2 januari 2017
Con la presencia de los más importantes representantes del Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, Embajada de Israel en Uruguay, Elbit Security Sistems, Noa Seguridad, Prefectura Nacional, Policia Departamental y por supuesto, CIPEMU, se procedió al corte de cinta para la inauguración del centro de vigilancia israelí. Estuvieron presentes el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez y el intendente de Maldonado, Enrique Antía.
El centro de monitoreo incluye la instalación de 1.200 cámaras en 375 puntos y demandó una inversión de unos 20 millones de dólares, que fueron aportados por la Intendencia de Maldonado, al igual que el dinero necesario para la posterior gestión del sistema de monitoreo. “Este es un bien para toda la comunidad fernandina, para el ciudadano de a pie, para el turista y para todos”, señaló Schamis.
Por otro lado, el evento contó con la presencia de la embajadora de Israel en Uruguay, Nina Ben-Ami, quien manifestó: “Estoy muy feliz de ver que el sueño de acercar lo mejor de la tecnología y el conocimiento israelí a Uruguay ya es una realidad”. A pesar de que hubo muchos socios involucrados, la embajadora aseguró: “El CIPEMU y la Cámara de Comercio de Maldonado apoyaron mucho este proyecto”.
>>> "No se ve este tipo de colaboración en otras partes de América Latina"
>>> Se mantuvo en secreto mas de un año
El edil Joaquín Garlo (MPP) denunció el pasado martes en la sesión de la Junta Departamental de Maldonado que según surge de los documentos que un Tribunal de Apelaciones ordenó le fueran entregados por la intendencia “el sistema de videocámaras instalado en este departamento es monitoreado y auditado por el Ministerio de Defensa de Israel”.
Según consta en la versión taquigráfica publicada en la web del legislativo departamental, Garlo afirmó que “de la información que la Justicia obligó a la Intendencia a entregarnos –esa información que se mantuvo en secreto durante más de un año– surge un informe del arquitecto Roberto Chiacchio –director de Planeamiento de la Intendencia y una carta del general retirado Michel Ben-Baruch, director del Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel –el Sibat‒, enviada a la Intendencia a través de la Embajada de Israel en Uruguay. En estos dos documentos del año 2016 se establece que ha sido el Gobierno de Israel el que ha decidido que la contratación por las cámaras debe hacerse con la empresa Elbit Systems Limitada. Es el Sibat el que le dice al intendente Antía que debe contratar a Elbit Systems en el marco del convenio entre Uruguay e Israel”.
>>> Parece que la prensa no se enteró de esto
En primer lugar quiero referirme a que en el día de hoy estamos ante un nuevo Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura en este Uruguay,
donde en tiempos predictatoriales y dictatoriales la tortura fue una
práctica sistemática del Estado. Hoy por hoy, quienes fueron víctimas
‒tantos compañeros y compañeras‒ pueden gozar de una pensión por haber
sido presos políticos, algo que fue aprobado en los Gobiernos del Frente
Amplio como forma de reparar a las víctimas del terrorismo de Estado en
el Uruguay.
Por otro lado ‒relativo al tema también‒, mañana estaremos conmemorando los cuarenta y cinco años del Golpe de Estado del 27 de junio de 1973.
Qué importantes son estas fechas para valorar al sistema democrático, a
esta institución que integramos ‒que representa los valores
democráticos y republicanos de nuestro país‒, y para gritar bien fuerte:
“¡Nunca más terrorismo de Estado!”, para gritar bien fuerte: “¡Nunca
más militares reprimiendo las calles!”, sobre todo en estos tiempos en
los que varios actores políticos ‒sobre todo del Partido Nacional‒
impulsan propuestas para reformar la Constitución y permitir que las
Fuerzas Armadas salgan a las calles a reprimir a los ciudadanos.
La gran mayoría de las y los vecinos de Maldonado ‒y a esta altura de
gran parte del país‒ saben que el intendente Antía compró un sistema de
cámaras de videovigilancia en más de U$S20.000.000 de forma directa, sin
procedimientos de transparencia en la contratación y en forma secreta,
ocultando la información durante más de un año, hasta que la Justicia lo
obligó a entregarla.
El tema de las cámaras ha adquirido un nuevo giro en estos últimos
días, después de que el semanario Brecha publicara en su edición del
pasado viernes un artículo titulado “Camarillas: el opaco negocio de la
videovigilancia en Maldonado”. Esta muy seria y profunda investigación
de Brecha demuestra varias aristas mucho más complejas que las que nos
imaginábamos en un principio. Es por eso que nos preguntamos qué pasa
con nuestros dineros.
Resulta que el proyecto Ciudades Inteligentes, del que tanto ha hablado
el Partido Nacional en esta sala, no fue iniciativa del intendente
Antía ni de su equipo, sino que se gestó en 2014 por la comunidad
israelita de Punta del Este – Maldonado (Cipemu), presidida en ese
entonces por el empresario Rolando Rozenblum, y con el apoyo de la
Cámara Empresarial de Maldonado, presidida por José “Pepe” Pereyra.
(a.g.b.)
En esos orígenes –consigna Brecha– se contrató a la empresa NOA
Security Solutions, también de origen israelí, para diseñar un proyecto
de videovigilancia para Maldonado y Punta del Este, el que luego fue
presentado a buena parte de los candidatos a la Intendencia de todos los
partidos políticos.
Según informa Brecha, lo cual corroboramos, Rolando Rozenblum, quien
presidía –como dijimos– la colectividad israelita de Punta del Este y
quien a su vez se jactara públicamente de ser el –textuales palabras–
“catalizador e impulsor del proyecto de videovigilancia”, financió parte
de las campañas electorales de, por lo menos, dos candidatos a la
Intendencia del Partido Nacional, según surge de las rendiciones de
cuentas de estos candidatos ante la Corte Electoral. Uno de ellos –de
esos dos candidatos del Partido Nacional– es el intendente Enrique
Antía, defensor del proyecto de videovigilancia y quien finalmente lo
concretara en este período de gobierno, con quien Rozenblum colaboró con
la suma declarada de $106.000 a través de su sociedad Damertir S.A.;
uno de los aportes más importantes a la campaña electoral del actual
intendente Antía. Todo según las rendiciones de cuentas inscriptas,
registradas en la Corte Electoral.
