domingo, 3 de septiembre de 2017

El desguace




Samuel Blixen | 18 Agosto, 2017

La política de tercerización del banco país, que inicialmente abarcó actividades no bancarias, tuvo un empuje agresivo y comenzó a colonizar la gestión esencial del banco, el análisis de los créditos y la recuperación de las deudas. En el siguiente informe los detalles del análisis de créditos en manos de CPA Ferrere, las diez trasnacionales que controlan el sistema informático, los contratos con las empresas de seguridad, la sociedad anónima que integra, junto con República AFAP y República AFISA, el Grupo Banco República.

Según cifras preliminares sobre la gestión de los 12 meses cerrados en junio, el Banco República (Brou) exhibe, por primera vez desde 2005, un resultado menor que el conjunto de los bancos privados, de acuerdo con un informe elaborado por Aebu. Al pasar la mitad del año el Brou contabilizaba ganancias por 49,3 millones de dólares, mientras que los bancos privados trepaban a 55 millones de dólares. Incluso en los dos peores años para la actividad financiera, 2015 y 2016, la caída en las utilidades mantenía una relación de supremacía para el Brou.
Este cambio en la ecuación quizás esté anunciando que finalmente se instala una relación de competencia a la que aspiraban los organismos internacionales, en particular el Banco Mundial desde 1987, cuando la absorción de los bancos quebrados (Comercial, Pan de Azúcar, de Crédito, La Caja Obrera) ponía al Estado bastante cerca de la estatización bancaria, al controlar casi el 80 por ciento de toda la actividad financiera, un pecado contra el capitalismo neoliberal. Desde entonces el banco-país vino declinando posiciones, pero siempre representó la mitad y algo más del mercado.
En estos tiempos de bancarización e inclusión financiera quizás sea una simple coincidencia que los resultados alarmantes ocurran en medio de un implacable proceso de tercerización que está desguazando al Brou. Quizás no.
La política de tercerización, que inicialmente abarcó actividades no bancarias –como la seguridad, y particularmente la limpieza–, a partir de 2011 tuvo un empuje agresivo y comenzó a colonizar la gestión esencial del banco, el análisis de los créditos y la recuperación de las deudas. La salida y la entrada de dinero, el flujo sanguíneo de cualquier banco, está de hecho en manos privadas, tanto por la gestión directa como por el control informático de los datos y los procesos.
Tomando en cuenta las cifras del año pasado, a la consultora Cpa Ferrere (que tuvo un papel significativo en el proceso de privatización de Pluna y del Nuevo Banco Comercial) se le encomienda el estudio de más del 50 por ciento de todas las carteras de solicitudes de crédito, y que en montos, siempre comparando con el ejercicio pasado, no serán inferiores a los 2.000 millones de dólares. El argumento principal para justificar la tercerización fue el atraso que se produce en el análisis de los créditos –y por tanto en las decisiones sobre la aceptación o el rechazo de las solicitudes– a raíz de los dos picos de zafra, en agosto y en diciembre. Como argumento es endeble para fundamentar un traspaso de información tan sensible.
Un segundo plano de tercerización deviene de las licitaciones para la incorporación de servicios informáticos. No se trata sólo de la compra o el arrendamiento de equipos, software o sistemas, sino también de su gestión y mantenimiento. Ibm y Atos Bull lideran una lista de diez multinacionales que operan todos los sistemas y acceden a toda la información. Más de 140 técnicos de estas empresas trabajan en los diferentes departamentos y oficinas del banco.
El tercer plano de tercerización está a cargo de República Microfinanzas, una sociedad anónima creada por el propio banco para desarrollar actividades en régimen de actividad privada. Microfinanzas monopoliza las actividades de Banca Persona y Canales Digitales (call center, back office, asistencia en cajeros automáticos, e-brou y tarjetas de crédito). Es el sector más opaco de la tercerización, en relación con empresas contratadas cuyos términos no son de acceso público. Por ejemplo, se desconocen los acuerdos con Abitab y Red Pagos por funciones de corresponsales, y sólo se sabe, de fuentes internas del banco, que las dos empresas cobran en conjunto 1,1 millón de dólares mensuales por comisiones. En algunos casos la fundamentación de la tercerización radica en el aumento del volumen del trabajo, y en otros en “la reducción presupuestal en el rubro de horas extra”.
