8 septiembre 2023, https://estrategia.la/2023/09/08/narcopolitica-en-uruguay/
Luvis Hochimín Pareja
Ya no llama la atención que en algún país apresen a un narcotraficante uruguayo. Lo que pudo sorprender es que esta vez el delincuente manifestó reiteradamente en las redes sociales su ardiente devoción por el presidente Luis Lacalle Pou y es conocida su adhesión al Partido Nacional, donde también integró una lista y se ha floreado divulgando varias fotos con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y con la precandidata oficialista Laura Raffo.
Esta vez se trata de la captura en Bolivia del narcotraficante uruguayo Julio Luis Deal Barrios Smith, presunto lavador de activos del dinero sucio de su colega y compatrtiota Sebastián Marset.
Esta captura -de la que escapó Marset- deja a la luz la trama mafiosa que involucra a notorios empresarios uruguayos en el negocio de venta ilegal de estupefacientes a nivel regional e incluso extrarregional. La droga, a gran escala y en tonelaje, llega por distintas vías (aviones, camiones, pero en especial la fluvial por la hidrovía del Paraná) y se exporta al mercado europeo por el puerto de Montevideo.
Deal Barrios es fervoroso anticomunista y por supuesto adversa al Frente Amplio, tanto como admira al ultraderechista argentino Javier Milei. Pero también es admirador del presidente uruguayo Luis Lacalle, al igual que Jorge Pérez Bentancor, también narcotraficante y cómplice de Marset, casualmente vecino del mandatario derechista en el exclusivo barrio privado La Tahona.
Hugo Acevedo pregunta en Caras y Caretas ¿por qué en las fotos con referentes blancos (del gobernante Partido Nacional- aparecen recurrentemente narcotraficantes de gran porte y pedófilos –el caso más notorio es del exsenador Gustavo Penadés– y abusadores? O son relaciones carnales inspiradas en una afinidad ideológica, o existen otros intereses ocultos, tal vez económicos.
Los uruguayos creían hasta hace poco que vivían lejos del submundo del narcotráfico, pero en los últimos 45 días se preguntan si no habría que cambiarle el nombre al país y ponerle Narcoguay, señala Angel Pedemonte. La punta del hilo es el pasaporte otorgado hace dos años por este gobierno uruguayo al narco Sebastián Marset, caso que involucra al ministro Luis Alberto Heber y al canciller Francisco Bustillo.
¿Realmente los narcos se sienten más cómodos con gobiernos blancos como el de Luis Lacalle Pou y eventualmente Javier Milei, o es solamente una coincidencia y una simpatía espontánea? Se trata de delincuentes con un alto poder económico, por lo que su identificación de clase social con el gobernante uruguayo y el economista argentino es muy notoria. Por supuesto, esta reflexión está en el mero terreno de las especulaciones y, por el momento, no tiene evidencia empírica, acota Acevedo.
Deal Barrios no sólo está vinculado a Marset sino que incluso habría ayudado en su fuga.
Obviamente, tiene antecedentes por narcotráfico en Uruguay pero, al igual que Marset, como no tiene causa abierta, no está requerido por la justicia uruguaya. Parece increíble, pero es cierto. Su primera imputación penal data de 1998, por tráfico ilegal de estupefacientes. Nadie puede negar que no sabía quién era y a qué se dedicaba.
Los medios montevideanos recuerdan que durante el último gobierno del centroizquierdista Frente Amplio, ambos se mudaron –Marset a Paraguay y Deal Barrios a Bolivia–, seguramente porque no se sentían cómodos en Uruguay.
Con su manifiesto apoyo al Partido Nacional, Deal sondeó la posibilidad de invertir en nuestro país, seguramente para lavar dinero negro del narcotráfico. El control del lavado de activos, desde la aprobación de las normas contenidas en la inconstitucional Ley de Urgente Consideración puesta en marcha por el gobierno de Lacalle, está haciendo agua por todos lados.
