miércoles, 3 de abril de 2019

Gracias Tabaré!

La gran jugada del presidente


Manini Ríos presenta hoy su candidatura a la presidencia


3 de abril de 2019 |

El ex comandante en jefe encabezará el lema del partido Cabildo Abierto.


Con el telón de fondo de las remociones de la cúpula militar y las renuncias en el Ministerio de Defensa Nacional, el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos presentará hoy a las 19.00 su candidatura a la presidencia por el partido Cabildo Abierto (CA). El acto será en el hotel Ibis, en la rambla y Ejido, y está previsto que la oratoria de cierre la haga el futuro candidato.

En los últimos días, Manini Ríos mantuvo reuniones políticas con dirigentes opositores, en las que ya había adelantado su disposición a aceptar la propuesta del nuevo grupo político, recientemente inscripto en la Corte Electoral y que originalmente se iba a llamar Movimiento Social Artiguista.

Un día después de la remoción del ex comandante en jefe, que se concretó a mediados de marzo por sus cuestionamientos a la Justicia, los impulsores de CA habían anunciado en una conferencia que le propondrían ser el candidato presidencial del lema. El escribano Guillermo Domenech, presidente del partido, decía en aquella oportunidad que apostaban a consolidar un movimiento político que no fuera el “desprendimiento de un partido” ni el resultado de “alianzas sectoriales”. De acuerdo a su explicación, se trata de un lema creado por un “impulso que brota desde lo profundo del país, de los barrios, de los pueblos más olvidados”, que reclaman una propuesta “superadora” de país.

Según Domenech, que hoy hablará en el acto antes que Manini Ríos, el movimiento político no es ni de izquierda ni de derecha, categorías que “no describen cabalmente las nuevas tensiones que existen en el mundo”. A título personal, sostuvo que es “ambidiestro”: “A veces coincido con la derecha y a veces con la izquierda”.


>>> Entre fantasmas no se pisan la sábana



http://www.masoneriadeluruguay.org/?q=node/357


El crecimiento abrupto de la masonería uruguaya en los últimos años, la influencia de Tabaré Vázquez en este hecho y la relación de los masones con la justicia, las instituciones y la vida política del Uruguay.

Este es el segundo libro que Amado dedica a la masonería en Uruguay. Ambos, En penumbras: la masonería uruguaya (1973 – 2008) y Masonería Uruguaya: el fin de la discreción, están centrados en el papel de la masonería en momentos clave de la historia nacional reciente, así como también de la historia de la masonería. En este último, el autor describe el crecimiento que vivió la masonería entre 2005 y 2011, período en el que la hermandad aumentó en casi un 100%.
El primer capítulo del libro, “La masonería uruguaya crece”, comienza diciendo: “Desde 2005 la masonería uruguaya experimenta un boom de adeptos, tanto por la multiplicación del número de logias y de hermanos como de solicitudes de ingresos a la institución. Entre 2005 y 2011 se crearon 21 nuevas logias, con lo que alcanzaron las 92 en todo el país. La cantidad de masones creció casi 100% solo en este período, al pasar de 3.100 integrantes a aproximadamente 6.000 en la actualidad. Un número revelador si se tiene en cuenta que para ser diputado basta con recoger 10 mil voluntades (según el departamento), o que un club de fútbol promedio envidiaría esa cantidad de socios.”
“Esta avalancha de ingresos representa para algunos hermanos una realidad positiva: señalan que es «una señal de fortaleza y vitalidad» o que «es una muestra de la vigencia de la institución y del interés que sigue despertando en la sociedad en un momento de crisis de confianza en las instituciones tradicionales». Otros, si bien no catalogan la situación como «negativa», se preguntan por la «madera» de quienes ingresan a la institución y advierten de las posibles consecuencias de esta suerte de «moda masónica».”



En el segundo capítulo, Amado hace un recorrido por la evolución de la masonería en las últimas décadas, hasta llegar al artículo “Tabaré Vázquez puso la masonería de moda”, en el que recuerda el momento en el que se hizo pública la pertenencia del expresidente Vázquez a la logia, cuando apenas había asumido el mandato.
“Tras 68 años, el 1o de marzo de 2005, la Gran Logia de la Masonería del Uruguay vio asumir nuevamente la Presidencia de la República a uno de sus iniciados. Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión, se transformaba en el primer presidente de izquierda en la historia uruguaya.
La primicia fue aportada en diciembre de 2004 por los periodistas Edison Lanza y Ernesto Tulbovitz en el capítulo final de su libro Tabaré Vázquez. Misterios de un liderazgo que cambió la historia. Bajo el título, «El enigma final: Tabaré Vázquez y la masonería», y luego de hacer referencia al secretismo con que se manejaba la hermandad, Lanza y Tulbovitz afirmaban: «Podrá comprenderse entonces que dar a conocer la noticia de que Tabaré Vázquez Rosas, el próximo presidente de todos los uruguayos, pertenece a la masonería no fue una tarea fácil. Pero así es».
La noticia corrió como reguero de pólvora, se habían mezclado dos aspectos que eran explosivos: el recién electo presidente de la Re- pública y el siempre misterioso mundo masónico. La frase «¿Viste que Tabaré es masón?» se apoderó del mundo profano de las oficinas, ruedas de mate y tertulias radiales. En tanto, dentro de la Gran Logia de la masonería los comentarios eran: «¿Tabaré es hermano?», «¿En qué logia se inició?», «¿Cuándo asiste?».
Vázquez fue iniciado en la Gran Logia de la Masonería del Uruguay en 1987 en la logia General Artigas n.o 99. Llegó al grado de maestro masón y no tuvo interés en seguir los grados del escocismo.”
Más adelante, Amado señala: “Vázquez nunca desmintió su pertenencia a la Orden, lo que fue tomado en general como una clara señal a favor.
Distintos masones consultados acerca del «efecto Tabaré Vázquez» coinciden en que la filtración a la opinión pública de la condición de hermano masón del ex presidente fue clave para el posicionamiento de la hermandad en la primera plana. «Vázquez le dio a la masonería un empujón bárbaro sin hacer absolutamente nada. Pasamos de ser los malos de la película a ser los hermanos de Tabaré», sentenció un grado 33 de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay”.
El diputado dedica toda una sección del libro al papel que ocupa la masonería en la justicia. En el capítulo 9, “La masonería en la justicia”, Amado sostiene que la presencia masónica en el Poder Judicial no es solo un dato histórico, por el contrario, mantiene su vigor en la actualidad. El ex juez Federico Álvarez Petraglia fue claro al respecto en una entrevista publicada en el semanario Búsqueda en noviembre de 2010:
—En conversaciones informales con colegas usted ha hablado del peso de la masonería en la interna judicial...
—Es un secreto a voces. Muchos de mis ex colegas son masones, extremo que por supuesto no cuestiono, pero me consta que en algún caso tal pertenencia habría evitado consecuencias dañosas para alguna carrera.
—¿Le parece que eso influyó en su caso?
—Solo puedo decir que no soy masón ni lo seré. Cualquier conclusión al respecto queda a cargo de los lectores.
En otro párrafo, Amado plantea la pregunta sobre por qué se puede pensar que en los ámbitos no masones, los hermanos igualmente van a protegerse:
“La presunta influencia de la mano invisible de la masonería a través de hermanos jueces para «salvar» a sus hermanos en instancias ante la Justicia es una percepción que pervive en el imaginario popular. «¿Por qué habrá fallado así tal juez? Debe estar la masonería atrás», «El juez y el acusado son masones por eso es que quedó absuelto» o «Tal tema lo está manejando la masonería, está operando» son frases repetidas en los pasillos de los juzgados.”
A continuación, el autor publica el capítulo tercero de la Constitución de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, titulado “Deberes”, en el que se pueden leer obligaciones como:
c) Prestar asistencia a sus hermanos.
d) Guardar secreto de todos los asuntos tratados en la Orden, no pudiendo comentarlos sino en logia o con hermanos regulares de la Gran Logia.
g) No atacar los actos de la vida privada ni ofender a sus hermanos públicamente cualquiera sea la causa del agravio, debiendo en todos los casos recurrir a las vías masónicas
h) No llevar a tribunales profanos cuestiones propias contra sus hermanos, sin intentar previamente los medios conciliatorios dentro de las leyes y reglamentos masónicos.
En otro apartado cita a Carlos Boloña, ex venerable gran maestro y grado 33, quien confirmó la presencia masónica en el ámbito judicial: “Al ser consultado acerca de si la Justicia es uno de los lugares en donde la masonería sigue teniendo influencia contestó enérgicamente: «¡Sin dudas!». Y agregó: «La tuvo y la sigue teniendo».
Varios grados 33 de la historia uruguaya ocuparon altos cargos en la Justicia uruguaya y en el ámbito académico del derecho. Julio Bastos, prohombre de la masonería uruguaya del siglo XX en la que desempeñó el cargo de soberano gran comendador, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia (1908-1929); también integraron la Corte Benito M. Cuñarro (1907-1928) y Teófilo D. Piñeyro (1928-1931). Salvador Tort fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Bernabé Caravia, Lindoro Forteza y Conrado A. Rucker fueron miembros del Tribunal Superior de Justicia; Antonio Rodríguez Caballero fue ministro del Supremo Tribunal y José León Ellauri, fiscal general del Estado. En el pasado más reciente fueron ministros de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Marabotto (1990-2000), Luis Torello (1991-1998), Juan Mariño Chiarlone (1993-2001) y Gervasio Guillot (1998-2003). Actualmente tienen esa doble condición al menos Jorge Chediak y Jorge Ruibal. En 2012 cesarán dos ministros por edad y podrían ocupar sus lugares Alfredo Gómez Tedeschi y Juan Tobía, ambos masones.”

