Centro de desarrollo
Martes 31 de enero de 2012
Sindicatos no acatarán
Mujica debe jugar sus mejores cartas para que los docentes acepten la reforma educativa
Esta tarde el Presidente de la República juega buena parte de su chance para sacar adelante los planes de reforma educativa, en tanto se reunirá con los sindicatos del sector, los que en principio se mostraron opuestos al Pro-Mejora, el primer cambio sustancial sobre el que el gobierno debió dar marcha atrás.
La semana pasada el Presidente Mujica firmó con los líderes de los cuatro partidos políticos un pacto que apuntó directamente a las estructuras de mando: se acordó un doble voto para el Presidente del Codicen, de ANEP, y de los centros desconcentrados, con lo cual se fortificó el poder político en las decisiones sobre el poder que mantenía la representación docente y gremial.
Otras decisiones del pacto, versaron sobre la
creación de la Universidad Tecnológica y la autonomía de mayor rango para los centros de educación, pero éstos aspectos no están en juego en la negociación con los sindicalistas.
Lo importante, para que un plan de reforma pueda salir adelante, es que sus ejecutores, los docentes de primera línea en las aulas,
estén de acuerdo y motivados para alcanzar resultados.
Acuerdo difícil
Sin embargo todo pasa por la acera de enfrente: los educadores no están de acuerdo con el plan, ya que lo consideran una simple
variante del Pro-Mejora, al que rechazaron, y además
exigen algún incentivo, de corte salarial, para llevar adelante el proyecto.
Los representantes de los gremios de la educación concurren esta tarde a la residencia presidencial de Suárez y Reyes, para analizar el tema con Mujica.
Como anticipo, el secretario general de la Federación Uruguaya de Profesores de Enseñanza Secundaria, (Fenapes), dijo a El País: “queremos ser parte de ese acuerdo desde el comienzo y
no vamos a aceptar que se nos tome como meros instrumentos que ejecuten un acuerdo que definan otros”.
La crisis educativa es porque los gobiernos estan sometidos al FMI, que niegan presupuesto y aplican reformas del BID y BM
Mujica se reune con Fenapes por acuerdo educativo
http://youtu.be/0iyMjmo13ZY
Repartija vs educación: Uno o dos cambios de representantes docentes no cambia nada: la manija la tienen aún el gobierno y los partidos parlamentarios
FA analizó y aprobó acuerdo multipartidario por educación
http://youtu.be/BbIFQdd8_FQ
Entre 1970 y 2008, la enseñanza estuvo "dirigida por el sistema político", sin representantes docentes, hoy seguimos sin representantes docentes
Ya no nos debería de extrañar, ni siquiera de asombrar o indignar, que el excelentísimo Señor Presidente de los uruguayos use el espacio que la prensa, rindiéndole pleitesía, le brinda con gusto para que él los llene con declaraciones que, por no usar el bajo lunfardo típico de quien ocupa la primera magistratura, diremos que contiene errores e incoherencias.
Las analizamos a continuación:
El presidente José Mujica dijo hoy que en el sistema bancario el único sistema de ascenso debería ser el "concurso" e hizo un llamado a premiar el mérito y no el simple "paso del almanaque"…Mujica se refirió al conflicto que AEBU mantiene con el gobierno, cuyo punto central es la modificación de la escala de corrimiento salarial, conocida como "escala del burro", ya que determina el ascenso por antigüedad sin reparar en los méritos laborales de los funcionarios
Repetidamente se dice que en la Banca Pública se asciende por el simple paso del almanaque y no por concurso.
La realidad es que nadie asciende por antigüedad. Y el dato es irrefutable.
Cientos de Auxiliares que tienen entre 25 y 40 años de servicio en la banca pública, entraron como auxiliares y siguen siendo auxiliares.
Decenas de jóvenes ingresados a partir del año 2007 que ganaron concursos por tres y hasta cuatro categorías por encima, llegando hasta cargos de Gerente, con tan solo cuatro años de antigüedad.
La antigüedad no juega ningún papel definitorio de la ocupación de un cargo.
La confusión surge porque existe una escala en la cual
algunos (no todos) los funcionarios suben un grado por año, incrementando así
sus ingresos, pero no modificando su categoría en lo más mínimo.
Es simplemente un sistema de ajuste salarial, como cualquier otro sistema de ajuste, solo que este es automático: cada vez que el funcionario cumple un aniversario se le aplica un incremento salarial. Este proceso tiene topes, no es de por vida hasta que el funcionario se jubile.
