Se hunde el gobierno

 

Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou, quien en su momento sostuvo que le «creía» a Penadés y que el ahora exsenador contaba con su «confianza» y «respaldo», confesó el miércoles que «no es un día fácil». «Es un día muy triste. De confirmarse en una sentencia esta situación, es una persona que desconozco, no es la persona que uno conoció», expresó en rueda de prensa en Torre Ejecutiva. «Obviamente, habría una mentira al respecto», evaluó.

 Once víctimas y 22 delitos  enviaron a la cárcel al parlamentario más influyente del gobierno.

Gustavo Penadés ya está alojado en la Unidad 19 del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicada en Florida. Una cárcel segura y moderna en comparación con la mayoría de las del resto del sistema penitenciario. Deberá cumplir 180 días de prisión preventiva en el mismo lugar en donde está recluido el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, en un nuevo golpe de carácter penal para el gobierno. 

La imputación de Gustavo Penadés puso nuevamente bajo sospecha el uso que los policías realizan del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior. Carlos Darwin Tarocco está detenido desde el martes 10, acusado de ingresar al SGSP para obtener datos de las víctimas que denunciaron al exsenador. La fiscal Alicia Ghione, quien lleva adelante el caso, declaró el martes que el objetivo fue parte de un «plan» de Penadés para hacerse de «información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías».

Heber sobre imputación de Penadés: «En primera instancia y sin perjuicio de la sentencia que vendrá de parte de la Justicia, queremos decirle a la opinión pública el dolor, el engaño que sentimos en lo personal, la traición que sentimos por esta situación. 22 delitos fueron los que se imputaron a Penadés y realmente esto nos ha ocasionado, primero, la instancia de delitos que son aberrantes. Nosotros suscribimos plenamente la declaración de nuestro partido, del Partido Nacional, que en ella se solidariza con las víctimas», expresó.

Este empleo fue cuestionado el año pasado durante la investigación a Alejandro Astesiano, en la que la Justicia comprobó que el excustodio presidencial y policías usaban el SGSP para conseguir información con fines personales. El protocolo de uso de la plataforma establece que «no confiere autoridad para divulgar la información registrada» ni «discutir la misma con familiares o amigos, debido a que esa discusión puede conducir a una divulgación no autorizada a terceras partes».

Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou, quien en su momento sostuvo que le «creía» a Penadés y que el ahora exsenador contaba con su «confianza» y «respaldo», confesó el miércoles que «no es un día fácil». «Es un día muy triste. De confirmarse en una sentencia esta situación, es una persona que desconozco, no es la persona que uno conoció», expresó en rueda de prensa en Torre Ejecutiva. «Obviamente, habría una mentira al respecto», evaluó.

 

El Frente Amplio (FA) exigió este miércoles la renuncia de Heber, luego de que la Fiscalía informara que desde la propia Policía se armó «un plan», junto con Penadés, para montar una «estafa procesal». En conferencia de prensa, el senador frenteamplista Enrique Rubio señaló que esta situación «no tiene precedentes» y que es de «tal gravedad» que amerita que el Parlamento adopte «decisiones drásticas y claras» respecto de este tipo de comportamiento «indigno» e «incompatible» con la función del senador.

 

De acuerdo al senador Mario a Bergara, habrá que investigar «qué grado de conocimiento» tenía Heber: «Si conocía o incluso participaba en esta maniobra, obviamente implica la necesidad de su renuncia, y si no lo sabía y estas cosas pasaban en sus narices, también amerita la renuncia».

La senadora frenteamplista Silvia Nane expresó que hay actores políticos de «relevancia primordial» en el gobierno que supieron respaldar a Penadés, entre ellos, Lacalle Pou, Heber, el presidente del INAU, Pablo Abdala, y la presidenta del Inmujeres, Mónica Bottero. «Ni más ni menos que la institución pública que tiene que dirigir las políticas de infancia y adolescencia. Acá hay un sistema institucional que en vez de actuar protegiendo a las víctimas actuó para autoperpetuarse y para defender a quienes hoy deberían haber actuado de otra manera, y eso ya es absolutamente inocultable», consideró Nane.

Este miércoles de noche, la Cámara de Diputados votó una moción, a impulso del Frente Amplio (FA), para pedir la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la trama policial para favorecer al exsenador blanco Gustavo Penadés, recién expulsado de la cámara alta, luego de su formalización por una veintena de delitos sexuales. La iniciativa no prosperó, dado que, al igual que en el Senado, el oficialismo no la acompañó.

HUNDIDO
La caída de Gustavo Penadés desnuda una compleja trama de poder

El político herrerista, uno de los dirigentes más influyentes del Partido Nacional, fue encarcelado por una veintena de delitos sexuales y Carlos Taroco, exdirector del Comcar, pasará a prisión por entorpecer la investigación.
El caso tuvo múltiples derivaciones políticas y la investigación sigue detectando ramificaciones que complican al Ministerio del Interior; sin embargo, el presidente volvió a respaldar a Luis Alberto Heber.
Además de que hubo seguimientos y amenazas contra los denunciantes, el teléfono de una de las víctimas pudo haber sido intervenido ilegalmente, de acuerdo a las últimas investigaciones del equipo fiscal.

No hay dudas de que los hechos que, por estas horas, se precipitan en los estrados judiciales pasarán a la historia de la política nacional. Nadie recuerda que un senador haya sido formalizado por tantos y tan graves delitos como los que se le atribuyen a Gustavo Penadés. No se trata, además, de cualquier senador, sino de la principal voz del gobierno en el Poder Legislativo, cuerpo que integra desde hace tres décadas. El martes 10 de octubre, a pedido de la fiscal de Delitos Sexuales de Sexto Turno, Alicia Ghione, la jueza Marcela Vargas formalizó al ahora exlegislador por la presunta comisión de 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravado, un delito de violación, uno de corrupción de menores y uno de atentado violento al pudor, «todo en régimen de reiteración real, en calidad de autor», de acuerdo al correspondiente auto de formalización. También fue formalizado Sebastián Mauvezín, a quien Penadés conoce desde hace años por vínculos con su familia, por la presunta comisión de siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real en calidad de autor. Ambos están, desde entonces, en prisión.
Pero el caso ya trasciende los delitos sexuales a los que se vincula al exsenador y que abarcan un período de más de dos décadas. A la salida de la audiencia judicial del martes, la fiscal Ghione lanzó duras acusaciones contra Penadés, entre ellas, la de haber articulado una «estafa procesal» al tratar de inducir a error al ministerio público. «El plan del que hablaba Penadés desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y de policías», espetó Ghione. Durante el fin de semana, El Observador (7-X-23) había divulgado audios provenientes de escuchas telefónicas dispuestas por la Justicia a pedido del equipo fiscal, en las que se escuchaba a la funcionaria de la Corte Electoral Graciela De Vecchio referirse, en diálogo con colaboradores de Penadés, a búsquedas de información realizadas en sistemas internos del organismo. De Vecchio es secretaria en la corte del ministro en representación del Partido Nacional (PN) Arturo Silvera, quien trabajó durante años en pase en comisión con el exlegislador de la 71, lista por la que también fue edil en Montevideo. Las escuchas incluyen una conversación entre De Vecchio y un colaborador de Penadés, Horacio Tejera, en la que la funcionaria pasa datos de un joven de 22 años y de su madre, presumiblemente con intención de identificar a una de las víctimas cuya identidad está protegida por la Justicia. Al día siguiente de la audiencia, M24 (11-X-23) dio a conocer escuchas que involucran a otros integrantes de la 71, como el director nacional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Santiago Borsari.
El cúmulo de información en poder de la fiscalía abre una línea de investigación vinculada a una serie de presuntos delitos cometidos con posterioridad a los que dieron origen a la causa y cuyos alcances, por ahora, se desconocen. En principio, en la noche de ayer fue formalizado quien hasta el momento era director del Comcar y de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Carlos Darwin Taroco, por cohecho calificado y revelación de secreto, acusado de estar detrás de investigaciones paralelas irregulares. El policía deberá cumplir prisión preventiva hasta febrero. La fiscal del caso hizo público que, en el celular de Penadés, incautado sorpresivamente en la audiencia del 18 de agosto pasado, se encontró un esquema con membretes del Ministerio del Interior (MI) en el que se vinculaba a Jonathan Mastropierro, una de las víctimas de la causa, con otros posibles denunciantes (no se sabe hasta ahora si las identificaciones fueron certeras o no). Uno de los incluidos en el esquema es Sebastián Barbieri Franco, asesinado en abril, en Sayago, y mencionado por Ghione en la solicitud de desafuero del nacionalista (El País, 12-X-23).
Para la construcción de esta información, los policías llevaron adelante operaciones de inteligencia. Bajo órdenes de Taroco, otro policía, Federico Fabricio Rodríguez, se acercó a Mastropierro presentando como cobertura el interés de establecer una relación íntima y también comercial («Quiere hablar de unos negocios rurales. Los abuelos [le] dejaron un campo en Juan Lacaze y quiere armar algo relacionado a los negocios ganaderos. Pero es un queso con las redes», dijo en una conversación de Instagram la joven que hizo de nexo entre espía y espiado). Tras la detención de Taroco, su abogado, Ignacio Durán, buscó separar a su cliente de Penadés. Dijo que no hay comunicaciones entre ellos en el celular del policía y que Taroco «desde hace muchos años, por su cargo, ha investigado a Mastropierro. […] Esto es parte de una investigación que él siguió haciendo porque entiende que es un estafador contumaz», señaló el abogado en rueda de prensa. Durán agregó que su cliente afirma que «todo lo hizo en su condición de funcionario policial y que funcionalmente puede hacerlo por el cargo que ocupa, porque [Mastropierro] es una persona que estuvo en cárceles» y «está vinculada a reclusos que él está investigando».
El abogado «confesó una pesquisa ilegal» de su cliente, dijo a este semanario una fuente policial, y remitió al artículo 287 del Código Penal, que establece que «el funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, ordenare o ejecutare una inspección o registro personal, será castigado con tres a 12 meses de prisión». Es que, aunque la versión de Taroco es que el esquema fue filtrado a Penadés por otra vía y no fue hecho según sus intereses, las funciones del policía no le permitían hacer esas investigaciones, de las que, además, no puso en conocimiento a la fiscalía. La última causa de Mastropierro se cerró en octubre de 2022. El joven ha denunciado detenciones y hostigamientos de la Policía y presencia de autos extraños en la puerta de su casa (algo que también señalaron la denunciante Romina Celeste y la abogada del Consultorio Jurídico, Soledad González, que defiende a varias víctimas). En las últimas horas, desde el equipo fiscal le advirtieron a Mastropierro que en las escuchas surgen sospechas de que su teléfono pudo haber sido intervenido ilegalmente.