>>> En la misma línea

Luis Almagro, Secretario General de la OEA, presidiendo encuentro de la Confederación Masónica Interamericana, abril de 2017



martes, 2 de abril de 2019

No leyó las actas

El silencio de los culpables



Fiscalía investigará omisión de denunciar asesinato de Gomensoro


El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, remitió a la Fiscalía Penal y Flagrancia de 13 Turno, los antecedentes de la “omisión” de denunciar los hechos y circunstancias de la muerte de Roberto Gomensoro ocurrida en 1973, en la que incurrieron los seis generales que integraron los tribunales de Honor del Ejército, tras escuchar las declaraciones del teniente coronel retirado, José “Nino” Gavazzo.


Este lunes 1º de abril el presidente de la República, Tabaré Vázquez, decidió cesar al comandante en Jefe del Ejército, José González, y al jefe del Estado Mayor de la Defensa (ESMADE), Alfredo Erramún; y solicitó la venia de la Cámara de Senadores para promover la situación de pase a retiro obligatorio de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, quienes integraron el Tribunal Espacial de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada militar.
La decisión de Vázquez se debió a que los seis militares cometieron una “grave omisión” ya que conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omitieron dar curso a la denuncia pertinente.
Ante el Tribunal de Honor, Gavazzo declaró que en marzo de 1973 arrojó al río Negro el cuerpo sin vida de Roberto Gomensoro, quien había sido detenido y torturado hasta la muerte en el Grupo de Artillería 1.
Por su parte, el coronel retirado Jorge “Pajarito” Silveira acusó a Gavazzo, ante el mismo Tribunal, de ser el responsable de la muerte de Gomensoro, y de otro detenido: Eduardo Pérez Silveira.
A la vez, responsabilizó a Gavazzo por la desaparición de María Claudia García de Gelman.

Justicia Penal

A raíz de los hechos, este lunes 1 de abril, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, resolvió enviar al Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Flagrancia de 13º turno, Rodrigo Morosoli, “todos los antecedentes de fuente abierta sobre la omisión de denunciar los hechos y las circunstancias del homicidio de Roberto Gomensoro Josman, relatados al Tribunal de Honor del Ejército por el reo José Gavazzo”.
El fiscal expresa en su escrito que “los hechos descriptos por el reo Gavazzo al Trinbunal de Honor del Ejército no fueron denunciados ante las autoridades judiciales correspondientes a los fines de su efectiva investigación”.
Asimismo, remitió los hechos a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad “a los efectos que pudieran corresponder”.




Fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad pide reabrir caso Gomensoro


El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicito a la Justicia reabrir el caso de Roberto Gomensoro, quien falleció en marzo de 1973 luego de ser torturado en el Grupo de Artillería Nº 1 de La Paloma, Montevideo, y posteriormente su cuerpo arrojado a las aguas del río Negro, en la represa de Rincón del Bonete.

Fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.


Días pasados se conoció el contenido del acta del Tribunal de Honor militar que a fines de 2018 tomó declaraciones al teniente coronel retirado, José Nino Gavazzo, quien aseguró que arrojó a las aguas del río Negro el cuerpo de Gomensoro.
En el año 2010 la Justicia había condenado, por la muerte de Gomensoro, al ex coronel Juan Carlos Gómez, quien estuvo preso durante tres años, y decidió sobreseer a Gavazzo.
Tres años después, Gómez fue sobreseído al considerárselo inocente.

Reabrir el caso

En las últimas horas, el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, envió al fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, las declaraciones efectuadas por Gavazzo ante el Tribunal de Honor militar en la que confiesa que el sólo arrojó a las aguas del río Negro el cuerpo de Gomensoro.
Ante ello, Perciballe pidió a la Justicia de Paso de los Toros reabrir el caso.
Asimismo, el fiscal solicitó a la Justicia investigar la muerte de Eduardo Pérez, otro detenido que fallecido en el Grupo de Artillería Nº 1, pero en mayo de 1974.


Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote. Yo solo". Estas son las palabras que José "Nino" Gavazzo habría dicho en el Tribunal de Honor militar y con las que confesaba haber arrojado al río Negro al tupamaro Roberto Gomensoro, quien había muerto en el batallón de Artillería 1 en 1973, según publicó El Observador este sábado.
En ese mismo Tribunal, el también ex militar Jorge "Pajarito" Silveira acusó a Gavazzo de la muerte de Gomensoro, pero también de la de Eduardo Pérez Silveira y de la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Ese tribunal estaba integrado por los generales Alfredo Erramún, quien es actual jefe del Estado Mayor de la Defensa, José González, actual comandante en jefe del Ejército, y Gustavo Fajardo, quienes, a pesar de que la confesión quedó registrada en las actas, decidieron no llevar el tema a la Justicia ni al Poder Ejecutivo. Pese a esta confesión, el Tribunal entendió que los militares no habían afectado el honor del Ejército, decisión que provocó el pedido de destitución por parte de varias figuras de Gobierno y oposición.
En el informe elaborado por Guido Manini Ríos, que era entonces comandante en Jefe del Ejército, no se hacen valoraciones ni se juzga la actuación de Gavazzo y Silveira en el caso Gomensoro, pese a estas confesiones, sino únicamente por los 28 casos de homicidios en dictadura por los que fueron encausados.
Por este crimen estuvo preso tres años el coronel Juan Carlos Gómez, hasta que fue absuelto en 2013. Ni Gavazzo ni "Pajarito" Silveira dieron su versión ante la Justicia por el tema, permitiendo que Gómez continuara preso.
Ahora, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió a la Fiscalía de Flagrancia los antecedentes del caso para que se investigue si hubo alguna ilegalidad u omisión, reportó esta mañana Informativo Sarandí. Díaz envió a Fiscalía el reglamento de los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas, decreto 55.985, que en su artículo 77 dice que cuando el Tribunal de Honor "intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de delito común o militar su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda, suspendiendo las actuaciones del tribunal hasta que el superior se pronuncie".
La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que está a cargo de Ricardo Perciballe, investigará la confesión de Gavazzo.




