien elige dónde pagar sus impuestos, suponiendo que forzaría a todos los países a bajarlos. Eso no es lo que están diseñando los países ricos en espacios como la OCDE. Las propuestas libertarias están a contramano de lo que se está haciendo en el mundo.

  —Si Milei ganara las elecciones, ¿se puede deducir que dejaría de perseguir estas estrategias fiscales ilegales de las empresas cerealeras?

  —Las dejaría de perseguir porque considera que el impuesto a las ganancias es un robo e, incluso, premiaría a quienes lograron hacer estrategias de evasión de este tipo. La última propuesta de La Libertad Avanza, frente a los debates de blanqueos fiscales, fue pedir perdón por haber perseguido a las personas que evadieron impuestos. El razonamiento es pedirles perdón por obligarlos a evadir. El esquema que plantean va contra las bases del Estado.

   

  https://agenciatierraviva.com.ar/wp-content/uploads/2023/09/Cruzar-fronteras-para-cosechar-ganancias_.pdf

   

   

  * El artículo se publicó en la agencia de noticias Tierra Viva.

  Ver además:

  https://www.carasycaretas.com.uy/politica/uruguay-es-usado-cerealeras-argentinas-evadir-impuestos-n67190
  

   

   

   

   

Estudiantes del Zorrilla en lucha

Ocupar hasta que se ocupen

 

 

 Los estudiantes reclamaron más presupuesto para la educación.

El gremio estudiantil del Liceo Zorrilla se encuentra realizando un paro activo. La decisión se tomó en rechazo al despliegue policial durante el operativo que los desalojó del centro de estudios en la jornada de ayer y ante la falta de respuestas de Secundaria.

El Gremio de Estudiantes del Liceo Zorrilla (GEZ) ocupó este jueves el local de estudios "en contra del recorte disfrazado de transformación y exigiendo ya el 6 por ciento del PBI para Anep, Udelar, UTEC y el1 por ciento para investigación".

Los estudiantes desalojan el liceo Zorrilla pacíficamente ante una impresionante presencia policial armada y falta de diálogo de la ANEP

“Las instancias de diálogo con las autoridades han sido escasas, sin acta de por medio, no han sido homologadas”, y por eso “sentimos que se nos está ninguneando”, dijo a la diaria Camilo Pons, uno de los voceros del GEZ.

Los estudiantes desalojaron el liceo luego de que se les concediera una instancia de diálogo con los consejeros del Codicen para este lunes; Secundaria respaldó el accionar policial y aseguró que “se actuó según la normativa vigente”.

Una cadena humana se formó instantáneamente en la puerta del liceo Zorrilla cuando la Guardia Republicana subió las escaleras y estuvo a punto de ingresar al centro para desalojar al estudiantado. Entre el casi y la concreción, uno de los agentes intentó desmembrar la cadena y forcejeó con una de las estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que fueron quienes resguardaron la puerta. El intento culminó al acercarse el policía a cargo del operativo y llamar a la calma.

Siete autos y un ómnibus de Policía, dos camiones de la Guardia Republicana, escudos, escopetas, cascos. Este jueves el Gremio Estudiantil del Zorrilla (GEZ) ocupó el centro educativo desde las 7.30 y fue desocupado sobre las 15.00, mediante negociaciones con las fuerzas policiales, Julián Mazzoni, uno de los consejeros docentes del Consejo Directivo Central (Codicen), y las diputadas por el Frente Amplio Micaela Melgar y Lucía Etcheverry.

Detrás de la puerta vallada por los estudiantes de la FEUU aguardaban, sentados y entonando cánticos, los estudiantes del GEZ, que decidieron permanecer dentro de la institución hasta tener respuesta de su principal reclamo: dialogar y negociar con las autoridades del Codicen.

“Mantenemos las históricas reivindicaciones vinculadas a nuestra plataforma reivindicativa”, narró a la diaria Camilo Pons, vocero del gremio. Además de los “problemas edilicios”, entre otros puntos, reclaman por el “histórico 6+1% para educación e investigación” en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas en el pleno del Senado, y en apoyo a los estudiantes de educación terciaria que están ocupando las instituciones

“Tanto los educandos como los educadores tendríamos que ser los principales artífices de las políticas para la educación, porque somos quienes vivimos la realidad de la educación pública todos los días en nuestras respectivas instituciones”, planteó el estudiante. Sin embargo, aseguró que “las instancias de diálogo con las autoridades han sido escasas y sin acta de por medio, no han sido homologadas; sentimos que se nos está ninguneando”.

Así como aguardaban por la confirmación de la reunión, también decidieron permanecer a pesar de la presencia policial porque, según dijo Pons, la intimación para desalojar por parte del Ministerio del Interior (MI) no llegó “en formato papel”, sino que les fue comunicada por uno de los policías. Lucía Saa, otra de las voceras del gremio, planteó a la diaria que la condición para desalojar el espacio, por lo tanto, era que se labrara un acta de la ocupación para que se “garantice” que en esta y las próximas ocupaciones en los distintos centros educativos se haga de la misma forma.

El acuerdo

“Acompañamos la lucha del movimiento estudiantil, tal como ellos siempre nos acompañan a nosotros en diferentes oportunidades”, dijo a la diaria Enzo de Giobbi, secretario de organización de la FEUU. Asimismo, señaló que las reivindicaciones del estudiantado de la Universidad de la República (Udelar) y de la educación media son similares: “Hay una falta de presupuesto tremenda, una falta de becas, una falta de condiciones edilicias que se ve mucho más en la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], porque en los liceos son bastante nefastas las condiciones”.

 

El aviso de la ocupación y la intimación para desalojar con una fuerte presencia policial no sólo llegó a la FEUU, sino también a distintos gremios estudiantiles de secundaria que formaron en la vereda otra cadena humana y acompañaron la ocupación con los cánticos al unísono: “Se escucha, se escucha, arriba los que luchan”.