Pero a la hipótesis del estafador contumaz tampoco la favorecen las fechas de las pesquisas. Brecha accedió a la conversación de Instagram en la que una chica se contactó con Mastropierro para decirle que el policía Rodríguez quería verlo, y que lo conocía de la cárcel. El primer mensaje –un comentario a una historia de Mastropierro– es del 18 de julio, dos semanas después de que radio Universal divulgara la identidad del joven. El delito de desacato que la fiscal le imputó a Penadés es por su participación en ese programa, por entender que violó la reserva de la identidad de una víctima. Además, de acuerdo a lo que pudo saber este semanario, hay otro elemento que contraría la intención del exsenador de «colaborar con la Justicia», de la que ha hablado en momentos previos y posteriores a que se le tomara declaración. Fuentes de la causa dijeron que, de acuerdo a información oficial de ANTEL obtenida por el equipo fiscal, Penadés cambió de celular el 29 de marzo, el mismo día en que el fiscal de Corte, Juan Gómez, dispuso de oficio el inicio de la investigación. Este jueves, también se supo que los abogados del herrerista dejaron su defensa.
HEBER, RESPALDADO
En la esfera política, la formalización de Penadés desembocó en su expulsión de las dos cámaras. El nacionalista ocupaba como suplente la banca en el Senado del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y era, a su vez, diputado titular. La aplicación del artículo 115 de la Constitución, que implicó la expulsión «por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo», fue votada por unanimidad, pero volvió a provocar rispideces a la interna de la coalición. Desde filas coloradas, trascendió que los blancos los embretaron al pronunciarse repudiando las conductas de Penadés sin abrir la discusión, cuando en ese partido tenían recomendaciones jurídicas que les indicaban que para tomar la decisión convenía esperar a la sentencia judicial. Desde Cabildo Abierto, en tanto, el senador Guillermo Domenech dijo no tener pruebas sobre los delitos por los que se formalizó a Penadés y que «solo Dios sabe si es responsable de lo que se le imputa». De todas maneras, entendió que el exsenador debía ser cesado por el artículo 80 de la Constitución, que dice que la ciudadanía se suspende «por la condición de legalmente procesado en causa criminal de la que pueda resultar pena de penitenciaría» (El País, 12-X-23).
El Frente Amplio (FA), por su parte, volvió a pedir la renuncia de Heber. Tras momentos de incertidumbre en la Cámara Alta, llegó el respaldo público del presidente Luis Lacalle Pou y la conferencia de prensa en la que el ministro negó las investigaciones paralelas y atribuyó a la propia Policía el mérito de haber descubierto las pesquisas de Taroco y Rodríguez (a quien no nombró). Efectivamente, Policía Científica e Interpol participaron en la investigación de esos hechos, pero lo hicieron bajo órdenes de la Fiscalía. Institucionalmente, si las faltas hubieran sido detectadas por la institución policial o el MI, la investigación debería haber pasado a cargo de Asuntos Internos. El ministro también se defendió argumentando que no tenía conocimiento de lo actuado por los policías del INR, aunque el pedido de renuncia del FA fue «por acción u omisión». La oposición evalúa si interpelarlo nuevamente, impulsar una comisión investigadora o promover una censura de la Asamblea General por el artículo 147 de la Constitución. Habrá que ver si el respaldo multicolor al errático ministro –el peor evaluado por la ciudadanía según las encuestas– continúa. Y con qué costos.

La cara del espanto

 

El caso Penades espanta.

Espanta lo abominable del delito. Pero espanta también la eficacia de su capacidad de embaucar y la incapacidad de quienes lo rodeaban de percibir el aroma a podrido que lo impregna...o peor aún, su complicidad.

Espanta la benignidad de los incrédulos y espanta el apoyo brindado en el primer momento desde las más altas cúpulas del poder ejecutivo.

Espanta también que el destape de esta olla putrefacta haya nacido de una venganza política, de un arrebato de egos lastimados.

Espanta que haya un sistema tan fácil de evadir para los que tiene poder.

Espanta que haya una decena de casos y vaya a saber cuántos más que no se conocen, que no encontraron en su momento seguridad en las instituciones existentes para denunciar a un abusador.

Espanta, tanto espanto.

Todo el peso del poder judicial sobre el pedófilo y sus redes de complicidad, pero para el día después, hay que cambiar muchas cosas, porque seguramente haya mucho más Penades de los que nos gusta saber.

Hasta que la dignidad se haga costumbre.

Sergio Sommaruga

Políticamente degenerados

Corrupción nacional

 

Gustavo Penadés irá preso preventivamente por 11 delitos de retribución a explotación sexual a menores y 4 delitos de abuso sexual especialmente agravado, violación, desacato, atentado violento al pudor, corrupción de menores.

Justicia dispuso embargo genérico respecto de Penadés hasta cubrir 25 millones de pesos y de Mauvezín. hasta cubrir 3 millones de pesos. Suspensión en el ejercicio de patria potestad e inhabilitación para ejercicio de funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud, y de todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes.

Apoyos políticos

Su amigo fue imputado

El presidente de la república y el ministro del interior debieran salir públicamente a reconocer la gravedad de su error.
El respaldo de las autoridades tuvo un efecto negativo en la investigación por la que hoy es imputado.
Hasta conferencias en el parlamento hubo.

 

Gustavo Penadés movió vínculos para intentar conocer la identidad de las víctimas. Por este motivo está detenido el director de Comcar, Darwin Tarocco y se investiga a otras personas involucradas. Se utilizó el aparato estatal para un caso particular sobre abuso de menores.

"El plan del que hablaba Penadés es un plan que armó el propio senador con información pública y colaboración de asesores y policías. Hay un jerarca del INR detenido desde las 19 horas de hoy", dijo tras la audiencia la fiscal Alicia Ghione.

El delito de desacato es por haber dado a conocer públicamente el nombre de una de las víctimas: Jonathan Mastropierro. Penadés lo acusó de ser el que estaba detrás de la trama armada para perjudicarlo.

Integrante de la lista 71 habría utilizado su lugar en la corte electoral para investigar a víctimas de Penadés

Según surge de audios que forman parte de la carpeta fiscal, se montó una investigación paralela en el Ministerio del Interior y se vincularon diversas personas del entorno de Penadés. Una de las obsesiones fue averiguar la identidad de las víctimas. Penadés tuvo un rol activo.

El exsenador blanco Gustavo Penadés enfrentará una prisión preventiva por 180 días tras ser imputado por la Justicia a pedido de la Fiscalía por 22 delitos sexuales.
En una por momentos tensa audiencia que duró unas siete horas, la jueza Marcela Vargas hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno, integrada por la fiscal Alicia Ghione y las fiscales adjuntas María José Brisco, Fulvia Favretto y Patricia Bentancor. El abogado de Penadés, Javier Vega, apeló el fallo.
Lo que la jueza Vargas tipificó a Penadés fueron 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor.
En tanto, para el exdocente del Liceo Militar Sebastián Mauvezín la magistrada le tipificó la comisión de siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad.

