A 50 años del «2° Vuelo de Orletti» el Estado sigue ocultando la verdad con impunidad (I)
El Zumbido /Colectivo “Artículo 12” (Primera parte), 6 de octubre de 2026
Un colectivo de investigación sobre violaciones a los derechos humanos demandó al Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ocultar información sobre vuelos militares que podrían haber sido utilizados para trasladar desaparecidos a Uruguay
Colectivo “Artículo 12” (Primera parte)
«Silencio positivo» al pedido de información
El colectivo de investigación «Artículo 12», que realiza solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) sobre las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de turno, al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) por recaer en el «silencio positivo» previsto en el Artículo 18 de la Ley 18.381, al negarse documentación sobre el historial de pilotos y vuelos efectuados desde y hacia Argentina en los aviones del Transporte Aérea Militar Uruguayo (TAMU) entre 1974 y 1978.
El 5 de mayo, a través del periodista Roger Rodríguez, «Artículo 12» formalizó el pedido de información, pero la Secretaría de Estado a cargo de la ministra Sandra Lazo solicitó la prórroga prevista en la Ley; sin embargo, vencido el nuevo plazo de 20 días «no se otorgó ninguna respuesta por lo que se configuró el silencio positivo respecto a la información solicitada y la demandada –por imperio legal- está obligada a franquear el acceso requerido”, indica el escrito del Dr. Iván Luzardo del equipo legal del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo).
La solicitud de información se presentó como un pedido ampliatorio de una magra respuesta dada en 2025, en la que el MDN se limitó a reconocer la cantidad y aportó algunos datos de las aeronaves que en aquellos años controlaban las Fuerzas Armadas a través de TAMU (creada por Decreto N° 243.962 en 1970), y de PLUNA, cuya reestructura orgánica y funcional había sido encomendada a la Fuerza Aérea por la Ley 14.153, publicada en la Orden del Comando General de la FAU N° 1571 del 20 de marzo de 1974. Todos los vuelos eran registrados por las Fuerzas Armadas.
De acuerdo a indagaciones realizadas en otras dependencia del Estado por el grupo “Artículo 12” (que también integran los periodistas Marcelo Falca y Gabriel Mazzarovich, junto a Macarena Gelman, los vuelos de TAMU y PLUNA a Argentina exigían un protocolo de permisos de sobrevuelo y de registro de Aduanas que entonces se iniciaban por telex y/o a través de la embajada de Uruguay en Buenos Aires, en cuyos archivos se hallaron copias de esas solicitudes realizadas por la FAU donde consta la fecha, el avión y el piloto al mando. Esos telex existen hoy en archivos militares.
El MDN, como otras oficinas del Ejecutivo, suele ampararse en el Art. 14 de la Ley 18.381 donde se indica que: “la solicitud de acceso a la información no implica la obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido”, pero también dice que: “no se entenderá producción de información, a la recopilación o compilación de información que estuviese dispersa en las diversas áreas del organismo, con el fin de proporcionar la información al peticionario». Tienen que buscarla y darla.
La denuncia contra el Ministerio de Defensa Nacional ya fue presentada por “Artículo 12” ante el órgano de contralor existente en AGESIC para el cumplimiento de la Ley, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que en su Informe 97 se expidió sobre el caso y concluyó que “El Ministerio de Defensa Nacional (MDN), teniendo la información solicitada, debe entregar la misma al solicitante, ya que ha incurrido en silencio positivo y la misma se encuentra amparada en el artículo 12 de la Ley 18.381”.
Las investigaciones del colectivo “Artículo 12” se respaldan en ese artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública N° 18.381 donde se establece la inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos: “Los sujetos obligados por esta Ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones a los derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”.
Los traslados ilegales en aviones de la FAU son relevantes para hallar a los desaparecidos.
