Otras canchas

Betania Núñez

25 mayo, 2018

La condena social y el desplazamiento de Miguel Zuluaga fuera de la selección.

La condena social surge espontánea u organizadamente, y se potencia ante una justicia que se demora en llegar. Después del negacionismo y el silencio, los últimos años de los noventa y los primeros de los dos mil trajeron formas de condena social que se replicaron en el reclamo de Un gol a la Impunidad.
La condena social ya se había alcanzado, pero se logró algo más. La que arrancó la movida fue Rebeldía Organizada, una outsider en la batalla histórica por la defensa de los derechos humanos que, sin embargo, tuvo la facilidad de palabra de quien maneja la jerga propia del deporte.
Si se lo mira en retrospectiva, parecía poco probable que el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (Auf) fuera a resolver antes del Mundial de Rusia la salida del ahora ex jefe de seguridad Miguel Zuluaga. Tal como fue descripto a las organizaciones desde la Auf, era concebido como una especie de tío bueno, una figura cercana al maestro Óscar Tabárez y muchos de los jugadores que, más allá de la seguridad, resolvía las pequeñas cosas de la cotidianidad de la selección desde hacía 18 años. Pero el viernes el ejecutivo le comunicó que no se lo convocaría al Mundial. Según supo Brecha, tanto Zuluaga como su abogado aceptaron la decisión.
En el medio de la campaña Gol a la Impunidad algo pasó. Hay algunos que dicen que nunca se había logrado la adhesión de tantas organizaciones en una causa similar. Hay quienes aseguran que fue la contundencia de las pruebas exhibidas durante la reunión del 24 de abril lo que transformó las caras de los ejecutivos de la Auf. Están también los que hablan de la estrategia de Rebeldía Organizada y cómo se plantó –desde el afecto por el fútbol y la selección–, al reclamar la salida del ex subcomisario que trabajó en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii) mientras la dictadura detenía y torturaba, según los testimonios de ex presos y documentos difundidos por este semanario (véase “Dos caras”, en la edición del 13-IV-18).
En su legajo, además, consta que Zuluaga ingresó a la Dnii en 1969, pasó por diferentes dependencias –entre ellas el Servicio de Seguridad Presidencial durante algunos meses del gobierno de Luis Alberto Lacalle– y se retiró en 2008 como comisario inspector, según se indicó a este semanario desde el Ministerio del Interior ante un pedido de acceso a la información pública.
“Queríamos que no fuera al Mundial, queríamos que fuera destituido, pero no sabíamos la resonancia que esto iba a tener. Muchos de nosotros frecuentamos el fútbol, somos de la hinchada de Peñarol, algunos son de Nacional. Es posible que hubiese sido distinto con gente de afuera (como cuando la Mesa Permanente contra la Impunidad reclamó la salida de Zuluaga) que con gente vinculada al fútbol. La selección parecía intocable, al principio algunos comentarios iban en ese sentido, pero el apoyo creció cuando presentamos la carta, y después de que lo retiraron se entendió que decíamos la verdad. Ahora es un buen momento para seguir”, adelantó a Brecha Richard Mariani, de Rebeldía Organizada, grupo que trabaja desde hace cinco años en Delta del Tigre, tiene militantes de 16 a veinte y pocos años y realiza trabajo social en el barrio.
Como se trataba de la selección, y en la proximidad de un Mundial, agregó Mariani, “el clima fue tal vez único, pero si se capitaliza se pueden seguir haciendo condenas sociales. Nosotros lo planteamos en el comunicado, hay otros represores, gente que ostenta cargos de poder en un silencio a voces, y ya tenemos a otras personas identificadas sobre las que estamos juntando información. La justicia en muchos casos no actúa, y en esto hay una herramienta para que la sociedad elija si quiere convivir con un represor que estuvo implicado en violaciones, secuestros y muertes, o no”.
NO TAN LEJOS. En la Argentina de los noventa y de los indultos, Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, miembros de la primera Junta Militar, todavía iban a la cancha y eran tolerados mientras festejaban los goles de River. Pero en 1997 fueron los propios dirigentes del club los que plantearon que debían ser expulsados como socios honorarios, reconocimiento que habían obtenido durante el Mundial del 78. La reacción no era ajena al contexto, así como el resto de las manifestaciones de repudio –más espontáneas y reducidas o más organizadas y masivas–, en 35 años desde la salida de la dictadura argentina.