La negociación, y finalmente el desalojo, se logró concretar luego de la llegada de Mazzoni. “Se redactó un acta que se firmó sobre la ocupación y el desalojo y, además, en el acta figura el compromiso de recibir a los estudiantes en el ámbito del Codicen”, contó a la diaria. “Había que hacer un esfuerzo por evitar un enfrentamiento que por suerte no se produjo. Muy aplomada la decisión de los estudiantes”, esgrimió.

Este lunes, por lo tanto, el GEZ tendrá una reunión con autoridades del Codicen. Sin embargo, aún no está claro si el presidente del Codicen, Robert Silva, o la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, estarán presentes. “Silva no está en el país y con Cherro no pude hablar, pero con otros consejeros sí”, dijo Mazzoni.

Una vez concretado el acuerdo, las cadenas humanas acompasaron y resguardaron la salida de los estudiantes del gremio que permanecían en la institución. De ahí, siguieron para la sede de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar y tuvieron una asamblea en la que resolvieron cómo seguir: si bien en un principio estaba definida la ocupación para jueves y viernes, decidieron no volver a ocupar el centro pero sí parar, “contra la represión y la violencia policial sufrida” durante la jornada, según transmitió Pons.

Lo institucional

Luego de que los sucesos finalizaron, la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) emitió un comunicado en el que afirmó que “las ocupaciones estudiantiles no están reguladas. La normativa existente ampara el derecho de huelga y la ocupación como una extensión de ese derecho siendo requisito ineludible para ejercerlo ser un trabajador”. El año pasado, la Asociación Uruguaya de Laboralistas manifestó su “preocupación y firme rechazo ante la declaración de ilegitimidad de las ocupaciones estudiantiles”

Con base en el Estatuto del Estudiante, la DGES esgrimió que “los responsables de los centros educativos, docentes y no docentes, deben asegurar el ‘respeto del derecho a estudiar que tienen todos y cada uno de los educandos’ y también deben ‘velar por el adecuado funcionamiento del servicio y el cumplimiento de la normativa vigente’”. En ese sentido, afianzó que “la omisión frente a los hechos o actos que afecten la regularidad de servicio a su cargo, constituye falta grave”.

Por otro lado, el organismo manifestó que “se actuó según la normativa vigente y se procedió a desalojar la ocupación que finalizó de forma tardía por la actitud desafiante de quienes ocupaban”. Asimismo, respaldó “el accionar” de la inspectora que arribó al centro educativo, y consideraron que “se le faltó el respeto y fue agredida con cánticos ofensivos mientras ejercía su función”. “Secundaria defiende el derecho a la educación y al trabajo de quienes forman parte de las comunidades educativas. En esa línea continuará trabajando para proteger las trayectorias educativas y lograr una educación de calidad para todos”, finaliza el comunicado.

Luis Pedernera, uruguayo integrante en el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, se pronunció en X sobre el proceso de ocupación y desocupación en el Zorrilla: “En Uruguay nuevamente los estudiantes secundarios protestan pacíficamente y las autoridades en lugar de dialogar y acercarse a los adolescentes realizan un despliegue policial desproporcionado, un exceso!”, aseguró. Anteriormente, Pedernera también se había pronunciado sobre la negación de ocupaciones en secundaria: “No es indisciplina”, sino el ejercicio de un derecho, dijo

 

En suma, consideró que el comunicado de la DGES “hace gala de un profundo desconocimiento de la normativa que protege a los adolescentes y sus derechos” y recomendó a las autoridades que lean una guía, que hace pocos días publicó Unicef, sobre el derecho a la protesta de los niños, niñas y adolescentes. 

Imputados en el caso Roslik

Justicia después de 40 años

Deberán llevar tobillera. 

Sin embargo, el principal acusado, quien "interrogaba" a Roslik al momento de morir en la tortura, el mayor Dardo Ivo Morales, fue el único no imputado.

 

Nueve militares fueron imputados por la tortura y muerte de Vladimir Roslik

Crónicas del Este 05/10/2023

En la velada del miércoles, la jueza Selva Siri imputó a nueve militares retirados por su presunta participación en la tortura y muerte del médico Vladimir Roslik en San Javier, hecho ocurrido el 16 de abril de 1984. Tras una histórica audiencia judicial en Río Negro que se extendió por varias horas, la Justicia resolvió otorgarles prisiones domiciliarias a los imputados, quienes además tienen restricciones que incluyen la prohibición de acercarse a las víctimas y salir del país. Inicialmente, el grupo de militares a ser juzgados era de 12, pero uno falleció, otro se encuentra hospitalizado, y un tercero enfrenta un proceso judicial separado, por lo que la jueza determinó que no podía ser enjuiciado en este caso específico.

En respuesta a esta decisión, el fiscal a cargo de la investigación de Lesa Humanidad presentó una apelación, argumentando que hacia finales de 2023 podría presentar cargos y que el juicio oral y público podría iniciar en 2024.

La viuda de Roslik, Mary Zabalkin, expresó al finalizar la audiencia sus sentimientos tras 40 años de espera: "Hoy sí los pude ver. Por fin después de 40 años se abrieron las puertas. Anhelaba ver las caras, porque en estos 40 años no les pude ver las caras, solamente la de Sánez pero no me acordaba. Y hoy sí los pude ver". Añadió que, aunque los considera "unos pobres viejos", si enfrentan consecuencias judiciales es porque las merecen.

Valery, hijo de Zabalkin y Roslik, quien era un bebé cuando su padre fue secuestrado y asesinado, estuvo presente en la audiencia.
La causa se inició a raíz de la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) archivara la investigación sobre el asesinato de Roslik en julio de 2021, argumentando prescripción de los delitos y "cosa juzgada" por la intervención de la Justicia Militar. La SCJ, al ratificar la constitucionalidad de ciertos artículos de la ley 18.831, destacó que los crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado no prescriben y sugirió la posibilidad de abrir una nueva causa con base en nuevos elementos, allanando el camino para el actual proceso judicial.
En una entrevista con Subrayado, Zabalkin reveló cómo la situación afectó su vida y salud, llevándola a abandonar su pueblo y comenzar de nuevo. A pesar de los desafíos a lo largo de los años, mantiene la esperanza de que se haga justicia, aunque reconoce las dificultades que enfrentó durante mucho tiempo en su búsqueda de verdad y justicia.