El segundo vuelo de Orletti
Este lunes 5 de octubre, precisamente, se cumplen cincuenta años del operativo represivo conocido como “2° Vuelo de Orletti” que, enmarcado en la coordinación denominada “Plan Cóndor”, implicó el secuestro y tortura en Buenos Aires de una veintena de ciudadanos uruguayos quienes ese día de 1976 fueron trasladados ilegalmente en el avión 511 del Transporte Aérea Militar Uruguayo (TAMU) a Montevideo donde, finalmente, fueron torturados, ejecutados y enterrados, posiblemente en fosas comunes.
El brutal crimen de lesa humanidad fue denunciado en un artículo que se publicó en el diario La República el 17 de marzo de 2002, al continuar una investigación realizada durante un año para Posdata Folios, por la que, indagando el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, se llegó a la identificación y recuperación del niño Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez secuestrado en julio de 1976, al que Rafael Michelini terminó por localizar en Buenos Aires en marzo de 2002.
En julio de aquel año, Sara Méndez y otros activistas que resistían la dictadura militar desde Argentina, fueron secuestrados y retenidos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) porteño conocido como Automotores Orletti, sede de la coordinación represiva regional del “Plan Cóndor”. Ese grupo de uruguayos, que finalmente “repatriaron” en un primer vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) terminó siendo «blanqueado» y procesado por la justicia militar, luego de un falso operativo de detención en el balnerario Shangrilá.
Orletti hoy: El taller mecánico convertido en un centro clandestino de detención y tortura entre mayo y noviembre de 1976, hoy es un centro dedicado a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado (Foto: Kaloian)
El taller mecánico convertido en un centro clandestino de detención y tortura entre mayo y noviembre de 1976, hoy es un centro dedicado a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado (Foto: Kaloian)
En 2001, en el marco de la investigación periodística para Posdata Folios, un informante argentino (integrante de la banda del represor y extorsionista Anibal Gordon) que había operado en Orletti y había aportado los datos que permitieron encontrar a Simón a 25 años de su secuestro, también afirmó que el otro grupo de uruguayos, secuestrados en setiembre de 1976, también había sido “devuelto” a Uruguay para su “destino final”, como se denominaba entre represores la ejecución y desaparición de los detenidos.
“De Uruguay a los argentinos nos han cobrado todo y mucho ha salido a la luz. Pero que no nos adjudiquen esas desapariciones. A los que no murieron en Orletti nosotros los devolvimos. No sabíamos que los del primer viaje estaban vivos, así que cuando cerraba Orletti se planificó otro viaje grande en el que se incluyó a todos los que quedaban, incluso cinco argentinos. No participé en la entrega, pero creo que a esos últimos tienen que buscarlos en Uruguay”, dijo el informante.
Lo publicado en el diario La República en 2002 implicaba que decenas de uruguayos desaparecidos, cuyos restos se reclamaban infructuosamente en Argentina debían comenzar a buscarse en Uruguay; y que la muerte de esa veintena de prisioneros no pudo tener como causal un “exceso” en la tortura, sino una planificada ejecución masiva, con su enterramiento en fosas comunes, probablemente, lo que explicarían el celo con el que las Fuerzas Armadas uruguayas han mantenido su “pacto de silencio”.
La denuncia del 2° Vuelo de Orletti fue confirmada meses después por un militar uruguayo que el 5 de octubre de 1976 presenció el arribo a la base militar del Aeropuerto de Carrasco del avión 511 de TAMU del que descendieron encapuchados los detenidos. La ampliación informativa, publicada en La República en setiembre de 2002, indicó los nombres de los militares implicados y denunció que el entonces comandante en jefe de la aviación, brigadier José Pedro Malaquín, había sido el copiloto del traslado.
A 50 años del «2° Vuelo de Orletti» el Estado sigue ocultando la verdad con impunidad (II)
Un colectivo de investigación sobre violaciones a los derechos humanos demandó al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Defensa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ocultar información sobre vuelos militares que podrían haber sido utilizados para trasladar desaparecidos a Uruguay
¿Quién cerró la puerta?