De la información que la Justicia obligó a la Intendencia a entregarnos
–esa información que se mantuvo en secreto durante más de un año– surge
un informe del arquitecto Chiacchio –director de Planeamiento de la
Intendencia– y una carta del general retirado Michel Ben-Baruch,
director del Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de
Israel –el Sibat‒, enviada a la Intendencia a través de la Embajada de
Israel en Uruguay. En estos dos documentos del año 2016 se establece que
ha sido el Gobierno de Israel el que ha decidido que la contratación
por las cámaras debe hacerse con la empresa Elbit Systems Limitada. Es
el Sibat el que le dice al intendente Antía que debe contratar a Elbit
Systems en el marco del convenio entre Uruguay e Israel. Es el Gobierno
de Israel el que le dice al intendente Antía que en el marco de ese
convenio debe contratar a la empresa Elbit Systems Limitada, según surge
de los expedientes que la Intendencia nos entregó después de que la
Justicia lo obligara a hacerlo.
En febrero del año pasado dimos con un artículo del portal de noticias
argentino Infobae, en el que se entrevistaba al presidente de la empresa
NOA Security Solutions, el señor Avi Staroselsk y la misma empresa que
fuese contratada por la colectividad israelita de Punta del Este y la
Cámara Empresarial de Maldonado para desarrollar ese proyecto original
en el año 2014.
En esa entrevista el señor Staroselsky afirma que “el sistema de
videovigilancia nació de un acuerdo con NOA Security, nuestra empresa.
Nosotros elegimos a Elbit Systems para que fuera el integrador”.
Además se afirma que el diseño e implementación del sistema estuvo a
cargo de la empresa israelí NOA Security Solutions y Elbit Systems
Limitada. Sorprendidos por la aparición en escena de esta empresa NOA,
de la que no habíamos escuchado hasta el momento, durante la
interpelación al intendente en esta sala sobre el tema de las cámaras
les preguntamos a él y a su equipo sobre los vínculos que tenía NOA con
la Intendencia. Nadie nos contestó nada, por ello realizamos un pedido
de informes en diciembre, reiterando la pregunta. El arquitecto
Chiacchio nos contesta ese pedido de informes diciendo que no tenía
ninguna información sobre NOA Security Solutions, la Dirección General
de Asuntos Legales nos contesta diciendo que se constató de la
documentación que no surge vinculación alguna entre la Intendencia y NOA
Security Solutions.
Ahora bien, como habrán advertido, la documentación de la Intendencia
afirma que la elección de la empresa Elbit Systems la hizo el Gobierno
de Israel, el Sibat, lo dice Chiacchio, lo dice la carta del Sibat
enviada por la Embajada de Israel.
Por otro lado, en la prensa, el presidente de NOA Security Solutions se
jacta de haber sido quien eligió a Elbit para desarrollar el sistema.
No solo eso sino que además, decenas de medios de comunicación del mundo
entero en sus portales en Internet informan sobre el sistema de
videovigilancia en Maldonado afirmando que el mismo es manejado por NOA
Security Solutions y Elbit Systems. (g.t.d.)
Y que es NOA quien ha trabajado activamente en la capacitación de los agentes que operan en el Centro de Monitoreo.
De la documentación que nos entregó la Intendencia ‒luego de ser
obligada por la Justicia, insisto‒ no surge en ningún lugar la empresa
NOA Security Solutions; en ninguno de los expedientes de la Intendencia
figura esta empresa.
Entonces, nos preguntamos: ¿tiene o no vinculación con el negocio de
las cámaras de videovigilancia de Maldonado esta empresa NOA? En
definitiva, ¿quién decidió que la Intendencia tenía que contratar con
Elbit Systems Limitada por más de U$S20.000.000? Porque de todo esto que
expusimos no queda del todo claro.
Y, como si fuera poco, nos encontramos con que en noviembre de 2017 se
había celebrado una reunión en el Centro de Monitoreo, a la que habían
asistido periodistas de diversos medios de comunicación de
Latinoamérica. En función de esto enviamos un pedido de informes a la
Intendencia consultando sobre esta reunión, y recibimos la contestación
del profesor doctor Diego Echeverría diciendo que la misma había sido
organizada por la Embajada de Israel en Uruguay para explicar el
funcionamiento del proyecto de videovigilancia en Maldonado, luego de
una solicitud telefónica que le hiciera la Secretaría de la embajadora
de Israel en Uruguay a la Secretaría del intendente de Maldonado.
Nuevamente en el portal argentino Infobae, que curiosamente publica con
frecuencia notas sobre el intendente Antía y su posible precandidatura a
la Presidencia de la República ‒un portal de noticias muy importante de
la Argentina que publica notas sobre la posible precandidatura a la
Presidencia de un intendente de un departamento de Uruguay‒, encontramos
una entrevista al presidente de NOA Security, quien estaba presente en
esa reunión en el Centro de Monitoreo organizada a instancias de la
Embajada de Israel. El canal de noticias panameño Telemetro también
entrevistó a Staroselsky,
sentado en la sala de reuniones del Centro de Monitoreo, y produjo otra
pieza propagandística para NOA Security y Elbit Systems Limitada.