40 años después, Mary Zabalkin la viuda de Vladimir Roslik está sentada junto a los 12 imputados por abuso de autoridad contra el detenido, privación ilegítima de libertad y lesiones que determinaron su muerte.

Dardo Ivo Morales, “interrogador” de Roslik, quien murió torturado, representa a firma china en negocios con la Armada

El fiscal Ricardo Perciballe había pedido la formalización de 12 militares. Entre ellos estaba Loitey, quien murió y había sido candidato a intendente de Soriano por Cabildo Abierto, y otro no pudo concurrir a la audiencia por padecer una enfermedad grave.

Según la explicación de la jueza, no hizo lugar al pedido de la Fiscalía de imputar a Morales por un concepto llamado litispendencia, por el que entiende que ya está siendo juzgado por las detenciones de 1980, caso por el que se lo procesó recientemente sin prisión, en una causa iniciada por la maestra Susana Zanoniani, también oriunda de San Javier, quien denunció haber sido torturada por Morales.

Perciballe apeló la resolución de Siri porque entiende que no hay litispendencia ya que este caso incluye detenciones de 1984 que no forman parte de la otra investigación. Un tribunal de apelaciones resolverá al respecto.

Oficial en situación de reforma se ha visto beneficiado por sucesivos fallos judiciales

El mayor Dardo Ivo Morales era quien “interrogaba” al médico Vladimir Roslik cuando sobrevino su muerte violenta en 1984 producto de los golpes y tormentos recibidos. Entre otros efectos del “interrogatorio”, está demostrado que a Roslik le desagarraron el hígado.

Sin embargo, una y otra vez Dardo Morales ha logrado eludir una condena a prisión, ya sea por el caso Roslik o en otros casos donde lo han acusado de delitos durante la dictadura.
Con fuertes vínculos en algunos sectores políticos y militares, Morales se dedica desde hace años a intermediar en negocios con las Fuerzas Armadas. Y en un giro paradójico del destino, aquel perseguidor de comunistas hoy representa a una empresa estatal de la China comunista en el controvertido proceso de compra de las patrulleras oceánicas (OPV, según sus siglas en inglés) por parte de la Armada.

El comandante en jefe de esa fuerza, almirante Jorge Wilson, aludió a Morales el 7 de agosto en la Comisión del Senado donde se analizó la compra de las patrulleras.

Refiriéndose a un segundo llamado a interesados en vender las OPV que realizó la Armada, Wilson dijo a los senadores:
“Cuando se empezaron a recibir las ofertas, no había ni de Damen Group, ni de China, ni de Kership, que eran las tres empresas que habían estado en el proceso anterior. Ya que ellos habían hecho una inversión y un trabajo técnico para presentar la propuesta anterior, me pareció de orden contactarme con los representantes de esos astilleros en el país. La llamada por teléfono fue a los representantes de los astilleros en el país –no a los directores o los jerarcas–, al señor Morales, a la señora Sapelli y al señor Mogollón, porque me parecía de orden que presentaran una propuesta”.

Fuentes de la Armada y del Ministerio de Defensa Nacional confirmaron que el Morales aludido por el comandante Wilson es Dardo Ivo, y que representó en el proceso a los chinos. (Mogolllón es representante de Damen y Sapelli, de Kership).
En la comisión de Defensa estaban presentes el ministro Javier García, el subsecretario Rivera Elgue, autoridades de la Armada y los senadores María Dolores Álvarez y Rodrigo Blas (Partido Nacional), Sandra Lazo, Alejandro Sánchez y Mario Bergara (Frente Amplio) y Marcos Methol (suplente de Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto).

Apenas tres semanas después, el 1 de setiembre, Morales fue procesado por la jueza letrada de tercer turno de Fray Bentos, Selva Siri Thove, como presunto autor responsable de cuatro delitos de abuso de autoridad contra los detenidos durante la dictadura, además de tres delitos de privación de libertad en calidad de coautor.
El procesamiento, sin embargo, fue sin prisión. El fallo no correspondió al caso Roslik, sino a otro que se inició en 2011 con una denuncia por torturas de la maestra Susana Zanoniani -de San Javier, como Roslik- y que se sustancia según el código del proceso viejo. En esos juicios, la prisión preventiva es la norma, pero Morales logró ser procesado sin prisión. El fiscal Perciballe señaló que el fallo de la jueza Siri le causó “estupor”.
Pero, si se repasa la historia de Morales, se verá que no fue esta la primera vez que gozó de este tipo de desenlaces judiciales afortunados.

Golpes de suerte
Morales ha eludido la prisión una y otra vez.
La primera vez fue en la dictadura, cuando el asesinato de Roslik, el 16 de abril de 1984.
Que la muerte del médico de San Javier se debió a los golpes y tormentos recibidos quedó claro apenas unas semanas meses después, gracias a la investigación que en el semanario Jaque realizaron Juan Miguel Petit, Alejandro Bluth y Maneco Flores Mora, aun en pleno régimen militar. Ya entonces Jaque denunció que Morales había participado del interrogatorio de Roslik y que estuvo presente durante una autopsia fraudulenta que se hizo en primera instancia para ocultar las verdaderas causas de su muerte.

Todo se confirmó el 31 de julio de 2021, cuando La Diaria divulgó la sentencia final del caso Roslik en la justicia militar, un documento hasta ese momento desconocido obtenido mediante un pedido de acceso a la información pública. Dictada en 1986 por el juez militar Oscar Vilches, la sentencia confirmó que Roslik murió mientras era “interrogado” por el entonces teniente Morales delante de otros diez oficiales.