No es un beneficio. Es remuneración ordinaria, evolución salarial tipificada como sueldo. Es exactamente lo mismo que ocurre en otros sectores cuando se establecen incrementos por inflación más un plus por concepto de “crecimiento salarial”. Esto es lo mismo. Los bancarios acuerdan en la Negociación Colectiva el incremento por inflación y por otro lado tienen la cuota parte de crecimiento salarial.
Por otro lado, el sistema de ascensos en el Banco de la República es apto para legalizar el acomodo, y perjudica a muchísimos funcionarios destacados y preparados, con sobrados méritos, pero que el mismo sistema los deja fuera de carrera. No parece lógico que para premiar el mérito una de las cosas que se hace es eliminar un sistema de ajuste salarial que, para los que no tienen amigos en la política, para los que no tienen prebendas con nadie, es un paliativo salarial por su postergación.
Más bien, el eliminar el sistema de ajuste salarial será considerado por los funcionarios como un castigo, muy lejos de ser considerado un acto de justicia o de premio.
"… como sociedad debemos pensar que si queremos construir un país mejor, debemos premiar precisamente al mérito, al esfuerzo medible. Y creemos sinceramente que a lo largo y ancho de todo lo que es el trabajo en el Uruguay el sistema de ascenso debe ser por concurso, por méritos contrastables"
No parece lógico pensar que un país mejor se puede construir sobre la base de eliminar a cierto colectivo de trabajadores un elemento de evolución salarial. Los trabajadores de la Banca Pública, la Banca Pública que en su conjunto durante el año 2011 ha generado ganancias equivalentes a tres planes de emergencia, esos trabajadores tienen un sistema de ajuste salarial. A su vez, sufren incontables injusticias todos los días fruto de interminables reestructuras y reformas, cambios de cargos, etc. Por otro lado, en el República, son sometidos a un sistema de ascensos que lo que menos toma en cuenta es la preparación, la capacitación ni los méritos de la persona. Por lo tanto, no parece razonable que construir un país mejor pase por meterle la mano en el bolsillo a trabajadores que ya sufren semejantes manoseos en sus expectativas de carrera.
En otro ángulo de la situación podemos decir que el hecho de que alguien gane un cargo por concurso tampoco es garantía de buena gestión ni de eficiencia. Un funcionario puede ser muy bueno rindiendo pruebas y salvando concursos. Solo le basta trabajar bien un año para que su ascenso quede firme y después, no habrá nada que le quite su grado ni su salario. Es decir, pasado el año,el funcionario, por más concurso que haya dado para estar donde está, puede dejarse estar, puede bajar su nivel de desempeño, sobrecargando a sus compañeros, puede llegar tarde, puede no cumplir con sus tareas y sin embargo nadie le sacará ese cargo que ganó por concurso.
Es tan contradictorio y sin sentido la postura del gobierno, que pretende perjudicar a los que están más abajo y beneficiar a los que están más arriba, y no establece ningún método para salvar esta posible situación.
O capaz que el gobierno cree que los funcionarios que no rinden están solo en la parte más baja del escalafón…
Nadie niega que un concurso es el método para ascender y que deben existir mecanismos que midan los meritos y evalúen personal. Nadie lo niega. En la Banca Pública no existe. Y no es por responsabilidad de los trabajadores que no exista. No existe porque las Administraciones no han sido capaces de implementarlos y además, como se desprende de la lectura diaria, el gobierno tampoco apuesta a establecer sistemas de evaluación de desempeño y basa todo su empeño en eliminar el sistema de ajuste salarial.
Recientemente la prensa difundió un elemento no menor: el BROU solamente aportará a Rentas Generales 51 millones de dólares más que el año pasado, es decir, un total de 116 millones de dólares.
Es necio pensar que los funcionarios no tienen que ver con eso. El mismo Mujica dijo en su discurso de ascenso que el 90% de la eficiencia del Estado iba en los funcionarios.
Paradojicamente, el Presidente dice que el Estado es un gordo bobo que no puede competir. A los jóvenes que defienden su salario les dice que son vegetales, y el Presidente del BROU dice que nuestros paros son actos de haraganería.
Cuesta creer que gordos bobos, vegetales y haraganes formen parte del cuadro que genero tamañas ganancias, así como cuesta creer que el único responsable de los buenos resultados del Banco es solamente su presidente, y el Presidente de la República que bien hizo en dejarlo en su puesto.