Chargonia: decisión de Vázquez es “ambivalente y dual”

1 abril de 2019

El presidente Tabaré Vázquez destituyó al ministro de Defensa Jorge Menéndez, al viceministro Daniel Montiel y a los tres generales que integraron el Tribunal de Honor: entre ellos el actual comandante en jefe del Ejército, José González, el actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, y al general Gustavo Fajardo.


La situación se generó después de que el fin de semana el diario El Observador publicara el contenido de las actas del Tribunal de Honor sobre las conductas del coronel Jorge Silveira, el teniente coronel José Nino Gavazzo y Luis Maurente, homologadas con la firma del presidente Tabaré Vázquez.


En declaraciones al programa Fuerte y Claro, de Radio Informarte, el abogado Pablo Chargonia, que integra el Observatorio Luz Ibarburu, dijo que se trató de “un hecho ambivalente y dual” porque ha quedado demostrado que el Poder Ejecutivo “sostuvo la impunidad” pero “cuando la sangre llegó al rio reaccionó”.


https://www.dropbox.com/s/tf0law6o0c7mf61/Fuerte_y_Claro_-190401-Entrevista_a_Pablo_Chargonia.mp3?dl=1


“Alguna reacción tenía que haber porque la publicación periodística era demasiado gruesa sobre la confesión de Gavazzo en referencia a la muerte de Gomensoro Josman”, dijo.
“La trascendencia de la información periodística es clave en todo esto. Hace años que se sabe que lo mataron en el cuartel lo novedoso es que Gavazzo lo confiesa en el tribunal de Honor y que un periodista lo publica”, agregó.

Chargonia dijo que la publicación de las actas por parte de Leonardo Haberkorn “generó una reacción inevitable” y expresó que se trata de “un gesto ambivalente y dual porque el mismo Gobierno sostiene la impunidad pero cuando la sangre llega al rio reacciona y es dudoso porque el mensaje es que la responsabilidad es del ministro de Defensa”.
Para el abogado este punto “es difícil de aceptar porque Presidencia recibió la información en manos de sus dos abogados, el secretario Miguel Ángel Toma y el prosecretario, Juan Andrés Roballo. A mi me cuesta admitir que ellos no analizararon la información que el periodista si analizó”, expresó.
Ante esto, para Chargonia “es muy difícil sostener la hipótesis de que el presidente que no estaba al tanto, que es la idea que se deja con el cese de las autoridades del ministerio”.

Por otro lado el integrante del Observatorio Luz Ibarburu dijo que quienes apunta solo a “reprochar penalmente a los militares” lo único que hacen es “un intento de salvar la responsabilidad política del mando civil de las FFAA”.
“Se ilumina una responsabilidad y se hace un cono de sombra a los que están lejos de ese foco de luz. No creo que se cortara la responsabilidad en el ministro. Vázquez se saca una responsabilidad de encima con la decisión que tomó”, dijo.

Habrá respuesta
Chargonia dijo que por estas horas las organizaciones de DDHH están reunidas y no se descarta una respuesta popular en la calle.
“Están sucediendo los hechos muy rápido y las organizaciones están reunidas y seguramente va a haber reacción. La sociedad civil debe presentarse ante estos hechos sin caer en la lógica político partidaria, propia del año electoral”.
Chargonia advirtió sobre la importancia de “no caer en la tentación de erigir a Vázquez en una especie de héroe civil porque destituyo a unos militares” porque se trata de una “postura ingenua y peligrosa desde los principios de los DDHH, el movimiento se debe mantener independiente de cualquier Gobierno”, cerró.






El integrante del Observatorio Luz Ibarbouru y abogado patrocinante de causas sobre violaciones a los derechos en el pasado reciente Pablo Chargonia dijo que “se exagera” al afirmar que con la aceptación del militar retirado José Gavazzo de su participación en el caso de la desaparición del militante Roberto Gomensoro se rompe el pacto de silencio. En su opinión ya ha habido episodios de declaraciones en esa línea y desde hace más de seis años había información suficiente para investigar la muerte de Gomensoro.
“No caigo en la trampa” de quien sostiene que la asunción de Gavazzo de sus acciones es lo más importante cuando en realidad esas declaraciones son una estrategia para evitar la crítica al conflicto interno que se ha generado en el Gobierno, dijo Chargoñia. Agregó que “por supuesto” el militar no está diciendo toda la verdad “porque él no pudo haber transportado una persona el solo y haberla intentado hacer desaparecer en el Río Negro”.
Agregó que “es difícil que estas solas declaraciones puedan tener consecuencias respecto a la responsabilidad de Gavazzo, en primer lugar porque una confesión se tiene que hacer ante un juez, en segundo lugar porque se tiene que verificar”. “En tercer lugar porque se tiene que investigar exhaustivamente quienes operaron en el cuartel de La Paloma, porque no fue él solo”, reiteró.
Por otra parte Chargoñia cuestionó la actitud del Ministerio de Defensa cuando se actuó, durante la administración del ministro Eleuterio Fernández Huidobro, para demostrar que al militar Juan Carlos Gómez, que estaba preso por el episodio de la muerte de Gomensoro, no había participado. “Siempre me he preguntado por qué el Ministerio de Defensa, que fue eficaz en la defensa de Juan Carlos Gómez, no dio otro paso respecto al análisis de las responsabilidad de quienes sí eran culpables y que habrían ejecutado a Gomensoro”, agregó.


Nuevo ministro de Defensa admitió que existe “mucho ruido” en torno a las Fuerzas Armadas, que “no le hace bien a la institucionalidad”.
Lejos de apagarse con la cadena de destituciones dispuesta este lunes por el presidente Tabaré Vázquez, las repercusiones sobre la confesión del represor José Gavazzo en relación al crimen de Roberto Gomensoro ante un Tribunal de Honor militar y el grado de conocimiento de las máximas jerarquías del gobierno sobre lo allí expresado no hicieron más que comenzar.

Y, sobre todo, podría derivar en mayores repercusiones políticas.

Vázquez manifestó este martes que “nunca tuvo conocimiento” de las actas en donde Gavazzo dio detalles del crimen, contenidas en el fallo que terminó homologando con su firma.

El diario El País publica este martes que las actas completas estaban a disposición de Presidencia desde febrero, y que el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, había sugerido presentar una denuncia penal.

La nota apunta directamente al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, que habría recibido ese informe.

Lo que el gobierno informó este lunes es que, luego que el contenido de las actas fuera difundido el fin de semana por El Observador, se le solicitó a Defensa los antecedentes del caso.

Según la versión oficial, la respuesta del ministerio fue que tenía en curso “varias acciones”. Entre ellas, se dijo que estaba “pendiente” la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación.

Ante la situación, Vázquez ordenó la “inmediata remisión” al Ministerio Público de los testimonios vertidos por Gavazzo, Silveira y otro represor, Luis Maurente.

El comunicado oficial evita hacer mención a Toma y al prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, cuyo rol en todo el asunto aparece ahora en duda.

Técnicamente, el secretario y el prosecretario de la Presidencia no tienen una función específica definida. La Constitución se limita a establecer que serán designados por el presidente para ser sus “asesores y ayudantes”.

Funciones que no están previstas taxativamente. Lo cierto es que en la práctica tienen el cometido de revisar toda la documentación que se le da a firmar al presidente, y las consecuencias de lo que está firmando.

El rol de cada uno es definido por cada gobierno, pero es habitual que uno tenga un perfil político y el otro sea más técnico.

Lo concreto es que Toma adquirió en este período un mayor poder. El secretario aparece firmando directamente varias resoluciones de distinto tenor desde el año pasado.