Según el dictamen final de los peritos forenses, Roslik sufrió una “muerte violenta multicausal” que da idea de la magnitud de los tormentos que se le propinaron: desgarro del hígado, múltiples traumatismos e ingreso de fluidos a los bronquios, entre otras lesiones.
Insólitamente, en su sentencia el juez militar Vilche no habla de golpes o tormentos, sino de súbitos “cambios de voces” de Morales, que lo interrogaba sobre un supuesto contrabando de armas provenientes de Argentina para el Partido Comunista.

El primer golpe de suerte de Morales consistió en la visión que el juez militar le dio imprimó al caso: Vilche lo consideró inocente por entender que cumplía órdenes y solo procesó con prisión por el asesinato de Roslik a los entonces teniente coronel Mario Alfredo Olivera (hoy fallecido) y al mayor Sergio Caubarrere, comandante y segundo jefe del Batallón de Infantería 9, donde ocurrió el “interrogatorio”.
Muchos años después, cuando el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, intentó que Morales pagara por este homicidio, la Suprema Corte de Justicia entendió que la Justicia Militar ya había laudado el caso y que no cabía reabrirlo. Otro golpe de fortuna de Morales.

Perciballe intentó entonces enjuiciarlo por otras denuncias de abusos ocurridos en San Javier durante la dictadura.
La maestra Zanoniani había denunciado que en 1980 “estuvo detenida, sin orden judicial y sin que haya cometido un delito”, durante unos 15 días. En ese lapso “fue objeto de plantones y golpes” por parte de Morales. La mujer tenía entonces 35 años y no tenía actividad política.
En la causa, varios testigos dijeron que también fueron atormentados por Morales. Víctor Eduardo Macarov, por ejemplo, declaró: “Fui objeto de capucha, plantón y sometido a choques eléctricos mediante picana eléctrica. Como responsable de los apremios y de los interrogatorios que se hacían en forma intercalada sindicó al teniente Dardo Ivo Morales”.
El dictamen del fiscal señala: “Todos los testigos sindican al indagado Dardo Ivo Morales como quien actuara o dirigiera los interrogatorios y, por ende, los apremios físicos que acompañaban a estos”.

Cuando parecía que Morales por fin terminaría en la cárcel, ocurrió un nuevo e inesperado golpe de suerte: la jueza Siri sorprendió con un procesamiento sin prisión.
Situación de reforma
Morales también ha eludido un fallo de la justicia civil que lo obliga a pagar una deuda.
Por esas deudas que mantiene con Roberto Correa, otro oficial del Ejército que entonces tenía el grado de capitán, Morales se vio sometido a dos tribunales de honor que lo encontraron inmerso en “descalificación por falta gravísima”.

Es por ese motivo que el 27 de setiembre de 2000, en la resolución 78.580 del Ministerio de Defensa Nacional, el entonces presidente Jorge Batlle y el ministro de Defensa Nacional Luis Brezzo, pasaron a Morales a “situación de reforma”, una sanción que le impide lucir el uniforme y ser reconocido como un oficial por sus pares.
Correa también se presentó a la justicia civil para cobrar las deudas, pero Morales no concurrió a las audiencias. Según documentos públicos, la jueza letrada de primera instancia en lo civil de 14 turno, Gloria Seguessa, lo declaró en rebeldía por ello.
Seguessa condenó a Morales a pagarle a Correa 20.808 dólares más intereses, pero la deuda no fue paga. Por ese motivo, la sede judicial libró en 2016 un embargo genérico en contra de Morales, que fue renovado en 2021.

Nada de lo anterior impidió que Morales cultivara relaciones con el poder y prosperara en el mundo de los negocios con el Ejército que lo había pasado a reforma.
Según fuentes militares, Morales se tornó un interlocutor habitual de los mandos militares por representar a la firma Todo Insumos, una proveedora habitual del Ejército.
Todo Insumos pertenece al empresario Roberto Amacoria y en los últimos años ha representado a la compañía estatal china que ha estado compitiendo por venderle dos patrulleras oceánicas a la Armada.

Morales ha sido el intermediario entre la Armada y Todo Insumos y los chinos en la última etapa de esta controvertida compra cuyo proceso lleva ya varios años.
Antes ese rol lo había cumplido el coronel (retirado) Gustavo Cardoso, integrante de Cabildo Abierto y hoy director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública.
Un documento que circula entre grupos de WhatsApp de oficiales de la Armada señala que “los representantes de la firma Todo Insumos SRL son los representantes del astillero chino, el coronel Gustavo Cardoso (secretario del MSP por Cabildo Abierto) y el mayor Dardo Ivo Morales”.

En diciembre de 2015 una delegación de la empresa estatal china Shipbuilding Offshore Company (CSOC) se presentó ante la Comisión de Defensa del Senado para presentar su proyecto de patrulleras oceánicas. La comitiva estuvo integrada por funcionarios y diplomáticos chinos, Amacoria y el coronel Cardoso.
El actual jerarca de Salud Pública dijo a El Observador que nunca fue empleado ni contratado por Todo Insumos, sino que se limitó a oficiar de intermediario. “Cuando asumí en 2020 en el Ministerio de Salud Pública corté todo contacto con estos negocios”, afirmó.
En los últimos años, muchas veces durante la comandancia del general Guido Manini Ríos, Todo Insumos ganó varias licitaciones y también fue beneficiaria de varios procesos de compra directa de material militar y repuestos por parte del Ejército.

Fuentes políticas dijeron que Morales integra Cabildo Abierto y participa en reuniones de militares que son parte de ese partido. Sin embargo, a través del diputado Álvaro Perrone, Cabildo señaló que Morales no integra ese partido.
Entre los “amigos” de Morales en Facebook, figuran varios de los principales cuadros de Cabildo en el gobierno: el subsecretario Rivera Elgue, el coronel retirado Gabriel Albornoz, cofundador de Cabildo y exdirector de Secretaría del Ministerio de Vivienda. También el coronel Cardoso; el director de Minería y Geología, mayor retirado Marcelo Pugliese; el subdirector nacional de Empleo, coronel retirado Hebert Pintos; el director del INDA, coronel retirado Ignacio Elgue, y el presidente del Correo, coronel retirado Rafael Navarrine. También los diputados Martín Sodano y Carlos Testa.