El “segundo vuelo” fue admitido en un informe sobre desaparecidos que a pedido del presidente Tabaré Vázquez elaboró la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) en agosto de 2005; pero hasta la fecha las Fuerzas Armadas no han aportado datos ciertos que permitan ubicar el paradero de sus cuerpos, posiblemente en una fosa común que llamaban “los del ómnibus”, porque habrían llegado en un micro al centro de torturas “300 Carlos”, ubicado detrás del Batallón 13 de Infantería, y luego fueron llevados en grupos al Batallón 14 de Toledo, donde los ejecutaron y enterraron.
La desaparición forzada de esos uruguayos derivó en el encarcelamiento por «homicidio agravado» del más conocido grupo de represores de coordinación del Plan Cóndor. Varios de esos militares degradados han fallecido y llevaron a sus propias tumbas el secreto. Pero algunos de ellos, hoy presos en la Cárcel de Domingo Arena, y otros que nunca enfrentaron un juzgado (en particular los soldados que cavaron las fosas donde los mandaron esconderlos), saben dónde están. Así ocurrió con el soldado Ariel López Silva quien señaló el lugar donde apareció el cuerpo de Eduardo Bleier.
Plan Cóndor
Otros que saben, pero no se quieren acordar son los efectivos de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que el 5 de octubre de 1976 componían la tripulación del Vuelo 511 que trajo a los uruguayos de Orletti desde Buenos Aires. El excomandante Malaquín nunca terminó de admitir que fue el copiloto de aquel traslado y, apoyado por el también excomandante brigadier general (r) Enrique Bonelli (piloto del primer vuelo), han jugado a la “mosqueta” en sus testimonios públicos y judiciales.
En abril de 2007 el brigadier Malaquín testificó ante la fiscal de 2° Turno Mirtha Guianze y el juez Luis Charles en el Juzgado Penal de 14° Turno, en el marco de la causa “Plan Cóndor”, pero dijo no estar seguro de si Bonelli o él habían sido quien transportó al grupo que sobrevivió. Días después el piloto del “2 Vuelo de Orletti”, mayor (r) Walter Pintos, presentó su “carpeta de vuelo” y confirmó que había comandado el avión 511 de TAMU aquel 5 de octubre de 1976, pero tampoco reconoció el traslado de los uruguayos secuestrados.
El piloto Pintos y el copiloto Malaquín, como el navegante capitán Daniel Muñoz, afirmaron ante la justicia que subieron al avión una vez que la nave había sido «cargada» y que se mantuvieron en la cabina, sin mirar hacia el área de pasajeros o bodega, y desconocían qué era lo que transportaban, quién se lo dio y a quién le fue entregado una vez en Montevideo. Lo que nadie investigó entonces y aún no se ha aclarado fue cómo se cerró la puerta trasera del bimotor para que pudiera despegar y realizar el recorrido del «puente aéreo» desde Buenos Aires.
Los Douglas C-47B Skytrain de la FAU debían utilizar una tripulación de, al menos, tres integrantes: un piloto (Pintos), un copiloto (Malaquín) y un navegante (Muñoz) en cabina y, necesariamente, un mecánico de vuelo encargado de asegurar la carga e inspeccionar los pasajeros, y de alinear y encastrar las puertas con pasadores metálicos y palancas de cierre. El mecánico del Vuelo 511 (o quien realizó su tarea en la aeronave), tuvo que cerrar la puerta trasera y no pudo dejar de ver la «carga» que el TAMU transportó aquel 5 de octubre de 1976. Pintos, Malaquín y Muñoz saben quién era.
A medio siglo de efectuado el «2 vuelo de Orletti» no es creíble ni admisible la hipótesis de que ninguna dependencia del Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, el Ejército e incluso la Armada, como de los servicios de inteligencia del Estado, admita la existencia de información sobre su realización, la identidad sus tripulantes, la identificación de los uruguayos trasladados, la unidad militar a la que los entregaron y el nombre de su responsable, el destino que tuvieron, por decisión de quién, el detalle de su ejecución y la señalización del lugar en que aún hoy se encuentran enterrados.