Ambos deberán ir al Instituto Técnico Forense (ITF) donde se les realizarán pericias psiquiátricas.

Para los dos imputados se dispuso un embargo genérico. Penadés enfrentará un embargo de $ 25 millones y para Mauvezín hasta cubrir la suma de $ 3 millones.

Informes

En un primer tramo de la audiencia, las defensas de Penadés y de Mauvezín presentaron un escrito a la jueza Vargas solicitando la suspensión de la instancia.

Señalaron que no estaban dadas las garantías procesales, ya que en la carpeta investigativa había conversaciones entre Mauvezín y su defensor Juan Carlos Fernández Lecchini, lo cual era irregular y violaba el derecho a defensa.

La fiscal Ghione explicó que una cosa es la extracción de información de un celular y otra el análisis de la misma.

“En los procesos de extracción de información no puedo manipular el celular y decir extraigo esta parte y esta no. Así como extraigo puedo producir información y esa prueba sería nula. Saco toda la información del celular y luego el material pasa a otro departamento donde se hace el análisis”, sostuvo.

Ghione advirtió que la Fiscalía dio la orden de que en el análisis del celular “no viniera nada” que tenga que ver con la conversación entre la defensa y el imputado porque así está establecido en la norma.

Sostuvo que los informes del Departamento de Delitos Especiales de los celulares de Penadés y de Mauvezín en ninguno de ellos hay mensajes con sus abogados. “Esos mensajes sí quedaron en la extracción general que las dimos a las defensas. No podría extraer la información de forma partida, estaría manipulando el celular”, explicó.

A las 17:00 horas, la jueza Vargas no hizo lugar al planteo de las defensas y comenzó el debate.

Ghione, en su intervención, relató todas las pruebas testimoniales y materiales que tenía en contra de Penadés. También advirtió que iba a pedir la formalización con prisión preventiva para ambos imputados porque había riesgos procesales.

Entre las pruebas materiales, Ghione enumeró en la audiencia fotografías de adolescentes que “se pasaba uno (Mauvezín) a otro (Penadés). Esas fotografías se encontraron en el teléfono de Penadés”.

Otras pruebas enumeradas por la fiscal son las escuchas telefónicas de los asesores del parlamentario blanco para obtener evidencias. Consultada sobre cómo justificaba la prisión preventiva de Mauvezín, la fiscal dijo que esta se decretaba por los mismos riesgos procesales que Penadés.

“El plan”

En una rueda de prensa realizada afuera del juzgado, Ghione fue más explícita: “Hubo amenazas y seguimientos a las víctimas. Y entendemos que hubo una estafa procesal (contra la Fiscalía) porque el plan que hablaba el senador desde un inicio, fue uno que armó el propio legislador con información pública, con colaboración de asesores y de policías. De hecho tenemos un jerarca del Instituto de Rehabilitación detenido desde las 19 horas de hoy (por ayer)”.

 

Según la fiscal, se trata del director del ex Comcar, Carlos Tarocco. “El rol de ese funcionario lo vamos a ver mañana (por hoy). Todavía es información reservada. Hablamos de colaboración en el plan que Penadés decía, una trama contra él”, dijo Ghione.

El objetivo de ese plan, según la Fiscalía, también era revelar la identidad de las 11 víctimas que declararon contra el legislador.

“El plan se armó entre todos. No lo armó solo el senador Penadés”, insistió Ghione.

Según la fiscal, Penadés, Mauvezín y las defensas armaron un flujograma con todos los vínculos de las víctimas.

“Ese flujograma se armó con información policial”, expresó la fiscal Ghione.

-¿Por qué pidió imputar a Penadés por el delito de desacato?

Ghione: La víctima tenía una identidad reservada y el senador Penadés, a través de una programa radial de fecha 3 de julio de este año, develó la identidad de la víctima.

Esta víctima es Jonathan Mastropierro, que fue señalado por Penadés y respondió con una denuncia por difamación e injurias contra el exlegislador.

En otro tramo de la rueda de prensa, Ghione dijo que no tenía información en la carpeta investigativa acerca de que operadores políticos estuvieran detrás de ese plan orquestado para beneficiar a Penadés.

Ghione señaló que recibió denuncias de víctimas que vieron autos extraños en la puerta de sus casas. Agregó que los denunciantes también acusaron seguimientos concretos. Y señaló: “Ante mi casa hubo autos extraños y cuando fui a sacarles fotos, se fueron”.

Cruces por trama contra Penadés

Los abogados del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, coincidieron con la Fiscalía en que existieron riesgos procesales que entorpecieron la investigación y la seguridad de las víctimas.

“Se diseñó una especie de plan para generar una teoría del caso alternativa a la de la Fiscalía”, explicó Williman coincidiendo con las declaraciones hechas por la fiscal Alicia Ghione.

Williman acusó a las defensas de Gustavo Penadés y de Sebastián Mauvezín y a los propios imputados de “utilizar determinados beneficios que una persona normal no tiene para ir generando una especie de investigación paralela, que no es la oficial, intentando construir una alternativa a la teoría del caso” de la fiscal.

Williman dijo que se buscó probar la existencia de “una trama” que tenía como finalidad encarcelar al exsenador nacionalista.

En varias ruedas de prensa, Penadés insistió en que era inocente y sostuvo que había una trama orquestada en su contra. Sin dar nombres, Penadés aludía a la militante nacionalista Romina Papasso y al joven Sebastián Mastropierro.

En el entorno de Penadés se sostenía que tanto Papasso como Mastropierro conocían a los jóvenes que denunciaron penalmente al senador.

El 5 de julio pasado, Penadés insistió en rueda de prensa en que “el tiempo va a ir dando la posibilidad de conocer la trama que hay detrás de todo esto”.

Y agregó: “(La línea argumental) que tenemos nosotros creo que se sustenta en una trama que se ha organizado para perjudicarme. Y en ese sentido, se han utilizado una serie de elementos, que esperemos contar con las posibilidades de poderlo demostrar; muchas de ellas se han (mencionado) en mi primera declaración, y esperemos en el futuro tener otros elementos para poder trabajar sobre la misma”.

Penadés también se refirió a la foto que lo muestra en un hotel de alta rotatividad, en la que se ve a un joven reflejado en un espejo, y al video en el que se lo ve entrando a un cajero automático, materiales difundidos en marzo pasado por la militante (y primera denunciante) Romina Celeste Papasso. “Yo sé quién lo filmó, era una persona mayor de edad y sé perfectamente (...) cuándo lo filmó”, afirmó Penadés.

Consultado respecto a si piensa que esa persona es una de las que está detrás de la trama, apuntó: “No me cabe la menor duda”.

Fiscal presentó un cúmulo de pruebas

La fiscal de Delitos Sexuales de 6° Turno, Alicia Ghione, afirmó ayer que tiene “cantidad” de pruebas contra el exsenador blanco Gustavo Penadés. La fiscal hizo hincapié en las pruebas testimoniales de 11 denunciantes. “Las declaraciones de las víctimas no es algo menor. Ya son pruebas. Se hizo prueba anticipada. También tenemos evidencias de otras víctimas que no concurrieron todavía (a declarar)”, sostuvo.

Expresó que cuenta con pericias psicológicas del Instituto Técnico Forense (ITF) que dan cuenta de los hechos.

De las escuchas telefónicas, relató la fiscal, Mauvezín reconoce a una amiga que le presenta jóvenes a Penadés. “El (por Mauvezín) señaló a su amiga que después lo que pasa entre ellos no es cosa suya”, relató la fiscal.

Con respecto a las transferencias de dinero hechas por Penadés a menores, Ghione dijo esperaba esas pruebas.

 Ayer por la noche, Gustavo Penadés, senador suspendido en sus funciones, experimentó su primera jornada tras las rejas en la cárcel de Punta de Rieles, conocida por ser el punto de ingreso en esta clase de casos, para aquellos imputados bajo prisión preventiva. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Florida, marcando un giro en su proceso judicial.
La decisión de derivar a Penadés a la cárcel de Florida se fundamentó en motivos de seguridad, aunque los detalles precisos de esta medida no han sido divulgados. Este cambio de ubicación añade una capa de incertidumbre al destino del senador suspendido, quien aguardará en dicha institución la pericia forense solicitada por su defensa legal para ver si le otorgan prisión domiciliaria o no.
Mientras espera en la cárcel de Florida, se llevará a cabo la evaluación forense que sus abogados han gestionado, un proceso crucial que eventualmente contribuirá a la decisión final de la justicia sobre su lugar definitivo de reclusión.
Cabe destacar que la cárcel de Florida ya alberga a otra figura prominente, como Alejandro Astesiano, ex Jefe de Seguridad del Presidente Luis Lacalle Pou. Esta coincidencia añade un matiz peculiar a la situación de Penadés, quien comparte espacio en la misma institución con un ex alto funcionario del gobierno. La intersección de estas historias dentro de los confines de la cárcel de Florida subraya la increíble trama de escándalos que ha sacudido al actual gobierno.
En resumen, la entrada de Gustavo Penadés a la cárcel de Florida marca un episodio significativo en la historia del país, ya que no hay antecedentes de un caso siquiera parecido.

