jueves, 10 de mayo de 2018

La liebre y UPM



INDICIPLINA PARTIDARIA
por Hoenir Sarthou


¿Vieron a las liebres encandiladas por los focos del auto que va a aplastarlas?
Así me siento desde fines del año pasado, cuando leí el “contrato” (de alguna manera hay que llamarlo) firmado por el Estado uruguayo con UPM. ¿A algunos de ustedes no les pasa lo mismo?
Es hasta gracioso que se discuta y se pelee por el tratado de libre comercio con Chile. Porque es juego de niños comparado con el acuerdo firmado con UPM. Mejor dicho: con las cosas que el gobierno está empezando a hacer -y las que está decidido a hacer- por si UPM decide instalar su segunda planta de celulosa.
Hay negocios arriesgados, que pueden salir bien o mal, en los que se puede ganar o perder mucho, hay negocios en que se pierden cosas para ganar otras. Bueno, nada de eso pasa con la segunda planta de UPM. No hay forma de que sea buen negocio para Uruguay.

UN CLAVO POR DONDE SE LO MIRE
El país invertirá casi dos mil millones de dólares (el doble de lo que se anunció, y eso si no ocurre lo que pasó con las obras de ANCAP o de la regasificadora) en suministrarle a UPM  ferrocarril, puerto, zona franca, accesos carreteros, pasos a nivel, suministro y compra obligatoria de energía eléctrica. Además la exonerará de impuestos y le proporcionará sin costo el agua del Río Negro, para producir y para evacuar los deshechos de la producción, comprometiéndose a mantener cierto flujo de agua mediante el manejo de las represas. Y, como lo ha denunciado el periodista y ambientalista Victor Bacchetta (ver “UPM manipula las cifras de impacto”, en blog “Observatorio del Agua”), también se le dará a UPM acceso a pozos del Acuífero Guaraní, al menos durante la construcción de la planta.
De acuerdo al supuesto contrato, la inversión de UPM será de unos 2.400 millones de dólares. Pero, según el economista Gustavo Melazzi y el Dr. William Yohai (“Quince observaciones para un no”, en “Brecha” del 27/4/18) buena parte de ese dinero podrá obtenerlo  mediante créditos garantizados por el Estado uruguayo.
Por si eso fuera poco,  el Estado se compromete a negociar con UPM la normativa laboral del país (no sólo la de los empleados de UPM) y a someter a criterio de la empresa los planes de estudio de la enseñanza técnico profesional de los Departamentos en que actuará UPM.
Párrafo aparte merece la aun mayor eutrofización del Río Negro por los vertidos de fósforo de la planta. Y el hecho de que se le otorgue a la empresa la libertad de extraer agua directamente del Acuífero.
Para concluir, en caso de conflicto, el Estado uruguayo se somete a jurisdicciones extranjeras.
¿Qué obtendrá Uruguay a cambio de gastar todo ese dinero, deteriorar la condición de sus aguas y de su tierra, someter su soberanía y adaptar su normativa laboral y sus planes de estudio al gusto de UPM?
Unos pocos cientos de puestos de trabajo permanente, migajas en impuestos, y el aumento (en los papeles) de su PBI. En esto último está la clave. Dado que UPM operará en régimen de zona franca, casi no pagará impuestos, ni siquiera por exportar. Pero, en los papeles, Uruguay aparecerá exportando miles de millones de dólares, que servirán para seguir pidiendo dinero prestado a cuenta de unas ganancias que no tenemos ni tendremos.
Invirtiendo la mitad o más del dinero necesario para que la planta funcione, y soportando todo el costo social y ambiental del proyecto, el Estado no tendrá nada, ni una mísera acción, ni una mísera participación en las utilidades.

