domingo, 3 de octubre de 2021

Los papeles de Pandora

 

>>> Cuando no!...

En Uruguay se crearon 418 sociedades offshore y nuestro país aparece con 485 beneficiarios finales de estas compañías, ubicándose en el top five de América latina, detrás de Argentina, Brasil y Venezuela en números absolutos y en el primer lugar per cápita.

Las offshore permiten abrir una cuenta a nombre de una sociedad con un poder para mover fondos sin necesidad de dar explicaciones, o armar estructuras como fideicomisos con múltiples cuentas bancarias que, en la práctica, buscan resguardar y controlar patrimonios millonarios.

También pueden ser usadas para el lavado de dinero proveniente de actividades ilegales como el narcotráfico, contrabanmdo etc. @antonioladra

Una nueva filtración de casi 12 millones de documentos revela los secretos y fortunas de líderes mundiales y magnates en paraísos fiscales y los Estados Unidos.

 Un trabajo periodístico que reunió a 150 medios en 117 países, entre ellos Búsqueda, indaga en los patrimonios y negocios de jefes de Estado, expresidentes, funcionarios, empresarios, artistas, deportistas y fugitivos de la justicia. Usos legales e ilegales de un sistema que está en la mira del mundo y el rol de Estados Unidos en el supuesto blanqueo de billones de dólares. Sebastián Piñera, el Rey de Jordania, Tony Blair y el ministro de Economía de Brasil, entre las principales revelaciones internacionales.


 

Por ICIJ

Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia, revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios en más de 91 países y territorios, así como un abanico global de fugitivos, estafadores y asesinos.

Estos papeles secretos exhiben los negocios offshore del Rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair. Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones.

Los documentos filtrados revelan que muchos de los actores que podrían acabar con el sistema offshore son en realidad beneficiarios de sus servicios, escondiendo bienes en sociedades de papel y trusts —o fideicomisos—, mientras sus gobiernos hacen poco para frenar el flujo global de dinero ilícito que enriquece los delincuentes y empobrece las naciones.

Entre los tesoros escondidos que revelan los documentos, destacan:

Un castillo de US$ 22 millones en la Rivera Francesa, con todo y cine y dos albercas, comprado a través de sociedades offshore por el Primer Ministro populista de República Checa, un multimillonario quien ha hecho campaña contra la corrupción de las élites económicas y políticas. Más de 13 millones de dólares escondidos en un trust opaco en los Grandes Llanuras de Estados Unidos por el vástago de una de las familias más poderosas de Guatemala; una dinastía que controla empresas de fabricación de jabón y labiales, que ha sido acusada de provocar daños a sus trabajadores y al medio ambiente.

Tres mansiones en la costa de Malibu, que el Rey de Jordania compró por US$ 68 millones a través de tres sociedades offshore años después de la Primavera Árabe, en la cual los jordanos salieron a las calles para protestar contra el desempleo y la corrupción.

Estos documentos secretos son conocidos como los Pandora Papers, o Papeles de Pandora.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) obtuvo más de 11.9 millones de documentos confidenciales y encabezó un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios, quienes dedicaron dos años a examinarlos meticulosamente, a rastrear las fuentes y a excavar en los archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países.

Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países. Estas firmas incorporan sociedades de papel y otros escondites offshore para sus clientes, quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras.

La información incluida en los archivos rebasa cerca de tres veces el número de operaciones offshore de jefes de Estado reveladas en las anteriores filtraciones de documentos sobre paraísos fiscales, y más de dos veces el número de transacciones de servidores públicos.

En una era de expansión del autoritarismo y de la desigualdad, la investigación de los Pandora Papers ofrece una perspectiva inédita sobre la manera en que el dinero y el poder operan en el siglo XXI, y cómo la secrecía financiera impulsada por Estados Unidos y otras naciones doblaron y quebraron el imperio de la ley alrededor del mundo.

Los hallazgos del ICIJ y de sus medios aliados exhiben cómo la finanza ultrasecreta ha infiltrado la política internacional, y muestra por qué los gobiernos y las organizaciones globales han hecho tan poco para acabar con los abusos financieros offshore.

Un análisis realizado por ICIJ a los documentos secretos identificó 956 sociedades en paraísos fiscales vinculados con 336 políticos y funcionarios de alto nivel, incluyendo jefes de Estado, ministros, embajadores y otros. Más de las dos terceras partes de estas sociedades estaban incorporadas en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción que durante mucho tiempo fue considerada como una pieza clave en el sistema offshore.

Por lo menos US$ 11,3 billones de dólares están guardados “offshore”, según un estudio publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Debido a la complejidad y la secrecía del sistema offshore, resulta imposible distinguir cuántos de estos recursos están ahí por evasión de impuestos u otros delitos, y cuántos vienen de fuentes legítimas y han sido reportados ante las autoridades tributarias.


l Todos los rincones del mundo. 

La investigación Pandora Papers devela los dueños secretos de sociedades offshore, cuentas bancarias anónimas, jets privados, yates, mansiones u obras de arte de Picasso, Bansky y otros maestros. La información que ofrece es más detallada que la que suelen obtener las autoridades gubernamentales, las cuales a menudo padecen medidas de austeridad.

Entre los personajes que los documentos vinculan con bienes offshore resaltan la superestrella de cricket de la India, Sachin Tendulkar, la diva de la música pop Shakira, la supermodelo Claudia Schiffer y un mafioso italiano conocido como “Lell El Gordo”.

Este mafioso, Raffaelle Amato, ha sido vinculado con al menos una docena de asesinatos. Los documentos filtrados ofrecen detalles sobre una sociedad de papel registrada en Reino Unido, que Amato utilizó para comprar terrenos en España poco antes de huir de Italia, para instalar en la península ibérica su propio grupo criminal. Amato, cuya historia inspiró la multipremiada película “Gomorra”, está cumpliendo una pena de cárcel de 20 años.

Los abogados de Amato no contestaron solicitudes de comentarios.

El abogado de Tendulkar dijo que las inversiones del jugador de cricket son legítimas y han sido declaradas ante las autoridades tributarias. Un abogado de Shakira dijo que la cantante declaró sus sociedades offshore y que éstas no otorgaban ventajas fiscales, según el abogado. Representantes de Schiffer dijeron que la top model pagó sus impuestos en Reino Unido, donde reside.

En la mayoría de los países, controlar activos offshore o usar sociedades de papel para hacer negocios transfronterizos no es ilegal. Las personas que hacen negocios internacionales afirman que necesitan estas sociedades offshore para llevar a cabo sus asuntos financieros.

Sin embargo, estos asuntos suelen resumirse en canalizar las ganancias de los países con impuestos elevados —donde se generan estas ganancias— hasta sociedades que solo existen en papel en jurisdicciones de baja recaudación fiscal. El uso de estas guaridas offshore es particularmente controversial para figuras políticas, porque consiste a menudo en estrategias para alejar sus actividades impopulares —o incluso de corrupción— del escrutinio público.

El imaginario popular suele reducir el sistema offshore a un grupo de islas lejanas y dispersas, cubiertas de palmas. Los Pandora Papers muestran que la maquinaria del dinero offshore opera en todos los rincones del mundo, incluyendo en las democracias más sólidas. El sistema se basa también en instituciones de las élites —como los bancos multinacionales, los despachos de abogados y las firmas de contaduría— con sede en Estados Unidos y Europa.

Un documento de los Pandora Papers muestra, por ejemplo, que diversos bancos han creado por lo menos 3.926 sociedades offshore para sus clientes, de la mano con Alemán, Cordero, Galindo & Lee, una firma de Panamá dirigida por el exembajador de Panamá en Estados Unidos. El documento muestra que el despacho, también conocido como Alcogal, creó por lo menos 312 compañías en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) a solicitud del gigante de servicios financieros Morgan Stanley.

Un vocero de Morgan Stanley dijo: “No creamos compañías offshore (…) este proceso se hace de manera independiente de la firma, y a la discreción y beneficio del cliente”.

La investigación Pandora Papers también revela la manera en que Baker McKenzie, el despacho de abogados más grande de Estados Unidos, ayudó en crear el sistema offshore moderno y sigue siendo un pilar en esta economía de las sombras.

Baker McKenzie y sus despachos afiliados en el mundo han usado sus quehaceres en materia de cabildeo y de creación legislativa para diseñar leyes financieras en diversos países. También han hecho negocios para personas y empresas vinculadas con fraudes, corrupción y regímenes autoritarios, según encontró el ICIJ en la investigación.

Entre las personas clientes de Baker McKenzie figura el oligarca de Ucrania Ihor Kolomoisky, al que las autoridades estadunidenses acusan de lavar US$ 5.500 millones a través de una red de sociedades de papel, con la compra de propiedades industriales y comerciales en el corazón de Estados Unidos.

Baker McKenzie también trabajó para el financiero Jho Low, quien es ahora prófugo, acusado en varios países de idear un megafraude de US$ 4.500 millones a un fondo de desarrollo económico de Malasia, conocido como 1MDB. La investigación de ICIJ encontró que Low y sus cómplices recibieron la ayuda de Baker McKenzie y sus afiliados para crear una red de sociedades en Malasia y Hong Kong. Las autoridades de Estados Unidos sostienen que usaron algunas de estas sociedades para canalizar recursos saqueados de 1MDB.

Un vocero de Baker McKenzie dijo que la firma busca proveer las mejores asesorías fiscales y legales a sus clientes, y se esfuerza en “asegurarse que nuestros clientes adhieren a la ley y a las mejores prácticas”.