REMUNERACIONES SUMERGIDAS. Microfinanzas, además, es la principal responsable de una consecuencia de la tercerización, esto es, los sueldos o jornales sumergidos de los que son víctimas los guardias de seguridad, el personal de limpieza, las llamadas “azafatas” y los estudiantes universitarios, contratados a un promedio de 130 pesos la hora, a diferencia de los técnicos informáticos contratados a un precio-hora de 2 mil pesos. De modo que, con remuneraciones sumergidas, en Análisis de Crédito no se llenan las vacantes, al igual que el personal de Conserjería, que es sustituido por becarios, también por azafatas de Microfinanzas y en parte por guardias de seguridad.
Un efecto de la tercerización, entonces, es la reducción de los salarios que se pagan a los tercerizados. En algunos casos el Brou desembolsa más dinero que el que destinaba a un funcionario de planta (véase recuadro). Y una consecuencia adicional es la violación de aquel santuario constituido por el secreto bancario. Los requerimientos de agilidad y eficiencia han prácticamente eliminado aquella reserva: el personal tercerizado accede a las claves informáticas para conocer cualquier secreto de un cliente, ya sea sus movimientos diarios de tarjetas o los niveles de endeudamiento de una empresa (véase “El core de la tercerización”). Ello conlleva una paradoja: estudiantes y becarios acceden fácilmente a una información que el banco les niega a los legisladores, como ocurrió con el pedido de informes sobre empresas morosas.
VO, CARTERO. En otros tiempos más racionales, funcionarios de diversas divisiones del Brou se encargaban de todos los traslados: cheques, efectivo, documentos, correspondencia y, desde que aparecieron los cajeros automáticos, la reposición de sobres de depósitos, dinero y tarjetas.
Después vino la onda tercerizadora con Microfinanzas SA, y esas actividades fueron no sólo tercerizadas sino fragmentadas entre tres empresas trasnacionales que se reparten los contratos. Más un camioncito, que responde a una empresa contratada por Microfinanzas, y que repone sobres nuevos para los depósitos en los cajeros automáticos de las dependencias. No se entiende bien por qué las dependencias no hacen acopio de sobres. Lo cierto es que el camioncito recorre las sucursales en una o dos visitas semanales y cobra por cada dependencia tarifas que van de 8.500 a 13.800 pesos.
El costo mensual más Iva trepa a 227.006 pesos y el monto anual adjudicado a 3.323.367,84 pesos. Lo más insólito es que la tarifa para la entrega de sobres en el edificio 19 de Junio es de 8.566 pesos, por más que el depósito de sobres está en esa misma sucursal.
SEGURIDAD FÍSICA. Tres empresas trasnacionales, Prosegur (de origen español), Group 4 Securicor (G4S, de origen inglés) y Securitas (de origen sueco) monopolizan las tareas de seguridad física para el Brou (la seguridad informática está en otras manos, principalmente Ibm). Las tareas comprenden la custodia de valores (guardias armados y choferes), vigilancia en los locales, patrullaje y recorridas externas, monitoreo de videovigilancia y mantenimiento del sistema de grabación en los circuitos cerrados de tevé.
El banco tiene aún 22w blindados y vehículos con los que se realizaban todos los traslados de dinero, cheques y correspondencia. La custodia estaba en manos de personal policial; un convenio entre el Brou y el Ministerio del Interior sigue vigente hasta noviembre, pero hoy todos los guardias del Brou son privados.
¿Cómo se operó la tercerización completa de los servicios de seguridad? Mediante un patrón aplicado en distintas áreas: no reponer los cargos, no llamar a concurso, no desplazar personal. Los argumentos y las justificaciones son variados, pero una es la vedette: se ahorra dinero.
Esa premisa no está debidamente explicada en materia de seguridad: Securitas cobra, por monitoreos, recorridas y mantenimiento de sistemas, 43 millones de pesos anuales; G4S tiene un contrato vigente por “servicio de vigilancia con guardas privados para Montevideo y Canelones” por 200 millones de pesos anuales, y en 2021, cuando se cumplan todas las renovaciones, habrá percibido más de 920 millones; Prosegur cobra por sus servicios de vigilancia 60,1 millones de pesos anuales, más 20 millones por el arrendamiento de vehículos con chofer para el transporte de valores. Prosegur destina al Brou tres vehículos para los fines de semana y feriados a un costo de 1.855 pesos más Iva y 8,86 pesos más Iva por quilómetro recorrido. Por año el Brou paga 320 millones de pesos en seguridad, unos 12 millones de dólares.
