La filtración de más de 11 millones de documentos internos de la
firma panameña Mossack Fonseca (MF) —que fueron investigados por más de
100 medios en todo el mundo, entre ellos
Búsqueda— reveló secretos del mundo de las compañías
offshore y
mostró hasta qué punto Uruguay es un socio clave en el esquema
internacional que, con el asesoramiento de bancos, firmas legales y
asesores financieros, utilizan empresarios, políticos, personalidades y
estrellas del deporte para colocar dinero y realizar inversiones fuera
del país (lea el informe especial completo
aquí).
Según los documentos filtrados —que obtuvo el diario
alemán “Süddeutsche Zeitung” y compartió con el Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla inglés)— Uruguay es
uno de los principales socios de MF en la creación de sociedades
offshore.
Búsqueda pudo
comprobar que numerosos estudios y firmas uruguayas trabajan con la
firma panameña como intermediarios, vendiendo las sociedades anónimas
que esta crea a sus clientes. A su vez, algunos políticos, empresarios,
futbolistas y personas del mundo financiero tienen a su nombre —o son
accionistas de— sociedades anónimas creadas fuera del Uruguay.
MF, una poco conocida pero poderosa firma legal con base en Panamá,
tiene sucursales en Hong Kong, Miami, Zúrich y más de otros 35 puntos
alrededor del globo, entre ellos Uruguay. Es una de las principales
creadoras de sociedades
offshore en el mundo.
La noción de que siempre la creación de sociedades en “paraísos
fiscales” tiene finalidades de evasión o lavado de activos es
equivocada. Tener una compañía
offshore no es ilegal y, para
algunas transacciones de negocios internacionales, puede ser una opción
lógica. También hay quienes recurren a este tipo de estructuras para
construir “pantallas” que les permitan evadir u ocultar dinero al fisco,
disimular la procedencia o el destino de dinero “sucio” o esconder a
los verdaderos dueños de una sociedad.
El martes 5, tanto la Dirección General Impositiva (DGI) como la
Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento al Terrorismo dijeron a “El País” que permanecen
“alertas” ante la nueva información, pero estimaron que en Uruguay el
impacto será “menor” que en otros países porque no rige el principio de
“renta mundial” y, por lo tanto, no habría evasión fiscal por parte de
los involucrados.
El subdirector general de Rentas, Álvaro Romano, declaró a ese
periódico que “en lo que tiene que ver con sociedades anónimas uruguayas
esto (los “Panama Papers”) no es muy relevante. En Uruguay rige el
principio de la fuente territorial, es decir, que las rentas que quedan
sujetas a imposición son las que se generan dentro del territorio
nacional”. Agregó que, “por lo pronto, desde el punto de vista del
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas —que pagan las
empresas— no tiene relevancia, a diferencia de España u otros países
donde existe el criterio de ‘renta mundial’”.
Romano señaló que sí podría existir “alguna trascendencia” en cuanto
al Impuesto a las Renta de las Personas Físicas (IRPF), porque una ley
impuso gravar los intereses bancarios o los dividendos de acciones
generados en el exterior desde el 1º de enero de 2011. Según esa norma
(Nº 18.718), desde entonces se aplica un 12% de IRPF sobre los intereses
generados por depósitos que residentes uruguayos puedan tener en bancos
fuera del país. Lo mismo rige sobre los dividendos que eventualmente
reciban quienes posean acciones en compañías internacionales. Antes del
1º de enero de 2011 no existía obligación de informar sobre depósitos o
acciones; tampoco los intereses o dividendos estaban gravados por
impuesto alguno en Uruguay.
Un experto en esta materia consultado por
Búsqueda explicó
que si alguien tiene un depósito fuera del Uruguay, paga ahora lo mismo
sobre los intereses que si tuviera el dinero colocado en el Banco de la
República. Advirtió, no obstante, que la recaudación de la DGI por este
concepto ronda apenas los U$S 10 millones anuales.