A estos delincuentes que se mueven en las sombras, aunque a la luz sean miembros de la alta sociedad, les convienen los controles de movimiento de dinero laxos y la desregulación, cualidades que caracterizan a gobiernos -como el actual en Uruguay- muy complacientes para los cuales el Estado debe ser prescindente y el mercado mueve la economía, aunque los potenciales inversores sean mafiosos de gran porte.
Pese a que reside en Bolivia, desde donde maneja sus actividades ilícitas, es un personaje muy activo en las redes sociales, donde elogió al “libertario” Javier Milei y al presidente Luis Lacalle e instó a los ecuatorianos a votar contra la candidata progresista Luisa González, para él “comunista”.
La justicia boliviana lo condenó bajo los cargos de “organización criminal, asociación para delinquir, atentado contra los miembros de organismos de seguridad del Estado, falsedad ideológica y uso de documento falsificado”.
Este episodio se suma a la captura de Jorge Pérez Bentancor, por su implicancia en la comercialización de 256 kilos de cocaína. También este hombre, que se solía mover en los círculos exclusivos de la sociedad uruguaya y entre millonarios de extracción nacionalista, está vinculado a Sebastián Marset. Es decir, los tres son parte de una misma organización mafiosa.
Relaciones carnales
Lo cierto es que, como sucede en otros países de la región, están saltando a luz las relaciones carnales entre el narcotráfico y la política uruguaya, en este caso concreto con el Partido Nacional. Hay que recordar que el gobierno le otorgó un pasaporte legal al capo mafioso Sebastián Marset hace dos años, lo que le permitió escapar de una cárcel emiratí, donde fue recluido luego de intentar ingresar con un documento paraguayo falso a Emiratos Árabes Unidos.
Encontraron a Marset en Bolivia, pero se escapó de la policía. Sindicado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, huyó con su familia y se desconoce su paradero. Sus guardaespaldas secuestraron policías y se siguen destapando más hechos que dan cuenta de una trama de narcotráfico, persecución y corrupción a nivel internacional
Uruguay ya no es solo un país de tránsito de drogas, sino que productor de drogas sintéticas, mientras se verifica el aumento en el consumo de cocaína y las metanfetaminasa nivel local, y se advierte de la presencia de un cartel liderado por naroctraficantes uruguayos que operan en la región y garantiza la exportación .
Un informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) de Uruguay advierte que se fortaleció el accionar de organizaciones criminales a nivel regional, entre las que se destacan los grupos de origen brasileño y argentino, principalmente de la zona de Rosario, la segunda ciudad argentina, que utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná para canalizar los envíos de cocaína desde América del Sur a Europa, vía el puerto de Montevideo.
Diez toneladas de cocaína incautadas en un puerto de Alemania. Record y portada de noticias en varios medios internacionales. La droga provenía de Paraguay y se sospecha que el cargamento haya pasado por Uruguay, una vez más. Las miradas recaen otra vez sobre las autoridades del Uruguay.
*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Jorge Díaz: “No tenemos herramientas para saber si el narcotráfico financia a la política en Uruguay”9 septiembre 2023, La Diaria
Lucas Silva
El exfiscal de Corte considera que la Policía no está capacitada para combatir el lavado de activos porque “se desarmaron equipos” y advierte que hay un “atraso normativo de 20 años” en materia de ciberdelitos.
“Hace dos años dejaba la función pública después de tres décadas de
trabajar en exclusividad en el Estado. Hasta ahora he mantenido un
prudente y prolongado silencio sobre el funcionamiento actual del
sistema de Justicia penal y cuestiones políticas puras y duras”,
escribió este martes 5 el abogado y exfiscal de Corte Jorge Díaz en sus
redes sociales. El mensaje terminaba augurando que ahora “empieza otra
etapa”.
Entrevistado por la diaria, Díaz dijo que a partir de ahora
se propone opinar “con mayor libertad” de muchos temas vinculados a la
seguridad y la Justicia, y afirmó que “hay que trabajar” para que haya
un cambio de gobierno. El exfiscal lamentó que el sistema político no
haya alcanzado acuerdos para designar un nuevo fiscal general, un cargo
“demasiado importante como para tener dos años de interinato en un
sistema acusatorio”.