El vocero no respondió de manera específica a muchas preguntas sobre el papel de Baker McKenzie en la economía offshore, citando la confidencialidad de sus clientes y el privilegio legal. Dijo que la firma lleva a cabo estrictas revisiones a los antecedentes de todos sus clientes potenciales.

  “Ya sabes quién”. 

La investigación Pandora Papers es incluso más grande y más global que la investigación emblemática Panama Papers de ICIJ. que sacudió el mundo en 2016 y desembocó en operativos, en la adopción de nuevas leyes en decenas de países, y provocó la caída de primeros ministros en Islandia y en Pakistán.

Los Panama Papers provenían de los archivos de un solo proveedor de servicios offshore: la firma panameña Mossack Fonseca. Los Pandora Papers arrojan luz sobre un abanico mucho más amplio de abogados, intermediarios y brokers que operan en el corazón de la industria offshore.

Los Pandora Papers proveen dos veces más información sobre los dueños de compañías offshore que los Panama Papers. En total, la nueva filtración exhibe los dueños reales de más de 29.000 sociedades offshore. Estos dueños vienen de más de 200 países; los grupos más numerosos son de Rusia, Reino Unido, Argentina y China.

Entre los 150 medios que se sumaron a la colaboración están el Washington Post, la BBC, Radio France, Ostro Croatia, el Indian Express, The Sandard de Zimbabwe, Le Desk de Marruecos y el Diario El Universo de Ecuador.

Un equipo internacional fue necesario para llevar a cabo la investigación, porque los 14 proveedores de los que vienen los documentos tienen oficinas en todo el mundo, desde el Caribe hasta el Golfe Pérsigo, pasando por el Mar de la China Meridional.

Tres de los proveedores pertenecen o son administrados por exfuncionarios; uno fue ministro y otro asesor del presidente en Panamá; un exprocurador general de Belice, por su parte, controla dos proveedores.

A cambio de unos cientos o escasos miles de dólares, los proveedores offshore pueden ayudar sus clientes a incorporar sociedades offshore cuyos dueños permanecen ocultos. O, a cambio de US$ 2.000 hasta US$ 25.000, pueden crear un trust que, en algunos casos, permite a sus beneficiarios administrar su dinero y a la vez crear la ficción legal de que no lo controlan; una forma creativa de usar un pedazo de papel que esconde los bienes de quiénes los podrían buscar, como potenciales acreedores, policías, agentes fiscales o exesposas.

Los operadores del mundo offshore no actúan de manera aislada. Trabajan de la mano con otros proveedores de servicios para entrelazar capas de sociedades y trusts en el mundo. A mayor complejidad de las estructuras, mayores costos, pero también mayor secrecía y protección para los clientes.

Los Pandora Papers muestran que un contador inglés basado en Suiza trabajó de la mano con abogados en las Islas Vírgenes Británicas para ayudar el rey de Jordania, el Rey Abdullah II, a comprar 14 casas en Estados Unidos y Reino Unido de manera secreta, por más de US$ 106 millones. Sus asesores le ayudaron a crear al menos 36 sociedades de papel entre 1995 y 2017.

En 2017, el rey compró una propiedad de US$ 23 millones que domina una playa de surfistas en California. El rey realizó un pago extra para que otra sociedad de BVI, controlada por sus asesores patrimoniales de Suiza, actúe como directora “nominee” –o de papel-- para la sociedad de BVI que adquirió la propiedad.

En el mundo offshore, los directores nominees son personas o compañías pagadas para actuar como fachada en lugar de la persona que realmente está detrás de una compañía. En un formulario de Alcogal, el despacho que trabajó para el rey indicó que el uso de directores nominees ayudaría a “preservar la privacidad, al impedir que la identidad del beneficiario final (…) sea accesible al público”.

En correos, los asesores offshore se referían al rey en clave: “Ya sabes quién”.

Abogados británicos del rey dijeron que la ley de Jordania no le obliga a pagar impuestos, y que tiene razones de seguridad y privacidad para controlar propiedades a través de sociedades offshore. Dijeron que el rey nunca malversó fondos públicos.

Los abogados también dijeron que la mayoría de las sociedades y propiedades identificadas por ICIJ no tiene conexión con el rey o ya no existen, pero no dieron más detalles.

Expertos opinan que, como dirigente de uno de los países más pobres y dependientes de la ayuda extranjera del Medio Oriente, el rey tiene motivos para no ostentar su riqueza.

“Si el rey de Jordania exhibiera su riqueza de manera más abierta, no solo generaría antagonismos en su población, sino enojaría a los patrocinadores occidentales que le dieron dinero”, dijo Annelle Sheline, experta en autoridades políticas y religiosas en Medio Oriente, a ICIJ.

En el vecino Líbano, donde han surgido debates similares respecto a la riqueza y la pobreza, los Pandora Papers muestran que personajes del más alto nivel político y financiero también usaron paraísos fiscales.

Entre ellos figuran el primer ministro actual, Najib Mikati, y su predecesor Hassan Diab, así como Riad Salameh, el gobernador del Banco Central, quien está siendo investigado en Francia por presuntas acciones de lavado de dinero.

Marwane Keireddine, exministro de Estado de Líbano y potentado presidente del banco Al Mawarid, también aparece entre los documentos secretos. En 2019, regañó sus antiguos colegas legisladores por su inacción ante la terrible crisis económica. La mitad de la población estaba viviendo en la pobreza, luchando para encontrar comida a medida que las panaderías y las tiendas clausuraban.

“Hay evasión de impuestos y el gobierno necesita actuar”, dijo Kheireddine.

Los Pandora Papers revelan que, el mismo, año, Kheireddine firmó documentos como dueño de una sociedad de BVI que controla un yate de US$ 2 millones.

Un año más tarde, en 2020, medios libaneses y extranjeros reportaron que Kheireddine compró un departamento en Manhattan a la estrella de Hollywood Jennifer Lawrence. Cuando salió la nota sobre el departamento de Manhattan, un grupo de manifestantes incendió un edificio en Beirut, pensando que le pertenecía. Su banco es uno de los muchos en el país que restringió a sus clientes los retiros en dólares para mitigar la crisis económica.

Wafaa Abou Hamdam, una viuda de 57 años, forma parte de los libaneses de a pie que siguen enojados con las élites de su país. Como producto de la inflación, sus ahorros se esfumaron: del equivalente a US$ 60.000, se desplomaron a menos de US$ 5.000, dijo a Daraj, un medio socio de ICIJ.

“Todos los esfuerzos de mi vida se fueron en vano. He trabajado sin parar en las últimas tres décadas”, dijo. “Seguimos luchando a diario para sobrevivir” mientras “los políticos y los banqueros (…) quienes se llevaron nuestros ahorros transfirieron e invirtieron su dinero en el extranjero”.

Kheireddine y Diab no contestaron a una solicitud de comentario. En una respuesta por escrito, Salameh dijo que reporta sus bienes y ha complido con todas las obligaciones vigentes en la ley del Líbano. Maher, el hijo de Mikati, comentó que es común para los libaneses usar compañías offshore “debido al proceso fácil de incorporación”, más que para evadir impuestos.

 “Coalición de los corruptos”. 

Imran Khan, la superestrella pakistaní de cricket que se volvió político con un fuerte discurso anticorrupción, se exaltó cuando los Panama Papers de ICIJ salieron a la luz, en abril de 2016.

“Las filtraciones son enviadas por Dios”, dijo. Los Panama Papers revelaron que los hijos del entonces primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, tenían vínculos con por lo menos tres sociedades offshore. Esto dio a Khan un pretexto para hundir a Sharif, su rival político, en lo que Khan describió como la “coalición de los corruptos” que destroza Pakistán.

“Es asquerosa la manera en que se saquea el dinero del mundo en desarrollo, de personas quienes ya fueron privadas de los servicios básicos: salud, educación, justicia y empleo”, dijo a The Guardian, socio de ICIJ, en 2016. “Este dinero es canalizado en cuentas offshore, o en países occidentales, en bancos occidentales. Los pobres se vuelven más pobres. Los países pobres se vuelven más pobres, y los países ricos se vuelven más ricos. Las cuentas offshore protegen a estos ladrones”.

Como resultado de una investigación detonada por los Panama Papers, la corte suprema de Pakistán removió a Sharif de su cargo. Khan se precipitó en sustituirlo en la siguiente elección nacional.

Pandora Papers, la investigación más reciente, coloca de nuevo la atención sobre el uso sociedades offshore por actores políticos de Pakistán. Esta vez, se revelan las holdings offshore de personajes cercanos a Khan, incluyendo uno de sus patrocinadores financieros, y familiares de su ministro de finanzas.

Los documentos también muestran que, en 2016, el ministro de recursos hídricos de Khan, Chaudry Moonis Elahi, contactó Asiaciti –un proveedor de servicios offshore basado en Singapur—para crear un trust en el que invertiría los ingresos de un negocio inmobiliario familiar que había sido financiado por un crédito, que el prestamista denunció posteriormente como ilegal. El banco dijo a las autoridades pakistaníes que el crédito se había aprobado gracias a la influencia del padre de Elahi, quien había sido viceprimer ministro.

Los archivos de Asiaciti muestran que Elahi dio marcha atrás a un plan que consistía en depositar dinero en un trust de Singapur, después que el proveedor le adelantó que debería reportar la operación a las autoridades fiscales de Pakistán.

Elahi no contestó solicitudes de comentarios. A través de un vocero, Khan no respondió directamente a las preguntas sobre los integrantes de su primer círculo que tienen compañías offshore. El vocero dijo que la administración de Khan elevó la rendición de cuentas y la transparencia como una prioridad alta, y amplió el número de funcionarios que tienen la obligación de declarar sus inversiones.

