Ayer llegó el tan esperado día para la comisión que investiga el espionaje militar y policial en democracia. Uno de los tres ex directores de Inteligencia que comparecieron al edificio anexo del Palacio Legislativo no sólo reconoció la existencia del espionaje militar que se ejerció sobre partidos políticos y organizaciones sociales, sino que planteó que era una actividad que hacían “por costumbre”, según señaló en rueda de prensa el diputado del Frente Amplio (FA) Gerardo Núñez, presidente de la comisión investigadora.
Núñez no reveló quién fue el militar retirado que admitió el espionaje, porque la comisión trabaja bajo reserva, pero indicó que sus afirmaciones son “absolutamente rechazables”, porque, ya sea “por costumbre o como se lo quiera llamar”, se violentaron “los derechos y las libertades de los uruguayos”. Núñez agregó que el ex militar dijo que la información “se juntaba para tenerla y utilizarla en algún momento”. “Nosotros pensamos que esta información, una vez analizada, implicaba elementos de control, para generar coerción y poder, y perpetuar escenarios de impunidad como existieron y existen en el país”, indicó el diputado.
Además, Núñez señaló que entre los documentos de espionaje hay una lista “de todas aquellas personas que hicieron denuncias vinculadas a los derechos humanos”. A juicio del presidente de la comisión, había un seguimiento de las denuncias para preparar los escenarios posibles a nivel judicial, y así “mantener con total impunidad los crímenes cometidos en el pasado reciente”.
El diputado agregó que en las próximas semanas citarán a militares que estuvieron al frente de los departamentos de inteligencia y que la comisión realizó una consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la embajadora de Estados Unidos también pueda comparecer, ya que existen documentos que muestran una “injerencia muy fuerte que desarrolló la CIA en nuestro país pagando informantes, que brindaban información de aspectos internos de Uruguay”.
La comisión va a seguir trabajando hasta diciembre. Al final harán una evaluación sobre los pasos a seguir. Núñez ya adelantó que “la inmensa mayoría” de los que integran la comisión tienen la “profunda convicción” de que la investigación debe seguir en la Justicia.
Satélites espías
A todo esto, la diaria pudo saber que el militar que reconoció el espionaje fue el contralmirante (r) Óscar Otero, quien estuvo al frente de la Dirección General de Información de Defensa entre mayo de 1995 y abril de 1996, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. A su salida de la Comisión, Otero se negó a hablar con la prensa, alegando la “reserva” con la que se trabaja en la investigación.
Algunos de los documentos de espionaje de ese período muestran, por ejemplo, la nómina de integrantes del FA que concurrieron a una reunión con Fidel Castro, el 14 de octubre de 1995, cuando el líder cubano llegó al país en visita oficial –al lado de los nombres de los dirigentes se adjuntaban sus números de teléfono–. Otro documento del mismo mes y año consignaba los ciudadanos uruguayos que participaron en el Foro de San Pablo, “en calidad de periodistas, delegados u observadores”.
Un “resumen de información” de junio de 1995 indicaba que en un programa de Radio Nacional se había realizado un homenaje a Liber Seregni, y citaban las opiniones de dos personas que se identificaron “como oficiales en actividad del Ejército”. También se informaba que la Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas había organizado un festival folclórico, y además de indicar qué artistas se presentaron, destacaban que la publicidad del evento estuvo a cargo del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN).
Un resumen de junio de 1995 mostraba infiltraciones en el Partido Colorado y en diversos sindicatos, como en la Asociación de Maestros, la Asociación de Empleados Bancarios y la Asociación de Funcionarios de Pluna. Luego había un apartado dedicado a las “fuerzas generadoras de conflictos”, en el que se destacaba un “espacio marxista” del Partido Comunista del Uruguay y un “espacio radical” del MLN.
Tampoco faltaban los capítulos dedicados a “hechos que afectan a las fuerzas armadas”, que implicaban espionaje sobre personal militar. En un documento de Inteligencia de 1995 se señalaba que un capitán, en días previos a las elecciones nacionales, “habría repartido listas del Encuentro Progresista”.