Las roscas

Jorge Polgar, presidente del directorio del Banco República /

Samuel Blixen
22 septiembre 2017

La operativa de un grupo que se mueve sincronizadamente en el área financiera de la administración impulsa a rajatabla la privatización de sectores vitales del Banco República.


Los trabajadores del Banco República (Brou) no dieron crédito a las palabras del presidente del directorio, el economista Jorge Polgar, de que los cierres parciales de oficinas del banco en el Interior y la fusión de sucursales en Montevideo tienen por objeto hacer que los funcionarios sumen “valor agregado” a su trabajo, saliendo a buscar nuevos clientes corporativos. Por el contrario, la asamblea de funcionarios del Brou realizada el sábado 16 interpretó que Polgar –y los miembros del directorio que lo secundan– quiere profundizar una política de privatización, que Brecha calificó de “desguace”¹ y que tan mal le cayó a algunos dirigentes del sector Banca Privada de Aebu, alineados con la concepción del equipo económico de gobierno. Pero los cuestionamientos no surgen sólo de las asambleas de funcionarios: diputados integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo descalificaron algunas afirmaciones del economista Polgar vertidas en la Comisión de Hacienda. “¿Qué clientes nuevos podría captar un funcionario en una sucursal del banco en Tambores, en donde se conocen todos?”, ironizó el diputado blanco por Paysandú, Nicolás Olivera.

De hecho, toda la política de “reestructura” del Brou, resistida por los funcionarios (véase nota aparte), está impulsada por una verdadera rosca de técnicos que se “recomiendan” entre sí para operar como “equipo” en distintos niveles de la estructura financiera estatal. El economista Jorge Polgar, el contador Pablo Moyal y el abogado Leandro Francolino, actuales miembros del directorio del Brou, coincidieron a su vez en el Banco Hipotecario del Uruguay: Polgar fue su presidente, Moyal fue auditor externo y Francolino fue asesor de la vicepresidencia hasta que lo designaron en el Brou. Moyal integraba la consultora Stavros Moyal y Asociados cuestionada por auditar los estados contables de la Agencia Nacional de Vivienda (Anv) y simultáneamente elaborar los balances de 13 fideicomisos de la Anv a través de una firma, Coneban, que tenía los mismos socios que Stavros Moyal y Asociados y con la que había ganado la licitación. Stavros Moyal también ganó una licitación como auditor externo del Brou; la labor de Pablo Moyal en su integración al directorio consistió en monitorear la gestión de Microfinanzas SA, punta de lanza de las tercerizaciones del banco país.

El economista Álvaro Correa, actual asesor del presidente Polgar, y quien “supervisa” el área de gestión de créditos (área sensible donde avanza la privatización), fue director ejecutivo en el Banco Central del Uruguay, donde Polgar trabajó en la Superintendencia de Instituciones Financieras. Más tarde, cuando Polgar pasó al Ministerio de Economía y Finanzas, Correa se desempeñó como asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Opp) y de la Corporación Nacional para el Desarrollo (Cnd). Este asesor del presidente del Brou, que supo ser director de Banca Corporativa en el banco francés Crédit Agricole, fue designado director de la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande), una de las dos ramas en que se dividió el Fondo de Desarrollo Nacional (Fondes).
Mientras el Brou escatima recursos para la otra rama, el Instituto Nacional de Cooperativas (Inacoop), derivó hacia Ande 60 millones de dólares que serán invertidos en la promoción de pequeñas empresas. Según denunciaron dirigentes sindicales del Brou, el directorio instrumenta un nuevo escalón de privatización: la presencia de Correa en Ande (y de su presidente, Martín Dibarboure, ex subdirector de Opp y cuñado de Polgar, hoy investigado por la justicia del crimen organizado por su gestión en Alur) facilita la instalación de 95 emprendimientos en pequeñas localidades del Interior, que ofrecerán “servicios financieros privados” similares a los que brindan los “corresponsales” Abitab y Red Pagos. Para asegurar la rentabilidad de esas microempresas, Ande les garantiza el cobro de facturas del Estado. Para el sector Banca Oficial de Aebu, la aplicación de este proyecto (y la creación de una nueva red de cobranzas, Urupago, en 70 pequeñas localidades) es una extensión de la estrategia que reduce la operativa del banco, cerrando parcialmente sucursales. “Mediante Ande el Brou financia la privatización”, afirma un documento aprobado en la asamblea de trabajadores.


