En Uruguay, varios casos de lavado de dinero han sido notorios en los últimos años.
En los últimos cuatro años, varios casos de lavado de activos han sido relevantes en Uruguay. A continuación se mencionan algunos de los más destacados:
Caso del Clan Insfrán (2022-2023): Este caso está relacionado con la organización criminal conocida como el "Clan Insfrán", liderada por el argentino Esteban Lindor Insfrán, quien fue acusado de operar una red de narcotráfico y lavado de dinero a gran escala en Uruguay y Argentina. En Uruguay, la organización habría blanqueado grandes sumas de dinero mediante la compra de inmuebles, vehículos de lujo y otros bienes. La Justicia uruguaya incautó propiedades vinculadas al clan y arrestó a varias personas por su implicación en el esquema.
Caso Luis Alberto Heber - Narcoaviones (2023): En un caso que vinculó a figuras políticas y fuerzas de seguridad, surgieron denuncias sobre la posible infiltración de narcotráfico en el sistema político. Las investigaciones revelaron que aviones privados utilizados para operaciones de narcotráfico aterrizaban en pistas clandestinas en Uruguay, y los fondos generados por estas actividades se lavaban mediante la compra de propiedades y otros bienes. Aunque las investigaciones continúan, el caso puso de relieve el riesgo de lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas en el país.
Operación Atlántida (2022): En este operativo, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay desmanteló una organización dedicada al narcotráfico y lavado de dinero que operaba entre Uruguay, Brasil y Paraguay. La red utilizaba empresas pantalla y propiedades en el sector inmobiliario para lavar dinero obtenido del tráfico de drogas. Las autoridades incautaron más de 12 millones de dólares en bienes y arrestaron a varias personas involucradas.
Caso de las estancias de Rocha (2021): En este caso, las autoridades uruguayas investigaron una red de lavado de dinero vinculada a la compra de grandes estancias en el departamento de Rocha. Los compradores estaban relacionados con organizaciones criminales de Brasil, que utilizaban las propiedades rurales como parte de un esquema para blanquear capitales procedentes del narcotráfico. Se realizaron varias incautaciones de tierras y activos como resultado de esta operación.
Operación Océano (2020-2023): Aunque el caso de la Operación Océano inicialmente surgió como una investigación sobre explotación sexual de menores de edad, también incluyó cargos relacionados con el lavado de dinero. Los involucrados, que incluían empresarios y figuras del ámbito público, habrían utilizado estructuras financieras opacas y transferencias bancarias para ocultar los ingresos generados por estas actividades ilícitas. Varios activos y cuentas bancarias fueron congelados como parte de la investigación.
Estos casos recientes demuestran el enfoque de las autoridades uruguayas en la lucha contra el lavado de activos, particularmente en sectores como el narcotráfico, la explotación sexual y la utilización de empresas ficticias para mover fondos ilícitos. Las investigaciones continúan en varios de estos casos, con un enfoque creciente en la cooperación internacional para desmantelar redes transnacionales de crimen organizado.
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Las ocho causas vinculadas al narco en Uruguay
El último antecedente de Sebastián Marset
Marset salió de la cárcel en abril de 2018, luego de haber cumplido dos penas por narcotráfico, pero volvió a ser procesado en agosto de ese mismo año por el homicidio de Alfredo Rondán, un “amigo de la infancia, con quien tenía deudas por estupefacientes”, según dijeron las autoridades en ese momento.
Por esta causa Marset estuvo apenas 60 días preso luego que la fiscal de Atlántida de 1° turno, Darviña Viera, solicitara la formalización de la investigación por un delito de homicidio y solicitó la prisión preventiva por 120 días y finalmente, el juez Enrique Falco hizo lugar al pedido, pero redujo a la mitad. El imputado manifestó en su defensa que la reunión era en otro lugar y que su amigo nunca llegó, pese a que después del crimen Marset destruyó su celular y las evidencias que lo ubicaban en el lugar de los hechos, tal como había concluido Viera previamente a formalizar la investigación por homicidio.
Finalmente, por esta causa fue sobreseído en 2020 por falta de pruebas, aunque luego se constató la desaparición de evidencias clave como el audio de una hora de declaración en la que Marset aseguraba ser informante de la Brigada Antinarcóticos, entre otras afirmaciones.
Si bien por el momento Marset no tiene causas abiertas en Uruguay, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación interna tras conocerse irregularidades en el caso del homicidio de Rondán y distintas fiscalías siguen investigando los vínculos del narcotraficante uruguayo y su organización con una amenaza y un atentado en 2020, y por cargamentos que llegaron al país entre 2019 y 2023.