“Era un contexto de ebullición que venía a ser el correlato de las movidas de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, Contra el Olvido y el Silencio (Hijos), del escrache social ante la ausencia de justicia y de la aparición de un genocida, Adolfo Scilingo, que reconoció que había participado de los vuelos de la muerte. Todo eso generó un gran movimiento en la opinión pública, en un momento en el que la justicia se movía por partes”, recuerda la politóloga y periodista argentina Luciana Bertoia: “Hijos surgió en ese momento por razones generacionales –ya que fue cuando llegaron a una edad acorde para tener algún tipo de participación política– y las del contexto de impunidad. Los genocidas estaban en sus casas, sacaban a pasear a sus perros, y aparecieron los escraches”.
Fue en 1997 que Hijos –que tenía nada más que dos años de vida– realizó su primer escrache, un tipo de condena social que también se usó antes, después y en otros lugares para repudiar estas y otras “actitudes” que atentaban contra un colectivo. En su versión rioplatense y en su función de denunciar donde vive un represor, el escrache desbordó hacia Uruguay en 1998 y hacia Chile (donde se le llama “funa”) en 1999.
A 22 años del golpe, el Congreso argentino derogó las leyes de punto final y de obediencia debida, lo que habilitó la actuación de la justicia. Siguieron los escraches pero también aparecieron las reacciones espontáneas en la calle, como cuando un grupo de jóvenes salió de apuro a comprar huevos para tirarle a Miguel Etchecolatz. También hubo médicos que se negaron a atender a los genocidas y docentes que apelaron a la objeción de conciencia para no dictar clases a los militares presos, en el marco de un programa de extensión que permitía que los privados de libertad cursaran diferentes carreras.
En 2012, cuando el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (Uba) aprobó por unanimidad “el rechazo a la admisión como estudiantes de la Uba a los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad”, la dirección de la carrera de sociología consideró, en sintonía con lo que se manifestó desde otras disciplinas, que “con esta histórica resolución”, al “no aceptar en sus filas a quienes formaron parte activa y dinámica de un plan de exterminio que tuvo a nuestra universidad como uno de sus blancos predilectos”, la Uba “honró su trayectoria en defensa de los derechos humanos y ejercitó la memoria”.
“Es la voz de un consenso diciendo lo que no es aceptable – plantea Bertoia–, que fue creciendo también a partir de que se hizo justicia.” Por eso, ante los embates contra una justicia consolidada, medio millón de personas desbordaron Plaza de Mayo cuando el año pasado la Corte Suprema de Justicia aplicó el beneficio de la ley del “dos por uno” al caso de un represor, para que luego de los primeros dos años sin sentencia firme se le computara como doble cada día de prisión. Por eso, también, cuando se le concedió la prisión domiciliaria a Etchecolatz, este verano, los escraches en su casa de Mar del Plata fueron recurrentes y masivos durante tres meses hasta que la domiciliaria se revocó.
“Ante la posibilidad de un retroceso hubo una reacción enorme. Que volvieran a su casa dejó de ser aceptable y eso convocó consensos mucho más amplios que los que inicialmente convocaban los escraches”, analiza la politóloga, y agrega: “Cuando la justicia se corre, no funciona o no actúa, se generan manifestaciones de condena social como la de los hijos de los genocidas. Ante la inminencia del retorno de esos padres condenados con los que no tenían nada que ver, cuando la justicia se los estaba mandando de vuelta a sus casas, salieron e hicieron algo para distanciarse”.
Porque “hay un ellos y un nosotros”, entiende Bertoia, y la barrera entre unos y otros está en los comportamientos que una sociedad considera intolerables: “La condena social tiene que ver con la imposibilidad de volver a vivir con ellos. Cuando se murió Videla (y lo mismo ocurrió con Massera) no pudieron decir dónde lo enterraban, y lo enterraron con otro nombre. Por el repudio social, estos tipos no tienen una lápida con su nombre”.