 

 

 

 

 

 

 

Cosechas robadas

 

Las exportadoras cargan los barcos en la Argentina pero facturan donde más se les facilita la evasión.

Empresas del agronegocio evaden millones de dólares vía Uruguay

Por Nahuel Lag

 

“El sector que más divisas ingresa al país: casi el 50% del total de sus exportaciones”, sostiene —escrito en inglés— el Centro de Exportadores de Cereales en su página web. El dato privado se puede contrastar con el último informe de Comercio Exterior del Indec: en agosto pasado, la exportación de productos primarios y las de manufacturas de origen agropecuario representaron el 60% del total, con gran protagonismo de granos, aceites y harinas. Pero ¿las ganancias de esas exportaciones quedan todas en la Argentina? En el informe “Cruzar fronteras para cosechar ganancias”, los investigadores del Conicet Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti estudiaron los datos contables de una docena de empresas cerealeras y aceiteras, nacionales y multinacionales, que tienen empresas en Uruguay, donde declararon ganancias por 3.954 millones de dólares entre 2017 y 2021, por producciones que no tocaron suelo uruguayo. En el caso de las firmas uruguayas pertenecientes a empresas argentinas del agronegocio, el 40% del total de su facturación lo hicieron en el país vecino.

¿Cómo eluden impuestos las empresas del agronegocio argentino? Es la pregunta que guía el informe de Gaggero y Zanotti. La respuesta: las firmas del agronegocio tienen radicadas en Uruguay “empresas cáscara”, que no tienen actividad productiva y cuyo único objetivo es comercializar desde suelo uruguayo gran parte de lo producido en otros países —la Argentina y Brasil, en el caso de las estudiadas— para aprovechar los beneficios de un régimen impositivo especial que reduce los impuestos por ganancias a menos del 1%.

“Cabe destacar que las ventas de las empresas uruguayas en realidad son una ficción contable y en los hechos las mercaderías de ningún modo zarpan del puerto uruguayo”, subrayan los investigadores, y advierten cuál es el beneficio fiscal que los impulsa a crear esas empresas: “En 2021, las firmas del agronegocio destinaron solo 2% de sus ganancias brutas al pago de todo tipo impuestos”.

¿Cómo es la operatoria? Las firmas uruguayas adquieren la producción de sus contrapartes radicadas en la Argentina, donde la empresa productora vende a las respectivas empresas cáscara de Uruguay a precios menores a los de mercado y, posteriormente, estas últimas comercializan la producción con compañías extranjeras. El pago de retenciones a la exportación se sigue cobrando en el país, lo que se busca evadir es, principalmente, el pago del impuesto a las ganancias.

Las empresas estudiadas —analizando las ganancias declaradas en la Argentina, donde tienen producción; y las declaradas en Uruguay, donde hay poco más que una dirección fiscal— son las multinacionales Cargill, Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra y Syngenta; y las empresas de capitales argentinos Vicentin, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), que en tierras uruguayas está registrada con el nombre de Fisway SA, a diferencia del resto que mantienen su nombre original o parte de él en la “empresa cáscara”. La mayoría integran el Centro de Exportadores de Cereales, organización que impulsa una Ley Agroindustrial con el objetivo incesante de pagar menos impuestos. El oficialismo la respaldó y la oposición también, pero aún no pasó el debate de comisiones.

Uno, dos, tres, diez Vicentines

“Hicimos este estudio porque habíamos hecho un trabajo anterior sobre Vicentin y la estructura que tenía como grupo empresarial, en la que había una empresa muy importante que era su filial en Uruguay, con un rol contable y no productivo. La filial uruguaya era utilizada para comercializar buena parte de lo que exportaba, pero además las empresas argentinas estaban en manos de un holding formado en Uruguay. El caso de Vicentin deja muy claro los problemas que le generan al Estado argentino estas empresas con estructura internacionalizada”, reseña Gaggero en diálogo con Tierra Viva, sobre la punta del ovillo que los llevó a investigar la ingeniería fiscal de las cerealeras.

El caso de Vicentin volvió a la agenda en las últimas semanas debido a que el juez civil y comercial N°2 de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, declaró abierto el periodo de concurrencia, tras un extenso proceso de concurso de acreedores abierto en febrero de 2020. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones volvió a fallar a favor de la empresa del agronegocio y revirtió la decisión, dándole más tiempo para negociar su deuda. La empresa declaró su estado de cesación de pagos por una deuda de 1.300 millones de dólares en 2019, a pesar de haber liderado los rankings de exportaciones y haber recibido créditos millonarios por parte del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

El proceso involucra un vaciamiento de la empresa hacia Vicentin Family Group, al otro lado del Río de La Plata. En paralelo al proceso de quiebra, en el que los acreedores van desde el Banco Nación —con el que Vicentin tiene una de deuda de 300 millones de dólares— hasta productores chacareros, 12 integrantes del directorio de la empresa local fueron imputados por asociación ilícita y estafas.

El informe de Gaggero y Zanotti da cuenta de que el caso de Vicentin no es una excepción sino una regla y ocurre desde principios de siglo. De acuerdo a las informaciones obtenidas del Boletín Oficial de Uruguay, las “empresas cáscara” estudiadas comenzaron a conformarse en 2000. Los investigadores enmarcan este entramado de abuso fiscal en un contexto global iniciado a mediados del siglo XX, cuando la producción de alimentos y derivados se dejó de realizar de forma local, de la producción al consumo, y tuvo lugar un proceso de concentración económica dominado por grandes corporaciones multinacionales en una clara tendencia a “universalizar” los alimentos, entendiéndose por “agronegocio” un sector que se extiende a insumos biológicos destinados a diversos usos, incluyendo alimentos, forraje, biocombustibles y materias primas en otras industrias.

En el caso particular de la Argentina, Gaggero y Zanotti marcan que la expansión del agronegocio estuvo encabezada por grandes multinacionales (Bunge, Cargill y Dreyfus) y ciertos grupos económicos locales (Vicentin y AGD), que estaban presentes en el país pero crecieron de la mano de algunos hitos con el modelo económico instalado por la última dictadura cívico-militar, como una modificación de la Ley de Granos y la autorización para la construcción de puertos privados, lo que le dio a las firmas de molienda una ventaja en sus costos de logística respecto a otros países de la región producto de la reducida distancia entre los puertos. En la década de 1990, en el gobierno de Carlos Menem, la sanción de la ley de actividades portuarias afianzó el modelo privado. Esa decisión fue acompañada por la aprobación de la soja transgénica, en 1996, lo que cambió el modelo agropecuario argentino.

 

Uruguay, paraíso para la evasión

¿Por qué el suelo charrúa es tan tentador para estas prácticas ilegales de las empresas del agronegocio? Según detalla el informe, Uruguay tiene un trato especial para los holdings —sociedades que administran la propiedad de otras compañías— extranjeros que se radican en el país: no cobra el impuesto a la renta de las actividades económicas (gravado en 25% para quienes producen en Uruguay). Tampoco el impuesto al patrimonio (1,5%), o a las ganancias provenientes, por ejemplo, de los dividendos percibidos por las firmas extranjeras o de la liquidación de una de sus firmas en el exterior.

Además cuenta con un régimen especial para las empresas de intermediación en la compraventa internacional de mercaderías y servicios (trading), tanto para productos como para servicios que se generen en otro país y no toquen suelo uruguayo. A estas, la resolución de la Dirección General Impositiva 51/97 les permite pagar aproximadamente el 0,75% de sus ganancias.

Junto al andamiaje legal, el informe —publicado en agosto por la Fundación Friedrich Ebert— precisa información de las empresas que permiten evidenciar que el único objetivo de su radicación en Uruguay es realizar la intermediación de sus productos y servicios e incrementar los saldos contables para liquidar en ese país las ganancias (con una carga impositiva casi nula). Como muestra, los investigadores aportan dos datos:

• En el caso de las empresas cáscara estudiadas, el gasto en empleados constituye el 0,14% de lo facturado;
• El 1,1% corresponde a activos fijos (maquinaria, plantas o inmuebles).

Es por eso, como también marca el informe, que Uruguay está incluido en el listado de países que no adoptaron el conjunto de reglas de transparencia fiscal de la Unión Europea, aludiendo principalmente a la ausencia de acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria. Esos beneficios para empresas extranjeras Uruguay los aporta a cambio de un escaso pago de impuestos, cuando lo facturado por las “empresas cáscara” del agronegocio, solo en 2021, fueron 42.000 millones de dólares. La cifra representa el 43% del valor bruto de producción de Uruguay y el 72% de su PBI.