Otras figuras políticas en el mundo se han expresado también contra el sistema offshore mientras estaban rodeados por ayudantes y apoyos que controlan bienes guardados offshore. Algunos incluso han usado el sistema personalmente.

“Todos los bienes de los servidores públicos deben ser declarados públicamente para que las personas puedan cuestionar y preguntar: ¿Qué es legítimo?”, dijo el presidente keniano Uhuru Kenyatta a un entrevistador de la BBC en 2018. “Si no lo puedes explicar, incluyéndome a mí mismo, entonces tengo un caso que resolver”.

Los archivos filtrados exhiben a Kenyatta y su madre como beneficiarios de una fundación secreta en Panamá. Otros de sus familiares, incluyendo su hermano y dos hermanas, controlan cinco compañías offshore con bienes de más de US$ 30 millones, según los documentos.

Kenyatta y su familia no contestaron a un cuestionario. El primer ministro checo, Andrej Babis, una de las personas más ricas de su país, llegó al poder con la promesa de atacar la evasión fiscal y la corrupción. En 2011, a medida que se involucraba más en la política, Babis expresó a sus votantes su deseo de construir un país “donde los empresarios harán negocios y estarán felices de pagar impuestos”.

Los documentos filtrados muestran que, en 2009, Babis inyectó US$ 22 millones en una cadena de compañías de papel para comprar una propiedad suntuosa, conocida como Chateau Bigaud, en el pueblo de Mougins, en Francia, cerca de Cannes.

Babis no incluyó estas sociedades de papel y propiedades en las declaraciones patrimoniales que debe publicar como servidor público, según documentos obtenidos por Investigace.cz, socio de ICIJ en República Checa. En 2018, un conglomerado inmobiliario controlado por Babis compró las compañías de Mónaco que eran propietarias del castillo y la villa.

Babis no contestó a nuestras solicitudes de comentario.

Un vocero del conglomerado dijo a ICIJ que la compañía cumple con los requisitos legales. No contestó a las preguntas sobre la adquisición del castillo. “Como cualquier otra entidad de negocios, tenemos el derecho de proteger nuestros secretos comerciales”, escribió.


 

“Refugio para estafas”

Los documentos secretos contrastan ciertos pronunciamientos públicos expresados este año sobre riquezas, desigualdades y refugios offshore, en una época en que los gobiernos del mundo batallan con la caída de sus ingresos, una pandemia, el cambio climático y la desconfianza ciudadana. En febrero pasado, el Instituto Tony Blair por un Cambio Global urgió los tomadores de decisión a promover, entre otras medidas, más impuestos sobre las tierras y las residencias. Blair, fundador y presidente ejecutivo del instituto, habló de cómo los ricos y las personas bien conectadas han eludido el pago de impuestos desde por lo menos 1994, cuando hizo campaña para convertirse en el líder del Partido Laborista de Reino Unido.

“Para quiénes pueden pagar los contadores adecuados, el sistema fiscal es un refugio para estafas, beneficios… y ganancias”, dijo durante un discurso en West Midlands. “No deberíamos convertir nuestras leyes tributarias en un campo de juego para los evasores fiscales, quienes pagan poco o nada mientras otros pagan más que lo que les corresponde”.

Los Pandora Papers muestran que, en 2017, Blair y su esposa, Cherie, se volvieron dueños de un edificio Victoriano de US$ 8,8 millones, cuando adquirieron una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba la propiedad. El edificio, situado en Londres, es ahora la sede del despacho legal de Cherie Blair.

Los documentos indican que Cherie Blair y su esposo, quien fue diplomático en Medio Oriente después de renunciar al cargo de primer ministro en 2007, adquirieron la sociedad inmobiliaria offshore que poseía el inmueble a la familia del ministro de Bahrein para la Industria y el Turismo, Zayed bin Rashid al-Zayani.

Al comprar las acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blair beneficiaron de un arreglo legal que les permitió evitar el pago de 400 mil dólares en impuestos sobre la propiedad.

Los Blair y los al-Zayani dijeron que, en un principio, no sabían que los otros estaban involucrados en la operación.

Cherie Blair dijo que su esposo no estuvo involucrado en la transacción, cuyo propósito —según ella— consistió en “regresar la compañía y el edificio en el régimen legal y regulatorio de Reino Unido”. También dijo que “no quería ser dueña de una compañía de BVI” y que “el vendedor, por sus motivos personales, solo quería vender la compañía”. La sociedad está ahora clausurada.

A través de su abogado, los al-Zayani dijeron que sus sociedades “cumplieron con todas las leyes pasadas y actuales de Reino Unido”. “Éstos son vacíos legales que pueden aprovechar los ricos pero no las otras personas”, dijo Robert Palmer, director ejecutivo de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), a The Guardian. “Los políticos deben corregir el sistema fiscal para que todos paguen su justa parte”. En junio, el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, propuso una reforma fiscal que contemplaba un nuevo impuesto de 30% a las ganancias obtenidas a través de entidades offshore. Expertos estiman que los más ricos de Brasil controlan cerca de US$ 200.000 millones en entidades fuera del país, no sometidas al impuesto.

“No deberías sentir vergüenza por ser rico”, dijo Guedes. “Debes avergonzarte por no pagar impuestos”.

Después que banqueros y líderes empresariales se opusieron al aumento de impuestos en la legislación, Guedes, también millonario y exbanquero, accedió a remover el impuesto sobre las ganancias offshore. Las negociaciones sobre la reforma fiscal siguen en curso.

Los Pandora Papers revelan que Guedes creó Dreadnoughts International Group en 2014 en las BVI.

En respuesta a la Revista Piauí, socio de ICIJ en Brasil, un vocero de Guedes dijo que el ministro declaró la compañía ante las autoridades de Brasil. El vocero no entregó documentos que lo demuestren, y no contestó a una pregunta sobre la remoción del impuesto offshore en la legislación.

l “Caja de Pandora”. 

En diciembre de 2018, Bahamas lanzó una legislación que obligaba las compañías y algunos trusts a declarar sus dueños reales a una oficina de registro gubernamental. La nación isleña se encontraba bajo la presión de países más grandes, entre ellos Estados Unidos, para expulsar a los evasores de impuestos y los delincuentes del sistema financiero offshore.

Algunos políticos de Bahamas se opusieron a la iniciativa. Se quejaron de que el registro ahuyentaría a algunos clientes ricos de América Latina que dejarían de hacer negocios en el Caribe. “Los ganones de estos dobles estándares son los estados de Delaware, Alaska y Dakota del Sur en Estados Unidos”, dijo un abogado local.

Meses después, un documento secreto indicó que la familia del otrora vicepresidente de República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, dejó de usar a Bahamas como refugio para su fortuna.

Como nueva guarida, eligieron un nuevo lugar ubicado a 2.500 kilómetros de ahí: Sioux Falls, en Dakota del Sur.

Según los documentos, la familia creó trusts en Dakota del Sur para guardar varios activos, como las acciones que tenía en una empresa azucarera dominicana. La familia Morales no respondió a preguntas sobre el movimiento de sus bienes de Bahamas a Dakota del Sur.

Los Pandora Papers revelan movimientos de decenas de millones de dólares desde paraísos fiscales del Caribe y Europa hacia Dakota del Sur, un estado de Estados Unidos escasamente poblado, que se ha convertido en una destinación atractiva para los activos extranjeros.

En la última década, Dakota del Sur, Nevada y más de una docena de otros estados de Estados Unidos se han transformado en líderes de la industria del secreto financiero. En el mismo tiempo, las naciones más poderosas han mantenido su atención, y la de sus autoridades, en los paraísos fiscales “tradicionales”, como las Bahamas, las islas Caimán y otras islas paradisiacas.

Estados Unidos es uno de los actores más pesados en el mundo offshore. Es, también, el país mejor posicionado para acabar con los abusos financieros offshore, gracias al papel central que juega en el sistema bancario internacional. Como el dólar es, de facto, la moneda global, la mayor parte de las transacciones internacionales fluyen desde y hacia plazas bancarias basadas en Nueva York.

En las últimas dos décadas, las autoridades de Estados Unidos han tomado acciones para obligar los bancos de Suiza y otros países a entregarles información sobre los estadunidenses dueños de cuentas bancarias en sus jurisdicciones.

Pero Estados Unidos está más interesado en obligar los demás países a entregar información sobre las operaciones bancarias offshore de los estadunidenses que en compartir información sobre el dinero que se mueve a través de las cuentas bancarias, las compañías de papel y los trusts registrados en su propio país.

En 2014, Estados Unidos se negó a sumarse a un acuerdo apoyado por más de 100 jurisdicciones –incluyendo Islas Caimán y Luxemburgo—que hubiera obligado las instituciones financieras estadunidenses a compartir la información que tienen sobre los bienes de personas extranjeras.

Año tras año en Dakota del Sur, legisladores locales han aprobado leyes diseñadas por cabilderos de la industria de los trusts, que proveen cada vez más protección y beneficios a los clientes de los trusts, ya sean estadunidenses o extranjeros. El valor de los bienes guardados en trusts de Dakota del Sur se disparó más de cuatro veces en la última década, hasta alcanzar US$ 360.000 millones. Una de las principales empresas de trusts presume que tiene clientes de 54 países y de 47 estados de Estados Unidos, entre ellos más de 100 multimillonarios.

“Como ciudadana, estoy muy triste que mi estado fue el que abrió la caja de Pandora”, dijo Susan Wismer, una exlegisladora, a ICIJ.

En 2020, 17 de las 20 jurisdicciones más laxas del mundo en materia de trusts eran estados de Estados Unidos, según un estudio elaborado por el académico israelí Adam Hofri-Winogradow. En muchos casos, las leyes de Estados Unidos han colocado obstáculos para que los acreedores recuperen lo que les pertenecía, como pagos por la manutención de hijos de padres ausentes.