Lo que no deja de ser grave y lastimoso es que el Presidente, el que nos representa a todos los uruguayos, sea el que se embandere en proseguir con el falso mito de la ineficiencia de los funcionarios públicos, y que encabece la fila de quienes los insultan.
Peor es aún, que la sociedad en su conjunto le haga vivas a un personaje como este, sumida en la más profunda de las ignorancias de todo: de como se trabaja en el Estado, de las injusticias que se viven, de los acomodos, del tráfico de influencias, de como se asciende, de como se pagan los sueldos, etc., etc., etc.
¿Lorier seguirá creyendo que Mujica es un 'giro a la izquierda'? El PCU sigue aferrado al gobierno, mientras Mujica pacta con la derecha
Por Sandino Núñez
Fuente:
Geopolítica de la subjetividad
Por Sandino Núñez
1. Voy a empezar con una de esas frases dramáticas que adoran los oradores. La verdad política de la próxima era se juega en la educación. La educación es el escenario en el que ha comenzado a exponerse hoy la lucha por el mañana político de la sociedad. Quiero decir: ese escenario no es el trabajo, ni la infraestructura, ni la propiedad (todo eso quedará para más adelante, parece). Tampoco es, abstractamente, la economía. Nada de orden político parece arriesgarse en el debate acerca del modelo económico A o B, o de tal o cual forma de conducir la megamáquina económica: estas cuestiones pragmáticas acerca de lo conveniente o lo beneficioso pueden ser importantísimas, pero no suponen ni se disputan
necesariamente un concepto político ni un concepto
de política. En el capitalismo contemporáneo, la economía y el mercado son juegos que han volcado global y masivamente su lógica sobre todo lo social, y por tanto, la única forma en la que la economía va a adquirir o a recuperar una dimensión política es cuando sea problematizada en bloque, cuando se suspenda y se socave su
naturalidad, es decir, cuando se desmienta el carácter objetivo con el cual ejerce su tiranía y la neutralidad técnica del discurso experto a través del cual la ejerce (digamos que el derecho a la propiedad privada o exclusiva de medios o territorios, o el derecho individual o privado a la ganancia, el beneficio o la renta son esos nudos ciegos o esas
forclusiones del discurso económico). Político es un enunciado que se sitúa por encima de la esfera económica. La política es un corte con la economía, como se define desde la Grecia clásica. La subordinación de los
oikoi a la
polis. Es un corte y un lenguaje que nos permite situarnos por encima y pensar la voracidad de la lógica de los intercambios, la sobrevivencia, los negocios, la ganancia, etc., en términos de ideas de
Justicia,
Razón,
Libertad,
Verdad —conceptos que son completamente heterogéneos a la pragmática de la economía, y que, por otra parte, no surgen espontáneamente. La única forma en la que un modelo económico
A sea preferible a otro
B,
por razones políticas, es que exista
ya un lenguaje que permita situar la práctica económica con arreglo a la
praxis social, es decir, que ya exista un lenguaje capaz de conjurar el poder fascinante de la mercancía para impedir que la lógica de nuestra convivencia gire alrededor de ese poder y de esa fascinación —con su consecuente carga de ansiedad, de impaciencia, y de
violencia en suma. Y en este punto hay todo por hacer. Hay que inventar o reinventar o recuperar ese lenguaje casi desde la nada, hay que postular el desequilibrio y la incomodidad de una universalidad creíble contra la felicidad inmediata del masaje global de los intercambios y la satisfacción de la necesidad o el apetito.
2. Y lo que se juega en y con la educación es, precisamente, la posibilidad de ese lenguaje. La educación es el lugar en el cual todavía se puede esperar la aparición de un lenguaje sobre lo social (y cuando digo
educación no hablo por fuerza de eso que se llama “sistema educativo”, hablo de una práctica universalizable que puede aparecer en cualquier sitio de la trama social: en el liceo fuera del salón de clases, en el club del barrio, en el hospital, en la familia, en el sindicato, en fin). Si la economía es el
temadel lenguaje político, la práctica educativa es su
condición de posibilidad. Y no alcanza con decir que la educación es el corazón mismo del concepto clásico de política, ya que eso nos confina a una especie de alegato abstracto. Pues lo que ocurre, históricamente, es que en el campo de la educación (como concepto, como práctica, como
sistema educativo y aún como aparato) se está exponiendo una batalla decisiva en esa dilatada guerra entre lo económico y lo político. Por eso la educación hoy (lo digo sin el menor ánimo retórico) es el lugar de una
resistencia, el lugar de una
esperanza. Resistencia de lo político ante la embestida de la globalización en el capitalismo tardío. Resistencia contra el empuje de la mera invasión sin cortes de la lógica carnívora del mercado a todos los órdenes de la vida social. Resistencia al arribo triunfal incuestionado, en todos los ámbitos y las prácticas, de un discurso técnico-pragmático sobre desempeños, beneficios, crecimiento y desarrollo. Resistencia, en fin, a la instalación definitiva de una economía ilimitada, sin política, sin conciencia y sin crítica.