El argumento utilizado por Vázquez al delegarle funciones habla de “notorias razones de buena administración, principalmente la necesidad de lograr una mayor agilidad y eficiencia en el ejercicio de las funciones de la Presidencia de la República", según se indica en esos textos.

Para el diputado nacionalista Pablo Abdala la sucesión de hechos ocurridos es grave, y también su desenlace.

El legislador se preguntó si el presidente no va a hablar públicamente, para darle información a la población y explicaciones sobre sus “actos, decisiones y omisiones”.

En la misma línea se expresó el ex diputado Gonzalo Mujica. “En Presidencia sabían todo lo que habían declarado los militares, pero decidieron tapar todo”, aseguró.

Mujica, ex integrante del Frente Amplio, recordó que en la izquierda “a esas aberraciones las llamábamos pacto de silencio para garantizar la impunidad. No fue para esto que peleamos”, lamentó.

Más lejos aún fue el abogado y candidato presidencial por el Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, que está trabajando en una denuncia penal contra el presidente, al que señala directamente por haber incurrido en una violación del artículo 177 del Código Penal, que obliga a todo funcionario público a denunciar la comisión de un delito del que tome conocimiento.

Salle se basó en lo que publica este martes El País, en cuanto a que el renunciante ministro de Defensa, Jorge Menéndez, sugirió en febrero a Presidencia presentar una denuncia sobre la confesión de Gavazzo ante el tribunal de honor.

Salle sostuvo que Menéndez, aquejado de una grave enfermedad, fue cesado injustamente.

Igual postura mostró el diputado colorado Fitzgerald Cantero, preguntándose cómo se podría materializar la “asunción de responsabilidad” expresada por Vázquez en torno a todo este proceso.

El legislador también apuntó al artículo 177 del Código Penal. “Tuvieron conocimiento de un hecho delictivo y no lo denunciaron”, expresó.

El Partido Socialista salió a su vez en defensa del ministro. Más allá de respaldar las decisiones tomadas por Vázquez este lunes, el sector reconoció la gestión de su “compañero” Menéndez, bajo cuya conducción “ y venciendo muchos obstáculos, se impulsó la implementación de los compromisos asumidos en el programa de gobierno del Frente Amplio en relación a la democratización y transformación de las Fuerzas Armadas”.

Para los socialistas la renuncia de Menéndez, a pedido del presidente, “lo enaltece y confirma su compromiso con el gobierno, el Frente Amplio y su programa de cambios”.

Al ex jerarca también lo salió a defender el diputado colorado Ope Pasquet. “Queda claro que el ministro de Defensa actuó bien. El que se durmió fue el secretario de Presidencia”, sostuvo.

Mucho ruido

En “el banco de la reserva, ya casi retirado”, el dirigente de la Vertiente Artiguista José Bayardi recibió el fin de semana el llamado del presidente Vázquez, que le ofreció hacerse cargo del Ministerio de Defensa.

“Me preguntó si estaba dispuesto a asumir y le dije que sí”, expresó Bayardi en diálogo con ECOS. “Mi objetivo será responder a ese ofrecimiento, en el marco de la Constitución y la ley".

Bayardi eludió pronunciarse sobre lo sucedido en los últimos días, hasta que esté oficialmente designado.

Sí consideró que “hay mucho ruido” en el escenario de las Fuerzas Armadas, lo que “no le hace bien a la institucionalidad”.

Bayardi está a la espera de la designación del nuevo subsecretario. El nombre que ha trascendido con más fuerza es del ex número dos de Ganadería, Andrés Berterreche, que hoy ocupa en el Senado la banca por la que fue electo José Mujica.

La subsecretaría de Defensa seguiría así en manos del Movimiento de Participación Popular.


>>> La carta de renuncia de Menendez

Menéndez da su versión de los hechos en carta de renuncia,

La carta de renuncia de Jorge Menéndez que confirma que se reunió primero con Tabaré Vázquez y luego con Miguel Angel Toma para "interiorizarlo" sobre el fallo del Tribunal de Honor y transmitir la "necesidad de denunciar los hechos ante la Justicia"


La carta de renuncia del ex Ministro Menéndez es muy clara; Vázquez y Toma desde febrero estaban en conocimiento de las declaraciones de Gavazzo. Omitieron denunciar.

Vázquez dijo que firma 50 resoluciones administrativas por día y que no puede estar leyendo los "50 expedientes".
"No homologué lo que actuó el tribunal, homologué parte del fallo. El ministro de Defensa me dice que también hay un informe firmado por Guido Manini Ríos que me parece que lo tenés que leer. Cuando leo el informe noto que era un ataque muy fuerte al Poder Judicial", señaló el presidente.
Vázquez dijo que había un "pacto de silencio" y que nadie habló del tema "hasta que salió a la luz". El presidente agregó que, entre las consideraciones, el Tribunal de Honor había determinado que tenían que pasar a reforma Gavazzo y Silveira, "no por la acusación de los 28 crímenes, sino porque habían permitido que un camarada de ellos, el coronel Juan Carlos Gómez, hubiera estado preso tres años y medio siendo inocente y ellos sabiendo que era inocente". Vázquez subrayó que "acá hubo una persona que siendo inocente estuvo presa y otras dos personas que sabiendo que era inocente dejaron que siguiera presa y hay que ver quién era el culpable".
El presidente señaló que le dijo al ministro de Defensa Jorge Menéndez: "Hablá con el doctor Toma y que esto pase a la Justicia”.
"No le quiero sacar la cola a la jeringa, asumo toda mi responsabilidad política y será la Justicia la que tendrá que dictaminar", dijo.
El mandatario recalcó que hasta ese momento "había un pacto de silencio" y que "cuando se denuncia que hubo torturas, muertes y desapariciones, uno de los actores principales lo reconoce".
Por último, Vázquez dijo que ahora "nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles, en unidades militares e intención de desaparecer gente".




COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



“Ante sucesivas versiones de prensa referidas a la actuación de la Secretaría de la Presidencia de la República, en virtud de los fallos emitidos por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N°1 del Ejército Nacional, que juzgaron las conductas de Jorge Silveira Quesada, José Nino Gavazzo Pereira y Luis Alfredo Maurente Mata, se efectúan las siguientes precisiones:
1) La Secretaría de la Presidencia de la República efectivamente recibió de manos del entonces ministro de Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez, el expediente en el que se tramitaban los fallos emitidos por el Tribunal de Honor arriba citado.
2) La recepción de dichos antecedentes estaba acompañada por la decisión explícita del Sr. Presidente de la República en cuanto a homologar la parte dispositiva de los fallos referidos a las conductas de Silveira Quesada y José Nino Gavazzo, así como no homologar el fallo vinculado a la actuación de Luis Maurente, como bien lo hizo saber el entonces ministro.
3) La homologación o no de los fallos tienen como objeto procedimental, circunscribirse sobre dichos extremos, sin que el Poder Ejecutivo se constituya en tribunal de alzada.
No obstante y habida cuenta que el Sr. Presidente advierte en el juzgamiento de Silveira y Gavazzo, conductas con apariencia delictivas, instruyó al entonces ministro de Defensa sobre la necesidad de poner los hechos en conocimiento de la Justicia.
4) Consecuentemente la Secretaría de la Presidencia remitió el expediente a la Asesoría Jurídica de la Presidencia, a fin de que extendiera los proyectos de resolución en la forma de estilo, sobre la homologación de los fallos, siguiendo las directivas impartidas, emitiéndose las resoluciones del Poder Ejecutivo del 12 de marzo de 2019.
5) Para el cumplimiento de la instrucción del Sr. Presidente de la República, en el sentido de poner los hechos en conocimiento de la Justicia, ese mismo día, es decir el 12 de marzo de 2019, el Ministerio de Defensa Nacional, con la finalidad de actuar en consecuencia, recibió todos los antecedentes que habían sido entregados a la Secretaría de la Presidencia.
6) Ante la versión de prensa publicada el 30 de marzo de 2019, con conexión con los hechos descritos, el 1° de abril de 2019 se solicitó al Ministerio de Defensa Nacional que elevara con carácter urgente las actuaciones que venimos refiriendo, a fin de verificar si la instrucción de poner los hechos en conocimiento de la Justicia, había sido cumplida o no.
7) El Ministerio de Defensa Nacional, en virtud de esta solicitud, cumplió de inmediato el requerimiento, elevando los documentos más relevantes a dicha finalidad, dejando expresa constancia, con la firma del Sr. ministro Interino de Defensa Nacional, que aún se encontraban los servicios del Ministerio desplegando distintas acciones, entre las que señala: “determinar la remisión de copia de las Actas de Declaración ante el Tribunal de Honor a las distintas Sedes Penales que pudieron haber intervenido en los hechos a que se han referido los Oficiales sometidos” y “ poner en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación”.
8) Ese mismo día, es decir el 1° de abril de 2019 y teniendo en cuenta que no se había realizado aún la comunicación a la Justicia, el Presidente de la República ordenó que de inmediato se compareciera ante la Fiscalía General de la Nación, poniendo en su conocimiento los hechos que resultaban de las actuaciones elevadas por el Ministerio de Defensa Nacional, lo que se cumplió.
9) Ante la divulgación insistente de hechos que genera confusiones y contradicciones, que en puridad no existen, la Secretaría de la Presidencia de la República, se ve en la obligación de emitir el presente comunicado.
10) Se lamenta profundamente que se haya optado por hablar y sostener conjeturas, con notorios desaciertos, antes que reconocer la histórica decisión adoptada por el Sr. Presidente de la República, en defensa de los Derechos Humanos, de las Instituciones, de la Justicia y del acceso al conocimiento de la verdad; principios sagrados que quedan -por la fuerza de los hechos- curiosamente disimulados.
Montevideo, 3 de abril de 2019”.


