viernes, 22 de mayo de 2015

Un frente anti TISA



Firmar:
https://secure.avaaz.org/es/petition/Senor_Presidente_de_la_Republica_Oriental_del_Uruguay_Doctor_TAbare_Vasque_No_rendir_soberania_del_gobierno_uruguayo_a_l/?fMnesdb




Viernes 22 • Mayo • 2015
Declaración pública

Montevideo, 22 de mayo de 2015
Los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas provenientes de distintos ámbitos e instituciones comprometidos con el rumbo de la vida nacional, desean expresar su fuerte preocupación respecto a la participación uruguaya en las negociaciones para el acuerdo denominado TISA (Acuerdo en Comercio de Servicios), sobre las que hemos podido obtener información fragmentada y tardía. Este último señalamiento no resulta un aspecto menor a propósito del involucramiento del país en negociaciones de tan extraordinaria implicancia estratégica y ajenas a las garantías mínimas que ofrece la negociación multilateral.
Las negociaciones TISA abarcan un amplio rango de temas como la energía, el agua, las telecomunicaciones, el servicio postal, la educación, la salud, el medioambiente, el empleo, el transporte aéreo y marítimo, los servicios financieros (bancos, seguros, créditos no bancarios, otros), las compras públicas, entre otros. En torno a estos temas, y ante las resistencias encontradas en las negociaciones en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC), las grandes potencias y las empresas transnacionales han impulsado en las últimas décadas una agenda de extrema liberalización y desregulación, que procura el avance del mercado por sobre la lógica tradicional del accionar del Estado en beneficio de la producción, de los sectores populares y como motor de acciones estratégicas para el desarrollo nacional.
Es particularmente preocupante la concesión de trato nacional a las empresas extranjeras (salvo casos de excepción expresa) con la consiguiente eliminación de las prioridades a las empresas nacionales en general, públicas o privadas, y a las pequeñas y microempresas. Una consecuencia del TISA será el debilitamiento de la protección a los trabajadores y trabajadoras, y el retroceso del Estado -con el menoscabo de sus empresas públicas- como motor del desarrollo. El TISA no reconoce las profundas asimetrías entre los países -no contempla el Trato Especial y Diferenciado- y trastoca la cláusula de salvaguardia, que tradicionalmente ampara a un Estado ante el exceso de importaciones en un sector, atándola a eventuales desequilibrios en la balanza de pagos, que quedan sujetos al monitoreo del Fondo Monetario Internacional volviéndose, en definitiva, un amparo para el país exportador.
Es especialmente condenable la naturaleza secreta de las negociaciones del TISA y la falta de información y participación de las y los ciudadanos, en lo que configura una verdadera práctica antidemocrática, mientras las grandes corporaciones de los países desarrollados definen la agenda de temas, controlan y pautan la negociación e imponen las grandes definiciones.
Los gobiernos de los países desarrollados que impulsan el TISA siguen una estrategia que ha sido calificada con acierto como de “patear la escalera”, impidiendo la evolución del resto de los países al desarrollo de capacidades y tecnologías que ellos ya han alcanzado.
Es nuestra convicción que la adhesión de un país como Uruguay al TISA significa afectar su desarrollo futuro, la transformación de su matriz productiva y sus perspectivas de crear una sociedad más prospera y más justa.
Uruguay tiene poco para ganar en este acuerdo y mucho para perder. Es imperioso que se evalúe adecuadamente y en su limitada dimensión para el proceso de desarrollo del país, los beneficios que se derivarían de la expansión de los Servicios Globales de Exportación, desde zonas francas. Ante los eventuales beneficios que de ahí se derivarían se pone en juego la autonomía de las políticas públicas en las más diversas áreas. Las normativas en materia de relaciones laborales, seguridad social, protección al medioambiente, regulación del sistema financiero, promoción del derecho a la salud o la educación serán evaluadas en función de su “objetividad, razonabilidad e imparcialidad” y pueden ser cuestionadas o impugnadas en la medida en que menoscaben el interés de las empresas extranjeras.
La permanencia de nuestro país en las negociaciones tiene, además, fuertes impactos en materia de su inserción internacional. Implica un movimiento de apertura irrestricta al resto del mundo y de debilitamiento del espacio regional como ámbito de referencia. Una eventual adhesión del país a este tipo de acuerdos conllevaría importantes daños a nuestra estrategia de desarrollo.
Por todo lo expresado esperamos un debate público genuino y profundo sobre estos temas de gran relevancia, para lo que resulta imprescindible la postergación de la presentación de la lista de oferta uruguaya, lo que implicaría la aceptación de condicionamientos y restricciones contrarios a la defensa de los intereses nacionales. Alertamos respecto a los peligros que entraña este acuerdo y sostenemos la inconveniencia de la permanencia de nuestro país en una negociación de esta naturaleza.
La presente declaración se encuentra abierta a nuevas adhesiones.
Saludan atte.
Marcelo Abdala, Óscar Andrade, Felipe Arocena, Rodrigo Arocena, Viviana Barreto, Gustavo Bittencourt, Gerardo Caetano, Julio Calzada, Lilián Celiberti, Roberto Chiazzaro, Isabel Clemente, Roberto Conde, Alberto Couriel, Omar Defeo, Álvaro Díaz, José Díaz, Raúl Donangelo, Adolfo Elizaincín, Wilson Fernández Luzuriaga, Julio Ángel Fernández, Wilson Nerys Fernández, Fernando Gambera, Macarena Gelman, Daniel Gil, Carlos González, Jorge Irisity, Roberto Kreimerman, Gustavo Leal, Joselo López, Susana Mallo, Roberto Markarián, Marcelo Mondelli, Constanza Moreira, Karin Nansen, Pedro Narbondo, Daniel Olesker, Álvaro Padrón, Ricardo Pallares, Gabriel Peluffo, Fernando Pereira, José Manuel Quijano, Gonzalo Rodríguez Gigena, Octavio Rodríguez, Enrique Rubio, Alejandro (Pacha) Sánchez, Rafael Sanseviero, Jorge Schellemberg, Judith Sutz, Maren Ulriksen, Daniel Viñar, Marcelo Viñar.
http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/5/declaracion-publica/