Testimonios y mentiras
Walter Alcides Pintos Alvariza está en prisión desde octubre de 2023 condenado por torturas y violencia sexual contra las presas políticas de la Base Aérea Boiso Lanza desde el año 1972 y durante la dictadura. Fue imputado por “reiterados delitos de privación de libertad muy especialmente agravados, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de violencia privada especialmente agravados y con reiterados delitos de atentado violento al pudor, en régimen de coautor, desestimándose las defensas formuladas”. Pintos fue el piloto y sabe qué trajo en el 511.
Malaquín Correa
José Pedro Malaquín Correa esta en libertad. A fines de 2004 el presidente Jorge Batlle y el ministro de Defensa, Yamandú Fau, firmaron la Resolución N° 1048/004 por la que le otorgaron la distinción “Al mérito Aeronáutico” en la categoría de Gran Oficial, con el diploma correspondiente. Se casó con la historiadora Ana María Ribeiro Gutiérrez, quien fue subsecretaria de Educación y Cultura durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. En 2024 hicieron separación de bienes. Aún se niega a decir la verdad histórica de lo ocurrido con el segundo vuelo de Orletti. Malaquín miente.
Daniel Muñoz, procedente de Tranqueras, Rivera, egresó de la Escuela Militar con la promoción “Pedro Campbell” en 1961 y pasó a retiro con el grado de Teniente Coronel. Fue uno de los pilotos del “avión presidencial” FAU 507 que existía desde 1965. Actuó en el Servicio de Información y Defensa (SID) y, aunque en su carpeta de vuelo no figura el viaje del 5 de octubre de 1976, es probable que por su tarea represiva en inteligencia no fuera anotado e, incluso, que él mismo haya sido quien cumplió tareas de sobrecargo del segundo vuelo. Muñoz sabe y es impune.
El coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez era uno de los subdirectores del SID, que comandaba el general Amaury Prantl, y fue el coordinador del operativo aéreo de traslado a Montevideo de los uruguayos secuestrados en setiembre y octubre de 1976 en Buenos Aires. Conocido como el «Paleta Quemada», fue detenido en 2006 ante un pedido de extradición desde Argentina. En 2012 fue condenado a 18 años de cárcel por la muerte de Ubagesner Chávez Sosa en la base aérea de Boiso Lanza. Murió preso en 2024. Araújo se llevó su secreto al ataúd.
Walter José Dopazo Ghioldi obtuvo en 1962 el brevet de piloto militar (PAM) N° 380 al egresar con la «Promoción Gral. Medardo R. Farías» (primer comandante de la Fuerza Aérea Uruguaya). Llegó al grado de coronel y ha sido destacado como aviador con misiones de impacto como traer un par de AT-6 D cedidos por Chile en 1978; pero también fue el oficial a cargo de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento cuando se realizó el «2° vuelo de Orletti» el 5 de octubre de 1976. Dopazo sabe quién los vino a buscar y se los llevó del aeropuerto militar en Carrasco.
En abril de 2007 el ex comandante del Ejército, Teniente General Carlos Díaz, también admitió la existencia del 2° vuelo de Orletti cuando testificó por el caso del «Plan Cóndor» ante el juez Charles, a quien confirmó el secuestro de los uruguayos en Orletti, la existencia del traslado clandestino desde Buenos Aires, que los «repatriados» fueron retenidos en una base clandestina y luego se decidió ejecutarlos, aunque no tenía datos de dónde habían sido enterrados. Hizo responsable al SID por el crimen. Diaz fue destituido en 2006 por reunirse con dirigentes políticos. Vive en España.
El general Pedro Barneix fue, junto a Díaz, redactor del expediente sobre desaparecidos que el Ejército entregó en 2005 a pedido del presidente Tabaré Vázquez. En aquel documento no se mencionó el caso del «2° vuelo de Orletti», que tampoco se incluyó entonces en el informe final de la Comisión para la Paz creada por Jorge Batlle. Barneix se suicidó en 2015, cuando iba a ser procesado por el asesinato en la tortura de Aldo Perrini en el departamento de Colonia en 1974. Su nombre lo utilizó un supuesto «comando paramilitar» para amedrentar a activistas por los derechos humanos.
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