GESTIÓN INFORMÁTICA. Diez empresas trasnacionales (véase cuadro) controlan el sistema informático del Brou por el que se canaliza todo el volumen de negocios. Implica la información, y en ciertos casos la gestión, de toda la operativa tradicional de créditos y depósitos, y las nuevas modalidades: “áreas de negocio, tales como Sfb, Nex, Scb, canales digitales, sistema de gestión humana, Siec, Siep, modelo de compra de oro y apoyo al nuevo core en títulos y tesorería, valores, Comex, migración y data cleansing de cuentas y clientes e interfaces de integración”, según la enumeración de las resoluciones del directorio.
Por medio de licitaciones abreviadas y contratos –que aparentemente en todos los casos eludieron las normas del Tocaf, con el argumento de que dichas actividades están sujetas al derecho privado puesto que la institución actúa en competencia con los bancos privados–, en 2017 el Brou lleva destinado a la tercerización de los servicios informáticos con esas diez trasnacionales un total de 7.759.589 dólares y 371.576.278 pesos, unos 15 millones y medio de dólares. Las cifras son mayores si se calcula el estimado cuando culminen los períodos de contrato. Por ejemplo, Aci North Data, la representación de Aci Worldwide, trasnacional de origen estadounidense especializada en software de pagos, cobrará al finalizar el año algo más de 2 millones de dólares, pero embolsará en total unos 10 millones cuando terminen en 2019 sus nueve contratos, algunos de los cuales comenzaron a partir de 2014.
Las empresas de gestión informática alojaron en las oficinas del Brou a 143 empleados, cuya recontratación como personal tercerizado se realiza automáticamente, dado que “es de suma importancia conservar a las personas que actualmente se han desempeñado en las disciplinas que se contrataron”, en parte porque, se argumentó, el entrenamiento de nuevo personal llevaría tiempo y sería costoso, “con la puesta en marcha del proyecto de cambio del sistema central del banco, no es deseable ni aconsejable prescindir o sustituir el conocimiento ya adquirido”. Esos 143 empleados de las empresas privadas trabajan en un mismo lugar físico con otros 177 funcionarios del banco.
Atos Bull, trasnacional de origen francés, destinó 26 empleados para los servicios al Brou; Ibm, y Unisys, ambas trasnacionales estadounidenses, tienen 20 empleados cada una; Hexa, una compañía de origen uruguayo ahora multinacional, tiene 16; Insight, otra compañía uruguaya asociada a Ibm Rational, Microsoft, European Software Institute (Esi) y LearnQuest, destina 15; Quanam, una federación de firmas de consultoría, 11; Sonda, de origen chileno, destinó diez empleados. Con cifras menos significativas aparecen Genexus-Artech, Arnaldo Castro, Interamericana de Cómputos, Infoland, Microsoft, Paystudio (integrante de la trasnacional Worldpay) y De Larrobla. A diferencia de la tercerización de análisis de créditos, la actividad informática no exige la presencia obligatoria de los tercerizados en las dependencias del Brou, por lo tanto se desconoce el contingente total de empleados de esas trasnacionales que acceden a toda la información informatizada.
ANALIZAME LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS. Como resultado de una política de tercerización del análisis del crédito corporativo (empresarial y agropecuario) la consultora Cpa Ferrere tiene a su cargo desde fines de 2016 el estudio de unas 3 mil carteras de créditos del Banco República. Ello supone manejar información sensible de los clientes corporativos e incidir en el otorgamiento de préstamos que en el último ejercicio representaron un total aproximado de 2.000 millones de dólares. En el llamado a propuestas para la contratación de firmas consultoras se establecía “el cometido de brindar asistencia técnica temporal en el Área de Análisis de Crédito Corporativo, en lo que respecta a la calificación del pilar financiero de su cartera corporativa comercial. El pilar financiero es la evaluación de la capacidad de pago del deudor considerando la información referida”.