http://ladiaria.com.uy/AEEN
Las generales de la ley

Anexos del TISA sostienen que normas nacionales sobre comercio de servicios deberán ser “razonables, objetivas e imparciales”

Los países y bloques más poderosos en las negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés) -Estados Unidos y la Unión Europea- tienen voluntad de avanzar en sectores como las telecomunicaciones, los servicios financieros, la reglamentación nacional y el comercio electrónico. En cambio, tienen poco interés en liberalizar los servicios vinculados al transporte marítimo y aéreo y en facilitar el movimiento de personas. Esta conclusión surge del número de páginas que tienen los anexos a estudio en las negociaciones, y de los países más activos a la hora de formular propuestas.
Del análisis de los anexos sobre “reglamentación nacional”, “transporte marítimo”, “comercio electrónico”, “servicios profesionales” y “movimiento de personas”, a los que accedió la diaria, surge que hay conceptos transversales que atraviesan los distintos sectores. Por ejemplo, el énfasis en que las medidas de reglamentación nacional que afecten el comercio de servicios deben ser “razonables, objetivas e imparciales” (original en inglés, traducción de la periodista), y que debe garantizarse la competencia entre proveedores de todos los países o bloques que formen parte del acuerdo. Los términos “razonabilidad, objetividad e imparcialidad” son lo suficientemente amplios como para requerir una interpretación, y aún no está resuelto qué organismo será el que laude en caso de que exista un conflicto.
En el anexo de “reglamentación nacional” hay medidas específicas para facilitar los trámites a los proveedores de servicios; por ejemplo, se propone que “en la medida de lo posible” las autoridades eviten “requerir a un solicitante que se dirija a más de una autoridad competente” cuando formule la solicitud de provisión de servicios o compita en una licitación. Además, las autoridades deberán tomar resoluciones “en un marco de tiempo razonable desde que se presentó la solicitud”, así como “asegurarse de que las tasas que se impongan “sean razonables”, “transparentes y no restrinjan por sí mismas la provisión del servicio”.
Se propone también dar “la oportunidad al solicitante, en caso de una solicitud incompleta”, de “corregir errores menores y omisiones en la solicitud”. También se establece que se deberá informar sin “demoras indebidas” al solicitante en caso de que su propuesta sea rechazada, y si el solicitante lo pide, explicitar el motivo del rechazo.
Todas las banderas
En 2010, los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) resolvieron prohibir el ingreso a sus puertos de barcos con bandera de las Islas Malvinas, en respaldo al reclamo de soberanía de Argentina sobre dichas islas, en una decisión que molestó a Reino Unido. De firmarse el anexo sobre transporte marítimo del TISA, decisiones como ésta serían controvertidas, ya que a propuesta de diez países, el anexo señala que “una parte no debe adoptar o mantener ninguna medida que restrinja el acceso a barcos de transporte marítimo internacional con bandera de los países parte”. Estados Unidos se opone a esta iniciativa. En el mismo anexo también se señala que “una parte no debe adoptar o mantener cualquier medida que niegue a los proveedores de servicios de cualquier otra parte el tratamiento que ésta da a sus nacionales o a cualquier otro país con respecto al acceso a puertos, el uso de la infraestructura y servicios portuarios”.
La Administración Nacional de Puertos de Uruguay está analizando el texto del anexo, y antes del 26 de mayo deberá redactar un informe para el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Fuentes del organismo dijeron a la diaria que en las negociaciones “hay que tener el cuidado de que algunas normas locales sigan vigentes”, como las vinculadas al cabotaje (transporte de carga entre dos puertos del mismo país). “Hay leyes que tienen que seguir vigentes, y uno las tiene que marcar”, explicaron las fuentes.
Vacío legal