¿Cuáles advierte que serán los principales ejes de la discusión pública sobre seguridad de los próximos años?
Una cosa es lo que pueda proyectar y otra cosa es lo que uno
esperaría. Si hacemos una prognosis por lo que viene pasando, diría que
vamos a seguir discutiendo los mismos ejes y eludiendo los principales
temas. Seguimos muy concentrados en los aspectos policiales de la
seguridad, con una tinta muy cargada en lo cotidiano. El debate sobre
seguridad se ha transformado en un botín político, con bloques que se
disputan votos. Si fuera por lo que uno esperaría, preferiría discutir
cómo implementamos políticas públicas en materia de prevención,
represión, investigación y persecución criminal.
En materia de política criminal, deberíamos definir con claridad qué
queremos perseguir y a qué le damos prioridad, porque recursos para
perseguir todo no tenemos ni vamos a tener. Mi sensación es que tenemos
un Estado que prioriza los delitos contra la propiedad en flagrancia y
no tanto otros delitos. El proceso del sistema penal es altamente
selectivo: el 50% de las imputaciones son delitos en flagrancia.
Agarramos al más ineficaz en la comisión del delito, al que podemos
agarrar más rápido, y por eso tenemos nuestras cárceles llenas de
pobres, jóvenes, adictos y analfabetos. En contraposición, casi no
tenemos condenas por lavado de activos o corrupción pública. ¿Eso
significa que en Uruguay no hay corrupción y lavado? No, significa que
no tenemos casos de corrupción y lavado. En política criminal es
fundamental definir qué bienes protejo, cómo los protejo, qué priorizo y
qué persigo. Esa discusión implica definiciones políticas e
ideológicas, que la izquierda nunca adoptó. Quizás en el plano
discursivo, pero no en el plano real de la acción. Y después implicaría
mucho trabajo cultural en los organismos que se encargan de la
persecución criminal, básicamente porque deberían cambiar lo que vienen
haciendo desde hace muchos años. O sea que habría que mover la aguja y
dejarla fija, porque si la soltás vuelve al imán. En ese sentido veo un
retroceso en estos años.
En este gobierno hubo cambios respecto de la cúpula policial, con el
retorno de una “vieja guardia” de la Policía. ¿Se refiere a ese
proceso?
Eso forma parte de una interna policial durísima, que tiene muchos
años. Un policía retirado, de mucho rango, siempre decía: “Los políticos
piensan que nos usan a nosotros para pelearse entre ellos y no se dan
cuenta de que nosotros los usamos a ellos para pelearnos entre
nosotros”. Hay algo de “los míos y los tuyos” que, francamente, le hace
mucho daño a la Policía. Conozco gente altamente capacitada, eficaz,
trabajadora, confiable y honesta en ambos sectores de la Policía; y
también conozco a los otros. Es evidente que retornaron jerarquías
policiales que no estaban al frente de la Policía desde hacía 20 años. Y
el cambio se notó: cuando arrancó esta administración, un jefe de
Policía del interior le preguntó a una fiscal por qué no podía llamar
directamente al juez. Claro, antes llamaba directamente al juez y ahora
no entendía por qué el juez no lo atendía. Le tuvimos que explicar que
tenía que llamar al fiscal, porque ese cambio ya llevaba tres años. Es
una anécdota, pero refleja el desfasaje que se dio. Un problema
vinculado a esto fue que se mandó al ostracismo a mucha gente, sólo por
haber trabajado en la anterior administración. Espero que si hay un
cambio de gobierno, no se vuelva a repetir.
El FA criticó en estos años cómo se desarticularon equipos en el
Ministerio del Interior. Si vuelve al gobierno ¿debería apostar por la
continuidad o debería llamar a quienes fueron desplazados?