¿Cuánto representaría para la Argentina? Si bien el total de la facturado también incluye movimiento de otros países —en particular Brasil— por las triangulaciones hechas por multinacionales como Cargill y Bunge, la economía argentina atraviesa en este 2023 el impacto de la sequía: según la Bolsa de Cereales de Rosario, la pérdida por ese fenómeno fue en 2023 de 14.140 millones de dólares, que ascienden a 19.000 millones si se toma el impacto en toda la cadena.

Estas maniobras de “abuso fiscal”, como lo denominan Gaggero y Zanotti, se extiende más allá del agronegocio, pero para dimensionarlo el informe aporta una estimación de la organización Global Alliance for Tax Justice y Tax Justice Network (Alianza Global por la Justicia Fiscal y Red por la Justicia Fiscal), según la cual en 2021 el Estado argentino dejó de recaudar entre 1.200 y 2.400 millones. En marzo pasado, la AFIP informó que tenía en investigación una supuesta maniobra de evasión por 44.206 millones de pesos que involucraba a 20 cerealeras.

“La creación de firmas en distritos de baja o nula tributación les ha permitido a las grandes corporaciones eludir el pago de impuestos, privando a los Estados —especialmente a los más pobres— de recursos que podrían ser destinados al desarrollo económico y social”, sentencia el informe. “Es una pérdida de recursos muy relevante en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina”, resalta Gaggero, y suma un ejemplo de 2021: una firma uruguaya, perteneciente a una empresa argentina del agronegocio, facturó ganancias por dos millones dólares en la Argentina, donde tiene su producción, y 93 millones en Uruguay.

El informe arroja otras conclusiones reveladoras a partir del estudio de los datos contables de las empresas en ambos márgenes del Río de la Plata:

• Las empresas del agronegocio en Uruguay tuvieron ganancias por 475 millones de dólares en 2021 y por 3.954 millones en los últimos cinco años. Su procedencia está relacionada tanto a la actividad de intermediación a través de los desvíos de precios de transferencia —el cobro por productos y servicios entras las firmas de la misma empresa— como de operatorias con los contratos en el mercado financiero de commodities.
• Las firmas uruguayas pertenecientes a grupos locales argentinos representan más del 40% de la facturación total del grupo.
• “En particular, las firmas de ACA, Cargill, AGD y Pérez Companc acumularon gran cantidad de activos líquidos. Especialmente las firmas uruguayas de capitales argentinos (ACA, AGD, Pérez Companc, Vicentin) concentran gran parte del total del efectivo del grupo en las filiales radicadas en Uruguay. Es decir, los dólares constantes y sonantes de los grupos argentinos son mantenidos en Uruguay a través de las firmas estudiadas”.
• “El patrimonio del grupo argentino Pérez Companc (a través de Molinos Agro) se encuentra especialmente explicado por su filial en Uruguay. Es decir, dicha rama de negocio del grupo posee su patrimonio casi enteramente resguardado en Uruguay. Por otro lado, las firmas de Bunge, Dreyfus, ACA, Adecoagro, AGD, Vicentin, representan entre 4 y 9% del patrimonio total del grupo o conglomerado”.
  
  
  

  “Todas tienen una estructura offshore”

  —¿Funciona distinto la ingeniería de abuso fiscal de una multinacional como Bunge o Syngenta, que tienen filiales en todo el mundo, que la de empresas nacionales como ACA, Molinos, Pérez Companc o Vicentin?

  Alejandro Gaggero: En general, el mecanismo es el mismo. Hay una empresa radicada en la Argentina que produce y una empresa en Uruguay que funciona como comercializadora y se asocia con empresas de otras partes del mundo, ya sean países con los que comercian o guaridas fiscales, donde también hay transacciones. En la actualidad, la estructura de una empresa como Molinos (Pérez Companc) no es tan diferente a la de una empresa multinacional. Todas tienen una estructura offshore, con empresas en países de baja tributación o guaridas fiscales.

  —En el informe marcan cómo América Latina, ubicada en el lugar global de proveedora de productos primarios, tiene enormes dificultades para enfrentar eficazmente el control de estas estructuras corporativas. ¿Cuál es la imposibilidad del Estado argentino para perseguirlas?

  —La manipulación de los precios de transferencia no es legal, es un delito perseguido por el Estado. La AFIP es la encargada de generar los mecanismos para evitarlo. En la práctica, es una tarea muy difícil porque estas diferencias de precio se pueden camuflar de diferentes formas, con los distintos factores que inciden en el precio: la fecha de venta, la fecha de embarque, las variables de transporte o condiciones de venta. De los procesos iniciados por la AFIP son muy pocos los que terminan con un fallo que condene a las multinacionales. El Poder Judicial, en lo fiscal, tiene problemas para enfrentarse a una maquinaria administrativa judicial de firmas que defienden a estas empresas, que no son un adversario fácil. No ha sido eficaz el Estado para controlar esto, incluso en la venta de granos, cuya trazabilidad es fácil de seguir, pero las empresas multinacionales también tienen muchos servicios para facturar y realizar una planificación que los esconda: uso de marca, patentes por innovaciones tecnológicas, que suelen tenerlas en guaridas fiscales. ¿Cuánto le tiene que pagar la empresa a su filial en un paraíso fiscal por el uso de marca o por una consultoría interna? En las transferencias intra-firma no hay regla de mercado para los precios.

  —¿Qué alternativas pueden buscarse para frenar estas estrategias de abuso fiscal?

  —En el mundo se están discutiendo alternativas de cómo gravar a las multinacionales. Una es la de poner un impuesto mínimo, que sería equivalente, por ejemplo, al 15% de las ganancias. La discusión se está dando al nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o sea, son los mismos países ricos los que están poniendo en discusión el rol que tienen las guaridas fiscales y estos sistemas tributarios especiales, porque erosionan la base imponible sobre la que cobran impuestos los Estados. En los últimos años se ha avanzado en ese aspecto, aunque todavía no se llegó a una implementación.

  —¿Qué podría mejorar la Argentina a partir de trabajos como el que realizaron ustedes para poner freno a estas estrategias ilegales?

  —Una de las soluciones posibles, a nuestro entender, es que la Argentina y Brasil negocien con Uruguay sobre sus regímenes especiales, porque son muy perjudiciales para las arcas públicas, mientras que el efecto para la economía uruguaya es muy marginal y concentrado en los sectores financieros e inmobiliario. Por otro lado, sería necesario pensar en cambios de regulación que graven de una forma diferencial las relaciones de intercambio entre empresas productivas argentinas y sus “empresas cáscara”. Se puede hacer, por ejemplo, poniendo impuestos a las transacciones de servicios con filiales en Uruguay. El Estado viene poniendo la lupa un poco más sobre estos mecanismos, pero debe avanzar en formas inteligentes de enfrentar estos perjuicios no desde el discurso sino con medidas concretas. Los mecanismos de abuso fiscal siguen siendo un problema grave.

  —El debate sobre lo fiscal y el pago de impuestos es una constante en las propuestas de campaña presidencial, en particular del candidato de ultraderecha Javier Milei, que apunta contra todo impuesto. ¿Qué análisis hacen a partir del trabajo que realizaron?

  —El informe busca incidir en ese debate mostrando que hay una gran inequidad en el sistema fiscal actual, porque los sectores de más altos ingresos no pagan lo que deberían. Ya no se trata de una reforma fiscal que eleve las tasas imponibles, sino que existen mecanismos por los que los más ricos pueden pagar menos impuestos a las ganancias, o por los que una gran empresa agroindustrial –en términos relativos por su facturación– paga menos impuestos que una ferretería o una pyme metalúrgica que está en blanco. Es un gran problema para el Estado porque implica desfinanciarse. Si el objetivo es no tener déficit fiscal hay que ver de qué forma se busca saldarlo: si a través de impuestos progresivos o de impuestos regresivos, como el IVA, que perjudica a los más pobres.

  —¿Y qué ocurre con planteos como los de Milei de eliminar los impuestos?

  —El planteo de Milei es muy extremo y va contra los consensos que se construyeron en los países centrales, países que él reivindica, para gravar a las grandes empresas que utilizan guaridas fiscales o regímenes especiales. Pero Milei y el movimiento libertario reivindican las guaridas fiscales y valoran a los países que tienen esos regímenes. Sin embargo, es un planteo tramposo porque esos beneficios se aplican solo para extranjeros, no para residentes de esos países, que pagan impuestos en un nivel estándar. Es una admisión tácita de que estos esquemas son perjudiciales. Los libertarios hablan del concepto de “competencia fiscal”, que implica que cada quien elige dónde pagar sus impuestos, suponiendo que forzaría a todos los países a bajarlos. Eso no es lo que están diseñando los países ricos en espacios como la OCDE. Las propuestas libertarias están a contramano de lo que se está haciendo en el mundo.