Operación Varsovia (agosto 2019)
El operativo se inició tras una llamada anónima que informó sobre un importante cargamento de cocaína de origen boliviano que viajaría de Salto hacía el sur del país, por lo que la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) comenzaron a trabajar en el caso y dispusieron implementar una entrega vigilada.
Por ese motivo, las autoridades a cargo de la investigación permitieron que una furgoneta Mercedes Benz de color blanca, acompañada de una camioneta Volkswagen Amarok que oficiaba de puntero, se trasladaran por Ruta 3 con destino a Canelones sin ser detenidos. A pesar de que la furgoneta no tenía chapa ni matrícula y su conductor no poseía libreta de conducir, efectivos de la policía caminera de Durazno debieron dejar seguir al vehículo que trasladaba un cargamento de 872 kg. de cocaína para no interceder el operativo.
Las dos camionetas y un auto que acompañaba llegaron a una casa que habían alquilado en Parque del Plata, y al otro día se dispuso el allanamiento a la finca donde se encontró el alijo de cocaína que se había descargado en un garaje la noche previa.
En ese procedimiento que continuó con allanamientos en Salto, la Justicia formalizó a varias personas de origen paraguayo, boliviano, brasileño y también a dos uruguayos. En uno de esos operativos Ferrero halló documentación “importante” que daba cuenta por primera vez de un clan familiar denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU). Según informó El Observador en agosto de 2022, se encontró una foto de Marset y otros miembros de la organización portando medallones con las iniciales PCU.
Operación Zagreb (diciembre 2019)
A fines de 2019 las autoridades efectuaron el decomiso de droga más grande de la historia uruguaya, cuando la Dirección de Aduanas en conjunto con la Prefectura Naval incautó en el puerto de Montevideo 4,418 toneladas de cocaína que estaban ocultos entre un cargamento de harina de soja y luego allanaron una hacienda en Soriano propiedad del empresario Luis Murialdo, donde confiscaron más de 1,4 toneladas de cocaína. Se presume que ese cargamento llegó por Nueva Palmira y estaría vinculado a la organización de Marset.
El 2019 es hasta la actualidad el año récord de incautaciones de cocaína en territorio uruguayo con un total de 11,911 toneladas, pero llamativamente en 2020 la cifra fue mucho menor: 1.480 kg.
Operación Bagdad-Bangui (febrero 2020)
En ese procedimiento detuvieron a miembros de una organización que ingresó cargamentos de droga en avionetas para posteriormente arrojarla en un establecimiento rural del departamento de Artigas, próximo a Bella Unión. Dicho operativo logró la incautación de 347 kg. de pasta base en el norte y 206 kg. de cocaína en Canelones.
Amenaza a Ferrero y atentado a sede de Brigada Antidrogas (mayo 2020)
A su vez, el fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, señala a esta organización como la responsable del atentado perpetrado a la sede de la DGRTID el 10 mayo de 2020 y la amenaza recibida por parte de la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero.
El atentado contra la sede de la Brigada Antidrogas y la amenaza contra Ferrero, firmada por el Primer Cartel Uruguayo, sucedieron siete meses antes de que Marset consultara por su situación judicial en Uruguay.
“Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, decía el mensaje enviado al celular de la fiscal Ferrero al día siguiente del atentado contra la Brigada Antidrogas.
Por esa causa se logró la condena de 10 personas, entre ellas, el hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias y el argentino Rodrigo Fontana Ferreira, narcotraficante sospechoso de formar parte del PCU, extraditado en 2022 a Brasil por tráfico de armas.
Operación Árabe (marzo 2021)
Luego de 18 allanamientos en Montevideo, Canelones, Río Negro, Rivera y Artigas se incautaron 606 kg. de cocaína. Más de 300 estaban dentro de una lancha en una chacra de Canelones, dado que la banda criminal desbaratada (con 15 miembros entre brasileños, cubanos, paraguayos y un uruguayo) utilizaba como pantalla la explotación de producción agropecuaria para sus actividades de narcotráfico, había detallado en su momento el ministro Larrañaga. Por esa causa era investigado en Paraguay y en Uruguay Edgar Enrique Marset, padre de Sebastián.
Operación Adamante (diciembre 2022)
En ese procedimiento la policía incautó 443 kg. de cocaína que llegaron a Uruguay a bordo de una avioneta, que fue incautada y fueron detenidas tres personas: Dos uruguayos y un boliviano que piloteaba la aeronave. Uno de los uruguayos era quien estaba en la ruta, y su rol era avisar a la organización el lugar apropiado para aterrizar la avioneta, además de informar si había presencia policial.