El fiscal de Corte, Jorge Díaz,  deslindó responsabilidades en una eventual convocatoria al presidente de la República en relación a una posible omisión en pasar a la justicia la confesión del exmilitar procesado José Gavazzo.
“Eso le corresponde al fiscal de la causa. No me corresponde a mí evaluarlo. (…) No le voy a indicar a ningún fiscal cual es el camino a seguir en una investigación de estas características”, afirmó.
Luego agregó, como consideración, que “es buena cosa que los ciudadanos uruguayos sepan que todos los ciudadanos uruguayos estamos bajo la órbita de la justicia”.
“El fiscal (Ricardo) Perciballe y el fiscal (Rodrigo) Morosoli en las respectivas órbitas de su competencia determinarán el camino a seguir, como corresponde”, indicó Díaz.











Las actas del Tribunal de Honor, ¿una operación de inteligencia?




>>> Habla el hermano de Gomensoro 




De Néstor Curbelo





1- El Presidente de la República, en uso de sus potestades, removió al recién asumido Comandante en Jefe del Ejército, al ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez y a Daniel Montiel, subsecretario de la cartera.
Luego de conocido el contenido de las Actas del Tribunal de Honor al que fueron sometidos Gavazzo y Silveira no quedaba alternativa.
La medida debe ser respaldada ya no sólo por los ciudadanos frenteamplistas sino, también, por todos los uruguayos republicanos.



2- El origen del conflicto.

El detonante fue una nota del operador de derecha Leonardo Haberkorn, vinculado al sanguinettismo desde siempre, en el diario El Observador. Haberkorn tiene el privilegio de contar con la confianza de Gavazzo, quien le hizo extensas y exclusivas declaraciones para su libro "Gavazzo, sin piedad". Nótese que Gavazzo nunca hizo declaraciones a periodistas y se limitó a escribir una autobiografía. O sea, Gavazzo, hombre desconfiado por la naturaleza de su labor, hombre hecho al secreto, depositó confianza en Haberkorn.
Haberkorn, a su vez, ha ejercido una suerte de "periodismo" caza-tupamaros de manera obsesiva a lo largo de su carrera, cosa que descarta toda vocación o aprecio por los derechos humanos de quienes padecieron las mazmorras de la dictadura.




3- La noticia y sus fuentes.

Quienes hemos pasado por el periodismo sabemos que la entrega de pruebas documentales las realiza una fuente interesada en su publicación. Punto.
¿Puede haber sido el Tribunal de Honor quien entregara las Actas a Haberkorn? No. No hay kamikazes en los Tribunales de Honor de las FFAA.
¿La entrega de las Actas puede haber sido realizada desde el Ministerio de Defensa Nacional? Se puede razonablemente descartar. Esa documentación se maneja a alto nivel, en reserva y ni Menéndez ni Montiel parecen personas autodestructivas.
¿Puede Gavazzo haber entregado las Actas a Haberkorn?
Puede. Claro que sí. Ya mencionamos que el criminal deposita confianza en esa espada de la derecha mediática.





4-  ¿Con qué objeto? ¿Cuál es el sentido?

El Ministerio de Defensa Nacional estuvo siempre en manos del MPP y el PS desde el primer gobierno del Frente Amplio. Azucena Berrutti fue la primera en ocupar el cargo, luego Luis Rosadilla, después Eleuterio Fernández Huidobro luego de que, en mayo de 2011, este concretara su renuncia al Senado por discrepancias con el proyecto de ley interpretativo de la Constitución impulsado por el Frente Amplio que, en los hechos, anulaba los artículos 1º, 3º y 4º de la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
No es objeto de esta reflexión juzgar la actuación de Fernández Huidobro al frente del Ministerio pero, objetivamente, acarreó críticas de la Justicia en temas de DDHH, de Familiares de Detenidos Desaparecidos y dividió aguas dentro del propio Frente Amplio.
El recientemente destituido Manini Ríos, pocas semanas atrás, tuvo palabras de reconocimiento para la comprensión del fallecido dirigente de la CAP-L y el MPP.



El ministerio fue heredado por el también socialista Jorge Menéndez y la subsecretaría por Daniel Montiel (MPP).
Obviamente, el objetivo de la operación es doble: por un lado significa un intento de dividir la interna frenteamplista que, hasta el momento, luce rozagante y con una unidad que los cuatro candidatos a la Presidencia de la República no sólo hab mantenido sino robustecido en sus respectivas campañas.
El segundo objetivo es crear ruido en las FFAA. Ruido de botas, ruidos de sables en pleno año electoral.
Como frenteamplista independiente, de a pie y del llano, mi esperanza es que ningún sector entre en corral de enramadas.

Por último.

Gavazzo fue procesado, en plena democracia, por el delito de violencia privada luego de presionar a un imprentero para que hiciera dólares falsos. También en esa oportunidad, fue absuelto por un Tribunal de Honor. Sería buenísimo que Haberkorn le pidiera esas actas y las publicara. El caso permanece en tinieblas hasta hoy, implicaba a otros personajes y estaba vinculado a la introducción de moneda falsa a Brasil.












lunes, 1 de abril de 2019

La purga





>>> Tierra Libre 31 marzo 2019






Montevideo, lunes 1 de abril de 2019

Ante la constatación de omisiones inadmisibles por parte de las autoridades del Ministerio de De-fensa y el Ejército Nacional, no poniendo a disposición del Poder Judicial la información que se desprende de las investigaciones llevadas adelante por el Tribunal de Honor del Ejército, en las cuales se hizo manifiesta la responsabilidad de José Gavazzo en el asesinato del compañero Roberto Gomensoro.

El PIT-CNT declara su más absoluto repudio a las prácticas de las cúpulas militares que siguen sosteniendo, amparados en la impunidad, el ocultamiento de los responsables del terrorismo de Estado. La impunidad es un entramado de poder que se moviliza desde todos sus resortes para entorpecer las investigaciones que permitan a la sociedad uruguaya conocer la verdad sobre los crímenes cometidos durante la última Dictadura.