La Intendencia de Maldonado autorizó, entonces, a la Embajada de Israel
a utilizar el Centro de Monitoreo ‒que es costeado por todas y todos
nosotros, que pagamos el impuesto para las cámaras creado por el Partido
Nacional‒ como vidriera para promocionar sus capacidades en otros
países latinoamericanos. Claramente, los artículos de prensa y
entrevistas realizados en esa reunión oficiaron como piezas
publicitarias de las empresas israelíes Elbit Systems Limitada y NOA
Security, demostrando, además, que ni la Intendencia tiene claro el rol
de esta última en el proyecto de videovigilancia.
La Intendencia de Maldonado, que nos cobra el impuesto por las cámaras
con la contribución inmobiliaria, es quien se responsabiliza del Centro
de Monitoreo y del proyecto global de videovigilancia. Entonces, ¿cómo
puede ser que el intendente Antía permita que un Estado extranjero use
ese lugar público ‒que está vinculado a la seguridad, que debe tener
determinadas reservas, justamente por la sensibilidad que significa el
tema de la seguridad pública‒ para promocionar a empresas extranjeras
vinculadas al negocio de la seguridad? ¿Para eso se han gastado más de
U$S20.000.000, para usarlos de vidriera?
Por otro lado, del informe del arquitecto Chiacchio que mencionábamos
surge que el Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de
Israel, el Sibat, es el encargado de acompañar, monitorear y auditar el
proyecto de videovigilancia en Maldonado, a satisfacción de la
Intendencia.
Según pudimos averiguar, un alto jerarca del Sibat visitó el Centro de
Monitoreo el año pasado para evaluarlo. Así como escuchan: es el
Gobierno de Israel el que monitorea y audita el proyecto de
videovigilancia en Maldonado; es un gobierno extranjero el que certifica
que el proyecto se esté desarrollando con total normalidad, según lo
que la Intendencia firmó ‒lo que el intendente Antía aprobó fue eso‒, en
lo que el Ministerio del Interior del Uruguay nada ha tenido que ver,
como hemos demostrado aquí en la interpelación, porque el Ministerio del
Interior no participó en la negociación.
El domingo, en el diario El País, el intendente Antía habla del exitoso
sistema de videovigilancia. Se ha afirmado una y otra vez el éxito del
sistema de videovigilancia, pero hasta el momento no tenemos datos
certeros, como el propio Ministerio del Interior lo dijo en una
contestación a un pedido de informes de un diputado del Frente Amplio:
que todavía no se podía evaluar el sistema debido a que no estaba
completamente instalado. Por esto que planteábamos, no tenemos certezas
de que ese éxito sea tal.
El tema de la seguridad es uno de los que nos tiene más preocupados,
creo que a todas y todos, y es por ello que desde el MPP hemos mantenido
reuniones muy frecuentes con el ministro Bonomi y con el Comando de
Jefatura de Maldonado, que viene trabajando muy bien, desarrollando
determinadas acciones concretas, con propuestas concretas. Hemos tenido
un ida y vuelta de traslado de inquietudes y de posibles soluciones a
los problemas, porque no es que nosotros busquemos el fracaso de la
política de la seguridad pública. (m.r.c.)
Creo que todos estamos embarcados en este mismo viaje de transitar un
camino mejor para la convivencia; una convivencia más saludable y
armónica.
Hoy el ministro del Interior acordó con alcaldes de Municipios de
Montevideo que particulares privados puedan comprar cámaras, colocarlas e
incluirlas en el sistema de monitoreo global del Ministerio del
Interior en Montevideo. Acá, en Maldonado, los vecinos vienen y nos
plantean que quieren hacer lo mismo; van a la Jefatura de Policía, le
mandan cartas al jefe de Policía preguntando si, en el caso de que ellos
compren las cámaras, las pueden incluir en el Centro de Monitoreo, pero
la Intendencia no lo permite. El jefe de Policía traslada este pedido
al intendente y la Intendencia no puede aceptarlo. ¿Por qué? Porque en
el acuerdo, en el convenio, en el contrato firmado con Elbit Systems se
establece que no se pueden incorporar cámaras que no sean las que vendió
la empresa.
Entonces, ese sistema está cerrado al paquete que la empresa vendió; es
un negocio redondo, claramente. Si los vecinos quieren comprar cámaras
‒hay muchas zonas de Maldonado que no las tienen y que pagan el impuesto
igual‒, no las pueden incorporar al sistema de monitoreo porque la
Intendencia acordó que no puede ser de esa manera.
Como hemos visto, el negocio de las cámaras de Maldonado es mucho más
complejo de lo que se pensaba en un principio e involucra a muchos más
actores, actores muy cercanos al intendente Antía, al Partido Nacional y
a grupos de poder muy fuertes.
La falta de transparencia de la Intendencia es peligrosa para toda la
comunidad y habla de un mal gobierno; gobierno que no se identifica con
los lineamientos republicanos y propios de la democracia. Las y los
habitantes tenemos el derecho y la necesidad de saber qué se hace con
nuestros dineros, qué actores están involucrados en los negocios de este
tipo y cuáles son los resultados de los proyectos que se impulsan.
“Vuelve Antía, vuele la seguridad” es otra promesa que materialmente no
hemos visto cumplida del todo; es una promesa de campaña electoral, una
promesa politiquera insostenible, porque el problema de la inseguridad
no se resuelve gastando U$S20.000.000 en cámaras, el problema de la
inseguridad se va a resolver cuando todas y todos los actores de la
sociedad…
(Aviso de tiempo).
...nos comprometamos en una empresa común de sacar al Uruguay adelante
atacando todos los puntos sensibles que, como decía, hacen al problema
integral de la inseguridad en el país.
PRESIDENTE.- Culminó su tiempo, señor edil.