El golpe al sistema educativo público en las democracias occidentales contemporáneas es, en principio, más bárbaro que estratégico: se lo ha traído brutal y masivamente como un nicho de mercado (igual que la salud, la alimentación, la seguridad), se lo expone como terreno a ser explotado por la voracidad extractiva del beneficio a través de matrículas, cuotas, esponsorización, participación de capitales privados en la gestión, etc. Pero el verdadero daño, incuantificable, es lateral: se desarticula a la educación misma como posibilidad de producir lenguaje, autonomía y soberanía crítica. El virus acaba de atacar al último anticuerpo contra el virus.
3. En este punto, claramente, ya no nos sirven las categorías ideológicas clásicas de los sujetos como un mapa para intuir esa lucha. Izquierdas y derechas, progresistas y conservadores. Estas categorías ya hace tiempo han sido confundidas, barajadas y vueltas a repartir en el gran juego y en la gran feria contemporáneos del mercado y el capital. Tanto, por otra parte, que ocurre, paradójicamente, que desde hace un tiempo le toca a la
nueva izquierda tener la coartada ideológica perfecta para justificar ese copamiento de la razón educativa por la pragmática y ese golpe del mercado al sistema educativo. Fue la izquierda posmarxista la que argumentó en primer lugar acerca de la necesidad de democratizar el sistema (en el sentido no de criticar el sistema, sino de abrirlo horizontalmente al “flujo desterritorializado” de la gente), combatir el poder autoritario que se escondía detrás de la laicidad y del universalismo republicano, flexibilizar y modificar programas y
curricula tradicionalmente resueltos en los oscuros gabinetes tiránicos de las élites sabias y cultas (esas élites que seguramente ya hacía tiempo que habían sido sepultadas por el tren-bala de la historia, dejando en su lugar el automatismo de los zombis burocráticos estatales que seguían ejerciendo póstumamente y sin ganas la banalidad del mal antidemocrático). Debían soplar aires frescos y nuevos sobre la educación. Y esa utopía de novedad, libertad y frescura, ya no podía encarnar en otra cosa que no fuera el mercado y sus valores inherentes de competencia y creatividad pragmática. Era simple: para la nueva utopía bastaba con despojar a la educación de toda pretensión pública universalista y entregarla a la lógica pragmática del mercado y a la iniciativa privada. La promesa de los viejos modelos universalistas de producir sujetos políticos maduros y autónomos (promesa, por otra parte, siempre defraudada y siempre utilizada como enmascaramiento del poder y la hegemonía), parecía lograrse de un solo golpe con el mercado como nuevo principio de realidad: los estudiantes ya no se alienaban en el sistema y en el poder burocrático de la élite de prestigio: dibujados por la lógica de la participación democrática del usuario o el cliente en la empresa que le brinda servicios, podían exigir directamente nivel académico competitivo, incidir en los programas, demandar salida laboral, armar creativamente sus combos curriculares, exigir que se respetaran sus peculiaridades locales, en fin. Porque pagan por los buenos servicios. Y si los servicios están por debajo de lo esperado se litiga y se hacen juicios. La cultura pragmática de la impaciencia había suplantado a las viejas formas de la cultura crítica.