Uruguay no tiene una normativa específica sobre comercio electrónico, otro de los puntos de las negociaciones del TISA. Las disposiciones al respecto están dispersas en leyes y decretos que abordan temas vinculados. “Se está pensando en que es necesaria una ley que actualice la normativa, fundamentalmente por un tema de seguridad, para evitar estafas”, explicó el diputado frenteamplista Alfredo Asti. La comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, que sería la encargada de estudiar una norma de este tipo, aún no está integrada.
Las disposiciones sobre comercio electrónico que se discuten en las negociaciones del TISA apuntan a dar transparencia a las transacciones y también a proteger la privacidad y dar seguridad al consumidor. Más allá de esto, habilitan las transferencias de información: “Ninguna parte podrá evitar a un proveedor de servicios de otra parte transferir información, incluyendo información personal, dentro o fuera del territorio, cuando esa actividad se realice en conexión con el negocio del proveedor de servicios”. “Las partes reconocen la importancia de mantener y adoptar medidas transparentes y efectivas para proteger a los consumidores de actividades comerciales fraudulentas o engañosas”, indica otro fragmento. También se subraya la necesidad de “proteger la información personal de los usuarios del comercio electrónico”.
En otros pasajes se establece que “ninguna parte podrá dar prioridad o tratamiento preferencial a sus propios proveedores de servicios en el uso de infraestructura local”, y que las partes “concuerdan en que un envío hecho por medios electrónicos no estará sujeto a obligaciones aduaneras (tasas y cargos)”. “Esto no obstaculiza a la parte a imponer impuestos internos sobre las transmisiones electrónicas, si dichas tasas se establecen de manera consistente con este acuerdo”, indica el texto.
Sobre el final del documento, Estados Unidos propone agregar que “nada en el anexo tiene la intención de evitar que cualquier parte tome cualquier acción si la considera necesaria para la protección de sus intereses esenciales en materia de seguridad”; otros países discrepan y le exigen a Estados Unidos que especifique qué significa “intereses esenciales en materia de seguridad” en este contexto. Estados Unidos propone también que se disponga que no se podrá establecer discriminaciones basadas en la nacionalidad del autor, productor o desarrollador del bien objeto de comercio electrónico.
Profesionales y personas
El anexo sobre servicios profesionales detalla los servicios que son objeto del acuerdo: legales, de contaduría y auditoría, arquitectónicos, de ingeniería, veterinarios, de educación privada. “Las limitaciones y condiciones” que “afectan el comercio de servicios profesionales deben limitarse a medidas que las partes mantengan a la fecha de este acuerdo, o a la continuación o renovación de esas medidas”, indica el texto.
“Ninguna parte requerirá a un proveedor de servicios de cualquier otra parte establecer o mantener una oficina representativa o cualquier otra forma de presencia comercial, o ser residente en su territorio como condición para ser proveedor de servicios profesionales”, agrega. “No se puede establecer restricciones vinculadas a la nacionalidad de los socios o de cualquier otro integrante del personal esencial” de la empresa, continúa. Además, señala la necesidad de que las partes dialoguen para “reconocer las calificaciones profesionales y facilitar los procedimientos de licencias y registros”.
Finalmente, en el anexo sobre movimiento de personas se nota la posición ofensiva de Japón y la defensiva de la Unión Europea, que se opone a la mayoría de las propuestas porque afectan sus políticas migratorias. Al principio del anexo se aclara que el acuerdo “no evita que una parte aplique medidas para regular la entrada de personas, o su estadía temporaria”, incluyendo “aquellas medidas necesarias para proteger la integridad de sus fronteras”, si esas medidas no se aplican de una forma que anule o menoscabe los beneficios del acuerdo, y si éstas son “razonables, objetivas e imparciales”. Se propone que sean públicos y claros los procedimientos para la entrada y permanencia de personas y que las visas y permisos de trabajo respeten en la medida de lo posible la extensión del contrato de provisión de servicios.