EDIL
GARLO.- Quiero destinar estas palabras, presidente, al Ministerio del
Interior, a la Embajada de Israel en Uruguay, a la Intendencia
Departamental, al intendente Antía, al señor jefe de Policía, a la
Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Junta, a la
Comisión de Población y Desarrollo del Parlamento, a la Fundación
Maldonado Seguro ‒que está creada en torno a la contratación de las
cámaras‒ y al señor presidente de la República.
https://www.juntamaldonado.gub.uy/index.php/documentos/versiones-taquigraficas/2122-jun2618.html#garlo
>>> Blog El Muerto lo sabía
>>> Seguridad para delincuentes
La intendencia de Maldonado, en Uruguay, acaba de finalizar las pruebas
de un moderno centro de monitoreo del delito potenciado con tecnología
israelí y que apunta a convertir a las ciudades del departamento en
"inteligentes".
"No se trata sólo de cámaras. Israel propone un concepto de seguridad,
de smart city", señaló Avi Staroselski, presidente de la empresa NOA
Security Solutions, durante una reunión en la que participó Infobae
y en relación a la idea de avanzar sobre un "entorno seguro
inteligente" en las ciudades a través del uso de la tecnología no sólo
para prevenir el crimen, sino también el control del tráfico, el chequeo de los servicios públicos y el cuidado medioambiental.
Monitoreando
>>> Prófugo israelí tras el proyecto
AJN.- En una entrevista con AJN, Rolando Rozenblum, ex presidente de la comunidad judía de Punta del Este (CIPEMU), dialogó sobre la llegada de la estructura judía a Punta del Este, el crecimiento de la educación y la relación de la comunidad con Israel. Además, analizó su rol como líder de una institución judía y como ciudadano que debe aportar a la sociedad, y explicó cómo convergen ambos ámbitos
22 junio, 2018
El sistema de cámaras para vigilancia de Maldonado, que la Intendencia compró por 20 millones de dólares a la israelí Elbit Systems está resultando mucho más beneficioso para los empresarios que participaron en las negociaciones que para la población que lo paga con la esperanza de que así disminuirán los delitos contra la propiedad. La embajada de Israel ha utilizado el servicio –cuya eficacia no está probada– como vidriera para promocionar a su principal empresa militar en países de la región. En tanto, empresarios de Maldonado y Montevideo vinculados a la comunidad israelita que promovió el proyecto desembarcaron en Honduras para hacer negocios con el gobierno.
El proyecto Maldonado, Ciudades Inteligentes se gestó en 2014 por iniciativa de la Comunidad Israelita Punta del Este-Maldonado (Cipemu), presidida entonces por el empresario Rolando Rozenblum, con apoyo de la Cámara Empresarial de Maldonado. A través de Cipemu entró en escena la firma Noa Security (Noa Group Ltd), contratada para diseñar un proyecto de videovigilancia con tecnología israelí para Punta del Este y la capital departamental. El documento titulado “Consultoría para el proyecto Ciudad Inteligente, Punta del Este-Uruguay”, al que Brecha accedió, fue presentado en agosto de aquel año a las autoridades de la Cámara Empresarial de Maldonado bajo “restricción de divulgación y utilización de los datos”. En plena campaña electoral a la Intendencia, la propuesta llegó a casi todos los candidatos del departamento de la mano de Rozenblum y del presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereyra de Brum.
En esa época Rozenblum era conocido en Maldonado como dueño de la constructora Casa Valor (Damertir SA) y activo dirigente de la comunidad israelita en Punta del Este, aunque no pocos empresarios y políticos sabían que, además, era un prófugo de la justicia brasileña. Rolando y su padre, Isidoro, fueron a una cárcel de Curitiba en 2006, acusados de malversación de fondos, evasión fiscal, falsificación ideológica y “corrupción activa” a través del grupo empresarial familiar Sundown. Luego los condenaron a diez y cinco años de prisión, respectivamente, al tiempo que les embargaron bienes e incautaron propiedades en Suiza por unos 10 millones de dólares.
Mientras cumplían prisión en un hospital penal, por problemas de salud, los Rozenblum escaparon hacia Uruguay. Los pormenores del caso –que estaba a cargo de Sergio Moro (el mismo juez que puso tras las rejas a Lula da Silva y a numerosos empresarios y políticos brasileños en el marco de la operación Lava Jato)– fueron publicados por la revista Época en enero de este año. El artículo informa que la causa por corrupción fue anulada en 2008 por el Superior Tribunal de Justicia porque, según los ministros, Moro excedió ampliamente los plazos legales para ejecutar escuchas telefónicas sobre los acusados; sin embargo, el Ministerio Público brasileño interpuso un recurso para revocar esa decisión y está pendiente su resolución. El resto de los delitos prescribieron, tras permanecer años congelados por la huida de Rozenblum y la ausencia de un tratado de extradición entre Uruguay y Brasil.
No obstante, aún siguen en trámite causas contra los Rozenblum en otras materias, de acuerdo a los expedientes electrónicos publicados por la justicia brasileña y consultados por Brecha para este artículo. Hace apenas una semana el portal judicial actualizó el avance de varios procesos en material laboral y tributaria, por los cuales a fines de mayo se intimó a miembros del grupo Rozenblum –entre ellos Rolando y su padre– a pagar unos 400 millones de reales acumulados por deuda fiscal de numerosas empresas del grupo. La justicia les advirtió que, de no afrontar la deuda, tendrán que presentar bienes para ser embargados.
Por lo menos hasta mediados de 2016 pesó sobre el empresario un pedido de captura internacional de Interpol, según consignó el semanario Búsqueda al tomar una nota publicada por Veja en setiembre del año pasado. La revista brasileña afirmó, entonces, que los Rozenblum habían escondido en Uruguay unos 300 millones de reales con los cuales pudieron reinsertarse en el mundo empresarial. Sin embargo, los negocios del empresario en el sector de la construcción de Maldonado jamás fueron cuestionados y nunca faltaron autoridades departamentales y nacionales para cortar la cinta inaugural de las viviendas de interés social promovidas por Casa Valor. Igualmente bienvenido fue el proyecto educativo del International College de Punta del Este, del que Rozenblum es socio y para cuya multimillonaria construcción consiguió apoyo logístico de la Intendencia y del Ejército (esto último ameritó una investigación interna en la fuerza castrense, cuyo desenlace se desconoce).