Respaldamos la decisión del presidente Tabaré Vázquez de solicitarle la renuncia al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, al viceministro Daniel Montiel y la destitución del comandante en jefe del Ejército José González, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún y el general Gustavo Fajardo, integrantes los últimos tres del Tribunal de Honor.

La democracia uruguaya no admite más dilaciones en investigar hasta las últimas consecuencias las responsabilidades de civiles y militares en la gestación y ejecución del terrorismo de Estado. La defensa de la democracia es un compromiso inquebrantable del movimiento sindical, demostra-do con lucha en lo que fue una de las gestas más heroicas de nuestro pueblo, la gloriosa Huelga General del año 1973, con la que pueblo uruguayo respondió al golpe de Estado de Bordaberry del 27 de junio de ese año. Reafirmamos la vigencia absoluta de la resolución que dio origen en el año 1964 a la unidad sindi-cal, en función de la cual, el conjunto del movimiento obrero responderá con huelga a cualquier intento de quiebre de la institucionalidad democrática. ¡Memoria, verdad y justicia! ¡Nunca más terrorismo de Estado! Secretariado Ejecutivo


Comunicado de Presidencia de la República


“El Señor Presidente ha adoptado en el día de la fecha las siguientes decisiones:
  1. Cesar al Comandante en Jefe del Ejército, Gral. de Ejército José González, quien pasará a retiro obligatorio;
  2. Cesar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gral. de Ejército Alfredo Erramún, quien pasará a retiro obligatorio;
  3. Requerir la venia correspondiente de la Cámara de Senadores para promover la situación de pase a retiro obligatorio de los Generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, al amparo de lo dispuesto por el artículo 192 literal G) del Decreto Ley 14.157 - Orgánico de las Fuerzas Armadas, en la redacción dada por la Ley 19.189.
Los nombrados integraron el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N° 1 del Ejército Nacional que juzgaron sucesivamente las conductas de Jorge Silveira Quesada, José Nino Gavazzo Pereira y Luis Alfredo Maurente Mata.
El expediente administrativo referido al contenido de los fallos emitidos, fue puesto a consideración de la Presidencia de la República a los efectos de pronunciarse sobre la homologación o no de dichos fallos.
El 12 de marzo de 2019 se emitieron los actos administrativos correspondientes, haciéndose constar en ambos pronunciamientos la discrepancia con los fallos del Tribunal Especial de Honor, habida cuenta que los mismos, entre otras cuestiones, planteaban la lógica de cuestionar al Poder Judicial, intentando socavar su prestigio, contrariamente a lo que es valor entendido en un Estado de Derecho, donde todos deben respetar los fallos judiciales, no sólo por su valor jurídico, sino por su innegable trascendencia social.
El mismo 12 de marzo, el Poder Ejecutivo cesó al ex Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Guido Manini Ríos, en virtud de las apreciaciones que vertiera al momento de elevar los fallos, entendiéndose que su actitud resultaba absolutamente incompatible con el cargo en que venía desempeñándose, a cuyo efecto se libró un detallado Comunicado que fue publicado en la página web de la Presidencia de la República. 
Como consecuencia de la difusión pública de declaraciones vertidas al Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N° 1 del Ejército Nacional que juzgaron las conductas de Jorge Silveira Quesada y José Nino Gavazzo Pereira, en el día de la fecha se solicitó con carácter urgente al Ministerio de Defensa Nacional los antecedentes de las actuaciones de dicho Tribunal Especial de Honor.
El Ministerio de Defensa Nacional, de inmediato elevó el Expediente, haciendo constar que, como consecuencia de los actos administrativos dispuestos el  12 de marzo de 2019 por el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado tenía en curso varias acciones, entre las que se encontraba pendiente la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación.
El Señor Presidente de la República ordenó la inmediata remisión a la Fiscalía General de la Nación, de los testimonios vertidos por José Nino Gavazzo Pereira, Jorge Silveira Quesada y Luis Alfredo Maurente Mata en el curso de la investigación llevada adelante por el Tribunal Especial de Honor, lo que fue cumplido.
Según surge de las declaraciones vertidas por indagados en el fuero mencionado, existen hechos confesados, entre ellos por José Nino Gavazzo Pereira, que constituyen delitos, advirtiéndose sin embargo, que el Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada, omitieron en forma deliberada cumplir con el mandato disciplinado en el artículo 77 del Decreto 55/985, que dispone “cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie”.
La grave omisión también afecta al ex Comandante en Jefe del Ejército, que conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omite dar curso a la denuncia pertinente;  y aún omite denunciar dicho hecho al Ministro de Defensa Nacional cuando el 13 de febrero de 2019 elevó las conclusiones, con las consideraciones que derivaron en su cese.
En consecuencia, las resoluciones adoptadas hoy, con la conformidad de la unanimidad de los integrantes del Consejo de Ministros, guardan correspondencia con las omisiones señaladas.

Montevideo, 1° de Abril de 2019.”

Ejército: en total seis generales fueron cesados

Presidente solicitara al Senado.. pase a retiro obligatorio de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo



>>>>  Retorciendose  en el comando

Reunion de Generales en este momento en el Comando del Ejercito.

La noche mas larga del 3er gobierno del FA.

El Fiscal de la Republica Dr. Diaz, envió el reglamento de los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas, decreto 55/1985, artículo 77, que dice que cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de delito común o militar su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda, suspendiendo las actuaciones del tribunal hasta que el superior se pronuncie. El Ministro con licencia medica desde hace dias y problemas graves de salud, por un lado, y por otro el subsecretario de Defensa, Montiel del CAP-L ....grupo politico del ex- ministro Eleuterio Fernández Huidobro, no leyo las notas del Tribunal de Honor, ni informo al Presidente. Tampoco el Presidente del FA J. Miranda, reacciono en tiempo y forma debida.

Acabamos de vivir la noche mas larga de la democracia uruguaya del siglo XXI. De una una “crisis democrática y etica" de las instituciones armadas, y su llamado "Tribunal de Honor", que acaba de deshonorar a la Constitucion y a al Poder Judicial por delito de omision, agravado de ignorar el principio de Lesa Humanidad.

La omision, y las declaraciones a repeticion de Manini Rios, de poner a las FFAA, por fuera y por encima del Estado de derecho constitucional, por parte de Oficiales Superiores, nostalgicos de la dictadura uruguaya (1973-1985) que forzó al exilio a cerca de 380.000 personas, yen donde hubo más de 5.000 presos políticos “procesados” por tribunales de dudosa arbitraridad durante el gobierno civico-militar. Y mas de 20.000 personas fueron detenidas por sospecha de oposicion al regimen de facto. Mas una lista que demuestra los 195 casos de detenidos desaparecidos. Y otra lista de torturadores prófugos. Mas la ley de Impunidad para los militares negociada en el Club Naval para el retorno de la democracia " bajo vigilancia". Coloca al orden del dia, que... La ley de caducidad y el “espíritu de la ley de caducidad” debe ser anulada. En Uruguay, todos los delitos tienen una fecha de prescripción, excepto los crímenes de lesa humanidad. El Tribunal de Honor del ejercito, omitio este principio, del derecho constitucional y su filosofia del derecho, nacional e internacional, mundialmente aceptado por el Occidente y por el Uruguay, desde 1945, por los Juicios de Núremberg o Procesos de Núremberg, contra el nazismo. Y en Uruguay por el Proceso a Bordaberry y al General Gregorio Álvarez, por Terrorismo de Estado, contra los subersivos de la guerrila tupamara y otras organizaciones , y contra la sociada civil del Uruguay, sindicatos, partidos, parroquias, funcionarios publicos, intelectuales, artistas, ONG, profesores, trabajadores, mujeres, profesionales, politicos/as y jovenes.