vie may 22 2015
Cuestionan el "secretismo" con el que el gobierno maneja el tema y lo califican de "antidemocrático". Le reclaman un debate "público y profundo", y anuncian "peligros" para el desarrollo futuro del país.
Por otra parte, frente a una intimación judicial para dar información sobre el TISA, elevada semanas atrás por el fiscal Enrique Viana, la Cancillería respondió que "las negociaciones internacionales de ese tenor tienen un carácter reservado" por lo que negó toda información sobre el asunto.
TISA es un tratado internacional que se está negociando en Ginebra en estos días y que apunta a liberalizar un sector crucial de la economía. Estados Unidos y la Unión Europea (ambos con gran fortaleza en el sector de servicios) son sus grandes impulsores aunque no los únicos. Hay 23 partes involucradas. La Unión Europea reúne a 28 estados, por lo cual participa en las tratativas un total de 50 países. La Unión Europea (el actor que más servicios exporta a nivel mundial) difundió oficialmente su oferta en julio del año pasado, luego de que la "filtrara" la organización WikiLeaks que acusó a sus impulsores de estar actuando con secretismo.

Silencio.

La jueza Mónica Bessio había dado curso a la intimación de Viana para que el Ministerio de Relaciones Exteriores brindara los detalles de las negociaciones del gobierno para sumarse al Acuerdo de Comercio de Servicios. Según Viana, el acuerdo se negocia en forma "oscura" y puede llevar a Uruguay a un estado "feudal".
Según Viana, "consentir la confidencialidad" de un acuerdo como el TISA "es reconocer de antemano su antijuridicidad, por aquello que solo se oculta lo que avergüenza o lo que daña a otros". En su escrito agregó: "al igual que los tratados o contratos de inversión, el TISA es una expresión más de neocolonialismo y de deconstrucción de los Estados-Nación".
A modo de respuesta, la Cancillería presentó un breve escrito en el que sostiene que "las negociaciones internacionales —y más aún si las mismas se encuentran en curso— tienen, necesariamente, un carácter reservado pues, desconocérsele dicha naturaleza, implicaría no solamente exponer la posición del país en las mismas, sino la de otros sujetos de Derecho Internacional de lo cual se derivaría, necesariamente, la responsabilidad internacional del Estado. Es del caso hacer notar que dicha reserva es la esencia del Derecho Internacional así como de los Derechos internos".

Antidemocrático.