No es de extrañar este “hacer la vista gorda” a los antecedentes del empresario en un departamento cuya industria de la construcción se desarrolló, durante décadas, con dinero proveniente de actividades ilícitas. No en vano la nueva ley integral contra el lavado de activos, que rige desde enero de este año (véase nota de Mauricio Pérez), incluyó a las empresas constructoras entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante el Banco Central (Bcu), al tiempo que ya en 2017 funcionarios de la Secretaría Nacional Antilavado (Senaclaft) comenzaron a reunirse con promotores de la construcción en Punta del Este para advertirles que debían cumplir con la “diligencia” de investigar el origen del dinero aportado por los inversores. Incluso hay empresarios y políticos que, por lo bajo o en declaraciones de prensa, aseguran (casi lamentan) que la ley antilavado aleja inversores y traba el avance de millonarios proyectos edilicios en el balneario.
Tanta influencia social tenía Rozenblum en Punta del Este que, como dirigente de Cipemu y mientras mantenía su residencia forzada en el balneario bajo pena de ser capturado por Interpol si salía del país, llegó a entregar placas de reconocimiento al jefe departamental de Policía, Erode Ruiz, y al subjefe Víctor Trezza (por cierto, este jerarca pasó a retiro en marzo de 2017 para asumir al mes siguiente como subdirector general de Tránsito y Transporte de la Intendencia, con un grado 11 en el escalafón de cargos de confianza de Antía).
Su compleja situación judicial en Brasil tampoco inhibió a Rozenblum de aportar fondos a las campañas de los aspirantes a la Intendencia en 2014. Según constató Brecha al repasar las declaraciones juradas que los candidatos presentaron a la Corte Electoral, el empresario figura con una donación de 125 mil pesos para la campaña departamental del nacionalista Rodrigo Blás (actual presidente de la Junta de Maldonado) y 106 mil pesos para la de Enrique Antía, en este caso a través de Damertir SA. Es imposible saber, por esta vía, si otros candidatos también financiaron parte de su campaña con fondos de Rozenblum, ya que Blás y Antía fueron los únicos que completaron de principio a fin el formulario de la declaración jurada.
Con todo, ese mismo año Rozenblum logró que la novel embajadora de Israel, Nina ben-Ami, llegara a Maldonado para entrevistarse con la directiva de la Cámara Empresarial y visitar la Jefatura de Policía, con el ánimo de sondear la propuesta de seguridad impulsada por Cipemu a través de Noa Security. Antía ya había hecho de la seguridad un tema central de su programa de gobierno y tomó la iniciativa con la idea de extenderla a todo el departamento.
En marzo de 2015 el entonces candidato Antía presentó este plan al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aprovechando un Consejo de Ministros realizado en Maldonado. En esa instancia Bonomi remarcó que la cartera no tenía recursos para ejecutar la iniciativa y que, de todos modos, el gobierno departamental no podía embarcarse en algo así porque, por mandato constitucional, la política de seguridad recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo.
Tras su triunfo en las elecciones de mayo, Antía volvió a la carga con el proyecto de “ciudades inteligentes”, y aunque fustigaba al Frente Amplio por heredarle “un agujero financiero”, propuso al gobierno nacional que la ciudadanía de Maldonado costeara los 20 millones de dólares de inversión que requería el proyecto promovido por el gobierno de Israel. “Tuvimos cantidad de ofertas, de intermediarios que proponían contactarnos con empresas o que decían haber vendido sistemas a diferentes ciudades, hasta que la Cámara Empresarial nos invitó a una reunión con la Cipemu y alguien de Elsec (nombre comercial de Elbit Systems)”, recordó el director general de Planeamiento de la Intendencia, Roberto Chiacchio, durante una entrevista concedida a Brecha en 2016 para explicar los alcances del nuevo plan de seguridad.
La existencia de un convenio entre Uruguay y el Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel (Sibat) le allanó el camino. Según el jerarca, “el Ministerio de Defensa (israelí), a través de la embajadora, ratificó que Elsec era la adecuada” para ejecutar el plan. El gobierno departamental se amparó en una disposición del Tocaf que justifica la compra directa cuando “las circunstancias exijan que la operación se mantenga en secreto”, y así Elbit Systems pasó a tener voz y voto en la gestión de la seguridad pública departamental: no sólo vendió los equipos y programas informáticos al gobierno departamental sino que sus técnicos participaron activamente, junto a funcionarios del Ministerio del Interior, para definir la estrategia de vigilancia.
Un “contrato marco y complementario” entre la Intendencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior fue el paso previo al acuerdo que firmaron el gobierno departamental y Elbit el 3 de junio de 2016, sin ningún proceso licitatorio. A esa altura estaba en pleno auge la campaña internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones (Bds) “contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí” en Gaza. Mientras los portales solidarios con la causa palestina (como Rebelión) informaban sobre las cuantiosas pérdidas que experimentaban las empresas militares israelíes y sus subsidiarias en numerosos países a causa de las protestas, en este rincón de Uruguay el gobierno de Israel respaldó un jugoso contrato para Elbit –una de las más cuestionadas por los activistas– y al mismo tiempo utilizó el proyecto para expandir sus intereses comerciales en América Latina. En medios locales y nacionales Rozenblum se jactaba de haber sido el artífice del negocio “para el bien de la sociedad”.
