Martes 27 de Noviembre,
IAR Noticias
Informe especial
En las últimas horas, la "revolución democrática" de Evo Morales, y la oligarquía "autonómica" opositora del oriente boliviano, radicalizaron sus discursos, compitieron con manifestaciones multitudinarias en La Paz y Santa Cruz, desoyeron los llamamientos a la moderación, y todo indica -según los observadores- que parecen dispuestos a medir sus fuerzas en una confrontación violenta, en el marco de una guerra civil. La guerra ya no es por la propiedad de los hidrocarburos y de las riquezas de Bolivia (que siguen en manos de las multinacionales), sino por la hegemonía del control del Estado. Si bien Morales ha repetido hasta el cansancio que respetará la propiedad privada –inclusive los grandes latifundios "productivos"– y que garantizará seguridad jurídica para las transnacionales, con las cuales no ha roto, la oligarquía latifundista ya le declaró la guerra por el monopolio del poder del Estado.
Según los sectores combativos de la izquierda boliviana, el proceso de reformas económico sociales que lleva adelante en Bolivia el gobierno "reformista" (y dócil con las transnacionales) de Evo Morales ha llegado a un punto de inflexión precipitado por la radicalización de la derecha oligárquica que quiere cortarse sola con su propio gobierno en los departamentos "sublevados" de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca.
La oligarquía secesionista propone construir una “República libre y organizada en un estado soberano de derecho”, con organización territorial basamentada en un régimen autonómico departamental y descentralizado.
Luego de los sucesos de Sucre, el pasado fin de semana, la conciliación de Morales (un gerente dócil
En las elecciones de 2006 para conformar la Asamblea para la reforma constitucional, el MAS tuvo el 50,7% de los votos, pero Morales reitera que esa mayoría les autoriza a imponer su proyecto al resto del país, al que reduce a unas pocas "familias oligárquicas" y a "reductos neoliberales".
La propuesta oficialista de "nueva carta magna" para construir la "revolución democrática" (al estilo de Chávez en Venezuela) fue aprobada en un cuartel militar, a mano alzada, sin comprobar el voto y violando varias normas de la Asamblea, según la versión de la prensa y la oposición "derechista" boliviana.
Para la izquierda combativa del Altiplano, la convulsión social en Sucre de las últimas 36 horas (en realidad un ataque oligárquico contra el gobierno y las instituciones) –que deja como saldo preliminar tres muertos y más de un centenar de heridos–, confirma una vez más que si bien Evo Morales llegó al gobierno, "las mayorías oprimidas aún no han tomado el poder".
La tensión persistía ayer lunes en la ciudad boliviana de Sucre tras el caos producido por dos días de violentas protestas, con saldo de cuatro muertos, que estallaron luego de que la Constituyente (con solo la presencia del oficialismo) aprobó una nueva Carta Magna preliminar que la oposición oligárquica rechaza.
La ciudad de 300.000 habitantes en el sur de Bolivia intentaba volver a la normalidad tras dos jornadas de furia "derechista" oligárquica que se expresó en incendios, ataques con tacos de dinamita, barricadas y choques con la policía que provocaron la muerte de tres manifestantes y un uniformado.
Aunque los seguidores oficialistas de Morales prometen "dar la vida por la constitución" (no ya por la recuperación de los hidrocarburos que siguen en manos de las multinacionales petroleras), nadie sabe lo que se aprobó el sábado, y sólo se conocen algunos lineamientos generales como el reconocimiento de Bolivia como un "Estado plurinacional", autonomías departamentales e indígenas y la imposición de candados a futuras privatizaciones de los recursos naturales como el gas, y (lo que más irrita a las oligarquías del oriente) la reelección indefinida del presidente.
Los líderes de ambos bandos se culparon mutuamente, con similar tono incendiario, de la violencia, que causó tres muertos y 300 heridos en Sucre el pasado fin de semana, y de dividir a Bolivia y llevarla a una guerra entre hermanos.
El presidente del Comité Cívico cruceño, Branco Marinkovic (un referente de la oligarquía secesionista), dijo que Morales "mandó matar" a las tres víctimas de Sucre, y le acusó de manejar al país como un "sindicato" cocalero, en alusión a que el mandatario sigue siendo presidente de las asociaciones de productores de hoja de coca.