EL “EFECTO LIEBRE”
Lo que acabo de decir se ha denunciado muchas veces. Y el gobierno no contesta. Se limita a callar y a apurar los trámites para autorizar la planta, incluso salteándose los procedimientos de estudio ambiental y de consulta pública que la ley de ordenamiento territorial impone.
El silencio probablemente se deba a que la segunda planta de UPM es indefendible. No es sólo un problema ambiental, o de soberanía, o de reservas sobre la inversión extranjera, o de cuestionamientos sobre la oportunidad de seguir endeudándonos. Es que, con simple lógica de almacenero, es un pésimo negocio en el que, invirtiendo la mitad o más del capital necesario, no se obtiene nada a cambio.
Percibir el mal negocio no requiere rechazo ideológico a la inversión extranjera. Se puede ser partidario de atraerla y sin embargo observar que, en este caso, no es conveniente. Tampoco parece que esa percepción dependa del partido político al que uno vote. Los malos negocios lo son para blancos, colorados, frenteamplistas e independientes, así como para votantes de Novick, de Unidad Popular y de cualquier otra formación política.
Sin embargo,  buena parte de la población (y me incluyo), aun sabiendo  que es un mal negocio y conociendo las advertencias que han hecho organizaciones ambientalistas, parece resignada a que se haga. No contenta ni entusiasmada, sino resignada. Como si creyera que es inevitable y que, entonces, no tiene sentido ni hablar de ello.
La clave es ideológica. Existe la creencia de que, en tiempos de globalización, las realidades económicas (y por extensión las sociales y políticas) son como las tormentas y los terremotos, fuerzas de la naturaleza ante las que sólo cabe acomodar el cuerpo.
Esa creencia ha sido la ideología oficial de los gobiernos post dictadura. Una ideología a veces no explicitada pero siempre operativa. Y se ha machacado mucho para convertirla también en parte del “sentido común” de la sociedad.
Por esa vía se nos han aplicado, en los últimos tiempos, cosas inauditas. Por ejemplo, que nuestra bancarización sea obligatoria, cuando no lo es prácticamente en ningún otro país del mundo. O que aprobemos leyes que vienen ya hechas y poco tienen que ver con nuestra realidad, como las de lavado de activos y financiación del terrorismo, o el nuevo Código del Proceso Penal, o  el inconstitucional proyecto de ley de riego.
El “efecto liebre” es eso: el congelamiento ante los faros de lo que creemos una realidad mundial ineludible. Al punto que ni siquiera requerimos a nuestros gobernantes explicaciones sobre lo inexplicable.
Curiosamente, el mundo da señales de que el aparente predominio total de los intereses económicos sobre los Estados y sobre los pueblos no es tan ineluctable. Desde el triunfo de Trump hasta el Brexit, pasando por ciertas políticas de Estados fuertes, como Rusia y China, e incluso la peculiar salida adoptada por Islandia durante su crisis financiera, son muchos los casos en que los intereses financieros y corporativos globales se han visto frustrados. Eso no significa que uno simpatice con los protagonistas de esos hechos. Que Trump haya enfrentado una campaña organizada por George Soros para evitar que asumiera el gobierno no convierte a Trump en santo ni mucho menos. Y que en Siria los intereses que querían derrocar a Bashar al Asad hayan sido frenados por la actitud de Putin no convierte a Putin ni a Al Asad en paladines de la libertad. Pero muestran fisuras en un sistema económico global que, desde aquí, tendemos a ver como invencible.
¿Existen márgenes para que un Estado chico, como el nuestro, pueda darse ciertas estrategias propias?
La respuesta no es absoluta. Pero todo sistema que presenta grietas o fisuras deja espacios relativos para algunas decisiones autónomas. Siempre que uno no se encandile demasiado con los faros.
UPM es uno de esos casos. Las extremas precauciones que tomó la empresa para no quedar obligada por el “contrato” son la prueba de su relativa debilidad y, paradójicamente, son también la llave para salir de una situación que no nos favorece como país.

UNA PESADILLA CON PUERTA DE SALIDA
La sensación impuesta, de que la segunda planta de UPM es inevitable, como si ya estuviera instalada, es errónea.
Uruguay no está atado a ninguna de las condiciones establecidas en el documento firmado con UPM. Porque ese documento no es un contrato, en el sentido de que no establece ninguna obligación ni ninguna sanción si cualquiera de las partes decidiera no llevarlo a cabo.
La cláusula 8.2.1 del dichoso documento establece: “Cualquiera de las partes podrá dar por finalizado este contrato en cualquier momento antes de la Fecha de DFI (Decisión Final de Inversión por parte de UPM) a su sola discreción y por cualquier razón o sin expresión de causa mediante notificación a la otra parte”.
Y la cláusula 8.3, reiterativa pero clara, agrega: “Cualquier terminación de este Contrato (inclusive bajo las condiciones de la cláusula 8.2) hará caer todas las obligaciones y compromisos asumidos en el presente por ambas Partes y ninguna de las Partes incurrirá en responsabilidad alguna de cualquier naturaleza con respecto a cualquier terminación de este contrato antes de una Decisión Final de Inversión positiva”.
Jurídica y contractualmente, tenemos las manos libres. Bastaría con comunicar a UPM la terminación del contrato. Incluso se podrían detener las descabelladas inversiones que el gobierno está empezando a hacer, sin que hubiese ninguna consecuencia de temer.
Finlandia no va a invadirnos por eso. Según me informan, buena parte de la opinión pública finlandesa no ve con buenos ojos las aventuras de UPM. Y la estrategia del miedo ya ha mostrado su falsedad antes. No nos hundimos por no firmar el TLC con los EEUU ni por abandonar las tratativas del TISA.
La pregunta es, ¿no deberíamos reconsiderar entre todos un negocio que claramente nos perjudica como país?












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