***
Meses después de la firma del contrato entre la Intendencia y Elbit,
volvió a escena la firma Noa Security, aquella contratada por la Cámara
Empresarial de Maldonado para elaborar la propuesta de videovigilancia
en plena campaña electoral. El presidente de esta empresa, Avi
Staroselski, concedía entrevistas a medios nacionales y extranjeros para
abundar en las bondades del sistema de Maldonado y ensalzar las
capacidades de su empresa para dar respuesta a los problemas de
seguridad en diferentes países.En febrero de 2017, por ejemplo, el portal argentino Infobae destacó el “plan global de seguridad de Maldonado” en una crónica de la periodista Muriel Balbi, enviada al flamante Centro de Comando y Control Unificado instalado en la capital departamental. “El diseño e implementación estuvo a cargo de las empresas israelíes Noa Security –con experiencia en países como Honduras– y Elbit System, una de las principales fabricantes de materiales electrónicos de defensa del mundo y que tiene a su cargo parte de la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México”, relató la cronista.
A continuación, Balbi reprodujo parte de una entrevista en la que Staroselski, “experto israelí en seguridad y antiterrorismo de Noa Security”, explicó “las ventajas de las nuevas tecnologías en materia de seguridad” y se refirió a los estudios y diagnósticos previos a la instalación de las cámaras en Maldonado. “Esto nació de un acuerdo con Noa Security, nuestra empresa. Nosotros elegimos a Elbit System para que fuera el integrador. Esto estuvo sobre la base de un acuerdo entre países”, sostuvo Staroselski, en alusión al convenio de cooperación entre los gobiernos de Israel y Uruguay en que se enmarcó el contrato entre Elbit y la Intendencia.
Hasta ese momento ningún jerarca departamental o nacional había mencionado públicamente a Noa Security como parte del contrato. Por eso el edil emepepista Joaquín Garlo, quien junto a otros integrantes de la bancada frenteamplista llevaba meses reclamando a la Intendencia los detalles de la compra directa a Elbit, presentó un pedido de informes para conocer “las vinculaciones de la empresa Noa Security Solutions en la adquisición y puesta en funcionamiento del sistema de videovigilancia de Maldonado”. El director general de Planeamiento, Roberto Chiacchio, encargado de coordinar el proceso de compra e instalación del programa Maldonado, Ciudades Inteligentes, en representación de la Intendencia, le dio una respuesta sorprendente: “esta dirección general no tiene ninguna información sobre la empresa citada”. De acuerdo al documento, al que Brecha accedió, tampoco el subdirector general de Asesoría Notarial halló rastros de Noa Security: “de la documentación sobre la contratación de Elbit Security no surge vinculación alguna” con esa empresa, contestó Eduardo Suárez.
Sin embargo, Staroselski seguiría saliendo en los medios como principal promotor del sistema aplicado en el departamento. En noviembre pasado Infobae envió al periodista Germán Padinger a una “demostración sobre las capacidades” del centro de monitoreo construido en el viejo Círculo Policial de Maldonado, a la que también asistieron otros medios extranjeros convocados por la embajada de Israel. “Potenciado por las empresas israelíes Noa Security Solutions y Elbit Systems, el Centro de Comando y Control Unificado del departamento uruguayo de Maldonado utilizará 1.200 cámaras para aumentar la seguridad”, señalaba el artículo en su encabezado. Otra vez Staroselski oficiaba como vocero, en su calidad de presidente de Noa Security. “Su empresa, que en parte representa a la empresa de defensa israelí Elbit Systems, también trabajó activamente en la capacitación de los agentes que operan el centro”, escribió Padinger para el portal, demostrando que, aparentemente, estaba más empapado del papel de Staroselski que la propia Intendencia.
También el periodista Luis Aguilar, del canal panameño Telemetro, viajó a Maldonado para asistir a esa “demostración” en el centro de monitoreo; entrevistó a Staroselski y produjo otra pieza propagandística de Noa y Elbit. El enviado complementó su cobertura con un segundo informe, centrado en una entrevista realizada en Montevideo a la embajadora Nina ben-Ami sobre “Israel y su aporte en América Latina”, tomando como ejemplo el caso de Uruguay.
Claramente, los artículos de prensa y entrevistas televisivas realizadas en esa ocasión oficiaron como piezas publicitarias de las empresas israelíes, que utilizaron el centro de monitoreo del Ministerio del Interior (costeado por la ciudadanía de Maldonado) como vidriera para promocionar “sus capacidades” en otros países del continente. Las notas de prensa evidenciaron, además, que el gobierno departamental no estaba siendo transparente en cuanto a la participación de empresarios israelíes, particularmente de Avi Staroselski.
***
En enero de este año un tribunal de apelaciones en lo civil obligó a
la Intendencia a entregar a la bancada frenteamplista de la Junta de
Maldonado datos económicos sobre el contrato con Elbit que hasta
entonces se resistía a mostrar, alegando que se ponía en riesgo la
seguridad pública. Al revisar el expediente, el edil Garlo pudo
establecer que Avi Staroselski forma parte de Galemin SA, firma que
preside el abogado Marcelo Sapiro y que oficia como subcontratista de
las empresas seleccionadas para instalar el sistema de videovigilancia:
Sureste Construcciones, que recicló el viejo Círculo Policial donde se
encuentra el centro de monitoreo, y J T de León, que instaló la
infraestructura eléctrica del sistema. La primera surgió de un llamado a
cotización entre tres firmas convocadas por Elbit y cobró 795 mil
dólares por las reformas; la segunda, seleccionada en forma directa para
instalar la infraestructura de electricidad, es propiedad de un habitué
de las cenas organizadas semanalmente por Cipemu y cotizó 2.430.000
dólares. Ese dinero, de acuerdo al contrato con Elbit al que accedió el
edil Garlo, corrió por cuenta del gobierno departamental y llevó el
presupuesto total a 21.725.000 dólares.Además de nexo entre las citadas empresas y Elbit Systems, Staroselski preside la Cámara de Comercio Uruguay-Honduras (Ccuh), creada en la misma época en que la empresa israelí concretó su negocio en Maldonado. El secretario de esta nueva gremial es el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereyra, en tanto la tesorería está a cargo del empresario Álvaro Padín, propietario de Bethel Spa y esposo de la diputada suplente del Partido Nacional Lourdes Rapalín.