  —Si Milei ganara las elecciones, ¿se puede deducir que dejaría de perseguir estas estrategias fiscales ilegales de las empresas cerealeras?

  —Las dejaría de perseguir porque considera que el impuesto a las ganancias es un robo e, incluso, premiaría a quienes lograron hacer estrategias de evasión de este tipo. La última propuesta de La Libertad Avanza, frente a los debates de blanqueos fiscales, fue pedir perdón por haber perseguido a las personas que evadieron impuestos. El razonamiento es pedirles perdón por obligarlos a evadir. El esquema que plantean va contra las bases del Estado.

   

  https://agenciatierraviva.com.ar/wp-content/uploads/2023/09/Cruzar-fronteras-para-cosechar-ganancias_.pdf

   

   

  * El artículo se publicó en la agencia de noticias Tierra Viva.

  Ver además:

  https://www.carasycaretas.com.uy/politica/uruguay-es-usado-cerealeras-argentinas-evadir-impuestos-n67190
  

   

   

   

   

Estudiantes del Zorrilla en lucha

Ocupar hasta que se ocupen

 

 

 Los estudiantes reclamaron más presupuesto para la educación.

El gremio estudiantil del Liceo Zorrilla se encuentra realizando un paro activo. La decisión se tomó en rechazo al despliegue policial durante el operativo que los desalojó del centro de estudios en la jornada de ayer y ante la falta de respuestas de Secundaria.

El Gremio de Estudiantes del Liceo Zorrilla (GEZ) ocupó este jueves el local de estudios "en contra del recorte disfrazado de transformación y exigiendo ya el 6 por ciento del PBI para Anep, Udelar, UTEC y el1 por ciento para investigación".

Los estudiantes desalojan el liceo Zorrilla pacíficamente ante una impresionante presencia policial armada y falta de diálogo de la ANEP

“Las instancias de diálogo con las autoridades han sido escasas, sin acta de por medio, no han sido homologadas”, y por eso “sentimos que se nos está ninguneando”, dijo a la diaria Camilo Pons, uno de los voceros del GEZ.

Los estudiantes desalojaron el liceo luego de que se les concediera una instancia de diálogo con los consejeros del Codicen para este lunes; Secundaria respaldó el accionar policial y aseguró que “se actuó según la normativa vigente”.

Una cadena humana se formó instantáneamente en la puerta del liceo Zorrilla cuando la Guardia Republicana subió las escaleras y estuvo a punto de ingresar al centro para desalojar al estudiantado. Entre el casi y la concreción, uno de los agentes intentó desmembrar la cadena y forcejeó con una de las estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que fueron quienes resguardaron la puerta. El intento culminó al acercarse el policía a cargo del operativo y llamar a la calma.

Siete autos y un ómnibus de Policía, dos camiones de la Guardia Republicana, escudos, escopetas, cascos. Este jueves el Gremio Estudiantil del Zorrilla (GEZ) ocupó el centro educativo desde las 7.30 y fue desocupado sobre las 15.00, mediante negociaciones con las fuerzas policiales, Julián Mazzoni, uno de los consejeros docentes del Consejo Directivo Central (Codicen), y las diputadas por el Frente Amplio Micaela Melgar y Lucía Etcheverry.

Detrás de la puerta vallada por los estudiantes de la FEUU aguardaban, sentados y entonando cánticos, los estudiantes del GEZ, que decidieron permanecer dentro de la institución hasta tener respuesta de su principal reclamo: dialogar y negociar con las autoridades del Codicen.

“Mantenemos las históricas reivindicaciones vinculadas a nuestra plataforma reivindicativa”, narró a la diaria Camilo Pons, vocero del gremio. Además de los “problemas edilicios”, entre otros puntos, reclaman por el “histórico 6+1% para educación e investigación” en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas en el pleno del Senado, y en apoyo a los estudiantes de educación terciaria que están ocupando las instituciones

“Tanto los educandos como los educadores tendríamos que ser los principales artífices de las políticas para la educación, porque somos quienes vivimos la realidad de la educación pública todos los días en nuestras respectivas instituciones”, planteó el estudiante. Sin embargo, aseguró que “las instancias de diálogo con las autoridades han sido escasas y sin acta de por medio, no han sido homologadas; sentimos que se nos está ninguneando”.

Así como aguardaban por la confirmación de la reunión, también decidieron permanecer a pesar de la presencia policial porque, según dijo Pons, la intimación para desalojar por parte del Ministerio del Interior (MI) no llegó “en formato papel”, sino que les fue comunicada por uno de los policías. Lucía Saa, otra de las voceras del gremio, planteó a la diaria que la condición para desalojar el espacio, por lo tanto, era que se labrara un acta de la ocupación para que se “garantice” que en esta y las próximas ocupaciones en los distintos centros educativos se haga de la misma forma.

El acuerdo

“Acompañamos la lucha del movimiento estudiantil, tal como ellos siempre nos acompañan a nosotros en diferentes oportunidades”, dijo a la diaria Enzo de Giobbi, secretario de organización de la FEUU. Asimismo, señaló que las reivindicaciones del estudiantado de la Universidad de la República (Udelar) y de la educación media son similares: “Hay una falta de presupuesto tremenda, una falta de becas, una falta de condiciones edilicias que se ve mucho más en la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], porque en los liceos son bastante nefastas las condiciones”.

 

El aviso de la ocupación y la intimación para desalojar con una fuerte presencia policial no sólo llegó a la FEUU, sino también a distintos gremios estudiantiles de secundaria que formaron en la vereda otra cadena humana y acompañaron la ocupación con los cánticos al unísono: “Se escucha, se escucha, arriba los que luchan”.

La negociación, y finalmente el desalojo, se logró concretar luego de la llegada de Mazzoni. “Se redactó un acta que se firmó sobre la ocupación y el desalojo y, además, en el acta figura el compromiso de recibir a los estudiantes en el ámbito del Codicen”, contó a la diaria. “Había que hacer un esfuerzo por evitar un enfrentamiento que por suerte no se produjo. Muy aplomada la decisión de los estudiantes”, esgrimió.

Este lunes, por lo tanto, el GEZ tendrá una reunión con autoridades del Codicen. Sin embargo, aún no está claro si el presidente del Codicen, Robert Silva, o la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, estarán presentes. “Silva no está en el país y con Cherro no pude hablar, pero con otros consejeros sí”, dijo Mazzoni.

Una vez concretado el acuerdo, las cadenas humanas acompasaron y resguardaron la salida de los estudiantes del gremio que permanecían en la institución. De ahí, siguieron para la sede de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar y tuvieron una asamblea en la que resolvieron cómo seguir: si bien en un principio estaba definida la ocupación para jueves y viernes, decidieron no volver a ocupar el centro pero sí parar, “contra la represión y la violencia policial sufrida” durante la jornada, según transmitió Pons.

Lo institucional

Luego de que los sucesos finalizaron, la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) emitió un comunicado en el que afirmó que “las ocupaciones estudiantiles no están reguladas. La normativa existente ampara el derecho de huelga y la ocupación como una extensión de ese derecho siendo requisito ineludible para ejercerlo ser un trabajador”. El año pasado, la Asociación Uruguaya de Laboralistas manifestó su “preocupación y firme rechazo ante la declaración de ilegitimidad de las ocupaciones estudiantiles”

Con base en el Estatuto del Estudiante, la DGES esgrimió que “los responsables de los centros educativos, docentes y no docentes, deben asegurar el ‘respeto del derecho a estudiar que tienen todos y cada uno de los educandos’ y también deben ‘velar por el adecuado funcionamiento del servicio y el cumplimiento de la normativa vigente’”. En ese sentido, afianzó que “la omisión frente a los hechos o actos que afecten la regularidad de servicio a su cargo, constituye falta grave”.

Por otro lado, el organismo manifestó que “se actuó según la normativa vigente y se procedió a desalojar la ocupación que finalizó de forma tardía por la actitud desafiante de quienes ocupaban”. Asimismo, respaldó “el accionar” de la inspectora que arribó al centro educativo, y consideraron que “se le faltó el respeto y fue agredida con cánticos ofensivos mientras ejercía su función”. “Secundaria defiende el derecho a la educación y al trabajo de quienes forman parte de las comunidades educativas. En esa línea continuará trabajando para proteger las trayectorias educativas y lograr una educación de calidad para todos”, finaliza el comunicado.

Luis Pedernera, uruguayo integrante en el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, se pronunció en X sobre el proceso de ocupación y desocupación en el Zorrilla: “En Uruguay nuevamente los estudiantes secundarios protestan pacíficamente y las autoridades en lugar de dialogar y acercarse a los adolescentes realizan un despliegue policial desproporcionado, un exceso!”, aseguró. Anteriormente, Pedernera también se había pronunciado sobre la negación de ocupaciones en secundaria: “No es indisciplina”, sino el ejercicio de un derecho, dijo

 

En suma, consideró que el comunicado de la DGES “hace gala de un profundo desconocimiento de la normativa que protege a los adolescentes y sus derechos” y recomendó a las autoridades que lean una guía, que hace pocos días publicó Unicef, sobre el derecho a la protesta de los niños, niñas y adolescentes. 