En Uruguay en los últimos tiempos la vieja demanda liberal de educar para el mercado laboral y para el desarrollo, y la exigencia, a partir de esta demanda, de una profunda revisión de los obsoletos modelos humanistas universalistas que corren a contramano de la historia, etc., hace una acrobacia creativa y se recicla en la exhortación populista o demagógica de la izquierda
emepepista a revalorizar el trabajo manual y a celebrar la experiencia y el saber-hacer del baqueano. Así, se comienza a mostrar la voluntad de poner al Estado a proveer herramientas prácticas para la vida y el rebusque, con la coartada siempre artiguista de favorecer a pobres y subprivilegiados. Educación privada de alto rendimiento técnico o alto nivel académico para los clientes que pueden pagar, y una especie de
bricolage práctico para la sobrevivencia, el rebusque y la irrisoria calificación de la fuerza de trabajo para los que quedan del lado siniestro del sistema mercantil. En otras palabras: le toca otra vez a la izquierda el triste papel de promover doctrinariamente una generalización obscena de la lógica pragmática de la mercancía. Misiles para los que tienen plataformas de lanzamiento, y (curiosa piedad humanitaria) gasas y alcohol para aquellos a quienes les van a llover misiles: así se generaliza la lógica de guerra. Y dentro de la generalizada lógica mercantil, la comunidad puede incluso darse el lujo extravagante de tener su folclore bohemio de artistas ociosos, su club de
nerds humanistas escribiendo sus tesis inverosímiles sobre la metonimia en Valery-Larbaud, o incluso sus intelectuales universitarios bienintencionados celebrando la biodiversidad y la descolonización de discursos y saberes. Estas tribus pueden incluso, dentro de la doctrina populista chicotacista antiintelectual del
emepepé, tener el valor de contraejemplos: son una prueba de que el intelectual (todo intelectual) es un mono barroco, improductivo y sobreeducado contra el cual robustecer el mito de la mecánica simple, noble y sincera de la experiencia y el trabajo. (Parte del problema queda cubierto por la propia agresividad de la estocada populista: los monos barrocos alpedistas existen y suelen estar alojados en la propia izquierda bienpensante. Antes los llamábamos
Rivarola. Pero no insistamos con eso: sigamos nuestro camino.)
No estoy diciendo (aclaro) que no deban crearse o robustecer institutos politécnicos, o universidades técnicas o lo que sea. Me resisto simplemente a que la alegre demagogia nacionalista de la izquierda gobernante, en perfecta sintonía con el mercado como nuevo principio de realidad social, ponga este tema como una clave para interpretar el concepto político de educación. El tema educativo (al contrario del económico, en el que los debates sobre modelos y estilos no necesitan salir de la lógica económica) todavía tolera el planteo, por así decirlo, de un “plebiscito entre dos modelos”: ¿queremos una educación entendida como inteligencia al servicio de la producción, el mercado laboral y la economía, o una educación entendida como conciencia y como lenguaje de la sociedad que haga posibles a los sujetos políticos? Este “plebiscito” no responde a una lógica electoral —lo que quiere decir, rigurosamente, que no hay tal plebiscito: el lenguaje mismo en el que se expone el dilema, por ser un lenguaje consciente, solamente puede ser el que considera a la educación como la conciencia de lo social. La educación es un tema político, por definición. Porque pensarlo como tema ya es política.
4. Anteayer se podía pensar el tema educativo en términos de izquierda y derecha, de progresistas y conservadores. Ayer se lo podía pensar en términos de democracia y autoritarismo, sin que estuviera muy claro ya si la izquierda o la derecha eran democráticas o autoritarias. Pues el asunto, en realidad, enfrentaba siempre a pragmáticos y doctrinarios, y ahí la lógica (pragmática) ya funcionaba sola.
Pragmático es otro nombre para el demócrata liberal, y ahí no hay izquierdas ni derechas sino meramente un ejercicio de la ecuanimidad y el sentido común.
Doctrinario o
ideológico en cambio es otro nombre que le ponemos al fundamentalista autoritario e irracional, y ahí no hay sino derecha o izquierda, excesos o extremos fanáticos y paranoicos que, sabido es, se tocan, se coquetean y se enamoran (esa despreciable ontología, por otra parte, es el norte de encuestadores, politólogos y analistas políticos). Y hoy las cosas dieron un giro, por lo menos un giro circunstancial. Ahora, en Uruguay, la utopía pragmático-liberal para la educación parece haberse quitado transitoriamente la máscara democrática —y no porque cambien los conceptos o el modelo, supongo yo, sino porque cambian las circunstancias prácticas en las que debe resolverse el planteo.