En sus declaraciones a “El País”, Romano dijo que “la creación de sociedades panameñas no es una actividad ilícita”.
“Habría que analizar caso a caso la información que salga a luz. A
priori, estamos expectantes a lo que se va divulgando pero no creo que
todo esto sea algo extremadamente relevante como sí lo puede ser para
otros países”, añadió el número dos de la DGI.
A su vez, Carlos Díaz, secretario nacional Antilavado, dijo en el
mismo diario que “es legal” que “los estudios trabajen en la creación de
este tipo de sociedades. El tema pasa por el cumplimiento de todas las
normas; deben saber el origen de los fondos que manejan y los
beneficiarios finales”.
“Se puede trabajar con sociedades
offshore en la medida en que se cumpla la normativa. No hay ilegalidad”, insistió Díaz.
Díaz también fue consultado por
Búsqueda. “Los
negocios son los negocios”, dijo en una entrevista que se publica en
esta edición (página 48). “Mientras algo no sea ilegal se va a seguir
haciendo. Creo que la culpa no es ni de los estudios ni de las personas,
sino que, en todo caso, de acuerdo a como vienen las cosas en el mundo,
lo que hay que hacer es cambiar algunos aspectos de la legislación. Ya
hemos hecho cambios sustanciales. En la discusión previa a la
eliminación de lo anónimo en las acciones al portador, se decía que eso
implicaba prácticamente la destrucción económica del país. Y eso no
pasó. Y no creo que pase nada malo si se transparenta todo el sistema.
Uruguay no tiene la capacidad de
lobby internacional como para
poder resistirse a las medidas que le puede imponer el GAFI o la OCDE y,
a su vez, tiene una economía demasiado abierta que le impediría
cerrarse; sería un suicidio para el país. Un país chico, con tres
millones y pico de habitantes, no puede jugar el partido de ser el
discordante con un mundo que cambió a gran velocidad. Aparecer en una
lista gris o negra del GAFI es un problema grande; por eso tiene que
tomar opciones. Pero yo no veo el problema por el lado de los estudios
uruguayos; en todo caso habrá que controlarlos. Lo que insisto es en que
esto no debe ser algo oscuro. Los estudios tienen la obligación de
identificar al beneficiario final. Si lo hacen está todo bien. Si no,
entran en una zona gris o negra. Eso es lo que se va a empezar a
controlar: quién está atrás de esos negocios”.
Uruguay en el
“top ten”
Según se desprende de las estadísticas que elaboró el ICIJ a partir
de los documentos, Uruguay está entre los 10 países con más compañías
offshore creadas
a través de los servicios de MF: los clientes uruguayos de la firma
adquirieron más de 5.000 compañías en el período de casi 40 años que
cubren los datos filtrados (desde 1977 hasta fines de 2015).
Además, Uruguay también se ubica entre los 10 países donde MF tiene
más clientes: 298. Son bancos, firmas financieras y estudios de abogados
que trabajan como intermediarios de la panameña.
Según un relevamiento realizado por
Búsqueda, entre
las personas más relevantes que aparecen en los documentos con vínculos
al Uruguay, varios empresarios, políticos y personalidades de distintos
rubros adquirieron o son accionistas de compañías
offshore creadas por MF. La lista no es exhaustiva y no implica que no haya otras personas en los millones de documentos internos de MF.
Búsqueda contactó a varios de los mencionados para conocer los motivos de su vinculación con las sociedades
offshore.
En algunos casos, dijeron que fueron constituidas para las actividades
de servicios que realizan en el exterior, o bien para inversiones
financieras a resguardo de la inestabilidad de instituciones bancarias y
como un respaldo familiar, o bien para administrar inmuebles en el
extranjero. En todos los casos, manifestaron que se trata de activos
cuyo origen es legal.