Cpa –una transformación cualitativa del original bufete de abogados Ferrere y Asociados, que se presenta a sí misma como una empresa que brinda “servicios profesionales en las áreas de tercerización contable, consultoría económica y financiera, estrategia y capital humano, procesos y tecnología, impuestos y auditoría”– ganó en agosto de 2016 la licitación abreviada para el análisis de créditos, por un período de contratación de hasta tres años y por un monto de 45 millones de pesos. El universo de estudio son las solicitudes de préstamos de hasta 600 mil dólares, que en 2016 representaron 1.230 millones de dólares, en conjunto. Cpa ganó la adjudicación al superar las propuestas de Kpmg y Price Waterhouse Coo-per. En febrero de 2010 Cpa había obtenido, en una resolución firmada por Tabaré Vázquez y Danilo Astori, la concesión de diversos beneficios promocionales y exoneraciones fiscales por un proyecto de inversión de 1.893.232 unidades indexadas, para “satisfacer el crecimiento de la demanda de nuevos servicios profesionales de alta calidad utilizando la misma tecnología que emplean las firmas profesionales líderes a nivel mundial”.
La tercerización del estudio de las solicitudes de préstamos está a cargo del Comité de Crédito que, según fuentes del banco, dirige el señor Álvaro Correa, asesor personal externo contratado por el presidente del directorio, Jorge Polgar (con un salario de 134.200 pesos). De esta manera habría cierta coherencia en que esa tercerización sea monitoreada por un tercerizado.
La asistencia técnica en materia de análisis crediticio es responsabilidad del contador Nelson Mendiburu, socio de Cpa Ferrere, que capitanea un equipo integrado además por otro contador y seis estudiantes de ciencias económicas. Los ocho analistas de Cpa trabajan en unas oficinas del edificio Empresas, en Treinta y Tres y 25 de Mayo. En principio las carpetas no pueden salir físicamente de la institución; sin embargo, según la memoria descriptiva del contrato, “el Brou otorgará a la consultora adjudicataria una licencia de uso de Connect Direct Ftp +”, lo que significa que Cpa puede acceder desde fuera del banco a la misma información que desde dentro de él.
El estudio de las carpetas incluye la evaluación del patrimonio de los clientes, los resultados contables de las empresas, su nivel de endeudamiento en el conjunto del sistema financiero, su eventual morosidad y su papel en una estructura de grupo económico, si así fuera. A efectos de confirmar informaciones o pedir ampliaciones, los analistas de Cpa contaban con correos electrónicos personales pero con dominio Brou, de modo que el cliente no sabía que su gestión de crédito –y por ende toda su información sensible– estaba en manos de tercerizados. La situación cambió a comienzos de este año cuando un intercambio de correos electrónicos entre un analista y un cliente derivó en lo que este último consideró una amenaza. La protesta del cliente reveló el carácter privado y tercerizado del análisis de crédito, de modo que a partir de entonces se transparentó esa situación.
El equipo de analistas está sujeto a las normas de confidencialidad que establece la ley de acceso a la información pública, lo que para el directorio del Brou es resguardo suficiente para la apertura del secreto bancario a estudiantes tercerizados que reciben unos 16 mil pesos nominales mensuales. El contrato de tercerización estipula el precio que se pagará a Cpa por cada carpeta analizada: según un ajuste de marzo de 2017, la tarifa es de 6.908 pesos más Iva para los informes comunes; 5.464 más IVA para los informes básicos; y 1.648 más Iva para los informes simplificados. Con sólo tres carpetas básicas, que no pueden insumir más de tres días, un estudiante cubre su mensualidad.
Además del análisis de créditos, Cpa-Mendiburu tiene vigentes otros ocho contratos con el Brou por un total de 10 millones de pesos.
SERVICIOS DE ABITAB Y RED PAGOS. Hasta hace un año era posible ver en alguna sucursal del Banco República un box de cajero ocupado por un muñeco de cartón. Era una manera, ingeniada por los trabajadores sindicalizados, de dar a conocer a los clientes la pérdida de un puesto de trabajo: simplemente el directorio del banco no reponía el puesto que había quedado vacante por diversas razones.