Las tareas de inteligencia permitieron determinar que la droga ingresaría en un camino que une la Ruta 3 y las Termas del Arapey, en Salto.
El ministro del Interior de ese momento, Luis Alberto Heber, reveló que los hermanos uruguayos tenían conexiones con Marset, incluso uno de ellos formó parte de la operativa que trasladó 872 kg. de cocaína a una casa de Parque del Plata en 2019 y se pudo probar que había viajado con anterioridad a Bolivia donde se presumía que se había reunido con Marset.
Sin embargo, el Dr. Santiago Moratorio desmintió los dichos de Heber. El penalista que defendía a los imputados señaló en ese momento a Subrayado que sus clientes "no están relacionados con esa persona" ya que no había “ninguna evidencia que lo indique”, afirmó Moratorio, que por ese entonces no era conocido como abogado de Marset, aunque ya oficiaba como tal.
Operación Titanes (julio 2023)
El último caso en el que se vinculó a Marset fue en el que se incautaron 265 kg. de cocaína en Cerro Norte, ocultos en tablas de madera provenientes de Paraguay. Heber dijo que había "indicios que vinculan a Marset" con la incautación de droga en el cargamento de madera.
En el procedimiento se detuvo a once personas y entre los involucrados había un narcotraficante que tenía una empresa de camiones y vivía en La Tahona, llamado Jorge Pérez Bentancor, quien también tenía una empresa vinculada a la importación de bienes desde Paraguay.
La Policía describió a Bentancor como un “empresario vinculado a empresas de camiones, con gran poder adquisitivo, domiciliado en un reconocido barrio privado del departamento de Canelones”.
Señalaron que estuvo preso en 2012 en el marco de la Operación Mintaka, que investigó a una organización criminal que también se dedicaba a traficar 276 kg. cocaína a Europa.
Según informó el Ministerio del Interior, a partir de información confidencial, se comenzó a investigar a una organización delictiva dedicada al ingreso de grandes cargamentos de droga al país para el acopio, acondicionamiento y posterior envío a Europa, camuflada en exportaciones de madera.
A partir de tareas de vigilancia, se identificó a los integrantes de la organización delictiva, compuesta por uruguayos y colombianos y se pudo determinar que la organización acopiaba la droga en una vivienda de Cerro Norte y desde allí los integrantes colombianos se encargaban de acondicionar las maderas para camuflar la cocaína, que luego era embarcada en el Puerto de Montevideo para su envío a Europa, con la complicidad de una empresa exportadora de madera.
Otro de los detenidos estaba requerido desde febrero de 2022 por la Operación Pegaso, en la que se incautaron 1.361 kg. de cocaína en una playa de San Antonio (Rocha) luego de que fallara el proceso de embarque en lancha, para su salida del país hacia Europa en un buque.
En Uruguay, mas casos de lavado de dinero han sido notorios en los últimos años.
Aquí algunos de los más importantes:
Caso de los Panamá Papers (2016): Varios empresarios y figuras políticas uruguayas fueron mencionadas en los Panamá Papers, que revelaron el uso de sociedades offshore para evadir impuestos y ocultar fondos. Esto generó investigaciones sobre posibles actividades de lavado de dinero relacionadas con estas estructuras.
Caso Balcedo (2018): Marcelo Balcedo, un sindicalista y empresario argentino, fue arrestado en Uruguay por acusaciones de lavado de dinero, asociación ilícita y contrabando. Se le incautaron bienes de lujo y dinero en efectivo. Su caso fue de alto perfil debido a la magnitud de las operaciones y el nivel de vida ostentoso que llevaba en Uruguay.
Caso FIFAgate (2015): Si bien este caso tuvo una dimensión internacional, en Uruguay implicó a varios dirigentes de fútbol involucrados en el escándalo de sobornos y corrupción en la FIFA. Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA, fue uno de los principales acusados por delitos relacionados con el lavado de dinero.
Caso Cambio Nelson (2017): El dueño de la casa de cambios "Cambio Nelson", Francisco Sanabria, fue arrestado por defraudación y lavado de dinero tras un escándalo financiero que afectó a cientos de personas. Se descubrió que utilizaba la empresa para desviar fondos y realizar operaciones ilícitas.
Caso Campiani - Pluna (2012): Matías Campiani, exdirectivo de la aerolínea Pluna, fue acusado de varios delitos económicos, incluyendo lavado de dinero, tras la quiebra de la aerolínea. Aunque fue absuelto de algunos cargos, su caso fue emblemático en el ámbito empresarial uruguayo.