Entre los uruguayos que figuran como beneficiarios de compañías
offshore está
la empresaria Patricia Damiani, pareja del canciller Rodolfo Nin Novoa,
con una sociedad registrada en Panamá. También el ex catedrático de
Derecho Financiero de la Universidad de la República, José Luis Shaw, y
Alfredo Kaplan, fundador y director del estudio contable Kaplan.
Juan Carlos Deicas, fundador de la Bodega Juanicó, y su hijo Fernando
Deicas, tienen una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas
(BVI, por su sigla en inglés). Fernando Deicas dijo a
Búsqueda que
la familia utiliza dicha sociedad para “manejar inversiones financieras
en el extranjero” y aclaró: “Esto es totalmente limpio, pagamos todos
los impuestos que corresponden, tanto en el Uruguay como en el
exterior”. Indicó que eligieron esa figura “por comodidad y seguridad”
para ese tipo de inversiones.
El abogado Fernando Jiménez de Aréchaga, socio del estudio Jiménez de
Aréchaga, Viana & Brause, es beneficiario de dos sociedades en las
BVI. Consultado por
Búsqueda, explicó que una la
constituyó para adquirir junto con su esposa un inmueble en Washington
para su hija. Agregó que ahora está en liquidación porque la propiedad
se vendió. “No estamos eludiendo ni evadiendo ningún impuesto; hasta hoy
se puede tener un inmueble en el exterior sin que esté gravado en
Uruguay”, precisó. “Era práctica habitual en materia legal elegir
sociedades de fácil manejo, de fácil contabilidad, que tienen poco gasto
de mantenimiento, sobre todo para bienes personales. Esas son las
ventajas que le vimos”, añadió. En otro caso explicó que la sociedad es
de un cliente del estudio y él actuó como asesor externo.
Pedro Konrad, ex corredor de Bolsa y fundador de Konrad & Asociados, también es beneficiario de una sociedad alojada en BVI.
A su vez, el agente bursátil Víctor Paullier Pereira, el ingeniero y
empresario Nicolás Jodal y el empresario Marcel Gerwer, esposo de la
senadora Verónica Alonso, son beneficiarios de sociedades anónimas
registradas en esa jurisdicción.
Gerwer dijo a
Búsqueda que la sociedad fue creada
hace “aproximadamente cuatro años” junto con varios socios para comprar
unas propiedades en Miami. Señaló que tiene el 10% en esa sociedad y
aclaró que la empresa “no tiene activos ni mueve fondos”.
Jodal, por su parte, expresó que sus sociedades están declaradas,
pagan impuestos y que “no hay nada que ocultar”. Una de ellas, creada
recientemente, funciona como una unidad de negocio que se usa para crear
otras compañías.
También los empresarios Luis Eduardo Cardoso, Isabel Cardoso, Pablo
Cardoso y Adolfo Cardoso tuvieron una sociedad registrada en Panamá.
Como Jodal, manifestaron que fue una actividad legal y que “no hay nada
que ocultar”.
Por otra parte, varios uruguayos aparecen en los registros de MF como accionistas de sociedades
offshore. Entre ellos, el contador Julio Szafrán, que se encargó de administrar el
holding
de empresas panameñas del empresario Francisco Casal, tiene acciones en
una sociedad en Seychelles. El empresario Pablo Montaldo, ex presidente
de la Bolsa de Valores de Montevideo y la empresaria Cecilia Pombo,
tienen acciones en sociedades alojadas en las BVI. Pombo precisó que su
sociedad está “sin uso” y “en proceso de cierre”.
Jodal y su socio Breogan Gonda, fundadores de GeneXus, también son
accionistas de compañías registradas en las BVI. A su vez, tienen
acciones en sociedades de las BVI el empresario Máximo Fernández,
propietario de la industria pesquera Fripur —que entró en concurso en
2014—, Martín Secco, presidente ejecutivo de los frigoríficos en Uruguay
del grupo Marfrig, y uno de los directores de la automotora Julio César
Lestido, Javier Luis Lestido.