Hoy la realidad le pasó por encima a esa estrategia de resistencia: con el cierre de sucursales, aperturas tres veces por semana en dependencias del interior del país, la reducción drástica de cajeros adquiere un ritmo demoledor que en parte se justifica con una supuesta “modernización” de la actividad bancaria, por el empuje en la aplicación de las nuevas tecnologías y por la inclusión financiera.
El banco decidió que sólo los que tienen mucha plata gozan del beneficio de ser atendidos por un ser humano en sus oficinas; depósitos inferiores a 160 mil pesos y retiros inferiores a 30 mil o 10 mil pesos (según si el cajero está en un Brou o no) deben realizarse en cajeros automáticos… o en los locales de Red Pagos y Abitab. La transmutación de las colas hacia los locales de estos “corresponsales” le cuesta al banco un millón largo de dólares al mes, por concepto de comisiones: por cada retiro el Brou paga a Abitab y Red Pagos unos diez pesos. Por depósitos de hasta 30 mil pesos paga 11 unidades indexadas; y por depósitos de hasta 40 mil pesos 22 unidades indexadas, por depósitos de hasta 50 mil, 33 unidades indexadas. El pago por comisiones rondaba en 2016 los 6 millones de pesos mensuales, mientras que en 2011 apenas superaba el millón. El pago de comisiones podrá aumentar notoriamente cuando se concrete el anuncio de que sólo quedarán siete dependencias del Brou con funcionarios-cajeros. Y en algunas localidades del Interior, en la misma cuadra o plaza donde las oficinas del banco sólo abren dos o tres días a la semana, sugestivamente han aparecido nuevos locales de Abitab y Red Pagos.

Accede aquí a los documentos que sustentan este informe.


Salarios tercerizados
  • Guardias de seguridad: cobran en promedio 130 pesos nominales la hora. El Brou paga 329 pesos la hora a las empresas de seguridad.
  • Azafatas: por prestar ayuda y asesoramiento en los cajeros automáticos cobran 103 pesos líquidos la hora. El Brou paga a Microfinanzas 329 pesos la hora más Iva.
  • Auxiliar: el Brou paga 46 mil pesos mensuales a Microfinanzas, pero el empleado cobra 17 mil nominales. El salario de ingreso en el banco es de 32 mil pesos, y aun con las cargas el personal genuino es más “barato” que la tercerización.
  • Cajeros: los de Abitab y Redpagos, que pagan los retiros de clientes del Brou, ganan 14 mil pesos por mes; el funcionario del Brou que realiza esa tarea en las dependencias de la institución cobra unos 35 mil pesos mensuales.
  • Los contratados para tareas de back office (call center, recepción de estados de cuenta, clasificación y ordenamiento) cobran 130 pesos nominales la hora. Microfinanzas recibe del Brou 456 pesos más Iva por hora.
  • Atención por consultas de tarjetas: el Brou le paga a Microfinanzas 594 pesos más Iva por hora, pero las consultas son evacuadas por los estudiantes del plan Yo Estudio y Trabajo, que rotan en distintos servicios y cobran 130 pesos la hora. n

El core1 de la tercerización

República Microfinanzas es una sociedad anónima que integra, junto con República Afap y República Afisa, el Grupo Banco República. Inicialmente fue creada con el objetivo fundamental de dar solución laboral a los trabajadores de Riloman, una financiera colateral del Banco de Crédito que sucumbió en la crisis bancaria de 2002. A los trabajadores de Riloman se les encomendó la tarea de cobranza en el interior del país de los créditos de menor monto que estaban en manos de Carfisa, el fideicomiso del Brou. Microfinanzas SA tuvo en sus comienzos la tarea de otorgar pequeños créditos a microempresas.