Hace un par de días, en el famoso acuerdo del sistema político (gobierno y oposición) sobre el sistema educativo público (Pedro Bordaberry lo bautizó, delicadamente, como es su estilo, “gobierno de la educación”), hubo una especie de golpe de Estado pragmático. Esto no deja de ser un pequeño escándalo para los que consideraban que los golpes de poder sólo podían provenir de tiendas fundamentalistas y de ideologías paranoicas. Todo el sistema político uruguayo ha entendido que para pragmatizar el proceso educativo, primero había que desenrarecer la democracia del aparato de la educación pública. Y esto no puede ser hecho a no ser con un golpe de fuerza. Pues ahora el problema había venido a situarse, transitoriamente por lo menos, en una especie de exacerbación de la democracia del aparato, una patología burocrática de la democracia que solamente puede provenir de prácticas de Estado y que impedía avanzar con ritmo y eficacia: oscuros automatismos y rituales corporativos de subsistemas y sindicatos, entidades a las que se les había conferido demasiado poder para decidir los destinos del sistema educativo y del concepto de educación. De pronto toda la máquina empieza a aparecer (o empieza, mejor, a ser mostrada: los medios de comunicación son un engranaje vital en todo el gran dispositivo de globalización) como enferma de desgobierno, de descontrol, de desmadre, de vaciamiento de autoridad, de falta de respuestas firmes y de respeto a la cadena de mandos. Todo estaba subvertido: el consejo desoye al presidente, el subsistema desoye al consejo, el sindicato desoye al subsistema, el docente desoye al sindicato, el alumno desoye al docente. La cámara del teléfono celular de un alumno registra un griterío absurdo entre alumnos y directora de un liceo (Graciela Bianchi): un jerarca delMEC (Pablo Álvarez) cuelga el video en internet. La televisión levanta el video y lo pasa en informativos centrales y todo el quilombo se multiplica en programas de opinión y debate. Y ese gesto del jerarca, que debía tomarse como una modalidad ingenua e irresponsable de protesta contra el maltrato y el abuso de autoridad (la señora aparece gritando a voz en cuello, interrumpiendo a los muchachos, etc.), no tarda en revertir en lo contrario (estúpido no preverlo): el escándalo por el desgobierno generalizado y el irrespeto por las formas institucionales (el del propio jerarca, en primer lugar, que no tiene idea de cómo conducir su descontento), la irregularidad del procedimiento, la inmoralidad de la cámara oculta, la trampa a la señora gritona, la crisis generalizada de autoridad, los jóvenes que necesitan límites, en fin. Es demasiado fácil reinstalar permanentemente en la opinión pública la oposición autoridad-desgobierno o autoritarismo-democracia (es la misma: el sesgo de elegir una u otra sólo depende de dónde esté situada la simpatía pragmática). El caso es que ahora para fortalecer la democracia contra el autoritarismo es necesario primero fortalecer la autoridad contra el desgobierno.
Entonces es hora de pegar un par de gritos en algunas orejas necias. “Es hora de que la política retome la conducción de la educación”. Es lo que se proclama a izquierda y derecha. “La educación es una razón de Estado”, se dice, “y por tanto es cuestión de un amplio acuerdo nacional, y ese acuerdo debe ser político”. No puede uno estar más de acuerdo con esa obviedad conceptual. Sobre todo si se tiene en cuenta que lo primero en subvertirse en tiempos del capitalismo liberal contemporáneo es la relación entre política y economía, entre lo público y lo privado, y que esa es la madre de toda subversión ulterior (la izquierda emepepista, por otra parte, simpatiza históricamente con esa subversión, y eso la hace perfectamente funcional a la lógica pragmática del mercado: adora el mundo privado del rumor caliente, del chisme, del escrache y del nombre propio: el jerarca del MEC que cuelga el video privatiza en la red y los medios una discusión que debía seguramente haber sido público-institucional). Pero esta subversión estructural no es un irrespeto, un quiebre o una inversión en la cadena de mandos que se corrige o se endereza con un golpe de poder o de autoridad. Es una subversión mucho más profunda, que proviene de la falta o de la retirada de un lenguaje o de una racionalidad (la política) para pensar la locura privada de la economía. Y esa racionalidad y ese lenguaje es lo que algunos esperamos, precisamente, de la educación.