Sodano dijo no conocerlo: “Nunca escuché de él”. La misma respuesta dio Testa.
Cardoso señaló a El Observador que solo conoce a Morales “de la vida militar”, como oficial de una generación cercana a la suya.
Morales también es “amigo” en Facebook del general retirado Daniel Castellá, otro de los involucrados en el caso Roslik, ya que comandó la partida militar que lo detuvo y -según la sentencia del juez militar Vilches- estuvo presente en el interrogatorio donde el médico fue muerto.

Castellá fue presidente del Supremo Tribunal Militar entre 2017 y 2021, nombrado en el cargo por el presidente Tabaré Vázquez. Cuando se conoció la sentencia de Vilches, que lo situaba como presente cuando mataron a Roslik, el ministro Javier García lo separó de ese cargo.
Un hermano de Castellá, Gabriel, fallecido en 2011, fue subsecretario de Defensa Nacional en el primer gobierno del Frente Amplio, cuando el ministro era Gonzalo Fernández. Era integrante del MPP y muy cercano al expresidente José Mujica.

En Facebook, Morales ha compartido un video del entonces ministro de Defensa y líder tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro defendiendo las jubilaciones militares. También programas radiales de Cabildo Abierto y una carta del detenido coronel Eduardo Ferro, con agravios al historiador y politólogo Gerardo Caetano.

A través de su abogada Graciela Figueredo, Morales dijo que no haría declaraciones para esta nota.
Tampoco fue posible obtener la palabra de Amacoria a través de oficiales de la Armada.
Morales y los Archivos del Terror
En los llamados Archivos del Terror subidos a internet, hay varias menciones al oficial Dardo Morales.
La mayor parte de ellas refieren a sanciones a prisioneros políticos. También hay un interrogatorio que hizo a un maestro que exhibió una diapositiva sobre los derechos humanos de la infancia que molestó a los militares.

Hay un recorte de prensa del 1983, antes de lo de Roslik, donde consta que Morales fue seleccionado para leer un mensaje ante el público durante la inauguración de un monumento a los caídos en la lucha contra la subversión en Fray Bentos. El mensaje que leyó decía: “Animados por el cristiano aliento que nos enseña a reverenciar a nuestros muertos, hemos levantado en cada cuartel, un altar que los recuerde y nos permita reunirnos en momentos de solemnidad y meditación”.

Por último hay un documento militar reservado de 1994 que da cuenta que siendo mayor, Morales recibía amenazas.
“El día 3 de abril, al regresar del interior del país, tenía en la contestadora de su teléfono una llamada registrada en la cual una voz masculina profería amenazas contra su persona (…) En años anteriores ha recibido llamadas similares en esta época del año. Estas llamadas están relacionadas con su destino en el Batallón de Infantería N 9 durante el período en que permaneciera detenido en esa unidad VLADIMIR ROSLIK”. 

Leonardo Haberkorn

La viuda de Vladimir Roslik (con la foto en su regazo) frente a frente con los acusados e imputados de secuestrar, torturar y asesinar en Fray Bentos en el año 1984, a su esposo, el médico Vladimir Roslik.

Misión SFAB vendrá a Uruguay

Vienen tropas gringas y el FA no se queja. Más violencia a la violencia. Que venga la DEA

 

 2 octubre 2023, Nicolás Centurión

Estados Unidos pisará más fuerte en Uruguay a través de las Brigadas de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés). Así lo consignó la nueva embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Heide Fulton, al semanario Búsqueda. Fulton dijo que intentará “capitalizar las herramientas”de los dos países para combatir a los narcotraficantes, la droga y la criminalidad.

“El desafío con los narcotraficantes y con los elementos criminales es que tienen muchos recursos y son muy creativos, y puede ser desafiante para los gobiernos hacerles frente. Pero sé que hay mucha voluntad en Uruguay para hacerlo. Nosotros estamos muy enfocados en una cantidad de iniciativas para construir capacidades”, indicó.

El Comando Sur busca fortalecer su influencia en la región ante el avance de China: en 2020 Uruguay retomó su participación en un entrenamiento naval internacional organizado por Estados Unidos; en 2022 la Armada recibió tres lanchas norteamericanas e incluso analizó la compra de buques OPV con Estados Unidos como intermediario; y recientemente también comenzaron a profundizarse los vínculos en el ámbito espacial.

¿Qué son las SFAB?

Creadas en 2017 para asesorar a fuerzas militares en Afganistán e Irak, las Brigadas de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés) pretenden expandir su presencia en América Latina, sumando nuevos países a sus operativos.

En los países a los que llegan, los «asesores» de las SFAB se vinculan con los órganos educativos y mandos superiores de las fuerzas armadas locales para organizar cursos y ejercicios conjuntos.

En 2020 arribaron por primera vez a América Latina, cuando desembarcaron en Colombia. En marzo de 2023, por ejemplo, efectivos de la 1° SFAB viajaron junto al Ejército de Colombia a la zona de La Guajira —limítrofe con Venezuela— para evaluar sus procedimientos y destreza técnica en la planificación y ejecución de misiones de artillería de campaña utilizando cañones Howitzer de 155 milímetros.

Los asesores que las brigadas envían a los países deben atravesar además un, según ellos mismos, riguroso proceso de tres años en el que se evalúan no solo sus capacidades militares, sino también sus «habilidades de liderazgo».

En cada SFAB se encuadran 816 efectivos en un régimen de rotación de tres años, bajo el mando de un general de brigada, y se dividen en unos 60 equipos –teams– multifuncionales integrados por cuatro a seis efectivos, categorizados según cuatro rubros: maniobras, artillería de campaña, de ingenieros y logística.