Eso lo tendrá que resolver quien sea presidente de la República con
su ministro del Interior. Si me preguntás una opinión, debería superar
esa brecha y tratar de integrar lo mejor de cada parte. No creo que
mandar al ostracismo a la gente sea nunca una solución. Habrá gente que
se retirará, habrá gente valiosa que seguirá. Pienso que este gobierno
alguna cosa ya hizo. El actual director de Policía [José Azambuya] es un
funcionario de carrera y un excelente policía, en el territorio y en la
investigación; lo mismo podría decir de Jhonny Diego [actual
subdirector], otro excelente funcionario. A algunos de ellos los conozco
desde antes de 2005, cuando era juez en Ciudad de la Costa. Es gente
que tiene una carrera muy buena y siempre va a querer trabajar bien, más
allá de quién gobierne. Es la gente que hay que rescatar. No hablo
específicamente de mantenerlos en esos cargos, eso es algo que deberán
resolver las nuevas autoridades, pero me parece que el concepto debería
ser ese. Si un policía es el mejor investigador de lavado, no lo mandes
de subjefe de zona sólo porque está identificado con los que estaban
antes. Esos errores los deberíamos erradicar.
¿Hoy la Policía está capacitada para enfrentar el lavado de activos?
No, a pesar de que se gastó mucho dinero. No está capacitada porque
se desarmaron equipos. La curva de aprendizaje en estos temas lleva
muchos años, y cuando desarmás equipos de investigación se pierde toda
esa acumulación. Pasó algo parecido con la Senaclaft [Secretaría
Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
del Terrorismo]. Como es una institución que se integra con pases en
comisión, cuando cambia el gobierno el que viene arranca de cero y
perdés toda la experiencia y la masa crítica acumuladas. Tenemos un gran
problema de continuidad de políticas de Estado. El combate al lavado
requiere una actualización permanente. Si pensamos que creando una
Fiscalía especializada vamos a resolver el tema, estamos equivocados. No
vas a resolver nada y termina siendo algo pour la gallerie,
porque es caro investigar lavado. Es imposible investigar lavado o trata
de personas con chauchas y palitos. Se resuelve con trabajo de
inteligencia, que es otro de los puntos débiles del Estado uruguayo.
¿La figura de coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado no resolvió ese tema?
Todo el episodio de la filtración del documento de la Secretaría de
Inteligencia demostró que no. Es más, quedó la sensación de que había
más descoordinación que una coordinación. Por otra parte, ha sido muy
difícil que las fuerzas de seguridad acepten ese concepto de una
inteligencia común del Estado. Es algo histórico. El Frente Amplio [FA]
estuvo 15 años en el gobierno y tampoco resolvió el tema.
¿Ese recelo es un problema particular de las Fuerzas Armadas?
No, es un problema de todas las fuerzas de seguridad. A las
dependencias de la Policía también les cuesta mucho compartir
información. Hay una desconfianza natural.
¿La compartimentación no es algo intrínseco de la tarea?
Sí, pero tiene que haber algún señor o alguna señora que sepa todo. Y
no creo que la figura del coordinador haya logrado revertir ese
problema. Si la Inteligencia del Estado funcionara, nunca podría haber
pasado lo que pasó con [Sebastián] Marset.
Me comprenden las generales de la ley porque como abogado defiendo a
una de las personas imputadas [la exsubsecretaria Carolina Ache], pero
hay datos de la realidad que rompen los ojos. ¿Cómo puede ser que la
comunicación entre dos agencias del Estado sea por Whatsapp? Cualquiera
que haya trabajado en coordinación con organismos de Inteligencia en
Uruguay o en el extranjero sabe que las comunicaciones a ese nivel son
reservadas, cifradas y documentadas; no se hacen por Whatsapp o por
teléfono. Preguntale al Mossad o a la CIA si ellos se comunican por
Whatsapp. En la cancillera hay una figura de enlace de Inteligencia, que
era el embajador [Fernando] López Fabregat. Sin embargo, este enlace
nunca se enteró de que había una coordinación entre los dos ministerios.
¿Para qué está la Secretaría de Inteligencia y para qué tiene un
enlace en cancillería? ¿No hubiera sido lógico que el contacto se
hubiera hecho por esa vía? La respuesta es “no sé nada, estoy para la
macro”. ¿Cuál es la macro? ¿Cuáles son las líneas estratégicas?