DENUNCIAS. El proceso de privatización a través de Ande, como de Microfinanzas o directamente por resoluciones del directorio fue discutido en la comisión parlamentaria reunida el martes 12. Diputados de distintos departamentos trasladaron las dificultades que los vecinos (de Guichón, Rafael Perazza, Tambores, Minas de Corrales) han debido enfrentar por los cierres parciales de agencias. “El presidente Polgar dijo que esto era una reorganización interna, reiterando que no pasaría absolutamente nada”, expresó el diputado blanco Ruben Bacigalupe, de San José, “pero hay vecinos que no tienen posibilidades de trasladarse 20 o 30 quilómetros para otras sucursales”. El diputado blanco Gerardo Amarilla, de Rivera, calificó de “disparate” el cierre parcial en Tranqueras, “donde la actividad se ha multiplicado debido a una importante afluencia de empresas forestales, madereras, apícolas y de servicios”. El diputado frenteamplista Luis Puig reclamó la presencia del directorio del banco en la comisión, debido a las denuncias sindicales sobre limitaciones a la libertad sindical y medidas de represión ante paros. El sindicato había denunciado que el directorio había instruido a los gerentes para que informaran sobre quiénes hacían paro y quiénes no el 21 de junio, acatando una resolución del Pit-Cnt; existe la amenaza de que se tomen represalias con los gerentes afiliados a Aebu que acataron la decisión de parar.

Los dirigentes de Banca Oficial Matías Arbizu, Luis Aguilar y Lorena Lavecchia brindaron a la comisión parlamentaria un detallado panorama del proceso de tercerizaciones y privatizaciones. Arbizu explicó que cuatro años después del primer cierre parcial de una agencia del interior, “no existe ahorro de costos ni ha mejorado en ningún aspecto el negocio. Lo único que ha crecido en estos últimos años, después del cierre parcial de las dependencias, es la operativa a través de los corresponsales, es decir Abitab y Red Pagos. Las únicas que están ganando son las empresas privadas que trabajan trasladando la información, la operativa, el negocio y la ganancia del banco”. Respecto de la conversión de agencias en microbanca, Arbizu afirmó que “cada una de estas dependencias ha caído en un pozo cada vez más profundo, sin posibilidades de salir”. La sucursal de Vichadero integraba la lista de las agencias a ser reducidas a microbanca, pero por alguna razón, explicó Arbizu, quedó en la categoría C, el más bajo de los rangos establecidos por el directorio. Mientras las demás cayeron en un pozo, Vichadero logró crecer. La intención del directorio es llevar a microbanca el 50 por ciento de las dependencias del país.

Tal como se informó a los legisladores, el Brou niega absolutamente las privatizaciones, pero la delegación sindical abundó en detalles sobre la privatización del análisis del crédito, en manos de Cpa Ferrere y Kpmg; en el caso de Cpa la situación es más delicada porque, simultáneamente al estudio de las carpetas con detalles de la actividad económica del cliente, la consultora es asesora del Scotia Bank, competidor del Brou.

La vicepresidenta de Sector Banca Oficial, Lorena Lave-cchia, abundó en el papel jugado por Microfinanzas SA en las tercerizaciones de servicios. Y detalló la privatización que se produce en el área informática, tecnología y operaciones. “Sabemos que, prácticamente, 148 trabajadores del sector privado de empresas informáticas están trabajando dentro del Banco República contra 177 trabajadores genuinos del Brou. Es decir que casi la mitad de los trabajadores de la institución (en el área de análisis del crédito) pertenecen al sector privado”, denunció Lavecchia.

De la misma forma que existe una “rosca” para la gestión, hay una “rosca” que controla la operativa tecnológica y accede a toda la información vital. A modo de ejemplo: un proveedor de servicios, De Larrobla y Asociados, partner de Ibm, obtuvo una licitación para el desarrollo de Bantotal, referido al proyecto Core;² la empresa Hexa provee el personal técnico; e Ibm se encarga del control del trabajo de De Larrobla. Axiona (vinculada a Ibm) pasa a tener el trabajo de control que realiza Ibm; Genexus provee las licencias, las aplicaciones y el soporte; Srm (vinculada a Microsoft) se encarga de cargar toda la información del sistema; y Quanam se encarga de la seguridad del riesgo. De hecho, toda la operativa vinculada a la aplicación de tecnología y a la informática queda en manos de unas diez empresas con vínculos entre sí y que monopolizan las licitaciones.