Con base en los documentos de Pandora Papers, ICIJ y el Washington Post identificaron cerca de 30 trusts basados en Estados Unidos vinculados a personas extranjeras acusadas de irregularidades o cuyas empresas han sido señaladas por malas prácticas.

Entre ellos se encuentra Federico Kong Vielman, cuya familia es una de las dinastías más ricas de Guatemala. En 2016, Kong Vielman movió US$ 13,5 millones en un trust de Sioux Fallas. Parte del dinero provenía de la empresa familiar, que fabrica cera para pisos, labiales y otros productos.

Durante décadas, la prensa guatemalteca ha reportado los vínculos de la familia con el mundo político. En los 70, reportes de prensa identificaron a la familia como una aliada importante del general Carlos Manuel Arana Osorio, el entonces gobernador de Guatemala conocido como el “Chacal de Zacapa”. En 2016, el lujoso hotel de la familia en la capital regaló un paquete de 100 noches al entonces presidente Jimmy Morales. La prensa guatemalteca sospechó que este regalo correspondía al pago de “favores políticos”.

En 2014, inspectores laborales de Estados Unidos interpusieron una demanda contra el gobierno de Guatemala, que incluyó acusaciones de que la empresa familiar productora de aceite de palma pagaba menos a sus trabajadores y los exponía a productos químicos tóxicos. Los registros corporativos de la empresa muestran que Kong Vielman fue su tesorero. Un año más tarde, las autoridades ambientales de Estados Unidos proveyeron asistencia técnica a Guatemala, y descubrieron que la empresa había arrojado contaminantes en el Río Pasión. La empresa familiar, Nacional Agro Industrial SA, conocida como Naisa, no fue castigada. Naisa dijo a ICIJ que siguió la ley y no contaminó el río. La queja laboral fue resuelta en un panel de arbitraje, dijo la empresa. Kong Vielman se negó en contestar las preguntas sobre el trust de Dakota del Sur.

Guillermo Lasso, el exbanquero y electo presidente de Ecuador en abril pasado, es otro de los latinoamericanos adinerados que abrió un trust en Dakota del Sur. Documentos filtrados muestran que Lasso movió activos hacia dos trusts en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después que el congreso de Ecuador aprobara una ley que prohibía a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales. Los documentos muestran que Lasso movió dos sociedades offshore a los trusts de Dakota del Sur, desde dos fundaciones secretas en Panamá.

Lasso dijo que el uso de estructuras offshore en el pasado fue “legal y legítimo” y que cumple con las leyes de Ecuador.

Los trusts instalados Dakota del Sur y en muchos otros estados de Estados Unidos siguen cubiertos por la secrecía, a pesar de que este año se reformó la Ley de la Transparencia Corporativa en Estados Unidos, que hace más difícil para los dueños de ciertas sociedades esconder su identidad.

No se prevé que esta reforma se aplique a los trusts que aprecian los ciudadanos no estadunidenses. Otra excepción deslumbradora, señalan los expertos en delitos financieros, es que muchos abogados que instalan trusts y compañías de papel no se ven obligados a examinar el origen de la riqueza de sus clientes.

“Estados Unidos es, claramente, una gran, gran laguna en el mundo”, dijo Yehuda Shaffer, extitular la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel. “Estados Unidos critica a todos los demás en el mundo, pero tienen problemas muy, muy serios en su propia casa”.

“Gastos extraordinarios”. 

2014 fue un gran año para el imperio de la construcción del multimillonario Erman Ilicak: la empresa del magnate turco, Rönesans Holding, terminó la construcción del palacio presidencial de 1.150 cuartos de su obstinado líder, Recep Tayyip Erdogan; lo hizo a pesar de las revelaciones mediáticas sobre los sobrecostos y la corrupción, y del intento de un tribunal para suspender el proyecto.

Otro evento notable para la familia Ilicak tuvo lugar en 2014, pero éste se mantuvo fuera del escrutinio público. La madre de 74 años del titan de los negocios, Ayse Ilicak, se volvió dueña de dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según los Pandora Papers. Ambas sociedades tenían como fachada a directores y accionistas nominees (de papel), que hacían muy difícil rastrear la sociedad hasta su dueño real. Una de las compañías, Covar Trading Ltd, tenía activos del grupo empresarial familiar de la construcción, dicen los documentos. Durante su primer año en operación, Covar Trading ingresó US$ 105,5 millones como dividendos, según estados financieros confidenciales. El dinero terminó en una cuenta bancaria en Suiza.

Y no se quedó mucho tiempo. El mismo año, según el estado de cuenta, la compañía desembolsó casi todos los US$ 105,5 millones en “donativos”, justificados como “gastos extraordinarios”. El documento no describió quién ni qué recibió el dinero.

Ilicak no contestó a un cuestionario sobre esta historia. Ilicak y los otros multimillonarios de los Pandora Papers vienen de 45 países; el mayor número de ellos es de Rusia (52), Brasil (15), Reino Unido (13) e Israel (10).

Entre los multimillonarios estadunidenses que aparecen en los documentos figuran dos magnates de las tecnologías: Robert F. Smith y Robert T. Brockman, cuyos trusts han sido investigados por las autoridades de Estados Unidos. Ambos fueron clientes de CILTrust, un proveedor de servicios offshore de Belice operado por Glenn Godfrey, exprocurador general de ese país.

El año pasado, Smith acordó el pago de US$ 139 millones para evitar un juicio por evasión de impuestos. Un gran jurado de Estados Unidos condenó a Brockman —el mentor y padrino financiero de Smith— en un caso que los fiscales describieron como el mayor fraude fiscal en la historia de Estados Unidos.

Smith se negó a comentar. Brockman se declaró no culpable. Ni CILTrust ni Godfrey han sido acusados de alguna irregularidad. Godfrey no contestó a una solicitud de comentario.

Un despacho legal de Chipre, Nicor Chr. Anastasiades and Partners, aparece en los Pandora Papers como un intermediario offshore para ricos ciudadanos de Rusia. La firma retoma el nombre de su fundador, el presidente de Chipre Nicos Anastasiades, y sus dos hijas son socias. Los documentos muestran que, en 2015, el director de cumplimiento de Alcogal encontró que el despacho chipriota ayudó Leonid Lebedev, un multimillonario ruso —y a la par exsenador— a esconder su propiedad sobre cuatro sociedades mediante el registro de empleados de la firma como dueños de las entidades de Lebedev.

Levedev, un magnate del petróleo y productor de cine con conexiones en Hollywood, huyó de Rusia en 2016, acusado por las autoridades de desviar US$ 220 millones de una empresa en el sector energético. Lebedev no contestó a las solicitudes de comentario. El estatus de su caso en Rusia no queda claro.

El despacho chipriota también preparó cartas de recomendación para el magnate acerero ruso Alexander Abramov, incluso días después que el gobierno de Estados Unidos incluyó el multimillonario en su lista de oligarcas cercanos al presidente Vladimir Putin sancionados. Abramov no contestó las solicitudes de comentario.

Theophanis Philippou, el director de administración de la firma, dijo a la BBC —un socio de ICIJ—que nunca burló las autoridades al esconder la identidad del dueño de una compañía. Se negó en comentar sobre sus clientes, citando las reglas confidencialidad de su oficio.

Konstantin Ernst, ejecutivo de la televisión y productor nominado a un Oscar, es otro ruso ligado a Putin que aparece en los Pandora Papers. Se le identifica como el gran arquitecto de la imagen de Putin, cuyo talento creativo ha vendido a la nación la idea de que el presidente es el “sabio de fuerte carácter de Rusia”.

Los Pandora Papers revelan que Ernst tuvo la oportunidad de participar en un negocio altamente lucrativo, poco tiempo después de producir las ceremonias de apertura y de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 en Sochi, en espectáculos que impulsaron los niveles de aceptación de Putin dentro y fuera del país.

Ernst se convirtió en un socio discreto en un enorme contrato de privatización con fondos del Estado, escondido debajo de varias capas de sociedades offshore: se trataba de un negocio para comprar decenas de cines y propiedades colindantes de la ciudad de Moscú.

Los documentos filtrados muestran que, en 2019, las participaciones personales de Ernst en la operación alcanzaron US$ 140 millones. Ernst no contestó a un cuestionario.

Ernst dijo a ICIJ que “nunca escondió” su participación en el negocio de la privatización, y que ese negocio no fue una retribución por su trabajo en las Olimpiadas de 2014.

“No he cometido ninguna acción ilegal”, dijo. “Tampoco estoy cometiendo una ahora, ni a punto de hacerlo. Así me criaron mis padres”.

“Nuestra forma de vida”. 

Como activista defensora de derechos humanos y contra la pobreza, Mae Buenaventura se unió a la lucha para asegurar el regreso a Filipinas de los miles de millones de dólares que el dictador Ferdinand Marcos, sus familiares y cómplices, escondieron en cuentas bancarias de Suiza y en otras ubicaciones difíciles de rastrear. Muchos, en su país, “saben que los ricos tienen formas de acumular riquezas y también de esconderlas de tal manera que la gente común no puede dar con ellas”, dijo Buenaventura.

El escándalo Marcos también fue una lección para el mundo, y fomentó los esfuerzos para buscar el dinero ilícito y castigar a las personas que lo escondieron.

En los últimos 20 años, líderes políticos han abogado por “erradicar” los paraísos fiscales. Se han referido a las compañías de papel y al lavado de dinero como “amenazas contra nuestra seguridad, nuestra democracia y nuestra forma de vida”. Han aprobado nuevas leyes y firmado acuerdos internacionales.