El documento que se filtró era un compendio de generalidades, lo
podría hacer cualquier funcionario con una consulta de fuentes de
información abiertas. Estamos mal en esta materia, no tenemos una
Inteligencia del Estado realmente integrada.
Antes de la Fiscalía de Corte, trabajó muchos años en Crimen
Organizado. ¿Coincide con la idea de que Marset llegó a niveles que
ningún narcotraficante uruguayo había alcanzado antes?
Hace unos días en una actividad [de la fundación Siembra] le hicieron
esa misma pregunta a Gabriel Tenenbaum y respondió que no sabía. Me
pareció una respuesta honesta y clara. Hoy no tenemos información
disponible como para decir a qué nivel llegó. Puede que sí, que haya
llegado tan alto como dicen algunas publicaciones periodísticas. Y
también puede ser que no, que haya una inflación de su operativa. Capos
mafiosos y narcotraficantes con una alta exposición mediática hay
muchos, el principal fue Pablo Emilio Escobar Gaviria, que se preocupaba
especialmente por su imagen. De hecho, cuando lo mataron se excedió con
el tiempo en una entrevista con una periodista y la Policía colombiana
lo pudo ubicar. Delincuentes con alta exposición mediática siempre hubo.
¿Eso significa que Marset es todo lo que parece? No lo sabemos, falta
información. Hace unos años, cuando todavía estaba en la Fiscalía,
Marset era un traficante importante. La Brigada Antidrogas siempre lo
tuvo identificado como un uruguayo radicado en Bolivia, desde donde
coordinaba y manejaba a diferentes grupos. En aquel momento no tenía el
grado de significación que tiene hoy.
Logró tramitar un pasaporte estando preso en Dubái y hace más de un
mes lo buscan la DEA, Interpol, Europol y la Policía boliviana. Para eso
se precisan muchos recursos.
Es cierto, para ambas cosas se necesitan muchos recursos y mucho
dinero. Pero el tráfico de drogas hacia Europa genera mucho dinero en
todos sus niveles. No precisás ser capo di tutti capi para
llegar a tener pasaportes falsos o un equipo de custodia. Eso no sale
caro. En América Latina, si algo tenemos de sobra es mano de obra
desocupada para tareas de seguridad de todo tipo. Ojo, también puede ser
que sea ese capo del que se habla. Lo que digo es que todavía no lo
sabemos.
El lugar de Uruguay en el esquema del narcotráfico regional sí parece haber cambiado en los últimos años.
Está siendo más protagónico, queda la impresión de que se reabrió o
se ensanchó la ruta uruguaya. A principios del 2000 tuvimos
incautaciones permanentes y sistemáticas, con muchos procedimientos
vinculados al puerto de Montevideo. Al punto de que allá por 2012
pensábamos que esa ruta uruguaya estaba cerrada, teníamos la sensación
de que eso se había calmado. Pero quizás no lo estaba. A su vez, siempre
se supo que uruguayos ocupaban lugares importantes en el narcotráfico
internacional, en particular, en el transporte de cocaína. Recuerdo, por
ejemplo, información rescatada en un procedimiento que se hizo acá y
que sirvió para detener una embarcación en isla Martinica, que iba de
Venezuela a España con cuatro toneladas de cocaína. El cerebro de esa
operación era un uruguayo, que estuvo preso acá y en Brasil. Siempre
hubo uruguayos pesados en el tránsito, pero hasta donde sabíamos no eran
los propietarios de los cargamentos.
Otro cambio es que aumentó la producción mundial de cocaína.