Desde su creación, las SFAB son seis, una en cada uno de los cinco comandos geográficos combatientes y la sexta en la reserva de la Guardia Nacional del Ejército.

Así, el Ejército de Estados Unidos mantiene SFAB en el Comando Sur, el de África, el Comando Central, el Comando Europeo y del Indo-Pacífico. La primera SFAB se estaciona en Fort Moore, Georgia, y corresponde al Comando Sur, cuyo teatro de operaciones se extiende desde el sur de México hasta Tierra del Fuego y desarrolla actividades de asistencia, que califica como «persistentes», en Colombia, Honduras y Panamá.

Según informaba en agosto el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, el Comando Sur tiene prevista la expansión de las actividades de su SFAB a Perú, Ecuador y Uruguay, aunque con carácter «episódico». Son una fuerza de élite que ya ha operado en Colombia, Panamá y Honduras esta división tiene por objetivo expandirse a Ecuador, Perú y Uruguay.

Con presencia en los países nombrados anteriormente, el Comando Sur se asegura el control de la costa del Pacífico. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué Uruguay?.

El narcotráfico es y será en las próximas décadas la nueva Doctrina de Seguridad Nacional. El caballo de Troya para el ingreso de tropas militares en países soberanos y un nuevo mecanismo de injerencia, contrabandeando la preocupación por la seguridad nacional para que el Comando Sur se inmiscuya en territorio latinoamericano.

Pensémoslo de manera opuesta: ¿se imaginan tropas brasileñas, mexicanas o colombianas ayudando en territorio estadounidense el combate al fentanilo? ¿Cómo lo calificaría Estados Unidos? ¿Siquiera algún gobierno lo pondría en debate?

A su vez, si ampliamos el zoom de análisis, esta jugada de Estados Unidos puede tomarse como un dique de contención y prevención ante el avance de China y Rusia en la región. En un texto publicado sobre las SFAB se asegura que la expansión de esas fuerzas en la región latinoamericana «incrementará la presencia de los asesores, continuará construyendo la capacidad de los socios y mantendrá a EEUU como el socio de elección», incluso sostiene específicamente que una mayor presencia de «asesores» de esta fuerza «ayudará a contrarrestar la influencia de otras naciones».

Si atamos esto a las tristemente célebres declaraciones de Laura Richardson, Jefa del Comando Sur, América Latina sigue siendo el patio trasera de la potencia estadounidense y así lo entienden ellos.

Peores americanos

“El Comando Sur del Ejército está trabajando en concretar la primera oportunidad de intercambio con Uruguay durante 2024 para continuar fortaleciendo la asociación entre nuestros ejércitos y avanzar en los objetivos compartidos de seguridad nacional”, declaró la consejera de Prensa, Educación y Cultura de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Kerri Spindler-Ranta, al semanario Búsqueda.

En una reunión que Fulton mantuvo con el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, el jerarca del gobierno le planteó el interés del país por aumentar la cooperación internacional para luchar contra el narcotráfico, informó El Observador.

Uno de los pedidos que Uruguay hace a Estados Unidos es que vuelva a instalar la oficina de la Administración del Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) que en 2019 se retiró del país en el marco de una redistribución de recursos en la región.

Esto implica una contravención a la Ley Marco de Defensa Nacional (2010), así como en los decretos que han establecido la política de defensa nacional (2014 y 2020) y en el que definió la política militar de defensa (2016), no hay referencias a la seguridad nacional. Es más, la seguridad nacional no ha sido parte de la tradición política del Uruguay contemporáneo.

Hasta el momento no se ha escuchado una sola palabra de queja o de alerta ante estos movimientos por parte del centroizquierdista Frente Amplio como oposición. Desde su fundación, dicha fuerza se define como una “fuerza política de cambio y justicia social; de concepción progresista; democrática, popular, antioligárquica y antiimperialista”. Bueno, esto último se ha desteñido con los años.

 
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

 

https://estrategia.la/2023/10/02/tropas-de-elite-estadounidenses-en-uruguay/

Mas pobreza infantil

 

En mi país que tristeza, la pobreza

Uruguay es el país de la región con mayor infantilización de la pobreza. La pobreza infantil no es la más alta de la región, pero sí lo es la relación entre la pobreza infantil y la pobreza general.

Por su parte, los niños de 0 a 14 años uruguayos en 2021 estuvieron expuestos a una tasa de pobreza 33,3 veces mayor a de las personas mayores. Entre otros esto es reflejo de desigualdades en la cobertura y suficiencia de las prestaciones sociales que recibe un colectivo y otro

Los resultados de las políticas de este gobierno refieren a un fracaso en esta materia. El próximo tendrá el deber de revertir esta realidad.

Solamente 30.000 gurises nacen por año en Uruguay, y casi 6.000 ya lo hacen en la pobreza.

 

La pobreza infantil asciende a 20,9% mientras que en personas de 65 años o más es de 1,8%, según los registros del primer semestre. Los niños y adolescentes están en una situación de pobreza que es más del doble de las franjas de edades mayores. Los datos surgen de la apertura de pobreza por edades que realizó el economista Nicolás Cichevski en base a los microdatos de la Encuesta de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“A nivel de edades, la pobreza se concentra en la primera infancia y los hogares pobres tienen más niños a cargo. uno de cada cinco menores de seis años viven en la pobreza”, dijo Cichevski. Y agregó que “independiente de pequeñas variaciones año a año y semestre a semestre, la contracara es que uno de cada 50 mayores de 65 años vive en hogar por debajo de la línea de pobreza”.

03 de Octubre de 2023, M24

La pobreza entre los menores de seis años es 11,6 veces mayor que la detectada en los adultos de más de 65 años.

Según datos de la Encuesta Continua de Hogares proporcionados este lunes, en el primer semestre de este año se registró que la quinta parte de los menores de seis años son pobres, cifra que se mantiene respecto a la del mismo semestre del año anterior, aunque se puede asegurar que está “por encima” del registro previo a la pandemia.