Sin embargo, el sistema offshore nunca ha dejado de adaptarse, y la delincuencia transfronteriza, la evasión de impuestos y la desigualdad siguen prosperando.

Cuando un proveedor de servicios offshore es expuesto o sufre presiones de las autoridades, otros aprovechan su mala suerte y la convierten en un argumento de mercadotecnia para atraer hacia ellos a sus clientes que huyen hacia refugios más seguros.

Un análisis de ICIJ identificó cientos de compañías offshore que terminaron sus relaciones con el despacho Mossack Fonseca, que quedó destrozado después de la publicación de los Panama Papers. Otros proveedores tomaron entonces el control de las sociedades como agentes offshore.

Una de estas compañías era controlada por un trust offshore, entre cuyos beneficiarios destacaba la esposa de Jacob Rees-Mogg, el militante del Partido Conservador británico y presidente actual del Parlamento británico.

Los Pandora Papers indican que una sociedad holding y un trust, de los que su esposa Helena de Chair era beneficiaria, tenían “fotografías y pinturas” por un valor de US$ 3.5 millones.

Otra compañía salió de Mossack Fonseca: una sociedad de BVI controlada por la viuda y dos hijos del criminal hindú Iqbal Memon. La prensa ha identificado Memon como un actor importante del narcotráfico, con vínculos con terroristas. Su viuda y sus hijos son acusados de lavar dinero de la droga, y las autoridades de Nueva Dehli emitieron una orden de aprehensión en su contra en 2019.

En total, una revisión de ICIJ a los Pandora Papers encontró que proveedores offshore recuperaron clientes que huyeron de Mossack Fonseca después de las revelaciones de Panama Papers.

En Filipinas, el dinero que se circula en las sombras sigue siendo un problema, a pesar de la atención prestada al botín offshore de Marcos. En años recientes, el Departamento de Estado de Estados Unidos tachó a Filipinas como “una de las principales jurisdicciones de lavado de dinero”.

Las figuras filipinas de los negocios y la política que aparecen en los Pandora Papers incluyen Juan Andres Donato Bautista, quien fungió entre 2010 y 2015 como presidente de la Comisión Presidencial para el Buen Gobierno, un panel creado para rastrear los millones de Marcos. Un mes después de su nombramiento a la cabeza de la comisión, Bautista creó una sociedad de papel en BVI, según documentos filtrados. La compañía, Baumann Enterprises Ltd, tenía una cuenta bancaria en Singapur.

Posteriormente, Bautista fue postulado para dirigir la agencia electoral nacional, pero unos legisladores lo vetaron en 2017, después que su esposa afirmó que amontonó millones de dólares en cuentas bancarias no declaradas, tanto en Filipinas como en el extranjero. En una llamada telefónica con ICIJ, Bautista dijo que creó la sociedad de BVI por los consejos de banqueros. Abrió la cuenta bancaria antes de incorporarse al gobierno, dijo, y agregó que nunca recibió depósitos significativos y que reportó sus bienes e intereses a las autoridades. Negó cualquier irregularidad y dijo que no existe ningún cargo formal en su contra.

A pesar de los fracasos de Filipinas y otras naciones para reducir el flujo de dinero escondido, Buenaventura y otros impulsores de reformas recalcan que existen motivos de esperanza.

Después de los Panama Papers estallaron protestas en Islandia y Pakistán, y derrocaron a sus líderes. Filipinas se unió a decenas de países que exigen ahora a las compañías a declarar sus dueños reales. Las autoridades de Filipinas han recuperado cerca de US$ 4.000 millones que fueron robados por Marcos y su círculo, y los usaron para comprar terrenos para campesinos sin tierras, y para compensar familiares de personas asesinadas o víctimas de “desaparición forzada” por el régimen de Marcos.

Muchos obstáculos permanecen. Los grandes bancos, despachos legales y otros grupos poderosos a menudo se oponen a la implementación de reglas de transparencia más fuertes, y a los controles más estrictos de las autoridades contra los abusos offshore. Y en Filipinas y en muchos otros países, los activistas contra la corrupción enfrentan amenazas legales, detenciones y agresiones.

El mes pasado, la policía disparó con cañones de agua de alta presión contra manifestantes quienes marchaban por el 49 aniversario de la declaración de Ley Marcial por Marcos, y denunciaban medidas similares del gobierno de Duarte.

Buenaventura dijo que ella y otros activistas van a seguir trabajando para exhibir las riquezas “profundamente escondidas”. “Nuestro lema es: La verdad saldrá a la luz”.

Contribuyeron a la historia: Scilla Alecci, Michael W. Hudson, Will Fitzgibbon, Agustin Armendariz, Sydney P. Freedberg, Margot Gibbs, Malia Politzer, Delphine Reuter, Serdar Varder and Pelin Ünker (DW Turkey), Elyssa Christine Lopez and Karol Ilagan (Philippine Center of Investigative Journalism), Pavla Holcová (Investigace, Czech Republic), Hala Nassredine (Daraj, Lebanon), Allan de Abreu (Rivista Piauí, Brazil), Leo Sisti (L’Espresso, Italy), Simon Goodley (The Guardian, U.K.), Ritu Sarin (The Indian Express), Nassos Stylianou (BBC, U.K.), Francisco Rodriguez and Enrique Naveda (Plaza Pública, Guatemala), Debra Cenziper (Washington Post, U.S.), Emilia Díaz-Struck, Gerard Ryle, Ben Hallman, Dean Starkman, Fergus Shiel, Jelena Cosic, Spencer Woodman, Brenda Medina, Maggie Michael, Richard H.P. Sia, Kathleen Cahill, Joe Hillhouse, Mia Zuckerkandel, Asraa Mustufa, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor Gutiérrez, Pierre Romera, Madeline O’Leary, Tom Stites, Kathryn Kranhold, Margot Williams, Antonio Cucho Gamboa, Soline Ledésert, Miguel Fiandor, Bruno Thomas, Anne L’Hôte, Madeline O’Leary, Maxime Vanza Lutaonda, Denise Hassanzade Ajiri, Jesús Escudero, Marcos García Rey, Mago Torres, Karrie Kehoe, Sean McGoey, Anisha Kohli, Fakhar Durrani, Carlos Monteiro, Douglas Dalby and Laura Bullard.

 

Los empresarios no dan trabajo


 

>>> Para muestra vale un botón
Si bien la siguiente nota es argentina, trasciende fronteras que los empresarios den trabajo.


 


Fin de un mito

La ideología funciona, a veces, poniendo patas para arriba nuestra percepción de la realidad. Nos hace imaginar todo justo al revés de lo que es. Tomemos una frase habitual: “Los empresarios dan trabajo”. Como si fuesen por allí con una bolsa llena de trabajos que ellos crearon, repartiéndolos generosamente a los demás. Todo al revés: quienes se apropian del trabajo ajeno aparecen como si estuviesen “dando” algo suyo. Pero los que “dan” su trabajo son en verdad los trabajadores. Los empresarios, al contrario, “piden” trabajo que no poseen y necesitan (vean si no quiénes publican en la sección Pedidos de los avisos clasificados).

En estos días nos enteramos de que Toyota salió a buscar 200 trabajadores para su planta en Zárate y no los consiguió. Pedían con secundario completo y no había tantas personas en la zona que reunieran ese requisito. Aparentemente la noticia no era del todo cierta y su difusión pudo ser un modo de presionar al Estado. Pero es un hecho que, para su famosa y revolucionaria manera de organizar la producción, la empresa necesita trabajadores con un piso de formación relativamente alto. No le sirve cualquiera. 

La noticia permite desarmar otro de los mitos habituales de la vulgata liberal: que es el sector privado el que genera la riqueza de la que luego el Estado se apropia; que son los empresarios los que financian con sus impuestos al sector público. Dejemos por un momento de lado el hecho de que, en Argentina, los trabajadores pagan proporcionalmente más impuestos que los ricos. ¿Es realmente cierto que la riqueza la genera el sector privado?  El caso de Toyota permite entender que no. Cuando la empresa sale a pedir trabajadores con secundario completo, no está pidiendo solamente el trabajo de esas personas. Está requiriendo, además, el trabajo que anteriormente aportaron los docentes de los colegios a los que fueron, sin los cuales –como amargamente comprobó en estos días– los potenciales trabajadores no alcanzan el piso de preparación que la empresa necesita. Sin profesores de secundario no hay trabajadores aptos para Toyota. Y sin trabajadores, no hay autos Toyota. Lo que implica que el trabajo docente gestionado por el Estado participa de manera bastante directa en la generación de riqueza que aporta la fábrica.

No hay nada raro en que la firma dependa del trabajo de otros. De hecho, para fabricar sus autos compra vidrios y neumáticos que fabrican otros empresarios, contrata transportistas que se los traigan, etc. Por cada uno de los insumos y servicios que utiliza paga el precio de mercado: si usa un neumático, paga el valor que tiene, que a su vez cubre la ganancia de su colega empresario, los salarios que él pagó y los insumos y servicios que a su vez compró de otros. Así funciona la generación de la riqueza, aunando labores de muchos agentes económicos.

Entre ellos hay uno al que suele pasarse por alto: el Estado. Sin los múltiples trabajos que organiza y financia el Estado no hay producción en el sector privado. No hay generación de riqueza sin esos docentes que formaron a los trabajadores de Toyota. Tampoco sin los profesores universitarios que formaron a los docentes, ni sin los investigadores que generaron los conocimientos que ellos transmiten. Y la lista podría seguir al infinito: esos neumáticos que usó Toyota llegaron a través de rutas construidas por el Estado, proyectadas por ingenieros del Estado, con semáforos puestos por el Estado, vigiladas por policía del Estado y todo ello a su vez gestionado por funcionarios públicos. ¿Y qué pasa si Toyota debe demandar a una empresa rival que le copió uno de sus modelos? Debe apelar a tribunales del Estado y a abogados formados por el Estado. La mismísima propiedad de su planta en Zárate descansa sobre una norma –la propiedad privada– establecida, garantizada y vigilada por el Estado. No hay producción de valor sin todo ese entramado público-privado. No existe mercado capitalista sin Estado.