Aumentó la producción y aumentó particularmente el tráfico hacia
Europa y Australia. Cualquier empresario, y los traficantes son
empresarios del delito, buscan colocar su mercancía en el lugar donde
vale más. La cocaína cuesta más en Europa que en América, más en el este
europeo que en España, y cuesta más todavía en Australia. Un dato de la
realidad: si uno mira los decomisos que hubo estos años en Europa, se
da cuenta de que el puerto de Montevideo volvió a jugar un rol clave, o
sea que la ruta uruguaya está más vigorosa que antes. Ese cambio es
indudable. Entonces es posible que Marset esté en un nivel superior y
que haya escalado. Lo que llama la atención es la velocidad de ese
ascenso. No es habitual que una organización o presunto cártel se
consolide tan rápido. El mercado delictivo de la región está fuertemente
customizado y muy dominado por el Primer Comando Capital [PCC], que
maneja el puerto de Santos y todo lo que pasa en Brasil, con fuerte
inserción en Paraguay.
¿Piensa que tuvo algún tipo de ayuda en ese ascenso?
Es imposible que Marset lo haya logrado solo. No tengo información
sobre cómo lo hizo o con quién, pero nadie podría hacer algo así solo.
No siempre se asocian estos fenómenos con la corrupción, ya sea
policial o de otros funcionarios públicos. ¿Podría ser algo de ese tipo?
No asociarlo también sería ingenuo. Es imposible que haya
narcotráfico sin corrupción. Es imposible tener una vía abierta en un
puerto sin corrupción. El gran problema es que la corrupción siempre va
escalando. Ha pasado en otras partes del mundo y se llaman
“narcoestados”. El potencial de corrupción que tiene el dinero asociado
al narcotráfico es altísimo. Y después la propia corrupción genera
divisas y esas divisas hay que lavarlas. Tampoco hablamos de cosas
nuevas para Uruguay, basta con fijarse en lo que pasó con las ramificaciones del Lava Jato y la Banca Privada de Andorra.
Frente a estos casos siempre se dice que la corrupción en Uruguay es leve, en comparación con otros países. ¿Qué piensa?
Los uruguayos tenemos una mirada autocomplaciente en materia de
financiación de la política, con la corrupción y con el narcotráfico. Y
cualquiera que se salga de esa mirada autocomplaciente pasa a ser un
enemigo alarmista. Siempre te van a decir que esas cosas acá no pasan,
que somos una aldea. En 2009 decíamos que en Uruguay no había sicariato
porque no se habían juntado la oferta y la demanda. La barrera cultural
se cayó, se juntaron oferta y demanda y hoy tenemos al sicariato
instalado. Pensamos que somos diferentes y tenemos una visión
europeizante, como que estamos de prestado en el barrio. Miramos de
espaldas lo que pasa en América Latina, cuando muchos de esos países
tienen mejores tasas de homicidios que las que tenemos en algunos
barrios de Montevideo. Nos dormimos en los laureles por creer el cuento
de que somos diferentes. Los problemas nos explotan en la cara mientras
nosotros nos pasamos gritando “Fuera, Bonomi” o “Fuera, Heber”.
Otro ejemplo es el grave problema que tenemos con las cárceles, que
hoy son más parte del problema que de la solución. Cuanto más presos
tengamos, más problemas vamos a tener. Hoy en las cárceles uruguayas se
aprende a delinquir mejor y a evitar que en la próxima te agarren. [Luis
Alberto] Betito Suárez ingresó por primera vez a la cárcel por
rapiña, a principios del siglo pasado, y salió siendo narcotraficante.
El PCC nació en las cárceles y hoy es la organización más pesada de la
región.
Estamos muy mal si no entendemos esto. Y este sayo le cabe a toda la
clase política. La izquierda con ese tema siempre ha mirado para el
costado, se ha hecho la disimulada, pero lo que hizo en 15 años no fue
suficiente.
¿La situación en las cárceles uruguayas no está a “punto caramelo” para el PCC?
Está a punto caramelo y también han existido sendas advertencias al
respecto. A Paraguay entraron con todo. Hace unos años hubo un
enfrentamiento entre el PCC y narcos paraguayos, y en una noche
decapitaron a siete personas y terminaron jugando al fútbol con las
cabezas. Eso es el PCC. Y es un problema que tenemos ahí al lado. Ojo,
algunas cosas que están pasando hoy en algunos barrios de Montevideo
tampoco están tan alejadas de esas realidades. Todas esas cosas
horribles que pasan cada vez más frecuentemente en algunas zonas de
Montevideo no tienen el impacto mediático que deberían. Percibo que hay
un efecto de naturalización de cierta violencia.