Un repaso de las actividades de la Ccuh consignadas en el usuario de Facebook de la institución y en medios de prensa hondureños revelan que este grupo empresarial ha desplegado una intensa agenda en el país centroamericano y mantiene una estrecha relación con el presidente Juan Orlando Hernández (Partido Nacional, de Honduras), reelecto en noviembre pasado bajo denuncias de fraude. De hecho, la directiva de la Ccuh asistió en pleno a la ceremonia de asunción del mandatario y fue recibida por varios miembros de su gabinete. Entre éstos se destaca el general Fredy Díaz Zelaya, jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas hondureñas de 2015 a 2017 y designado en febrero pasado como ministro de Defensa para el segundo período del presidente Hernández. El jerarca castrense tuvo un rol fundamental en el proceso de fortalecimiento de las fuerzas armadas de su país, iniciado durante el anterior gobierno de Hernández, que cuajó en julio de 2016 a través de un acuerdo marco entre los gobiernos de Honduras e Israel por una inversión de 209 millones de dólares.
La principal abastecedora de equipos para las fuerzas de tierra, mar y aire (armas a control remoto, embarcaciones de primera generación y una escuadrilla de aviones no tripulados, entre otros) es Elbit Security, de acuerdo a los medios hondureños relevados por Brecha. En enero pasado este jerarca militar recibió en su casa a Staroselski, Padín y Pereyra, como directivos de la Ccuh, confirmó este último a Brecha. “El rol de Staroselski como empresario en Honduras es mucho más importante que el que tiene en Uruguay, y es un hombre muy respetado”, dijo Pereyra, para explicar que fue el israelí quien en 2016 propuso a empresarios de Maldonado y del Piso 40 del World Trade Center armar una gremial específica para probar negocios con Honduras, país donde opera a través de Noa desde hace varios años.
El empresario de Maldonado enfatizó que desconoce el tenor de las conversaciones mantenidas entre Staroselski y el ministro de Defensa hondureño en las diferentes misiones, y prefirió destacar las oportunidades que, gracias a la iniciativa del israelí, esperan a los uruguayos en rubros diferentes a los de la seguridad. Sin embargo, fuera del gobierno las misiones empresariales de los orientales no son tan bien vistas. Particularmente crítico ha sido el analista político Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras, quien en febrero pasado –poco después de la última visita del grupo– denunció “una conspiración desde el interior de la Oea y la mafia uruguaya” para entorpecer las investigaciones anticorrupción en aquel país. “Altos empresarios uruguayos interesados en invertir en seguridad estuvieron en Honduras el año pasado. ¿Desde cuándo los uruguayos han querido venir a invertir en el país más inseguro del triángulo norte y del continente? ¿Quién fue el que los trajo? Hay que investigar a Avi Staroselsky. ¿Qué representa este señor en la venta de armas a Honduras? Acá hay negocios, y el periodismo de investigación debe ahondar en el tema”, lanzó Meza, durante una conferencia en la que acusó al secretario de la Oea, Luis Almagro, de poner obstáculos al trabajo de la Misión de Apoyo en la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (Maccih), dependiente de la propia Oea. Brecha consultó a Meza sobre estos dichos, pero éste declinó profundizar en el tema. Tampoco Staroselski acusó recibo de los mensajes enviados.
Resultados inciertos
El Ministerio del Interior no tiene ninguna evaluación sobre el impacto del sistema de vigilancia de Maldonado en los índices de delincuencia del departamento, informó a Brecha el vocero de la cartera, Fernando Gil. Sin embargo, adelantó que “próximamente” el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad se abocará a esa tarea. Por lo pronto, el funcionario ministerial enfatizó que las últimas estadísticas de Maldonado revelan un incremento en las rapiñas durante el primer semestre de este año en comparación con igual período de 2017. La información sobre el departamento se conocerá oficialmente a principios del mes próximo, cuando el organismo creado en mayo y que funciona en la órbita de la Presidencia revele los registros de todo el país.En agosto pasado el intendente Enrique Antía afirmó que el sistema ya mostraba resultados exitosos porque en el primer semestre de aplicación los arrebatos en la vía pública bajaron “un 60 por ciento, y los robos un 40 por ciento”. Sin embargo, en un pedido de informes solicitado posteriormente por el diputado y ex intendente de Maldonado Óscar de los Santos, el ministerio consideró “prematuro” hacer evaluaciones y remarcó que todavía faltaba colocar buena parte de las 1.200 cámaras que la Intendencia compró a Elbit por 18,5 millones de dólares y para cuya financiación (parcial) creó una tasa que pagan todos los habitantes, tengan o no videovigilancia en su barrio.
El ministerio también señaló al diputado que las cámaras de Maldonado costaron “tres veces más” que las adquiridas mediante licitación pública por la cartera para otras zonas del país. En este punto, el ministerio se desmarcó del proceso de compra directa y enfatizó que su intervención se circunscribió a los aspectos estratégicos y técnicos de la instalación del sistema. En estos años Antía siempre remarcó que todo el proceso contó con el aval del gobierno nacional y que, de hecho, el presidente Tabaré Vázquez designó a su hermano, el subsecretario Jorge Vázquez, para atender personalmente el caso de Maldonado. Sin embargo, fuentes consultadas en el ministerio insistieron en que el hermano del presidente nunca participó en las negociaciones empresariales.
Brecha
Esta semana el intendente de Maldonado, Enrique Antía, insistió en que el millonario sistema de videovigilancia que compró en forma directa a la israelí Elbit “ayudó tremendamente en la prevención” del delito en el departamento. No obstante, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, y el criminólogo Nicolás Trajtenberg explicaron a Brecha que las estadísticas no alcanzan para evaluar el programa de seguridad.