Uno de los datos es que la pobreza entre los menores de seis años es 11,6 veces mayor que la de los adultos mayores, es decir las personas de más de 65 años, detalla El Observador.

Por su parte, Braulio Zelko, economista de la Universidad de la República, publicó en su cuenta de Twitter que actualmente Uruguay es el país con mayor infantilización de la pobreza en la región, según CEPALSTAT (el banco de datos de Encuesta de Hogares de la Cepal).

El especialista relató que los niños en Uruguay de 0 a 14 años en 2021 tuvieron una exposición a la pobreza de más del doble (2,1) que el promedio de la población.”En américa latina esta cifra en promedio es 1,4″, escribió.

“Los niños de 0 a 14 años uruguayos en 2021 estuvieron expuestos a una tasa de pobreza 33,3 veces mayor a de las personas mayores. Entre otros esto es reflejo de desigualdades en la cobertura y suficiencia de las prestaciones sociales que recibe un colectivo”, añadió.

Pese a que la inscripción en un centro educativo es obligatorio desde los cuatro años, miles recaen en un agujero negro donde la escuela no llega
 

11 02 23

Cuando le pidieron que escribiera su nombre, el niño devolvió una mirada atónita. Cuando le empezaron a imitar el sonido de la jota —la inicial del primero de sus nombres y como se llamará en esta nota—, con la intención de que trazara esa letra sobre la hoja, siguió con la misma mirada perdida. Nunca había agarrado un lápiz.

El técnico de una ONG que lo visitaba —a partir de la denuncia de un vecino—, en una precaria casa de techos bajos y descascarada cerca de Lecocq, supo que algo no andaba bien. Jota, quien por entonces sobrepasaba los siete años, estaba en edad de identificar y trazar las letras, de leer un mensaje sencillo en imprenta y mayúscula, o de nombrar los colores sin equivocarse. Pero no sabía nada de eso y más: si quiera entendía sobre compartir un juguete, interpretar el rol de un médico o un maestro, o de expresar sus sentimientos. Jota no había pisado un aula pese a que, por ley, debió hacerlo tres años antes de la visita del técnico.

En Uruguay suele repetirse que todos los niños están anotados en una escuela. Pero el postulado es un poco exagerado y otro tanto complaciente. Porque en el país que integra el selecto grupo de los gobiernos digitalmente más avanzados, en el que no existen zonas inhóspitas y menos impenetrables, en que cada nacido vivo recibe su documento de identidad antes del alta hospitalaria, en el país más igualitario de la región a juzgar por el índice de Gini, y donde los nacidos en un mismo año caben en el Estadio Centenario y hasta dejan libre más de un tercio del auditorio, no existe un registro cabal sobre si todos los niños están escolarizados.

Ese “agujero negro” de información es probable que sea pequeño, pero, como todo aquello que se desconoce, nadie sabe a ciencia cierta cuán pequeño es. La Encuesta Continua de Hogares —el instrumento que usa el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para estimar los ingresos y otras variables de los uruguayos— estima que, entre los niños en edad escolar, del 0,4% al 1,7% —dependiendo el año— no asiste a ningún centro de enseñanza. Eso significa que entre 1.500 y 6.500 de los menores de esas edades están fuera del sistema y del radar de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El indicador de la ECH es el usado a nivel oficial para estimar el nivel de cumplimiento de las metas de cobertura educativa. Pero como el instrumento no fue creado para esto, las autoridades de la enseñanza —incluyendo a la ANEP, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Ministerio de Educación, Ceibal y el proprio INE — están pensando en nuevas formas de medirlo.

“Las dificultades en la sistematización de toda la información se vienen señalando por distintas instituciones desde hace años”, reconoce la directora técnica del Ineed, Carmen Haretche. Por eso “empezamos a reunirnos para ir articulando los datos administrativos que cada institución tiene y que pueden dar una idea del total del universo”, dice la doctora en Sociología, quien admite que el principal problema “no es diseñar un sistema que siga la trazabilidad del niño desde que nace y se le asigna un número de documento, sino que lo difícil es armonizar el cúmulo de información dispersa que cada organismo recopila de maneras distintas y en soportes distintos”.

De hecho, la ANEP no cuenta siquiera con la globalidad de los datos de cada escolar que asiste a un colegio privado, pese a que es el organismo rector y quien ejecuta las políticas educativas.

En ese sentido, la encuesta que se usa hasta ahora es, como dice el nombre, una encuesta. Eso significa que intenta una representación de la población, pero no cuenta con el dato de toda la población: tiene sus sesgos, sus márgenes de error muestral y, además, carece de la identificación de cada uno de esos niños que están fuera del sistema educativo.

Para decirlo sencillo: Jota jamás hubiese sido ubicado por una encuesta y tampoco figuraba en ninguna base de datos de la ANEP.

Su vida está radiografiada en un cúmulo de expedientes judiciales que datan desde 2014, el mismo año en que nació. Primero la quita de la potestad a su madre —adicta a la pasta base—, luego la separación con su tía —descrita como violenta y sin casa donde vivir—, más tarde, la vulneración de derechos básicos sufridos por una segunda tía —a quien la Justifica le encomendó tratamientos psiquiátricos—, la inscripción a primer año de escuela sin haber asistido jamás a la educación inicial, el INAU que debió hacerse responsable, la entrada en un hogar estatal, la reinscripción en otra escuela porque nadie lo mandaba a clase en la primera, y recién este último año, en 2022, la cursada en un centro educativo en el mismo barrio de ese hogar estatal.

“Ahora es otro niño”, dice una de las técnicas que siguió su caso en los últimos dos años. En medio de la pandemia, cuando el otro técnico había visitado la casa precaria de Jota y había notado que era analfabeto, el niño parecía una de esas historias de personas sin socialización alguna que son localizados en una isla perdida. Solo que él vivía a 25 minutos en auto del Centro de Montevideo. Solo que a él la Justicia lo había seguido, solo que él contaba con documento de identidad, solo que una parte del Estado sabía de su existencia y pese a ello durante años no lo fueron a buscar para que asistiera a una escuela.