¿A qué lo atribuye? ¿Será que los formadores de opinión no vivimos cerca de esas realidades?
No queremos asumir que Uruguay está partido desde hace muchos años.
Al sur de Avenida Italia tenemos tasas de homicidios con niveles
europeos, al norte hay tasas con niveles latinoamericanos, y en algunos
barrios del oeste hay tasas centroamericanas. Es sólo mirar datos
objetivos, con una georreferenciación básica. Somos un país chico, pero
en Uruguay tenemos varios Uruguay.
Cuando se habla del avance del narcotráfico en Rosario, se menciona
mucho el tema de la connivencia con la Policía. ¿Qué pasa acá?
No estoy tan informado como hace dos años, pero con el ministro
[Jorge] Larrañaga, y antes con [Eduardo] Bonomi, llegamos a encontrar
que en los celulares de algunos narcotraficantes había información del
Sistema de Gestión de Seguridad Pública, que solamente se las podía
haber dado un policía. Eso pasó. También tuvimos aquel caso en el que
cayeron todos los investigadores de Zona IV, que tuvimos que hacer un
procedimiento desde el interior para poder agarrarlos. Siempre hay un
nivel de entrelazamiento, que exige estar muy atentos. El dinero del
narcotráfico es potencialmente corruptor en todos los niveles.
¿El narcotráfico podría estar financiando la política uruguaya?
Recién hablaba de la autocomplacencia uruguaya y creo que lo más
autocomplaciente que tenemos es el sistema político. Es increíble que el
sistema político todavía no haya sido capaz de ponerse de acuerdo y
aprobar una ley de financiamiento de partidos. Tenemos un problema
enorme con eso. El financiamiento de la política es uno de los temas de
corrupción más importantes en el mundo. [Donald] Trump podría terminar
preso por utilizar plata de la campaña para pagar abogados. El
financiamiento de la política es algo que se revisa en todos lados, está
bajo escrutinio en todo el mundo. Acá no pasa nada. Y tenemos la
percepción de que somos todos buenos porque nos conocemos todos. ¿Cómo
sabemos que el narcotráfico no entró a la política? No lo sabemos.
Obviamente que la prueba contraria del hecho delegativo “no entró” sería
el hecho positivo “entró en tal cosa”. Pero lo concreto es que no hay
normas para la prevención, no hay prevención y no hay cultura de
prevención. Llega la campaña y nos olvidamos del tema.
Hace poco habló de la “pandemia” de los delitos informáticos. ¿Cuál es la preocupación?
Es un tema del que se habla poco, quizás porque no hay violencia.
Pero la verdad es que Uruguay está en el horno en materia de seguridad
informática, la desventaja que tenemos es enorme. La Convención de
Budapest obliga a los Estados a crear leyes para combatir los delitos
informáticos, pero Uruguay no la ratificó. La convención es de 2001 y
estamos en 2023, o sea que tenemos más de 20 años de atraso normativo.
Cuando asumió este gobierno, nos enteramos de que había sido hackeada
la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Ahí
están las cédulas, las partidas de nacimiento y los pasaportes de todos
los ciudadanos uruguayos; huellas digitales, direcciones, fotos. Nunca
se supo cuál fue la magnitud del daño ni cuánta información se robaron.
La noticia prácticamente pasó desapercibida. Después el data center
de una empresa estatal también fue hackeado y tampoco sabemos qué pasó.
Ahora nos enteramos de que pasó con un estudio jurídico. Pasa todo el
tiempo y no queda claro qué hace el Estado. En la ley de urgente
consideración aprobamos un delito de falta de respeto a la autoridad,
pero no tenemos normas actualizadas para combatir los delitos
informáticos. La investigación y la persecución en estos temas es un
desastre, y son temas de gran impacto para las víctimas. Hay un catálogo
de maniobras de este tipo, pasa todo el tiempo, y no es un tema que
esté instalado en la agenda pública.