Germán Vecino, socio de Posadas, Posadas & Vecino, y Nicolás
Juan, socio de Guyer & Regules, tienen acciones en sociedades
registradas en las Bahamas. Juan dijo a
Búsqueda que
una de las sociedades en las que figura fue adquirida por su estudio y
entregada a un cliente final. En otra participó como director y aseguró
que “paga sus impuestos todos los años”.
Konrad también figura como accionista en varias
offshore en
las Bahamas y las BVI. El rematador rural Romualdo Rodríguez tiene
acciones en una sociedad allí. También Ricardo Zerbino, ministro de
Economía del primer gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti,
el ex director del Banco Hipotecario en la primera administración del
Frente Amplio, Elbio Scarone, y el corredor Paullier tienen acciones en
sociedades en BVI.
A su vez poseen acciones en sociedades panameñas el empresario
inmobiliario Daniel Weiss, de Weiss Sztryk Weiss, y el presidente de
Zonamérica, Orlando Dovat.
Consultado por
Búsqueda, Dovat explicó que esa
sociedad fue comprada por el estudio del que formaba parte junto con
Daniel Carriquiry, hoy al frente de Costa Oriental. Actualmente es el
único propietario de la sociedad, informó. “Adquiero esa sociedad —que
era prácticamente de registro— y manejo desde allí actividades
internacionales personales. En el sentido de que represento, a través de
la sociedad, los intereses personales pero que corresponden a
Zonamérica”, señaló.
A través de ella, especificó, factura servicios internacionales que
realiza en el exterior. Insistió con que “es totalmente legal en el
Uruguay la actividad tal cual está establecida en la ley”.
Figuran además como accionistas de compañías en Panamá el empresario
textil Moisés Maman, los empresarios Francisco Ravecca, Esteban Pino y
también el contador Kaplan.
Los corredores de Bolsa Federico Araújo, Ignacio Vilaseca, Pablo
Fuchsberger, Jorge di Matteo, Eduardo Maiorano y Federico Rebagliatti,
así como el consultor económico Michele Santo, tienen acciones en
sociedades registradas en las BVI.
También funcionarios del actual gobierno y políticos aparecen en los
registros de MF. El director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, está
vinculado a una sociedad registrada en las BVI. El jerarca tiene el
poder general de esa
offshore y sus hijos y esposa son los accionistas.
Brechner explicó que creó la sociedad a mediados de 2002 como un
Trust Fund
“pensando en el futuro” de sus hijos. Agregó que fue utilizada para
invertir en dos compañías tecnológicas en Israel y que no tuvo actividad
en Uruguay ni en la región. Otros documentos muestran el interés de
Brechner de abrir una cuenta bancaria fuera del Mercosur. El jerarca
aseguró que hizo las averiguaciones pero finalmente no la abrió.
Familiares del ex ministro de Economía colorado Isaac Alfie tienen
acciones en una sociedad en BVI. A su vez, el ex senador del Partido
Nacional, Francisco Gallinal, aparece como beneficiario de una sociedad
panameña. Consultado, Gallinal dijo que la compañía “nunca tuvo
actividad ni movió fondos” y aclaró que está en trámite para su
disolución desde “hace meses”. Gallinal explicó que la sociedad fue
creada para una posible inversión inmobiliaria en Punta del Este, que no
se concretó.
El líder del Partido de la Concertación, Edgardo Novick, aparece como
director de al menos una sociedad anónima, Arko Managment, con sede en
Seychelles. En 2010, el estudio Rozemblum habría tramitado ante MF un
cambio en el directorio de la empresa para que Novick fuera sustituido
por otro uruguayo. El estudio consultó a MF si podía fechar el cambio
dos años antes, en 2008, y no en la fecha real. Consultado por
Búsqueda,
Novick se mostró sorprendido por la aparición de su nombre en los
documentos y aseguró que “no es cierto” y que la sociedad “nunca
existió”. Además dijo desconocer la existencia del estudio Rozemblum.