Aquí te menciono más casos adicionales de lavado de activos que han sido relevantes en Uruguay en los últimos años:
Caso Lava Jato (2014 en adelante): Aunque el caso Lava Jato comenzó en Brasil, tuvo ramificaciones en Uruguay. Varios empresarios y profesionales uruguayos fueron investigados por su presunta participación en el esquema de lavado de dinero relacionado con sobornos pagados por la constructora Odebrecht y otras empresas. Se descubrieron empresas offshore y transferencias que involucraban a bancos uruguayos, lo que atrajo la atención de las autoridades.
Caso de los Papeles de la Castellana (2017): Este caso involucró una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero y evasión fiscal a través de sociedades uruguayas y panameñas, vinculado a personas en España. Los “Papeles de la Castellana” revelaron detalles sobre el uso de empresas en Uruguay para mover fondos de manera irregular.
Caso Conaprole (2020): En este caso, la cooperativa láctea Conaprole fue acusada de involucrarse en operaciones sospechosas de lavado de dinero a través de la compra de leche en polvo para exportación. La Dirección General Impositiva (DGI) investigó estas transacciones, sospechando que podrían estar siendo utilizadas para blanquear capitales.
Caso Juan Carlos Ferrari (2021): El empresario Juan Carlos Ferrari fue condenado por lavado de dinero tras ser acusado de operar una red financiera ilícita vinculada con narcotraficantes colombianos. Se le encontró manejando importantes sumas de dinero y propiedades que fueron utilizadas para blanquear fondos provenientes de actividades del narcotráfico.
Caso Alejandro Burzaco (2015): Este empresario argentino fue arrestado como parte del escándalo FIFA, conocido como "FIFAgate", por su implicación en sobornos y lavado de dinero dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Si bien Burzaco es argentino, el caso tuvo repercusiones en Uruguay, ya que parte de los fondos fueron transferidos y lavados a través de entidades uruguayas.
Estos ejemplos reflejan la creciente atención de las autoridades uruguayas al combate del lavado de dinero, un problema internacional que involucra tanto a actores locales como a operaciones con alcance global.
Empresarios y figuras políticas uruguayas fueron mencionadas en los Panamá Papers
En los Panamá Papers (2016), varios empresarios y figuras políticas uruguayas fueron mencionados debido a su implicación en la creación o utilización de sociedades offshore para mover dinero, evadir impuestos y potencialmente participar en actividades relacionadas con el lavado de dinero. Algunos de los nombres más relevantes fueron:
Juan Pedro Damiani: Expresidente del Club Atlético Peñarol y exmiembro del Comité de Ética de la FIFA. Damiani fue señalado en los Panamá Papers por su vinculación con empresas offshore relacionadas con Eugenio Figueredo, exvicepresidente de la FIFA, quien había sido acusado de corrupción y lavado de dinero en el escándalo del FIFAgate. Damiani admitió haber trabajado con estas sociedades, pero negó cualquier ilegalidad.
Nicolás Leoz: Si bien Leoz era paraguayo, tenía vínculos importantes con Uruguay, donde se investigaron empresas y cuentas offshore asociadas a él. Leoz fue el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y estuvo involucrado en el escándalo del FIFAgate.
Francisco "Paco" Casal: El influyente empresario y representante de futbolistas uruguayos apareció mencionado en los documentos por su supuesta relación con empresas offshore, vinculadas a la comercialización de derechos de jugadores y derechos de televisión. Aunque Casal ha tenido diversos problemas con la justicia uruguaya en el pasado por temas fiscales, ha negado haber cometido irregularidades en este caso.
Walter Alcántara: Contador uruguayo vinculado a la firma Mossack Fonseca, el bufete panameño que estuvo en el centro de los Panamá Papers. Alcántara fue señalado por haber gestionado la creación de varias sociedades offshore para clientes de alto perfil, principalmente empresarios y actores del fútbol uruguayo y sudamericano.
Otros empresarios y profesionales: Aparte de las figuras más destacadas, varios empresarios uruguayos, contadores y abogados especializados en la creación de estructuras offshore fueron mencionados en los documentos. Muchos de estos profesionales ofrecían servicios para formar sociedades en jurisdicciones de baja tributación, aunque no todos los casos implicaron actividades ilegales.
Los Panamá Papers revelaron el uso extensivo de estructuras offshore por parte de individuos y empresas uruguayas para administrar capitales, aunque no todos los casos implicaron necesariamente delitos de lavado de dinero o corrupción. Algunos defendieron su inocencia alegando que el uso de estas estructuras era legal bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, el caso atrajo la atención sobre el papel de Uruguay como una posible plataforma para operaciones financieras opacas en la región.
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