En un contexto de compromisos electorales a nivel nacional y departamental para bajar la criminalidad, el gobierno de Maldonado compró a una empresa israelí un sistema de videovigilancia que costó 20 millones de dólares. La semana pasada Brecha informó sobre las condiciones en que se realizó esa compra directa a la empresa israelí Elbit Systems y sobre cómo el gobierno de Israel aprovechó la infraestructura pagada por los ciudadanos de Maldonado para vender el proyecto en el exterior, alegando un éxito que no está probado. Desde el área de comunicaciones del Ministerio del Interior (Unicom), se afirmó a este semanario que no existe un estudio específico sobre el impacto del sistema en los índices de criminalidad del departamento, por lo cual no puede afirmarse que haya un efecto positivo.
No obstante, en su esfuerzo por justificar la millonaria inversión, dos días después el intendente Enrique Antía (PN) reiteró a El País que en 2017, durante el primer año de aplicación del sistema, cayeron “un 32 por ciento las rapiñas y 54 por ciento los arrebatos” en comparación con 2016. Tras cartón, el miércoles pasado la Secretaría de Comunicaciones de la Intendencia de Maldonado (Idm) informó sobre una entrevista mantenida ese día entre Antía y el presidente Tabaré Vázquez. La reunión trató diversos temas aunque el titular remarcó que ambos “analizaron la inseguridad en el país y destacaron la importancia del centro de videovigilancia”. “Informamos que en este mes quedaron en funcionamiento las 1.200 cámaras y que está dando resultados concretos. Hablamos de varios ejemplos, de que las cámaras han permitido resolver varios casos y que han ayudado tremendamente en la prevención”, resumió el intendente, en declaraciones al área de Comunicaciones. Ayer Brecha solicitó a esa repartición el estudio en el cual Antía basó esta afirmación: se informó que se trata de las estadísticas de 2017, que en realidad establecen una baja “en 26 por ciento para las rapiñas y 49 por ciento, los arrebatos”. Según datos aportados a Brecha desde el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 13 de junio de este año las rapiñas aumentaron en Maldonado un 45 por ciento con respecto a igual período del año pasado. Si estos datos se confirman en julio, siguiendo el criterio estadístico utilizado por Antía, la conclusión será que el objetivo de la videovigilancia en materia preventiva no se logró. Pero las estadísticas generales no alcanzan para evaluar un sistema de este tipo, señaló a Brecha el sociólogo Nicolás Trajtenberg, uno de los pocos académicos doctorados en Criminología con los que cuenta el país. “Para saber exactamente el efecto de la videovigilancia, hay que hacer un diseño experimental. Es importante determinar qué se compara. Por ejemplo, si en 2017 hay un nivel de rapiña diez, se ponen las cámaras y el nivel baja a 8, eso no prueba que el descenso se debió a las cámaras”, remarcó el experto. Para demostrarlo hay que poner cámaras en una zona y comparar los resultados con otra, de características similares, donde no hay cámaras. Otro aspecto a contemplar es el efecto desplazamiento: si las cámaras no están ubicadas en “los barrios de los trabajadores”, puede ocurrir que el delito se disperse hacia zonas menos pudientes, explicó.
En general, Trajtenberg entiende que Uruguay tiene “un problema serio con las fuentes de información” en las que basa su política de seguridad. “La investigación para conocer las causas de la violencia y para saber si las políticas son efectivas es muy pobre: hay muy pocos estudios, de muy poca calidad y sobre todo con muy poca capacidad de dar sugerencias prácticas a los tomadores de decisión”, advirtió el miércoles por la noche, al participar en una mesa redonda sobre “Criminalidad, violencia y seguridad ciudadana” organizada en Maldonado por el conglomerado de agrupaciones frenteamplistas conocido como “la lista del camión”. El académico tampoco soslaya que, al momento de evaluar el éxito de un programa, puede haber conflictos de interés, por lo cual no es conveniente que los analistas sean los mismos que ejecutan ese programa.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, dijo a Brecha que desconoce en qué se basa actualmente la Idm para defender el éxito del millonario proyecto en materia preventiva: “Atenerse a las estadísticas no alcanza para afirmar que un sistema es exitoso”, comentó. En su opinión, el sistema fernandino ha dado “buenos resultados” en cuanto “en algunos lugares sirvió como elemento disuasorio” mientras en otros hubo una mejora de la eficiencia policial y judicial al momento de investigar y aclarar delitos durante 2017. Sin embargo, remarcó que “ningún programa en forma aislada es exitoso para combatir el delito. Las cámaras influyen, pero también influye el sistema de patrullaje y el análisis de la policía en cuanto a dónde y cómo se cometen los delitos”.
El jerarca, que también participó en la mesa redonda realizada en Maldonado, dijo que el gobierno central “vio con buenos ojos” que el intendente Antía se preocupara por la seguridad y adquiriera un sistema para el cual la cartera no contaba con fondos. Así y todo, tomó distancia sobre el proceso de contratación directa de Elbit y la intervención de técnicos israelíes en el diseño del programa: “Apoyamos desde el punto de vista técnico, pero no participamos de la compra y negociación. Nuestros técnicos participaron en la instalación del plan y sé que participó otra gente, sugiriendo que se instalaran cámaras en otros lados, pero eso lo resolvió la Idm con la gente que ellos resolvieron contratar”, señaló, bajo el entendido de que esto no viola el mandato constitucional que otorga exclusivamente al Poder Ejecutivo la definición y ejecución de la política de seguridad nacional. Por otra parte, Vázquez evitó opinar sobre las actividades promocionales desarrolladas por el gobierno de Israel dentro del centro de monitoreo o sobre el uso de la información allí surgida: “Es un problema de la Idm”, concluyó.
He leído el artículo que has escrito, y me ha gustado mucho. Punta del Este me parece una ciudad fabulosa que visitar y pasar unas magníficas y relajadas vacaciones.
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