El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, aparece vinculado a
la empresa Portmar Invest Group SA, que años atrás fue centro de notas
periodísticas que denunciaron irregularidades en la compra de un campo a
través de esa sociedad. Los documentos de MF dicen que Bordaberry y su
entonces socio Diego Viana tenían un poder general de la sociedad. Luego
de que fuera mencionado el vínculo por las publicaciones sobre los
“Panama Papers”, Bordaberry emitió un comunicado el martes 5 afirmando
que “nunca” fue propietario de “sociedad alguna constituida en Panamá”,
ni utilizó una “sociedad de ese tipo”. Aclaró que antes de candidatearse
a cargos electivos trabajó como abogado en un estudio que tuvo como
cliente a una sociedad panameña que había otorgado, “como es de estilo,
un poder de representación a nombre de varios abogados” del estudio.
Añadió que solicitó a “un especialista un informe independiente de
auditoría” sobre el tema y que una vez finalizado lo dará a conocer.
Fútbol.
El mundo del fútbol uruguayo tampoco está ajeno a las estructuras
offshore.
El ex dirigente Eugenio Figueredo tenía varias compañías constituidas
por MF, a través de los servicios del estudio J.P. Damiani &
Asociados, al igual que los empresarios Hugo y Mariano Jinkis (ver nota
en páginas 6 y 7).
También las sociedades anónimas del contratista de fútbol Francisco
Casal que fueron investigadas por la DGI por presunta evasión de
impuestos, fueron adquiridas a la firma MF. Según un correo de febrero
de 2008, el estudio Rozemblum y Asociados solicitó con “urgencia” a la
filial de MF en Uruguay que emitiera poderes generales a nombre de Casal
de cinco sociedades anónimas.
Los tres ex futbolistas Paolo Montero, Ricardo Canals y Gustavo
Méndez compraron una sociedad anónima con sede en Seychelles a fines de
2012. La compañía fue creada para “prestación de servicios en el
exterior a clubes deportivos y futbolistas” y la “apertura de cuentas
bancarias”.
El futbolista Diego Forlán también está en los registros de MF.
Forlán ya había aparecido en una pasada investigación de ICIJ,
“Swissleaks”, conectado a la sociedad Rosario Trading Company SA. En
2006 él, su madre y su hermano fueron nombrados directores de la
sociedad. En 2014, de acuerdo a los documentos, Forlán continúa como
director y tesorero de la sociedad. Al menos hasta enero de 2016, la
sociedad permanecía activa.
También el crack del fútbol Lionel Messi, que está acusado por la
Justicia española de evasión de impuestos, recurrió a Uruguay para
adquirir sociedades de la panameña MF. Los “Panama Papers” revelaron que
junto con su padre, Jorge Horacio Messi, es dueño de una sociedad
panameña
offshore llamada Mega Star Enterprises INC,
constituida a través de los servicios del estudio uruguayo Abreu, Abreu
& Ferres. La compra de esa sociedad ocurrió un día después de que el
fisco español le imputara al futbolista un fraude de 4,1 millones de
euros. Según explica el diario español “El Confidencial” —que participó
en la investigación— esa compañía ha escapado hasta ahora de las
inspecciones de las autoridades españolas, ya que no está dentro de las
siete sociedades identificadas por la Justicia.
Luego de que el domingo 3 medios que investigaron los “Panama Papers”
publicaran la información sobre la sociedad uruguaya de Messi, el ex
senador del Partido Nacional, Sergio Abreu, dijo a radio Carve que su
estudio solo puso en contacto a Jorge Messi con MF para constituir una
sociedad
offshore. “Lo único que hicimos fue el contacto (…). Nosotros no tenemos nada que ver”, afirmó.