El problema entonces está en saber en qué están pensando el gobierno de izquierda y su oposición cuando hablan de “una conducción política de la educación”, o de “gobierno de la educación”. Evidentemente no se habla del sentido político de la práctica educativa, y ni siquiera de una subordinación del sistema educativo a la política. Se habla del control del aparato educativo por parte del poder de los partidos y del sistema de partidos. Y eso nos sitúa, desde el comienzo, en otro terreno. Se cambian un par de consejeros, se neutraliza al voto sindical en el consejo, se duplican las potestades de la presidencia. [No desconsideremos la circunstancia infeliz de que una práctica sindical torcida, caótica o irresponsable ejercida por aquellos que no entienden la política y que son en parte de las mismas filas que aquellos a quienes les toca ahora ser gobierno y Estado (y no sólo siguen sin entenderla sino que se diría que la entienden todavía menos), parece obligar a ese mismo gobierno, avergonzadamente, a entregar todo el sistema educativo en bandeja (como la cabeza del Bautista) a eso que con una especie de ingenuidad conmovedora todavía llamamos “oposición”. No parece entenderse ya que una práctica sindical, por atroz que sea, no debería nunca afectar la
idea de sindicato, o la de la participación del sindicato en la toma de decisiones para el sector.] El sindicato entonces se queja del retroceso de una medida antidemocrática, antiparticipativa y que avasalla la idea de cogobierno (y en esto tiene toda la razón). La oposición política habla de una medida desburocratizante destinada a rescatar la discusión del pantano corporativista mafioso e infantil del sindicato y otorgarle al Estado los recursos necesarios para que retome sin zozobra (y ya sin pretextos) la responsabilidad de conducir la educación. El gobierno dice incoherencias, como de costumbre, y se sitúa del lado de la legitimidad del aparato y del poder político, y después lo desmiente a medias en el sinceramiento cara a cara de un
show radial (ya que el gobierno siempre parece actuar como un perfecto advenedizo cuando se reúne con la prosapia política de la oposición, y luego no puede con la culpa cuando tiene que rendir cuentas a aquellos para quienes dice gobernar).
Y en el fondo lo que se juega es lo mismo que antes. No es la política sino la economía la está cada vez más cerca de hacerse cargo de la educación. Me tocó oír a un diputado frenteamplista (Julio Bango) argumentando que en la Europa ultraliberal la liquidación privada de la educación había ocurrido por una retirada cómplice de la política de la educación (cosa del todo obvia), mientras que Uruguay, país serio, ya había alcanzado un acuerdo para darle mayor potestad a la política sobre la educación. Esta observación no puede no descansar en la ingenuidad o el cinismo de confundir a la política con el aparato partidario de poder político. Quiero decir: son los partidos, plenamente atravesados por la lógica pragmática del artefacto, del beneficio electoral, de los cargos y del poder económico, los que concentran y vuelcan ese poder sobre el sistema educativo —y lo que es peor, sobre la idea misma de educación. Pues detrás de toda esta confusión que se resuelve en un golpe de orden y control está, mudo e impávido, el objeto parcial maravilloso y odiado: un proyecto del consejo llamado
Pro Mejora, cuyo titular es un consejero del Partido Nacional (Daniel Corbo), y que resulta angelical en la blancura puritana de su enfoque
tecnoyupisobre la educación, el sistema y los centros, hablando de gestión, indicadores, autoevaluación, diversidad,
coaching, etc. (habría que haberle hecho frente de otra forma, de una forma crítica, supongo yo).
5. Se ha impuesto así en Uruguay, después de una historia torpe y penosa, un golpe de poder de naturaleza pragmática para limpiar el campo quirúrgico y poner, de una vez por todas, al sistema educativo al servicio de la producción, del mercado laboral, del desarrollo, de los buenos indicadores (pruebas, calificaciones, porcentajes, rendimientos, evaluaciones: todos recursos expansivos de la cifra, la lógica misma de la economía). Porque los partidos políticos, a izquierda y derecha, ya no son sino agentes técnicos de economía con el uniforme de una política que nadie sostiene —porque no sabe, no puede o no quiere sostener. Y se diría que la nueva izquierda adoctrinal y con cierto apoyo popular es, si cabe, más puramente funcional al mercado que la derecha: en gobiernos de izquierda, en Uruguay, empieza a funcionar Botnia, crecen las zonas francas, se exporta más que nunca materia bruta sin valor trabajo ni inteligencia agregada de ningún tipo, se menciona la posibilidad de que Bush apoye a Uruguay en una guerra con Argentina, se aprueba la Ley de asociación público-privada, casi se firma un tratado de libre comercio con USA, en fin, la lista puede hacerse larga, deprimente.