Toyota paga (con suerte) sus impuestos. Pero a su vez extrae una ventaja económica del hecho de que partes esenciales de su proceso productivo son costeadas por el Estado. La firma paga el valor de mercado del flete que le trajo esos neumáticos, pero no el de los otros servicios viales que consume, que son los que le entrega gratis el Estado. Si la empresa tuviese que correr con el gasto de educar a su futuro personal debería montar o subcontratar escuelas primaras y secundarias, etc., lo que le costaría bastante más que lo que paga en impuestos.

Nada de este argumento viene de una simple deducción, sino de una constatación histórica. El capitalismo se desplegó a partir de (y gracias a) la diferenciación de trabajos que organiza el sector privado y otros que costea el sector público. En los albores de la Revolución industrial, por dar un ejemplo, los artesanos y mecánicos estuvieron a la vanguardia en la invención de los nuevos procesos productivos, trabajando codo a codo con los empresarios en las nuevas fábricas. Los saberes de ambos fueron imprescindibles. Pero a medida que el desarrollo industrial se fue complejizando, la industria tendió a ir diferenciando dos tipos de labores técnicas. Había algunas imprescindibles cotidianamente y que podían aprenderse dentro de la empresa. Estas fueron absorbidas y los artesanos tendieron entonces a convertirse en obreros calificados. Otras labores, utilizadas más eventualmente, requerían un conocimiento más generalista que hubiese sido muy costoso generar y reproducir dentro de las empresas. Fueron entonces externalizadas y la formación de quienes las realizaban fue puesta en manos de las universidades. Los mecánicos tendieron a ser reemplazados por los nuevos ingenieros mecánicos/industriales diplomados por universidades. Usualmente se desempeñaron como profesionales independientes, pero no por ello sus aportes al proceso productivo fueron menos directos ni menos importantes. Algo similar sucedió con la diferenciación entre empleados contables y abogados y con otras labores. En el siglo XIX el Estado a su vez intervino regulando el funcionamiento del ejercicio de cada profesión y los cursos universitarios que les permitían acceder a las matrículas.

En fin, el trabajo productivo que genera la riqueza depende de una gran variedad de labores, algunas de las cuales se realizan en el sector privado y muchas otras en el sector público, en el ámbito doméstico o colectivamente como parte de la existencia de toda la sociedad. La producción de mercancía presupone una densa red de interrelaciones que no son sólo económicas, sino que involucran formas de regulación política y toda una trama de vínculos intelectuales, lingüísticos e incluso afectivos. Como decían hace ya tiempo algunos intelectuales y activistas italianos, la fábrica es la sociedad. Parte del valor se genera entre las cuatro paredes de plantas como la de Toyota. Pero una parte incluso mayor se genera más allá, a partir de procesos de los que Toyota solo se entera si alguna pieza del engranaje falla.

No es cierto que la riqueza la genere el sector privado y con esos fondos sostenga a un sector público siempre sospechado de improductivo y parasitario. De hecho, sería tanto o más justo afirmar lo contrario: que el sector privado parasita el trabajo mal pago del sector público y las habilidades y saberes socialmente producidos. Para no mencionar que parasita una tarea no remunerada en absoluto –la reproducción de la fuerza de trabajo– que suele quedar a cargo de las mujeres en el espacio doméstico.

¿Quiénes dan su trabajo y quién sostiene a quién? Es imprescindible volver a poner al derecho lo que la ideología pone patas para arriba.

EA 

>>> La ideología

No es solo de ahora

16/08/2019 

“El empleo es una de nuestras principales preocupaciones y vamos a seguir trabajando para que aumente la creación de fuentes de trabajo”, señaló el ministro Danilo Astori. Para lograr este objetivo, el único camino es estimular la inversión, añadió. El Gobierno diseñó para ello una serie de medidas “muy potentes que esperamos tengan resultado”, indicó el jerarca.

 

>>> Pan para hoy, hambre para mañana



Uruguay ante el desafío de la automatización laboral


En Uruguay los sectores de actividad con más riesgo son el agropecuario, la pesca y el forestal en 85 % y los de menor riesgo son la enseñanza y la salud con 33 %. (En la foto un robot que limpia tambos).



“Uruguay tiene que promover un fuerte cambio cultural y el gobierno apuesta al diálogo y a la negociación colectiva para enfrentar la nueva realidad”, precisó.
En la publicación se aclara que lo que ocurre en Uruguay también se observa en los países desarrollados, porque todas las ocupaciones conllevan un determinado nivel de riesgo de ser automatizadas. A nivel nacional, los sectores de actividad con más riesgo son el agropecuario, la pesca y el forestal en 85 % y los de menor riesgo son la enseñanza y la salud con 33 %.
Con respecto al riesgo por categoría ocupacional se destaca, en primer lugar, al personal de apoyo administrativo con 94 % y los profesionales, científicos e intelectuales con el menor riesgo, 12 %. Por sexo, los hombres corren más riesgo de automatización, 68 %, y las mujeres 60 %. Por edades, las personas de menos de 20 años y los adultos mayores de 50 años son los más propensos a ese peligro.
Según la publicación, en la historia económica es posible identificar cinco revoluciones tecnológicas en el mundo que estuvieron pautadas por la creación y destrucción del empleo, y la sexta, que es la que estamos atravesando, está en fase de surgimiento sobre la base de la revolución digital, caracterizada por el desarrollo sustentable y las aplicaciones a la matriz productiva de la biotecnología y nanotecnología.





Casos aislados


 


Delgado sobre alcalde condenado por corrupción: es un hecho “condenable” pero constituye “un caso aislado”

 


 El nacionalista Alfredo Sánchez, fue condenado a dos años de cárcel efectiva y un año de libertad vigilada por delitos de fraude y asociación para delinquir. Además del alcalde, fueron condenadas con prisión su hija, su nuera - ambas concejales del municipio-, su hijo edil departamental por el Partido Nacional, un funcionario municipal y un empresario de la ciudad de Juan Lacaze vinculado al rubro de la construcción.
Fleitas detalló que desde el municipio se otorgaban favores a vecinos de la localidad a cambio de votos. Por ejemplo, dijo que se entregó a una persona una moto que había sido incautada por la policía.
También se entregaron materiales de construcción, pasajes de ómnibus y canastas de alimentos a vecinos, siempre a cambio de votos en las elecciones.
“No existía ningún respaldo administrativo, ninguna solicitud hecha por los particulares de que necesitaran esos efectos”

>>> Popurrit de casos aislados

Caras & Caretas Por Sofía Pinto 2 octubre 2021 


La información pasa y se va, pasa y se va, pasa y se va en un viaje compartido con más información, rumores, datos, anécdotas y declaraciones. Pocos hechos se anclan en la memoria colectiva más de un día, una semana; quizás un mes. El resto se diluye.

Hace un año y medio asumió el nuevo gobierno en Uruguay. Desde entonces ocurrieron, al menos, 55 hechos relevantes, que en su momento se señalaron como «hechos aislados». Una mirada panorámica nos muestra el mapa completo a través del tiempo, más allá del suceso.

 

Marzo

En marzo de 2020, pocos días después del comienzo del período de gobierno de Luis Lacalle Pou, el entonces intendente de Soriano por el Partido Nacional, Agustín Bascou, fue imputado por vender ganado que tenía prendado como garantía en el banco Scotiabank, que lo denunció. Fue el tercer delito por el que Bascou enfrentó a la justicia; antes fue por liberar cheques sin fondo y por venderle combustible de su estación de servicio a la intendencia.

A finales del mismo mes algunos directores del Ministerio de Salud Pública (MSP) pusieron sus cargos a disposición por discrepancias con el ministro de la cartera, Daniel Salinas (CA), sobre cómo enfrentar la pandemia por coronavirus.

Y también en marzo el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por entonces con Pablo Bartol al frente, le pagó a la familia de la exsenadora Verónica Alonso para alquilar su hotel, impedido de contratar con el Estado, y utilizarlo como refugio para personas en situación de calle. No hubo licitación.

 

Abril

En abril cesaron al gerente administrativo de ASSE, Héctor Garabino, por mandar un correo solicitando información sobre las deudas que el organismo tenía con el Círculo Católico.

La Intendencia de Colonia, con Carlos Moreira al frente, recibió observaciones del Tribunal de Cuentas por violación a artículos constitucionales, del Tocaf y leyes laborales. La intendencia incumplió más de 15 normas legales en su rendición de cuentas de 2018.

El Mides contrató una consultoría de imagen por $ 475.000 para dejar de ser visto como «el ministerio de los pobres», mientras desde el Poder Ejecutivo se aseguraba que se harían recortes y habría una política de austeridad. El profesional elegido, sin licitación ni competencia, fue Daniel Supervielle, encargado de la campaña electoral de Lacalle Pou en 2014.

 

Mayo

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, designó a su hermana, Estela Argimón, como asesora en su despacho del Senado bajo un vínculo de pase en comisión, para «modernizar la gestión parlamentaria».