Imputados en el caso Roslik

Justicia después de 40 años

Deberán llevar tobillera. 

Sin embargo, el principal acusado, quien "interrogaba" a Roslik al momento de morir en la tortura, el mayor Dardo Ivo Morales, fue el único no imputado.

 

Nueve militares fueron imputados por la tortura y muerte de Vladimir Roslik

Crónicas del Este 05/10/2023

En la velada del miércoles, la jueza Selva Siri imputó a nueve militares retirados por su presunta participación en la tortura y muerte del médico Vladimir Roslik en San Javier, hecho ocurrido el 16 de abril de 1984. Tras una histórica audiencia judicial en Río Negro que se extendió por varias horas, la Justicia resolvió otorgarles prisiones domiciliarias a los imputados, quienes además tienen restricciones que incluyen la prohibición de acercarse a las víctimas y salir del país. Inicialmente, el grupo de militares a ser juzgados era de 12, pero uno falleció, otro se encuentra hospitalizado, y un tercero enfrenta un proceso judicial separado, por lo que la jueza determinó que no podía ser enjuiciado en este caso específico.

En respuesta a esta decisión, el fiscal a cargo de la investigación de Lesa Humanidad presentó una apelación, argumentando que hacia finales de 2023 podría presentar cargos y que el juicio oral y público podría iniciar en 2024.

La viuda de Roslik, Mary Zabalkin, expresó al finalizar la audiencia sus sentimientos tras 40 años de espera: "Hoy sí los pude ver. Por fin después de 40 años se abrieron las puertas. Anhelaba ver las caras, porque en estos 40 años no les pude ver las caras, solamente la de Sánez pero no me acordaba. Y hoy sí los pude ver". Añadió que, aunque los considera "unos pobres viejos", si enfrentan consecuencias judiciales es porque las merecen.

Valery, hijo de Zabalkin y Roslik, quien era un bebé cuando su padre fue secuestrado y asesinado, estuvo presente en la audiencia.
La causa se inició a raíz de la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) archivara la investigación sobre el asesinato de Roslik en julio de 2021, argumentando prescripción de los delitos y "cosa juzgada" por la intervención de la Justicia Militar. La SCJ, al ratificar la constitucionalidad de ciertos artículos de la ley 18.831, destacó que los crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado no prescriben y sugirió la posibilidad de abrir una nueva causa con base en nuevos elementos, allanando el camino para el actual proceso judicial.
En una entrevista con Subrayado, Zabalkin reveló cómo la situación afectó su vida y salud, llevándola a abandonar su pueblo y comenzar de nuevo. A pesar de los desafíos a lo largo de los años, mantiene la esperanza de que se haga justicia, aunque reconoce las dificultades que enfrentó durante mucho tiempo en su búsqueda de verdad y justicia.

40 años después, Mary Zabalkin la viuda de Vladimir Roslik está sentada junto a los 12 imputados por abuso de autoridad contra el detenido, privación ilegítima de libertad y lesiones que determinaron su muerte.

Dardo Ivo Morales, “interrogador” de Roslik, quien murió torturado, representa a firma china en negocios con la Armada

El fiscal Ricardo Perciballe había pedido la formalización de 12 militares. Entre ellos estaba Loitey, quien murió y había sido candidato a intendente de Soriano por Cabildo Abierto, y otro no pudo concurrir a la audiencia por padecer una enfermedad grave.

Según la explicación de la jueza, no hizo lugar al pedido de la Fiscalía de imputar a Morales por un concepto llamado litispendencia, por el que entiende que ya está siendo juzgado por las detenciones de 1980, caso por el que se lo procesó recientemente sin prisión, en una causa iniciada por la maestra Susana Zanoniani, también oriunda de San Javier, quien denunció haber sido torturada por Morales.

Perciballe apeló la resolución de Siri porque entiende que no hay litispendencia ya que este caso incluye detenciones de 1984 que no forman parte de la otra investigación. Un tribunal de apelaciones resolverá al respecto.

Oficial en situación de reforma se ha visto beneficiado por sucesivos fallos judiciales

El mayor Dardo Ivo Morales era quien “interrogaba” al médico Vladimir Roslik cuando sobrevino su muerte violenta en 1984 producto de los golpes y tormentos recibidos. Entre otros efectos del “interrogatorio”, está demostrado que a Roslik le desagarraron el hígado.

Sin embargo, una y otra vez Dardo Morales ha logrado eludir una condena a prisión, ya sea por el caso Roslik o en otros casos donde lo han acusado de delitos durante la dictadura.
Con fuertes vínculos en algunos sectores políticos y militares, Morales se dedica desde hace años a intermediar en negocios con las Fuerzas Armadas. Y en un giro paradójico del destino, aquel perseguidor de comunistas hoy representa a una empresa estatal de la China comunista en el controvertido proceso de compra de las patrulleras oceánicas (OPV, según sus siglas en inglés) por parte de la Armada.

El comandante en jefe de esa fuerza, almirante Jorge Wilson, aludió a Morales el 7 de agosto en la Comisión del Senado donde se analizó la compra de las patrulleras.

Refiriéndose a un segundo llamado a interesados en vender las OPV que realizó la Armada, Wilson dijo a los senadores:
“Cuando se empezaron a recibir las ofertas, no había ni de Damen Group, ni de China, ni de Kership, que eran las tres empresas que habían estado en el proceso anterior. Ya que ellos habían hecho una inversión y un trabajo técnico para presentar la propuesta anterior, me pareció de orden contactarme con los representantes de esos astilleros en el país. La llamada por teléfono fue a los representantes de los astilleros en el país –no a los directores o los jerarcas–, al señor Morales, a la señora Sapelli y al señor Mogollón, porque me parecía de orden que presentaran una propuesta”.

Fuentes de la Armada y del Ministerio de Defensa Nacional confirmaron que el Morales aludido por el comandante Wilson es Dardo Ivo, y que representó en el proceso a los chinos. (Mogolllón es representante de Damen y Sapelli, de Kership).
En la comisión de Defensa estaban presentes el ministro Javier García, el subsecretario Rivera Elgue, autoridades de la Armada y los senadores María Dolores Álvarez y Rodrigo Blas (Partido Nacional), Sandra Lazo, Alejandro Sánchez y Mario Bergara (Frente Amplio) y Marcos Methol (suplente de Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto).

Apenas tres semanas después, el 1 de setiembre, Morales fue procesado por la jueza letrada de tercer turno de Fray Bentos, Selva Siri Thove, como presunto autor responsable de cuatro delitos de abuso de autoridad contra los detenidos durante la dictadura, además de tres delitos de privación de libertad en calidad de coautor.
El procesamiento, sin embargo, fue sin prisión. El fallo no correspondió al caso Roslik, sino a otro que se inició en 2011 con una denuncia por torturas de la maestra Susana Zanoniani -de San Javier, como Roslik- y que se sustancia según el código del proceso viejo. En esos juicios, la prisión preventiva es la norma, pero Morales logró ser procesado sin prisión. El fiscal Perciballe señaló que el fallo de la jueza Siri le causó “estupor”.
Pero, si se repasa la historia de Morales, se verá que no fue esta la primera vez que gozó de este tipo de desenlaces judiciales afortunados.

Golpes de suerte
Morales ha eludido la prisión una y otra vez.
La primera vez fue en la dictadura, cuando el asesinato de Roslik, el 16 de abril de 1984.
Que la muerte del médico de San Javier se debió a los golpes y tormentos recibidos quedó claro apenas unas semanas meses después, gracias a la investigación que en el semanario Jaque realizaron Juan Miguel Petit, Alejandro Bluth y Maneco Flores Mora, aun en pleno régimen militar. Ya entonces Jaque denunció que Morales había participado del interrogatorio de Roslik y que estuvo presente durante una autopsia fraudulenta que se hizo en primera instancia para ocultar las verdaderas causas de su muerte.

Todo se confirmó el 31 de julio de 2021, cuando La Diaria divulgó la sentencia final del caso Roslik en la justicia militar, un documento hasta ese momento desconocido obtenido mediante un pedido de acceso a la información pública. Dictada en 1986 por el juez militar Oscar Vilches, la sentencia confirmó que Roslik murió mientras era “interrogado” por el entonces teniente Morales delante de otros diez oficiales.

Según el dictamen final de los peritos forenses, Roslik sufrió una “muerte violenta multicausal” que da idea de la magnitud de los tormentos que se le propinaron: desgarro del hígado, múltiples traumatismos e ingreso de fluidos a los bronquios, entre otras lesiones.
Insólitamente, en su sentencia el juez militar Vilche no habla de golpes o tormentos, sino de súbitos “cambios de voces” de Morales, que lo interrogaba sobre un supuesto contrabando de armas provenientes de Argentina para el Partido Comunista.