¿Cómo ha visto el trabajo de la fiscal Sabrina Flores al frente del caso Astesiano?
No conozco la investigación porque, afortunadamente, ha trabajado en
la más absoluta reserva, como corresponde. Ha trascendido muy poco sobre
sus opiniones, así que desconozco detalles de su trabajo. La conocí
como fiscal, es una persona muy seria y responsable.
Como abogado asumió la defensa de Fabián Pepín Rodríguez y Carolina Ache. Algunos dirigentes de izquierda lo han criticado por eso. ¿Qué responde?
Soy abogado y vivo de mi profesión, de lo que me pagan mis clientes.
Pero no milito con mi profesión. Si voy a militar, lo hago en el Colegio
de Abogados o podría hacerlo en el futuro, o no, en un partido
político. Pero el trabajo como abogado no es una forma de militancia.
Ahí hay una confusión conceptual. En esos dos casos, además, estoy
convencido de que los clientes tienen razón y por eso los defiendo.
Estoy convencido de que Carolina Ache no tiene absolutamente nada que
ver con el tema del pasaporte a Marset, y estoy convencido de que la
causa por la cual se pide la extradición de Pepín Rodríguez es
un asunto esencialmente político. No hablo de otras causas porque no las
conozco, hablo de la que vi. Eso es persecución política, y lo digo
independientemente de las simpatías o antipatías que pueda tener cada
uno. Soy abogado, trabajo en un estudio al que considero excelente, en
el que tratamos de dar un buen servicio. Y vivimos de eso. A veces hay
una confusión y la gente piensa que uno debería militar desde su
profesión. Los buenos periodistas pueden tener determinadas ideas o
trabajar para medios con una línea editorial determinada, pero cuando
encuentran una noticia importante que involucra a gente de esa misma
cosmovisión política, la van a publicar igual, porque saben distinguir
cuando algo es importante. Y si no lo hicieran, estarían traicionado su
laburo y hasta su propia naturaleza.
Esta semana escribió en X (ex Twitter) que hace dos años dejó la Fiscalía y que ahora “empieza otra etapa”. ¿A qué se refería?
Estuve 30 años en un lugar en el que no podía hacer ningún tipo de
manifestación política y lo cumplí; actué siempre conforme a criterios
estrictamente jurídicos. Cuando me fui ya quedé libre para hablar de lo
que quisiera, pero decidí no ingresar en temas políticos puros y duros
por un tiempo. Pensé, quizás ilusamente, que de esa manera podría ayudar
a que el sistema político se pusiera de acuerdo y designara a un
sucesor en la Fiscalía General. Lamentablemente, mi silencio no fue
suficiente, porque el sistema político no se ha puesto de acuerdo y nada
indica que vaya a hacerlo. Aunque debería hacerlo hoy mismo, porque el
cargo de fiscal general es demasiado importante como para tener dos años
de interinato en un sistema acusatorio. Que sea Juan Gómez u otra
persona, pero que haya un titular. Lo que sentí ahora es que ya estoy
liberado de la carga y puedo opinar libremente de lo que quiera.
Y es lo que pienso hacer a partir de todo, opinar sobre todos
aquellos temas en los siento que puedo hacer un aporte, en particular,
en los que me formé, como justicia, seguridad, derechos humanos,
inteligencia.
¿La decisión implica trabajar políticamente en la próxima campaña?
Cuando uno empieza a opinar sobre esos temas, también empieza a
definirse políticamente. Es público y notorio que soy una persona de
izquierda, lo sabían quienes me designaron juez en 1993 y quienes me
designaron como fiscal de Corte. Sabían que como estudiante había tenido
una actuación pública en política. Más allá de que queda poco de aquel
estudiante de 20 años, sigo siendo una persona de izquierda. Y,
obviamente, entiendo que en la próxima campaña hay que trabajar para que
haya un cambio de gobierno en el país.