“Desde 2020 a 2022 hemos captado a unos 45 niños que, pese a tener edad de asistir a la educación obligatoria, estaban completamente fuera del radar institucional”, cuenta Adriana Briozzo, coordinadora de proyectos socioeducativos de la ONG El Abrojo. “Ya antes de la pandemia había una cifra no despreciable de niños que caían en ese ‘agujero negro’ de información, y la pandemia hizo estragos: surgieron barrios nuevos, de pocas manzanas y con identidad propia, donde el Estado llega muy poco”.

La periferia de Villa Colón, el extremo de Piedras Blancas y otros puntos de la ciudad dan cuenta de un Uruguay que es particularmente desigual respecto a cómo trata a sus niños. El estadístico Juan Pablo Ferreira, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, hizo un análisis del porcentaje de pobreza infantil en los distintos segmentos censales de Montevideo. Es decir: dividió a la capital en unas 1.000 partes en las que cada pedacito contiene unas cuatro manzanas. Y llegó a la conclusión de que los valores de pobreza de Sudán del Sur y Luxemburgo están a diez minutos de distancia si se mira el mapa departamental.

“Hay zonas en donde más del 60% de los pibes son pobres. Lamentablemente nada nuevo. Obviamente seguimos sin futuro”, había tuiteado el docente.

Nada nuevo

La señora Eme —inicial de uno de sus nombres y como se llamará para esta nota— lleva el tiempo consciente de sus 33 años preguntándose por qué su madre nunca la inscribió en una escuela. Sus 13 hermanos aprendieron a leer y escribir, pero ella jamás se sentó en un banco escolar.

“No entiendo por qué mi mamá nunca me mandó a estudiar, pienso y no entiendo”. Eme carga con esa pregunta sin respuesta. “Mi mamá me vendía a los hombres de la zona —en el barrio Mendoza—, algunos de ellos de mucha plata, pero nunca me quiso mandar a la escuela”.

El Estado nunca la fue a buscar. Recién a los 12 años, a la edad en que en teoría debía estar terminando la escuela, en la salud pública le preguntaron por qué no estaba inscripta. Ya era tarde: a esa edad quedó embarazada de los dos primeros hijos de los siete que tuvo en total.

Algunos de sus hijos no fueron al jardín, pese a que la ley de Educación dice que la obligatoriedad inicia a los cuatro años, pero todos ingresaron a Primaria. “A ellos les quise dar lo que no me dieron”, cuenta un tanto molesta por lo que se perdió y otro tanto porque el menor de sus hijos está en manos del INAU y solo puede verlo cada dos meses.

“Es increíble: cuando estuve en situación de calle y una rata mordió a uno de mis niños, el Estado nunca se hizo cargo de llevárselos al INAU para que durmiesen en una zona segura, y ahora que tengo mis cosas, me quitan al más chiquito…”.

Según Briozzo, de la ONG El Abrojo, en Uruguay muchas veces se repiten mitos. "En 1995, cuando iniciamos el programa de maestros comunitarios que luego se incorporó a la ANEP, decía que en el país no había analfabetos y nosotros encontrábamos unos cuantos. Ahora se dice que todos están escolarizados y no es así… hay casos de quintas o sextas generaciones de pobreza a las que el Estado llega poco y que encima se está alejando cada vez más”.

Refiere a que el cierre de algunos servicios de cercanía del Mides que estaban en los territorios —como los Socat— están siendo sustituidos por ventanillas únicas a las que las familias tienen que acercarse de manera proactiva y, según Briozzo, “hacen que sea más difícil captar los casos del agujero negro”.

En las visitas que el Mides realiza para la asignación de las tarjetas de ayuda, cada tanto da con el hermanito de algún niño que no está escolarizado. Esto pasó el año pasado cerca de Pando, donde se encontró a un preadolescente que jamás había cursado la escuela y que ahora está siendo seguido por el programa de Jóvenes y Adultos de la ANEP.

Pero estas visitas ministeriales no están exentas de dificultades: hay una lista de espera de “miles de entrevistas”, la modalidad censal en que se iba a recorrer lugares sin cita previa “está tendiendo a quedar en desuso, se redujo la cantidad de técnicos y encima por razones de seguridad hay que hacerlo en duplas”, explica Ana Casteluccio, presidenta del sindicato de trabajadores del Mides, quien advierte que “la tendencia a retirarse del territorio está dificultando la llegada a aquellos casos que no se conocen”.

Las oficinas territoriales son muchas veces las que encuentran casos de niños desvinculados por migración interna. “Lo que sucede es que la pobreza extrema se mueve mucho”, explica Briozzo. Cuenta que hace poco tuvieron que atender a unos niños que hace menos de un año se mudaron al departamento de Rivera por una zafra de sus padres. Por problemas laborales se movieron a Salinas, de allí a Colón y ahora a Las Piedras. “La continuidad escolar es muy difícil así y la escolarización cabalga a la par de esos vaivenes”.

Pero a diferencia de lo que sucede con el agujero negro, este tipo de niños “desvinculados” sí están en el registro escolar y las maestras pueden informar sobre el ausentismo.

Desvinculados

Es como una roca que se va desgranando y haciendo cada vez más pequeña. Así describen los técnicos en educación al sistema uruguayo. Las generaciones empiezan la institucionalidad educativa casi completas —salvo por el agujero negro—, pero poco a poco se van haciendo más chicas. Algunos continúan a destiempo, otros sencillamente abandonan y solo un tercio termina en tiempo y forma.

Mientras la pobreza sigue escalando 10,4%.INE NO divulgó datos de pobreza infantil. Uruguay es el país de A.Latina con mayor infantilización de la pobreza. Hay 157.000 niños, niñas y adolescentes viviendo debajo de la línea de pobreza. 30.000 en condiciones de “emergencia habitacional”