El primer golpe de suerte de Morales consistió en la visión que el juez militar le dio imprimó al caso: Vilche lo consideró inocente por entender que cumplía órdenes y solo procesó con prisión por el asesinato de Roslik a los entonces teniente coronel Mario Alfredo Olivera (hoy fallecido) y al mayor Sergio Caubarrere, comandante y segundo jefe del Batallón de Infantería 9, donde ocurrió el “interrogatorio”.
Muchos años después, cuando el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, intentó que Morales pagara por este homicidio, la Suprema Corte de Justicia entendió que la Justicia Militar ya había laudado el caso y que no cabía reabrirlo. Otro golpe de fortuna de Morales.

Perciballe intentó entonces enjuiciarlo por otras denuncias de abusos ocurridos en San Javier durante la dictadura.
La maestra Zanoniani había denunciado que en 1980 “estuvo detenida, sin orden judicial y sin que haya cometido un delito”, durante unos 15 días. En ese lapso “fue objeto de plantones y golpes” por parte de Morales. La mujer tenía entonces 35 años y no tenía actividad política.
En la causa, varios testigos dijeron que también fueron atormentados por Morales. Víctor Eduardo Macarov, por ejemplo, declaró: “Fui objeto de capucha, plantón y sometido a choques eléctricos mediante picana eléctrica. Como responsable de los apremios y de los interrogatorios que se hacían en forma intercalada sindicó al teniente Dardo Ivo Morales”.
El dictamen del fiscal señala: “Todos los testigos sindican al indagado Dardo Ivo Morales como quien actuara o dirigiera los interrogatorios y, por ende, los apremios físicos que acompañaban a estos”.

Cuando parecía que Morales por fin terminaría en la cárcel, ocurrió un nuevo e inesperado golpe de suerte: la jueza Siri sorprendió con un procesamiento sin prisión.
Situación de reforma
Morales también ha eludido un fallo de la justicia civil que lo obliga a pagar una deuda.
Por esas deudas que mantiene con Roberto Correa, otro oficial del Ejército que entonces tenía el grado de capitán, Morales se vio sometido a dos tribunales de honor que lo encontraron inmerso en “descalificación por falta gravísima”.

Es por ese motivo que el 27 de setiembre de 2000, en la resolución 78.580 del Ministerio de Defensa Nacional, el entonces presidente Jorge Batlle y el ministro de Defensa Nacional Luis Brezzo, pasaron a Morales a “situación de reforma”, una sanción que le impide lucir el uniforme y ser reconocido como un oficial por sus pares.
Correa también se presentó a la justicia civil para cobrar las deudas, pero Morales no concurrió a las audiencias. Según documentos públicos, la jueza letrada de primera instancia en lo civil de 14 turno, Gloria Seguessa, lo declaró en rebeldía por ello.
Seguessa condenó a Morales a pagarle a Correa 20.808 dólares más intereses, pero la deuda no fue paga. Por ese motivo, la sede judicial libró en 2016 un embargo genérico en contra de Morales, que fue renovado en 2021.

Nada de lo anterior impidió que Morales cultivara relaciones con el poder y prosperara en el mundo de los negocios con el Ejército que lo había pasado a reforma.
Según fuentes militares, Morales se tornó un interlocutor habitual de los mandos militares por representar a la firma Todo Insumos, una proveedora habitual del Ejército.
Todo Insumos pertenece al empresario Roberto Amacoria y en los últimos años ha representado a la compañía estatal china que ha estado compitiendo por venderle dos patrulleras oceánicas a la Armada.

Morales ha sido el intermediario entre la Armada y Todo Insumos y los chinos en la última etapa de esta controvertida compra cuyo proceso lleva ya varios años.
Antes ese rol lo había cumplido el coronel (retirado) Gustavo Cardoso, integrante de Cabildo Abierto y hoy director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública.
Un documento que circula entre grupos de WhatsApp de oficiales de la Armada señala que “los representantes de la firma Todo Insumos SRL son los representantes del astillero chino, el coronel Gustavo Cardoso (secretario del MSP por Cabildo Abierto) y el mayor Dardo Ivo Morales”.

En diciembre de 2015 una delegación de la empresa estatal china Shipbuilding Offshore Company (CSOC) se presentó ante la Comisión de Defensa del Senado para presentar su proyecto de patrulleras oceánicas. La comitiva estuvo integrada por funcionarios y diplomáticos chinos, Amacoria y el coronel Cardoso.
El actual jerarca de Salud Pública dijo a El Observador que nunca fue empleado ni contratado por Todo Insumos, sino que se limitó a oficiar de intermediario. “Cuando asumí en 2020 en el Ministerio de Salud Pública corté todo contacto con estos negocios”, afirmó.
En los últimos años, muchas veces durante la comandancia del general Guido Manini Ríos, Todo Insumos ganó varias licitaciones y también fue beneficiaria de varios procesos de compra directa de material militar y repuestos por parte del Ejército.

Fuentes políticas dijeron que Morales integra Cabildo Abierto y participa en reuniones de militares que son parte de ese partido. Sin embargo, a través del diputado Álvaro Perrone, Cabildo señaló que Morales no integra ese partido.
Entre los “amigos” de Morales en Facebook, figuran varios de los principales cuadros de Cabildo en el gobierno: el subsecretario Rivera Elgue, el coronel retirado Gabriel Albornoz, cofundador de Cabildo y exdirector de Secretaría del Ministerio de Vivienda. También el coronel Cardoso; el director de Minería y Geología, mayor retirado Marcelo Pugliese; el subdirector nacional de Empleo, coronel retirado Hebert Pintos; el director del INDA, coronel retirado Ignacio Elgue, y el presidente del Correo, coronel retirado Rafael Navarrine. También los diputados Martín Sodano y Carlos Testa.

Sodano dijo no conocerlo: “Nunca escuché de él”. La misma respuesta dio Testa.
Cardoso señaló a El Observador que solo conoce a Morales “de la vida militar”, como oficial de una generación cercana a la suya.
Morales también es “amigo” en Facebook del general retirado Daniel Castellá, otro de los involucrados en el caso Roslik, ya que comandó la partida militar que lo detuvo y -según la sentencia del juez militar Vilches- estuvo presente en el interrogatorio donde el médico fue muerto.

Castellá fue presidente del Supremo Tribunal Militar entre 2017 y 2021, nombrado en el cargo por el presidente Tabaré Vázquez. Cuando se conoció la sentencia de Vilches, que lo situaba como presente cuando mataron a Roslik, el ministro Javier García lo separó de ese cargo.
Un hermano de Castellá, Gabriel, fallecido en 2011, fue subsecretario de Defensa Nacional en el primer gobierno del Frente Amplio, cuando el ministro era Gonzalo Fernández. Era integrante del MPP y muy cercano al expresidente José Mujica.

En Facebook, Morales ha compartido un video del entonces ministro de Defensa y líder tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro defendiendo las jubilaciones militares. También programas radiales de Cabildo Abierto y una carta del detenido coronel Eduardo Ferro, con agravios al historiador y politólogo Gerardo Caetano.

A través de su abogada Graciela Figueredo, Morales dijo que no haría declaraciones para esta nota.
Tampoco fue posible obtener la palabra de Amacoria a través de oficiales de la Armada.
Morales y los Archivos del Terror
En los llamados Archivos del Terror subidos a internet, hay varias menciones al oficial Dardo Morales.
La mayor parte de ellas refieren a sanciones a prisioneros políticos. También hay un interrogatorio que hizo a un maestro que exhibió una diapositiva sobre los derechos humanos de la infancia que molestó a los militares.

Hay un recorte de prensa del 1983, antes de lo de Roslik, donde consta que Morales fue seleccionado para leer un mensaje ante el público durante la inauguración de un monumento a los caídos en la lucha contra la subversión en Fray Bentos. El mensaje que leyó decía: “Animados por el cristiano aliento que nos enseña a reverenciar a nuestros muertos, hemos levantado en cada cuartel, un altar que los recuerde y nos permita reunirnos en momentos de solemnidad y meditación”.

Por último hay un documento militar reservado de 1994 que da cuenta que siendo mayor, Morales recibía amenazas.
“El día 3 de abril, al regresar del interior del país, tenía en la contestadora de su teléfono una llamada registrada en la cual una voz masculina profería amenazas contra su persona (…) En años anteriores ha recibido llamadas similares en esta época del año. Estas llamadas están relacionadas con su destino en el Batallón de Infantería N 9 durante el período en que permaneciera detenido en esa unidad VLADIMIR ROSLIK”. 

Leonardo Haberkorn

La viuda de Vladimir Roslik (con la foto en su regazo) frente a frente con los acusados e imputados de secuestrar, torturar y asesinar en Fray Bentos en el año 1984, a su esposo, el médico Vladimir Roslik.