NO TAN CERCA. Aunque la justicia llegó después y con cuentagotas, aunque la historia fue otra y la idiosincrasia también, en Uruguay no deja de haber antecedentes de condena social.
“Los uruguayos tenemos una cosa como más tímida, nos cuesta más manifestar el repudio en la calle, esa cosa que sale desde el estómago, el ‘hay que salir y salimos’”. Estamos como contenidos y perdemos la espontaneidad”, arriesga la historiadora Jimena Alonso, después de vivir en la Plaza de Mayo la manifestación contra la aplicación de la “dos por uno”, a poco de haberse instalado en Argentina.
“Capaz que es porque somos una sociedad pacata”, dice la integrante de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos Elena Zaffaroni, pero “los torturadores no se mudaban de las casas, se empezaron a mudar recién en el último tiempo”. Sin embargo, Zaffaroni también recuerda que, en una reacción espontánea de todas las madres de desaparecidos, cuando se enteraron del casamiento de la hija de José Nino Gavazzo fueron a la iglesia y se pararon afuera con un cartel. “Tenían un límite pero hicieron cosas como esa. También acompañaron cuando se hicieron los primeros escraches”.
Alonso señala dos escraches orientales que tuvieron su peso. El de 2016 en la calle Martí, que frustró la ida de Gavazzo al cumpleaños de 15 de su nieta, salida que había sido habilitada por la justicia aunque se encontraba en prisión domiciliaria por razones de salud. Y el de 2001, cuando después de un escrache en Atlántida, Manuel Cordero fue reconocido en la Tienda Inglesa y repudiado por clientes y trabajadores del lugar, con “la intención social de al menos complicarle un poco la vida. En una sociedad donde están libres, se suben a un ómnibus, van a un supermercado, tienen una vida normal. Ante un Poder Judicial que como mínimo no actúa con la celeridad que se necesita, la sociedad utiliza otras herramientas para manifestar su incomodidad”.
En Uruguay, según una sistematización de Plenaria Memoria y Justicia, se realizaron 33 escraches a instituciones y represores, en algunos casos a más de uno por vez. El primero fue a Gavazzo, en 1998, fuera del mismo apartamento de donde en 2016 se impidió que saliera hacia el cumpleaños de su nieta. Tras ese último escrache Gavazzo se mudó a Parque Miramar, lo que desembocó en otro escrache frente a su nuevo hogar. Irma Leites, integrante de Plenaria, define a esta acción como “una herramienta directa de condena que va más allá de una movilización en un lugar público. Es no tolerar que alguien que fue torturador sea tratado como cualquiera de los que viven en un barrio, es un juicio popular independientemente de lo que haga el Poder Judicial”. Sostiene, además, que “más allá de la absoluta legitimidad que tiene siempre la denuncia y la condena social”, el método “se reafirma ante la falta de voluntad política”.
En el caso de Zuluaga, a diferencia del escrache, “se hicieron los esfuerzos para que haya juicio, porque la causa está presentada. Lo que hay que desnudar es que efectivamente hay gente que se ha reciclado, algunos notoriamente y otros más solapadamente. Cuando la ciudadanía se posiciona dando una batalla, en realidad hace un reclamo frente al Estado y también a la conciencia del pueblo”, plantea Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu.
En el pasado, como en el caso de Zuluaga, también se denunció el lugar que ocupaban otros ex represores. Rosa Marsicano fue expulsada del Sindicato Médico del Uruguay en el año 2000. Eduardo Ferro fue despedido del cargo de gerente del hotel Las Dunas de Punta del Este en 2006. Y los profesores Ruben Sosa Tejera y Guillermo Abella, en 2006 y 2007, fueron apartados de su función docente.
Zaffaroni recuerda que “los primeros años fueron de negacionismo. Se peleaba por los niños que no habían sido recuperados y por los desaparecidos, pero no se hablaba de la tortura. No se hacían los juicios por lo vivido sino para llevar en cana a los que habían desaparecido gente. Cuando asumió el Frente Amplio e hizo lo que era fácil, sin hacer cambios de fondo, entonces los ex presos empezaron a hablar. Lo que pasó con Zuluaga fue una acumulación”.

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