1. Véase edición del 18-VIII-17.
2. Core bancario es la plataforma donde se combinan la tecnología de la comunicación y la tecnología de la información para satisfacer las necesidades del negocio y de la industria bancaria, actualmente en etapa de modificación.

En Espiral

Podrían producirse ocupaciones de los locales del Banco República en el interior del país como respuesta a la escalada de endurecimientos que adopta el directorio de la institución.

 

 

por Samuel Blixen

 

El conflicto entre el Banco República (Brou) y sus funcionarios parece entrar en una espiral. La asamblea de los trabajadores agremiados en el Sector Banca Oficial de Aebu resolvió el sábado 16 rechazar la última propuesta del directorio sobre reducción de agencias y de sucursales en el Interior. En respuesta, según consigna El País, el directorio dobló la apuesta, el miércoles 20, y decidió concretar la fusión de cuatro sucursales en Montevideo y el cierre parcial de cinco agencias del interior del país. De concretarse, esa decisión disparará la ocupación de locales bancarios en el Interior.

La asamblea –que alguna prensa tilda de “radical”– cuestiona la supuesta reestructura a la que califica de “achique”, denuncia que todas las medidas adoptadas tienden a debilitar al banco y a beneficiar a empresas privadas, sean éstas los “corresponsales” o instituciones bancarias competidoras, revela que en aquellos lugares donde se produjeron cierres parciales de agencias invariablemente crecieron los servicios (retiros y depósitos) que Abitab y Redpagos realizan para el Brou.

Aunque la discusión a varios niveles se viene procesando desde junio pasado, el rechazo de la última propuesta –dos veces sopa– parece derivar hacia una situación cualitativamente distinta. La última resolución del directorio implica que se fusionarán cuatro agencias: Paso Molino pasará a absorber a Sayago y Unión absorberá a Mercado Modelo. Según un informe presentado en la asamblea, la agencia Mercado Modelo había pasado de categoría B a categoría A en su operativa y en el negocio, pero se la sumerge en la agencia Unión, que se verá sobrecargada: por otro lado, al desaparecer la agencia Sayago, su amplia zona de influencia quedará en manos de los bancos privados allí instalados.

Simultáneamente, las dependencias del Brou en Solís de Mataojo y José Pedro Varela (en el departamento de Lavalleja), Rafael Perazza (San José), Aiguá (Maldonado) y Colonia Miguelete (Colonia) pasarán a trabajar tres días a la semana. Si se concreta esta nueva vuelta de tuerca de la reestructura, el Sector Banca Oficial decretaría la ocupación de locales de capitales departamentales. Hasta el cierre de esta edición los dirigentes de Banca Oficial de Aebu no habían sido informados de las resoluciones adoptadas por el directorio, pero adelantaron que se tomarían medidas preventivas en el caso de que se efectivizaran los cambios en el Interior.

En medio de la agudización del conflicto, a la interna de Aebu también se despliegan contradicciones. El consejo directivo del Sector Banca Privada había reaccionado virulentamente contra Brecha, publicando un aviso pago en los medios a modo de respuesta a un informe titulado “El desguace”, porque se involucraba a Microfinanzas SA en el proceso de tercerizaciones. De alguna manera la asamblea de funcionarios del Brouratificó esa denuncia, que también fue expuesta en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados (véase nota central). A esas diferencias internas debe sumarse uno de los puntos de la resolución de la asamblea, que rechaza y se opone a la estrategia de inclusión financiera que impulsa el gobierno. Según los funcionarios del Brou, la manera en que se aplica la inclusión financiera debilita al banco en beneficio del sector financiero privado.

Esa resolución, referida a la inclusión financiera, fue la única, de todas las votadas en la asamblea, que no fue ratificada por el consejo directivo del Sector Banca Oficial. El rechazo obedece al hecho de que la inclusión contó con el aval del máximo órgano de Aebu, el consejo directivo central. Las discrepancias entre las distintas fracciones de Aebu suben de tono: los “radicales” ahora son acusados de pertenecer a la “más rancia derecha”.

Brecha, 22/09/2017