La vicepresidenta aseguró que no era ilegal, pero, como informó la diaria, el artículo 35 del decreto 30/003 (reglamentación de la ley 17.060, relativa a normas de conducta en la función pública) dice: “Prohíbese la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge. Si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados en el inciso anterior, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de funcionario alguno. Queda igualmente prohibida la permanencia dentro de la misma oficina o sección de funcionarios que entre sí reúnan alguno de los impedimentos establecidos en el inciso primero”.

El mismo mes la senadora frenteamplista Liliam Kechichian informó que dentro del Plan Juntos del Ministerio de Vivienda se creó el cargo de subdirector y se designó a Daniel García Pintos (CA), mientras se hablaba de recortes y ajustes presupuestales. En junio de 2021 García Pintos renunció a su puesto por diferencias con sus superiores.

Julio Luis Sanguinetti, hijo del expresidente Julio María, fue designado para el directorio de UTE. Esta decisión generó tensiones en la interna del Partido Colorado y motivó un intercambio entre Sanguinetti (hijo) y el entonces canciller Ernesto Talvi. El líder de Ciudadanos se negó a firmar la resolución para que Sanguinetti fuera el delegado uruguayo ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y este lo tildó de «petiso acomplejado».

Nicolás Ortiz, diputado suplente del Partido Colorado (sector de Talvi), es uno de los acusados de explotación sexual de menores en el marco de la Operación Océano y suspendido por el comité de ética del partido.

El mismo mes el presidente Lacalle Pou le solicitó la renuncia al presidente de Antel, Guillermo Iglesias, porque presupuestó a más de 800 funcionarios que mantenían contratos con el ente.

 

Junio

Búsqueda informó en junio de 2020 que el hijo de la vicepresidenta Beatriz Argimón, Santiago Acuña Argimón, se presentaba como asesor de la presidencia del Senado. De hecho, en una nota institucional publicada por el Ministerio del Interior con motivo de una donación a la cárcel de mujeres gestionada por Argimón, él realizó declaraciones en carácter de asesor.

El mismo mes Sudestada informó que el gobierno contrató al hijo y la hija de dos exministros como asesores y consultores: Juan Andrés Ramírez Saravia y Marcela Bensión Mallo. Además, se produjo el regreso del presidente del Banco Central durante la crisis de 2002, Julio Ernesto de Brun.

Rosario Lourdes Pérez Perdomo, secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), fue procesada con prisión en 2008 por un delito de frustración de pago de cheques. Además declaró que «es más fácil que te den planes sociales que laburar»; por ello, su antecesor en el cargo cuestionó la idoneidad de Pérez Perdomo y su postura sobre los derechos humanos.

El mismo mes, en Legítima Defensa informamos que Luis González Machado, director de la Junta Nacional de Salud (Junasa), seguía siendo parte de la empresa privada Farmanuario, que contrata con el Estado. A pesar de la investigación y de que varias organizaciones pedían la renuncia de González Machado por su vínculo con la actividad privada, no se apartó de su puesto hasta 2021.

En Soriano, el edil nacionalista Óscar Daniel Fracuelli Fernández, de la lista 22, fue formalizado por abusar sexualmente de una niña de 8 años. En 2021 fue condenado por atentado violento al pudor en relación con el mismo crimen.

 

Julio

A principios de julio de 2020 ocurrió la primera baja en el gabinete: renunció el canciller Ernesto Talvi (PC). El primer día del mes, a las dos de la tarde, tuiteó su carta de renuncia y escribió: «Ha sido un privilegio servir a los ciudadanos de mi país desde la Cancillería en este tiempo en el que hubo que enfrentar desafíos sumamente complejos». Lo reemplazó Francisco Bustillo.

A mitad del año 2020 el caso del intendente de Colonia Carlos Moreira fue archivado. El jerarca fue denunciado luego de que se viralizaron audios en los que quería «intercambiar» sexo por cargos en la comuna. El padre y la madre de la fiscal Natalia Charquero, que archivó el caso, tienen cargos de confianza del gobierno actual. Su padre trabaja en Recursos Humanos de la UTU y su madre es la directora del Registro Civil.

Otra noticia relacionada con los vínculos familiares fue la relativa a las adjudicaciones que realizó el director de la  Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Gustavo Borsari. Además, Legítima Defensa investigó y demostró que un exasesor de Borsari, Miguel Berón, seguía entrando a la oficina, atendiendo el teléfono y mirando la computadora del organismo estatal aunque ya no tenía un cargo allí.

 

Setiembre

En pleno recorte presupuestal transversal en el Estado, el gobierno anunció que duplicaría el sueldo a los presidentes de los entes. La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, argumentó que necesitaban «a los mejores» en esos cargos. La retribución pasó de 120.000 a 235.000 pesos.

El Observador informó que el director general de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Nicolás Chiesa, firmó un contrato en representación de su empresa privada, Mi Granja, para vender productos en el Mercado Modelo. A los pocos días Chiesa renunció a su cargo en la empresa Mi Granja. Pero, además, es el delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo Asesor del Mercado Modelo. El presidente Lacalle Pou dijo en su momento «seguro las dos cosas no se puede ser. De los dos lados del mostrador no puede estar ningún gobernante».

También renunció en setiembre, tras seis meses en el cargo, el jefe de Policía de Flores, Juan Ángel Fontes Echeverría, investigado por presunto encubrimiento en un caso de homicidio desde 2008. El entonces ministro del Interior (MI), Jorge Larrañaga, declaró que la designación «no fue un error» aunque el caso ya estaba en curso.

El mes terminó con otra designación: Carlos Iafigliola, exprecandidato a la presidencia por el Partido Nacional, fue elegido por el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, como su asesor en la secretaría del directorio. Iafigliola aseguró que fue Lacalle Pou el que recomendó su designación.

 

Octubre

El «mes del terror» trajo la noticia de que el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, no atravesaría el desafuero para enfrentar a la justicia por el caso Gavazzo. Luego de afirmar durante meses que no tenía nada que esconder y que enfrentaría a la justicia, el senador cambió su relato por el de la persecución política, se fue de la sala cuando se votó el desafuero y la coalición multicolor lo respaldó.

El mismo mes el alcalde electo de Bella Unión, William Cresseri (PN), reconoció que le consiguió un trabajo a su hija en la Intendencia de Artigas por contactos políticos, sin concurso y de forma directa. Cresseri declaró en Desayunos Informales: «Laburo se necesita, que hay gente que entra y sale a la Intendencia, hay. No sé si lo de mi hija es un acomodo. Entró de forma directa. Siempre entraron por la puerta del fondo todos los funcionarios. Es una práctica que se viene llevando adelante hace años, en todo el país. Que le busquen la solución. No la voy a empezar. Entonces la denuncia por meter a mi hija es cierta sí».

Erode Ruiz, jefe de Policía de Montevideo, pierde su cargo tras reunirse con Gustavo Leal. En ese momento a Larrañaga «no le cayó bien» que Ruiz se asesora con un jerarca del exministro frenteamplista Eduardo Bonomi.

El presidente de AFE estuvo bajo la mira en octubre de 2020 por incumplir los límites de cargos de confianza en el organismo. La OPP había determinado que debían reducirse, pero Miguel Vaczy no lo hizo. Además, Búsqueda publicó que el jerarca tiene denuncias por violencia de género y una orden de alejamiento de su expareja.

La subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la abogada Milena Más, renunció a su cargo. Había asumido el 1º de abril, con el cambio de gestión; antes había sido directora del Instituto Nacional de Criminología.

Y para cerrar el mes se supo que el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue (CA), figura como deudor irrecuperable en el Banco República.

 

Diciembre

A principios de diciembre la diaria publicó una investigación sobre Gabriela Bazzano, directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y de la Secretaría Nacional de Cuidados. A Bazzano  se la investigó por la Justicia de Crimen Organizado por su trabajo al frente de la asociación civil Seamos, que se dedica a la reinserción de personas con discapacidad intelectual o psiquiátrica. Ella implementó un plan de «familias articuladas», que consistía en «dar en adopción» de manera ilegal hijos de personas con discapacidad a personas de confianza de la jerarca.

El año terminó con la condena a dos años y medio de presión del presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, el edil Gustavo Viera, por «retribución a menores a cambio de sexo».

 

Enero

El director del BROU por Cabildo Abierto, Pablo Sitjar, no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo por estar embargado por la DGI. «El hecho de que la persona propuesta para dirigir una institución financiera privada tenga un embargo por una deuda por cualquier motivo da mérito al análisis exhaustivo de la situación», dijo el Banco Central, aunque aclara que no puede objetar designaciones a los bancos estatales.

Además, el intendente de Rocha (PN) Alejo Umpiérrez cesó al subdirector de Turismo de la cartera, Julio Calvo, porque realizó fiestas clandestinas durante la pandemia en un hostel de su propiedad.

 

Febrero

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, fue acusado por «pago de favores políticos a un exproxeneta que milita para su sector, y actualmente trabaja para la comuna contratado por la Fundación A Ganar, vinculada al Partido Nacional», informó M24. Sergio Escobar, «el Zorro», es conocido en el departamento por sus delitos. Se dijo que se trataba de un programa de reinserción con la INR, que negó cualquier articulación. Aunque se aseguró que Escobar realizaba tareas de limpieza, se lo vio acompañando a Olivera en reuniones con distintos jerarcas.

 

Marzo

El 12 de marzo de 2021 Brecha publicó que Isaac Alfie, director de la OPP, le facturó le facturó a la Intendencia de Maldonado más de 2.800.000 pesos por diseñar la política económico-financiera del caudillo nacionalista Enrique Antía entre 2015 y 2018. A pesar de esa planificación «el período cerró con un endeudamiento histórico y duplicó el déficit acumulado recibido del Frente Amplio».