En el presente, la corrupción castrense y las divisiones internas, vinculadas a gastos reservados y de seguridad nacional, de miles de millones de pesos que benefician indirectamente a generales de la República y a la Caja Militar de jubilaciones, han creado angustias en los Altos Mandos, pero su miedo principal es que el FA y aliados..empujen al fin de la filosofia de la Caducidad. Pero los que hoy tienen 40 años, y no son, ni fueron protagonistas en el pasado, no tienen capacidad intelectual, ni independencia ideologica, ni fuerza, para re-construir unas FFAA, modernas conceptualmente civilizadas a la estilo de Europa o de influencias social-democratas tipo suecas o suizas. Y estan asociados a complicidades de vinculos socio-antropologicos con las visiones y conceptos que provienen de los servicios de inteligencia militar y doctrinal de los EEUU., mas su admiracion tecnologica por ese modelo. Solo un gran debate nacional y restructuracion con una re-fundacion de las FFAA, podrian dernos la esperanza, de que un paso civilizatorio ..es posible en Uruguay. Pero a nivel societal, el problema es que las FFAA , viven en un "proceso de muerte lenta", presupuestal y conceptual. No hay intelectuales capaces de crear una nueva filosofia politica para las FFAA..y su deterioro funcional y doctrinal a todos los niveles .....es por goteo...

Alberto Perez Iriarte.

>>> La asociacón ilicita para delinquir

Tribunal de Honor de las FFAA de Uruguay, a fundamentado el encubrimiento de delitos de Lesa Humanidad, que son imprescriptibles por la Constitucion y por las Cortes Penales Internacionales. El propio Comandante en Jefe de las FFAA de Uruguay en tanto que miembro del Tribunal dd Honor procedio a favorecer y ser complice de encubrir delitos de Lesa Humanidad cometidos por Oficiales de las FFAA durante la Dictadura.


EL FISCAL envía las Actas del Tribunal de Honor Militar...al Tribunal de Flagrancia para peritaje constitucional.








MANINI RIOS , factible de un sumario y de otras investigaciones judiciales : La grave omisión del Tribunal de Honor, también afecta al ex Comandante en Jefe del Ejército, Manini Rios, que conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omite dar curso a la denuncia pertinente; y aún omite denunciar dicho hecho al Ministro de Defensa Nacional cuando el 13 de febrero de 2019 elevó un informe al ejectivo, ocultando las conclusiones, con las consideraciones que derivaron en su propio cese.

>>>  Omisión deliberada


José Gavazzo y Jorge Silveira, delincuentes de lesa humanidad.

Según el comunicado de la Presidencia, el expediente administrativo relativo a los fallos del Tribunal de Honor sobre los tres represores fue puesto a consideración de la Presidencia de la República. Los fallos respectivos se hicieron públicos el 12 de marzo, día en el que se anunció la destitución de Guido Manini Ríos en la comandancia del Ejército y el nombramiento de su sucesor José Ariel González.


Tanto en el tribunal relativo a Gavazzo y Silveira como en el de Maurente, la Presidencia resaltó que hubo
“la discrepancia con los fallos del Tribunal Especial de Honor, habida cuenta que los mismos, entre otras cuestiones, planteaban la lógica de cuestionar al Poder Judicial, intentando socavar su prestigio, contrariamente a lo que es valor entendido en un Estado de Derecho, donde todos deben respetar los fallos judiciales, no sólo por su valor jurídico, sino por su innegable trascendencia social”.

De inmediato, el gobierno alude a la publicación de la comparecencia de Gavazzo ante el Tribunal de Honor, en la que reconoce haber sido responsable del asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro en la unidad militar de Paso de los Toros en 1973.


Como consecuencia de esa publicación en el diario El Observador
“se solicitó con carácter urgente al Ministerio de Defensa Nacional los antecedentes de las actuaciones de dicho Tribunal Especial de Honor”, señaló el Poder Ejecutivo.


“El Ministerio de Defensa Nacional, de inmediato elevó el Expediente, haciendo constar que, como consecuencia de los actos administrativos dispuestos el 12 de marzo de 2019 por el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado tenía en curso varias acciones, entre las que se encontraba pendiente la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación”, acto que no se había producido al momento del pedido presidencial.


Según el comunicado, el presidente Vázquez
“ordenó la inmediata remisión a la Fiscalía General de la Nación, de los testimonios vertidos por José Nino Gavazzo Pereira, Jorge Silveira Quesada y Luis Alfredo Maurente Mata en el curso de la investigación llevada adelante por el Tribunal Especial de Honor”.


El pronunciamiento del Poder Ejecutivo explica, asimismo, que
“de las declaraciones vertidas por indagados en el fuero mencionado, existen hechos confesados, entre ellos por José Nino Gavazzo Pereira, que constituyen delitos, advirtiéndose sin embargo, que el Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada, omitieron en forma deliberada cumplir con el mandato disciplinado en el artículo 77 del Decreto 55/985”.

Dicha norma establece que
“cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie”.

La Presidencia resalta además que
“la grave omisión también afecta al ex Comandante en Jefe del Ejército, que conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omite dar curso a la denuncia pertinente; y aún omite denunciar dicho hecho al Ministro de Defensa Nacional cuando el 13 de febrero de 2019 elevó las conclusiones, con las consideraciones que derivaron en su cese”.

>>> Díaz: nunca se denunció


El Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, explicó por qué decidió remitir la publicación periodística sobre la comparecencia de Gavazzo a la fiscalía de Flagrancia y al fiscal especializado de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe.


Díaz dijo que el sábado se encontra con
“la situación” de que se habían puesto en conocimiento del Tribunal de Honor del Ejército la comisión de
“hechos delictivos” sin que se cumpliera lo que disponen los reglamentos en cuanto a la obligación de informar a los superiores y detener sus actuaciones cuando eso sucede.


El titular de la Fiscalía dijo ignorar si se produjo la información a los superiores por parte del Tribunal pero sí confirmó que nunca hubo una denuncia judicial de los hechos.
“Puede haber, eventualmente, un hecho delictivo en la omisión de un funcionario público de denunciar”, subrayó.


Díaz aclaró que los fiscales actuante deberá determinar dos delitos diferentes. Por un lado, en el caso de Perciballe
“la admisión del homicidio y las circunstancias de la pretensión de desaparición del cuerpo” por parte de Gavazzo. Por otra parte,
“la eventual omisión en denunciar ese delito por parte de aquellos funcionarios que tuvieron conocimiento”, en referencia a los miembros del Tribunal de Honor, que ahora fueron destituidos por el gobierno.


Todavía resta establecer si en esa omisión también incurrieron el exministro de Defensa Jorge Menéndez y el viceministro Daniel Montiel, ya que el presidente Tabaré Vázquez aseguró que no estaba en conocimiento del contenido de las actas del Tribunal, a pesar de haber firmado la resolución sobre los fallos.



Montevideo, 1 de Abril de 2019.


A la opinión pública


En el comunicado emitido el 20 de marzo pasado, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, expresó claramente lo que hoy se confirma.

1 – Ante el Tribunal de Honor, convocado por el fallo judicial por 28 asesinatos especialmente agravados; los criminales confiesan la tortura, asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro (marzo de 1973), Eduardo Pérez (mayo de 1974) y María Claudia García. A pesar de esto los integrantes de dicho Tribunal no encuentran que estos crímenes lesionen el honor de las Fuerzas Armadas, así como tampoco entienden pertinente remitir estas declaraciones a la Justicia, siendo esa su obligación. Esto pone de manifiesto cuál es la concepción del honor que tienen hoy los mandos militares y la doctrina que los motiva.

2 – Respaldamos la rápida respuesta del Presidente y confiamos que el Senado actúe en consecuencia.