Sin embargo, en una “carta de indemnización” que el estudio de Abreu
envió a MF el 23 de junio de 2013 durante los trámites para constituir
la compañía de los Messi, Sergio Juan Abreu Muxí (hijo del senador)
afirma bajo juramento que su estudio mantiene “una relación de negocios
con la persona a nombre de la cual solicitamos los servicios de Buffete
MF & Co” y que practicaron todas las medidas para conocer al
cliente. Además, informa a MF que los beneficiarios finales de Mega Star
Enterprises Inc. son Jorge y Lionel Messi.
Este no es el único documento que establece el vínculo entre el
estudio uruguayo y los Messi. Hay varios correos del estudio de Abreu
dirigidos a la firma panameña para hacer trámites en nombre de ellos.
Incluso en fechas recientes: en diciembre de 2015, el estudio uruguayo
escribió a Mossack Fonseca informando que las acciones de la empresa
pasarían a ser nominativas, y solicitó que asignara el 100% de las
acciones a Jorge Messi. “Agradecería me enviaran los documentos que
deben ser firmados por nuestro cliente, así como todo lo necesario para
realizar el trámite, de tal manera que su nombre no quede inscripto en
el Registro Público de Panamá”, escribió una abogada del estudio de
Abreu en un correo.
Estudios.
Según los documentos de la firma panameña, los intermediarios
uruguayos que más han utilizado sus servicios (con 50 o más sociedades
anónimas constituidas por el bufete) son: Hoslynd SA (407 sociedades
activas y 195 inactivas); J.P. Damiani & Asociados (211 y 157
respectivamente); estudio Víctor Paullier & Cía (183 y 133); Gonary
SA (48 y 35); estudio Cr. Abasolo (33 y 21); María Noel Otero Perroni,
socia del estudio Otero & Asociados (29 y 24); el estudio Cr.
Caterina Gómez Lagas (59 y 13); Zolkwer y Asoc. (35 y 18); World
Business Commercial Corp (34 y 37); Fides Capital (61 y 30); GC Corp.
Ltda, (58 y 12); BGL Asesores Legales y Fiscales (8 y 43); estudio
Dix-Kohlsdrof (50 y 2); Global Developers Corp. (83 activas);
Ruben Weiszman & Asociados (59 inactivas); Guyer & Regules (1 y
63); Bright Side SA (71 y 142); estudio Dr. Raúl Doldán Amarelli (25 y
68); DCA Contadores & Asociados (54 y 19); estudio Lussich
Torrendell (23 y 29); estudio Daniel Pérez Blanco (43 y 50); Rodríguez
Teodoro y Asociados (72 y 102).
Hay otros cientos de firmas alojadas en Uruguay que trabajan con MF
pero no llegan a la media centena de compañías. Entre los que quedan en
el límite están los estudios Konrad & Asociados (28 sociedades
activas y 16 inactivas); PricewaterhouseCoopers International Business
Services Ltda. (14 y 31); Atlantic Tower S.A. (24 y 20) y Ferrere
Abogados (24 y 25).
ACLARACIÓN: En la versión inicial e impresa figuraba
este párrafo: "El contador Conrado Hughes, director de OPP durante el
gobierno de Luis Alberto Lacalle, figura como accionista en una sociedad
con jurisdicción en las BVI. El ejecutivo, retirado de su actividad
profesional, dijo a Búsqueda no recordar esa participación".
En realidad, la persona que figura en los documentos de Mossack
Fonseca como accionista de una sociedad offshore es Conrado Hughes
Delgado —ex socio del estudio de abogados Hughes & Hughes— y no
Conrado Hughes Álvarez, el ex director de OPP, como se informó por
error.
También informaba que "Eduardo Kohn, vicepresidente ejecutivo de
B’nai B’rith Uruguay, figura como dueño de una compañía en BVI". Eso no
es así: Kohn, que es director para América Latina de la B’nai B’rith, no
tiene una compañía en BVI.
A los lectores y a los involucrados las disculpas del caso.