La fundación A Ganar, presidida por María Magdalena Secco, esposa del exministro de Economía Ignacio de Posadas, obtuvo varias licitaciones en distintos departamentos para gestionar recursos humanos de las intendencias, aunque su trabajo se centra en el deporte. Los llamados estuvieron abiertos pocos días y eran todos profundamente similares.

El intendente de Florida (PN) Guillermo López nombró a su hermano como secretario privado pese a la advertencia de la Jutep. López consultó a la junta si existía «incompatibilidad» con la designación de su hermano en algún cargo de confianza, informó Búsqueda. El organismo le contestó que la eventual de Arturo López podía “llegar a producir zonas oscuras” por el artículo 36 del Código de Ética de la Función Pública, el mismo citado en el caso de la hermana de Beatriz Argimón.

El mismo mes Luciano Fernández, edil de Maldonado (PC), dijo que fue «tanteado» para cambiar su voto en la discusión por la aprobación de un fideicomiso departamental. En sesión de la Junta Departamental de Maldonado pidió al Partido Nacional que no le enviara «lobistas» para cambiar su voto.

 

Abril

El presidente Luis Lacalle Pou designó a la hermana de la ministra Azucena Arbeleche, Florencia, en la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinasu) que la Ley de Urgente Consideración (LUC) creó dentro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

La letra inicial decía que la Dinasu funcionaría en la órbita de Presidencia, pero Cabildo Abierto se opuso porque sería «un ministerio paralelo» al que lleva adelante Irene Moreira. Así que acordaron que quedara dentro del MVOT, pero con personas seleccionadas por Lacalle Pou.

 

Mayo

El 1° de mayo de 2021, día de las y los trabajadores, Lacalle Pou informó por Twitter que cesó al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Lo reemplazó Martín Lema. La decisión se motiva por diferencias en el enfoque político. A un año de asumir, dos miembros del gabinete ya no estaban en sus cargos.

Unos días después Brecha informó que la ministra de Vivienda, Irene Moreira (CA), le preguntó a la presidenta de Ursea, Silvana Romero, si pudo “colocar algún cabildante” en el organismo. “¿Pudiste colocar algún cabildante en la Ursea? ¿Necesitas a alguien? En Cabildo hay CV para varios perfiles”, le dijo. Y Romero le contestó: «Sí, a Maru Pereda, la señora de Martín Sodano. Justo lo tratamos este martes en directorio y ahora estaban consultando cómo instrumentar el ingreso».

Omar Estévez, diputado de Salto por el Partido Colorado y empresario citrícola, admitió en un audio de WhatsApp que mandó ómnibus con gente contagiada de coronavirus a cosechar naranjas. «Yo tenía Belén (localidad salteña) con ocho positivos en el ómnibus y nunca dejaron de trabajar», reconoció. Y le dijo a una trabajadora preocupada por compartir vehículo con personas contagiadas: «Si querés yo te corto el ómnibus mañana, pero no me compliqués con esa pavada».

Mientras tanto, en Cerro Largo las esposas de dos alcaldes salieron sorteadas en los Jornales Solidarios, un programa que se creó para generar 15.000 puestos de trabajo para intentar paliar los efectos de la crisis económica y social. Luego de que la noticia saliera a la prensa, el intendente José Yurramendi (PN) informó que les solicitó a las mujeres que se retiraran de esos puestos porque no era «éticamente» correcto.

 

Junio

A mediados de 2021 cayó el tercer ministro cesado de su cargo: Carlos María Uriarte (PC), que estaba al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). El anuncio lo realizó Lacalle Pou por Twitter, como sucedió con Bartol. Fue el domingo 27 de junio, fecha conmemorativa por el golpe de Estado de 1973. «En acuerdo @PartidoColorado vamos a designar a Fernando Mattos como nuevo Ministro del MGAP. Confiamos en su capacidad profesional y personal para compartir el desafío presente y futuro del sector. Mi reconocimiento a Carlos M. Uriarte por su calidez humana y su compromiso», tuiteó.

El fiscal que investigaba casos de corrupción policial en Maldonado dijo, en junio, que en las escuchas telefónicas realizadas al coordinador de la Jefatura de Policía formalizado aparecía el entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, con «solicitudes particulares».

En Rocha, la jerarca departamental Susana Núñez alabó al torturador José Nino Gavazzo con motivo de su fallecimiento. Días después el intendente Alejo Umpiérrez (PN) publicó en sus redes que Nuñéz, responsable del Departamento de Adulto Mayor y Discapacidad, renunció a su cargo.

 

Julio

El edil colorado de Durazno, Edgardo Lerena, condenado por estafa. En julio la Suprema Corte de Justicia confirmó la condena. Lerena recibió condena de seis meses de prisión por intentar retener el salario de un efectivo de la Fuerza Aérea, informó la diaria.

 

Agosto

Dos meses después de la noticia de las escuchas telefónicas, Germán Cardoso fue cesado de su cargo como ministro de Turismo. Con su caso, son cuatro los integrantes del gabinete anunciado en marzo de 2020 que fueron apartados de sus roles.

A principios de agosto el periodista Gabriel Pereyra informó que la Junta Departamental de Maldonado votó una partida de más de 24 millones de pesos para los ediles, es decir, para ellos mismos. Es inconstitucional que reciban dinero. La sala de abogados del Tribunal de Cuentas sugirió una denuncia penal, pero no se realizó.

El edil blanco de Maldonado Darwin Correa recibió condena por un delito de lesiones personales dolosas a tres meses de libertad a prueba. El martes 20 de octubre de 2020 Correa agredió verbal y físicamente al edil frenteamplista Nelson Lages, que lo denunció. En agosto el caso se cerró.

En Rocha, la junta anticorrupción publicó un informe que reafirmaba las preocupaciones del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de la fundación A Ganar (vinculada a De Posadas) porque la subdirectora técnica de la organización es hermana del secretario general de la intendencia, Valentín Martínez. De hecho, él participó en el proceso licitatorio. Ambos son hermanos de Nicolás Martínez, secretario de confianza de Lacalle Pou.

 

Setiembre

Guillermo Dati, asesor de Raúl Montero, presidente de OSE, denunciado por “contrataciones irregulares, abuso de poder y clientelismo”, de acuerdo a un informe publicado por la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose). Varias de las personas que ingresaron, integrantes de una cooperativa, tienen vínculos directos con Dati.

Alfredo Sánchez, alcalde de Florencio Sánchez (Colonia) por el Partido Nacional, fue condenado con prisión por delitos contra la administración pública. La «Operación corruptio» terminó con siete personas condenadas, de las nueve que fueron detenidas (entre las que se encontraban la esposa y los dos hijos de Sánchez). El eslogan de campaña de Sánchez, a quien conocen como el Sucio, era: «El hombre de las mil gauchadas».

Las últimas noticias conocidas involucran a jerarcas de Lavalleja. Primero, el intendente Mario García (PN) fue llamado a sala por autorizar una compensación de 72.000 pesos para su hermano Ariel, que había sido contratado como peón en la anterior administración y ahora es coordinador de Juntas.

Días después,  el edil del Frente Amplio (FA) Mauro Álvarez comentó a la diaria que además de la compensación a su hermano, García también otorgó dinero extra a Gerardo Peña, hermano de la exintendenta Adriaña Peña, y a la exedila Andrea Aviaga.

>>> Otros casos aislados

Cambalache
 

Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé
En el 510 y en el 2000 también
Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafa'os
Contentos y amarga'os, valores y doblé
Pero que el siglo 20 es un despliegue
De maldad insolente, ya no hay quien lo niegue
Vivimos revolca'os en un merengue
Y, en el mismo lodo, todos manosea'os

 

 



sábado, 2 de octubre de 2021

Centro clandestino de torturas Base Roberto

La Tablada
 

 

Hoy entramos al Centro clandestino de torturas de La Tablada


"Los gritos que venían de La Tablada, eran desgarradores". "Se oían desde la calle cuando uno pasaba de noche"."Pude ver la cama donde hacían las torturas, y el lugar donde desde unas argollas colgaban a los detenidos. Las vi ensangrentadas. Colgaban desde una pared, donde estaba el signo del Ejército".

"Conozco el sótano, al que bajé varias veces, era grande y frío, y ocupaba gran parte del edificio". "No sé quién le puso Base Roberto, para nosotros ese lugar siempre se conoció como el infierno de La Tablada".








viernes, 1 de octubre de 2021

La inmoralidad televisiva




 

 

El ex ministro Germán Cardoso le otorgó a Sergio Puglia un contrato publicitario de 5.000 dólares por mes IVA incluido, durante 6 meses: total 30.000 dólares La propuesta publicitaria incluía "entrevistas periódicas a las autoridades" 
 
Entienden ahora por qué Puglia gritaba que "con Cardoso no pasó nada.......no embromen más con Cardoso" 
 
Carlos Peláez. 
 
 Los favores se pagan, y ustedes ven Polémica en el Reich...


 

 El 20 de junio Puglia hacía una defensa acérrima de Cardoso en este programa televisivo. "Con Cardoso no pasó nada"


 Búsqueda publica un artículo donde dice que el 1 de julio el Ministerio de Turismo abre un expediente para la compra directa de servicios publicitarios en programas de Puglia por más de 29 mil dólares.

Más adelante en el mismo artículo, se puede leer que la agencia publicitaria del ministerio sugirió que se analizara la viabilidad de la compra por ser un presupuesto elevado. Sin embargo, el 9 de julio un asesor de Cardoso dispuso que se siguiera con el procedimiento de compra.


 
 

Las maniobras de Cardoso y secuaces para agilizar los pagos por publicidad, desde 30.000 USD a Puglia por pauta publicitarias en sus programas, hasta la contratación de una escribana amiga.


TV y corrupción