3 – Entendemos que para nombrar un nuevo Comandante en Jefe, se debe tener en cuenta su posición sobre el período del Terrorismo de Estado, los delitos de lesa humanidad cometidos y se le debe exigir una condena expresa a estos hechos. Asimismo debe asumir el compromiso con el respeto a todos los Derechos Humanos; la búsqueda de la verdad y aportarla a la Justicia como corresponde.

4 – El Parlamento tiene en el orden del día la discusión de la Reforma de la Ley Orgánica Militar. En esta discusión se debe tener en cuenta que las Fuerzas Armadas están formadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional y actúan hoy en consecuencia. Por lo tanto entendemos que debe reducirse la oficialidad y la tropa al mínimo necesario, deben modificarse sus planes de estudio y sus cometidos deben atenerse a lo estrictamente dictado por la Constitución. 5 – Visto lo anterior confirmamos una vez más que es completamente improcedente e inaceptable la creación de una “Guardia Nacional” integrada por efectivos de estas mismas Fuerzas, que han expresado claramente cuál es su moral y su concepción del deber que tienen con la ciudadanía; según la propuesta que se plebiscitará este año.


Verdad - Justicia – Memoria.
Nunca más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos



Vázquez nombró al nuevo comandante con actas del Tribunal sobre Gavazzo a su disposición

Insólitamente Vázquez a través del presidente del Frente Amplio Javier Miranda arguye que no tenía conocimiento del contenido de las actas. Lo cual como mínimo significa una total negligencia o un intento de lavarse las manos.
Lo que se quiso ocultar
Durante las actuaciones Gavazzo reconoció que fue quien arrojó el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al Río Negro para hacerlo desaparecer y dio detalles del asesinato de este militante preso y torturado en instalaciones del grupo de artillería Nº 1.
En el cuartel La Paloma, sede del grupo de artillería Nº 1 también murió otro militante tupamaro, Eduardo Pérez Silveira. De acuerdo al testimonio de “pajarito” Silveira al Tribunal de Honor militar Gavazzo gaseo al detenido con una granada de gas para luego fue llevado en grave estado producto de las torturas al Hospital Militar donde murió. Pérez Silveira aún está desaparecido.
El genocida “pajarito” Silveira también acusó a Gavazzo de tener responsabilidad y participación en el segundo vuelo de la muerte que trasladó presos políticos desde Buenos Aires y lo incriminó en la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Increíblemente y luego de este tipo de confesiones y relatos, los miembros del “Tribunal de Honor”, José González (hasta ahora nuevo comandante del Ejército), Gustavo Fajardo y Alfredo Erramún, omitieron esa obligación de la normativa y entendieron que no había pruebas suficientes para condenar a Silveira y Gavazzo por estos graves crímenes y que los hechos no estaban lo suficientemente aclarados. El tribunal condenó a ambos a la ridícula medida de “no usar el uniforme” por no haber declarado que el Coronel Gómez (que estuvo 3 años preso por la causa Gomensoro) era inocente.
El fallo, una antología de impunidad y encubrimiento, fue refrendado luego por otros 3 militares (Romano, Salaberry y Sequeiro) y luego por el propio excomandante Manini Ríos o sea que en total 7 de los 16 generales del Ejército lo hicieron. Posteriormente, con dudas y salvedades, también fue homologado por el Poder Ejecutivo.
La complicidad del gobierno
Las revelaciones de los pormenores de las actas del “Tribunal de Honor” vuelven a poner en primer plano las responsabilidades de los distintos gobiernos del Frente Amplio en la impunidad del terrorismo de Estado y de la reivindicación de esa época que realizan las Fuerzas Armadas.
Luego de haber dejado a actuar durante años a Manini Ríos con su injerencia en asuntos políticos y sus conductas profundamente antidemocráticas poniendo en su lugar a un claro continuador de ese mismo pensamiento como José González, que al asumir reivindicó la obra de Manini y fue partícipe directo en el “Tribunal de Honor”.
¿Como puede ser que un militar que ampara, protege y silencia las confesiones y revelaciones de Silveira y Gavazzo sea “premiado” por el Frente Amplio dándole el cargo de Comandante del Ejército? ¿Cuál es el grado de acuerdos y negociaciones que tiene el Frente Amplio con estas Fuerzas Armadas cómplices del terrorismo de Estado que reivindican su accionar en la dictadura y obstaculizan de todas las maneras posibles el accionar de la Justicia?
Esta falta de acción del Frente Amplio, que va en el sentido de la reconciliación y la vuelta de página muestra la actualidad del Pacto del Club Naval con la que todo el régimen político quiso preservar al aparato represivo del Estado y evitar cualquier cuestionamiento.
El juego a la derecha
El nombramiento de un continuador como González, del que ahora se conoce que fue incapaz de la más mínima crítica ante las revelaciones de torturas y crímenes políticos, revela también que las Fuerzas Armadas guardan tal autonomía que son capaces de imponer nombramientos por encima del poder político.
En el día de ayer sectores del oficialismo (Michellini, Nuñez, Puig, Castillo entre otros) se escandalizaban y pedían la renuncia de González. Pero antes de estas terribles declaraciones no dijeron nada, aun sabiendo que el nombramiento de González era más de lo mismo, y que más allá de los nuevos datos conocidos ya se sabía que el nuevo comandante era la continuidad de Manini y que la protección de genocidas y torturadores está amparada por las Fuerzas Armadas de conjunto y sostenida por el gobierno que ellos mismos integran.
Tras la resolución tomada por Vázquez, muchos saludaron la decisión, pero otros remarcaron que el presidente debió haber leído las actas del tribunal militar.
Cuando el mandatario homologa los textos del tribunal, lo hace señalando que se vieron los fallos de las actas, en los que debería figurar las confesiones de Gavazzo y Silveira y su integración (el destituido comandante estaba allí).
Algunos dirigentes políticos, como el diputado Ope Pasquet, dijo que la resolución había sido acertada, pero criticó que haya sido "tarde", ya que consideró que Vázquez leyó efectivamente las actas en donde todo quedó esgrimido. También Larrañaga es otro que salió a posar descaradamente en este asunto.
Las declaraciones hipócritas de estos dirigentes derechistas buscan deslindarse de responsabilidades cuando son los que con el conjunto del régimen han sostenido y defendido la impunidad de los genocidas.
Pero en tiempos de avances derechistas en la región ¿Quién realmente le está haciendo el juego a la derecha?; ¿quien la deja actuar para que envalentone y tome fuerza?
Como no relacionar el silencio cómplice ante las declaraciones que surgen del tribunal de honor (que como mínimo merecían una condena absoluta y su paso a la Justicia) con la propia represión de hace unas pocas semanas a los que se manifestaron en la Marcha por el Agua.
¡Acabar ya con la impunidad!
No se trata de simples hechos del pasado, como los militares y los propios dirigentes del Frente Amplio nos quieren hacer creer.

Te puede interesar: La impunidad y el rol de las FFAA en el régimen del Club Naval

Las fuerzas represivas han sido alimentadas, profesionalizadas y modernizadas por este gobierno a lo largo de sus 3 periodos. Es el propio gobierno quien ha fortalecido a la Dirección de Información e Inteligencia (DII) y el Departamentos de Operaciones Encubiertas, organismos que se encargan de fichar, infiltrar y perseguir opositores.
Su cometido no es otro que atacar la protesta social, vigilar y criminalizar a todos los que resisten los embates del capital y su sed de ganancia y explotación.
No se trata simplemente de destituir a González y a algunos otros, hay que ir a fondo contra toda una organización que protege criminales de lesa humanidad. Para empezar deben ir presos también toda la oficialidad (empezando por Manini Ríos) y funcionarios civiles que intentaron ocultar esta información surgida del llamado “Tribunal de honor”, como a su vez todos los genocidas civiles y militares de la dictadura que todavía permanecen impunes. Se debe también cuestionar la función de la institución Fuerzas Armadas y el conjunto del aparato represivo cuyo cometido no es otro que sostener este orden social.

>>> También habrá que purgar

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