"Hoy le decimos al presidente: una Asamblea Constituyente en un cuartel militar no la va aceptar jamás el pueblo", advirtió el dirigente de los secesionistas oligárquicos.
El ex presidente boliviano Jorge Quiroga, cabeza visible de la coalición oligárquica "secesionista" atrincherada y en pie de guerra, consideró que la carta política aprobada por la mayoría oficialista de la Constituyente "no tiene más valor que un papel higiénico usado".
"Lo que se aprobó en Sucre al amparo de los fusiles y bayonetas, es simplemente un papelucho aprobado a las corridas, de manera absolutamente vergonzosa y hasta jocosa, que lo más que podría llegar a ser es un estatuto político del (oficialista) MAS", señaló el diputado "opositor" Fernando Messmer.
El domingo en la tarde el presidente Morales avaló la nueva Constitución (para construir el "socialismo") y reiteró su compromiso este lunes uniéndose a una marcha de campesinos y sectores sociales que avanzaba hacia La Paz en defensa de la decisión de la Constituyente que, por extraña paradoja, se aprobó en un cuartel militar y sin presencia de "opositores".
Obviando tres días de disturbios en Sucre, por la decisión del oficialismo de aprobar su nueva carta magna sin contar para nada con la oposición, Morales pidió a sus constituyentes que vuelvan a reunirse para acabar el proceso.
La tensión entre el oficialismo y la oposición podría incrementarse esta semana, según la prensa local, luego de que líderes "cívicos" y políticos regionales reunidos en Santa Cruz convocaran a una huelga para el miércoles en seis de los nueve departamentos bolivianos.
Mientras todo esto ocurría, en Sucre se realizaban los funerales de las víctimas de los disturbios, donde abundaron las escenas de dolor.
Esta ciudad se encuentra en situación extremadamente delicada, ya que las fuerzas policiales se replegaron de la zona urbana y casi dos centenares de delincuentes comunes se fugaron el domingo de la cárcel local, lo que ha provocado temor entre los lugareños.
Según los analistas, la gran pregunta es si Evo Morales será capaz de sostener su proyecto constitucional sin el apoyo de la oposición y en un país cada vez más dividido y al borde de una guerra civil.
Temerosos como siempre de un quiebre institucional que "rompa la gobernabilidad democrática", las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron moderación a todas las partes en el conflicto.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, hizo un llamado al diálogo, afirmando que los enfrentamientos "revelan una inquietante división de la sociedad boliviana que afecta seriamente el clima que debe reinar durante la formulación de una Carta Magna".
"Un proceso constituyente no debe implicar la derrota de un sector del país por el otro, sino el resultado de la armonización de intereses diversos".
Asimismo, el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo que en Estados Unidos "deploramos la violencia en Sucre, Bolivia, que costó la vida al menos a tres personas durante el fin de semana", y el canciller brasileño, Celso Amorim, llamó desde Washington al diálogo en Bolivia.
La Constituyente -convocada en agosto de 2006- estaba suspendida desde el 15 de agosto por desacuerdos internos y por presiones de organizaciones civiles de Sucre que exigían al foro aprobar el traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a esa ciudad, en desmedro de La Paz donde ahora se encuentran.
Para la izquierda combativa, el desenlace del proceso muestra en carne viva los intereses contrapuestos de la oligarquía, "peona" de las transnacionales, y de los mayoritarios sectores sociales empobrecidos aprisionados en el colchón "reformista" del gobierno de Evo Morales.
Si bien Morales ha repetido hasta el cansancio que respetará la propiedad privada –inclusive los grandes latifundios “productivos”– y que garantizará seguridad jurídica para las transnacionales, con las cuales no ha roto, la oligarquía latifundista ya le declaró la guerra por el monopolio del poder del Estado.
Esa -según los analistas de la izquierda combativa- es el límite del reformismo de la "revolución democrática", que, si bien no plantea ningún peligro para los intereses diversificados de los bancos, transnacionales y petroleras que siguen saqueando las riquezas bolivianas, promueve una competencia por el poder del Estado entre Morales y la antigua derecha oligárquica gerenciadora de los mismos intereses.
Esa es la llama que enciende una confrontación que en estos momentos parece encaminarse hacia una guerra abierta.
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