Las buenas intenciones quedaron por el camino cuando Microfinanzas asumió de forma creciente un rol paralelo de intermediario del Brou para la tercerización de las actividades denominadas Banca Persona y Canales Digitales. Para el cumplimiento de esos nuevos roles, el Brou decretó algunas interpretaciones de las normas bancocentralistas y de su propia ordenanza, según las cuales estaba habilitado, primero, para traspasar fondos mediante contratos; y segundo, disponer del gasto sin licitaciones, argumentando que la actividad de Microfinanzas se rige por las normas de la actividad bancaria privada. Un dictamen de su Asesoría Jurídica indicaba que “las operaciones que realiza el banco con el fin del desarrollo del giro habitual de sus negocios no están alcanzadas por las normas recopiladas en el Tocaf, sino que se rigen por las normas del derecho privado”.Una recopilación –no exhaustiva– de los contratos que distintas dependencias del Brou extendieron a Microfinanzas da una idea del monopolio creciente que la sociedad anónima ejerce sobre múltiples actividades, en particular la comercialización de tarjetas de crédito, recuperación de deudas, atención de mora temprana y servicio de call center, tareas de back office y promociones, algunas de las cuales ejerce por sí y otras están doblemente tercerizadas a empresas y proveedores privados. A saber:
  • Mayo de 2014. Tareas de apoyo a la división Banca Persona: 50 mil horas promoción días hábiles, a un costo de 364,98 pesos más Iva; 30 mil horas posición de call center, a un costo actual de 508,89 pesos más Iva; viáticos, alojamiento, traslados, 690.809,94 pesos más Iva: llamadas telefónicas, envíos de correspondencia, etcétera, 460.539,96 pesos más Iva; hasta 30 mil horas posición de back office, a un costo de 396,07 pesos más Iva. Total adjudicado: 56.789.962,88 de pesos.
  • Ampliación octubre de 2014. Total adjudicado: 36.734.200 pesos.
  • Junio de 2015. Apoyo a gestión promociones. Total adjudicado: 25.594.184,80 pesos.
  • Ampliación agosto de 2015. Total adjudicado: 36.246.261 pesos.
  • Abono mensual por tareas de back office. 20 mil pesos. Total adjudicado: 10 millones de pesos.
  • Abril de 2016. Ampliación de back office. Total adjudicado: 20.325.200 pesos
  • Junio de 2016. Promociones y back office. Total adjudicado: 38.380.590 pesos.
  • 7 de octubre de 2016. Gestión de débitos, servicios de alerta para tarjetas de crédito, back office en medios de pago, promociones. Total adjudicado: 12:908.088 pesos.
  • 28 de diciembre de 2016. Servicios de call center de tarjetas. Monto adjudicado: 28.987.200 pesos.
  • Febrero de 2017. Apoyo a Canales Digitales (respuesta de correos electrónicos y devolución de llamadas). Total adjudicado: 28.180.000 pesos.
  • 28 de junio de 2017. Digitalización de archivos. Total adjudicado: 1,8 millones de pesos.
  • 1 de julio de 2017. Servicios de back office para la digitalización, guarda de archivos y armado de carpetas. Total adjudicado: 900 mil pesos, Iva incluido.
  • Agosto de 2017. Call center en la Unidad de Prevención de Lavado de Activos (Upla). Monto adjudicado: 1.054.080 pesos.
Las actividades de Banca Persona que Microfinanzas no deriva a otras empresas son realizadas en su mayoría por estudiantes universitarios contratados en el marco de un programa llamado Yo Trabajo y Estudio. Los contratados realizan tareas de back office, call center, respuesta de mails y atienden consultas telefónicas, entre otras. Prácticamente sin capacitación previa, los contratados asumen las distintas tareas con un alto grado de rotación y, según testimonios de estudiantes para este informe, acceden a las claves para consultar cuentas, saldos, movimientos y así evacuar consultas de los clientes sobre e-brou, tarjetas de crédito y de débito. “Los clientes no saben que quienes atienden sus consultas no son funcionarios del banco –contó una estudiante que fue amonestada por hacer paro el 8 de marzo pasado–. Y los supervisores ordenan que no se brinde esa información. Pero cuando el cliente se entera, es evidente que se preocupa al saber que alguien que no es funcionario de la institución conoce todos sus movimientos bancarios.”
Si bien ha sido relativamente fácil el acceso a la información sobre los contratos que el Brou extiende a Microfinanzas, es en cambio extremadamente difícil acceder a información sobre la manera en que la sociedad anónima dispone de los recursos recibidos.
Por lo pronto, un estudio preliminar de Aebu sobre los resultados de los integrantes del Grupo Banco República, actualizado a julio de 2017, revela que Microfinanzas SA dio resultados negativos en cuatro de cinco ejercicios, desde 2013 a la fecha, según el siguiente cuadro:

1. Core es la parte del negocio del banco con las pequeñas y medianas empresas.



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