Ayer, 24 personalidades de la izquierda dieron a conocer una declaración para expresar su "fuerte preocupación respecto a la participación uruguaya en las negociaciones para el acuerdo denominado TISA, sobre las que hemos podido obtener información fragmentada y tardía. Este último señalamiento no resulta un aspecto menor a propósito del involucramiento del país en negociaciones de tan extraordinaria implicancia estratégica y ajenas a las garantías mínimas que ofrece la negociación multilateral". Fue firmada por Kreimerman y Olesker, dos integrantes del gabinete de José Mujica, bajo cuyo mandato se tomó la decisión de negociar el TISA.
"Es especialmente condenable la naturaleza secreta de las negociaciones del TISA y la falta de información y participación de las y los ciudadanos, en lo que configura una verdadera práctica antidemocrática, mientras las grandes corporaciones de los países desarrollados definen la agenda de temas, controlan y pautan la negociación e imponen las grandes definiciones. Los gobiernos de los países desarrollados que impulsan el TISA siguen una estrategia que ha sido calificada con acierto como de "patear la escalera", impidiendo la evolución del resto de los países al desarrollo de capacidades y tecnologías que ellos ya han alcanzado", agrega el escrito.
La declaración considera "particularmente preocupante" la concesión de trato nacional a las empresas extranjeras (salvo casos de excepción expresa) con la consiguiente eliminación de las prioridades a las empresas nacionales en general, públicas o privadas, y a las pequeñas y microempresas. "Una consecuencia del TISA será el debilitamiento de la protección a los trabajadores y trabajadoras, y el retroceso del Estado —con el menoscabo de sus empresas públicas— como motor del desarrollo. El TISA no reconoce las profundas asimetrías entre los países —no contempla el Trato Especial y Diferenciado— y trastoca la cláusula de salvaguardia, que tradicionalmente ampara a un Estado ante el exceso de importaciones en un sector, atándola a eventuales desequilibrios en la balanza de pagos, que quedan sujetos al monitoreo del FMI volviéndose, en definitiva, un amparo para el país exportador", sostiene.
La adhesión de Uruguay al TISA fue defendida en su momento por el excanciller Luis Almagro y el actual ministro de Economía, Danilo Astori.
Para los firmantes de la declaración, muchos de ellos pertenecientes al Partido Socialista, "Uruguay tiene poco para ganar en este acuerdo y mucho para perder. Es imperioso que se evalúe adecuadamente y en su limitada dimensión para el proceso de desarrollo del país, los beneficios que se derivarían de la expansión de los Servicios Globales de Exportación, desde zonas francas. Ante los eventuales beneficios que de ahí se derivarían, se pone en juego la autonomía de las políticas públicas en las más diversas áreas. Las normativas en materia de relaciones laborales, seguridad social, protección al medio ambiente, regulación del sistema financiero, promoción del derecho a la salud o la educación serán evaluadas en función de su objetividad, razonabilidad e imparcialidad y pueden ser cuestionadas o impugnadas en la medida que menoscaben el interés de las empresas extranjeras".

24 firmas para formar un frente anti-tisa.

Los firmantes de la dura declaración contra el TISA y la actitud del gobierno son: Marcelo Abdala, Rodrigo Arocena, Viviana Barreto, Gerardo Caetano, Roberto Chiazzaro, Roberto Conde, Alberto Couriel, Álvaro Díaz, José Díaz, Fernando Gambera, Carlos González, Jorge Irisity, Roberto Kreimerman, Joselo López, Marcelo Mondelli, Wilson Nerys Fernández, Daniel Olesker, Álvaro Padrón, Fernando Pereira, José Manuel Quijano, Gonzalo Rodríguez Gigena, Octavio Rodríguez, Alejandro Sánchez y Judith Sutz. La izquierda conforma así un frente con políticos, sindicalistas e intelectuales en contra del TISA.

MUNDO GLOBAL.

Un debate que divide aguas en la izquierda.

Mientras un sector de la izquierda considera al Trade in Services Agreement (TISA) como un caballo de Troya que las multinacionales quieren utilizar para ingresar al mercado de servicios global para condenar así a los países más débiles, otros (la mayoría en el actual gobierno) son menos apocalípticos y defienden la decisión de ingresar al ámbito de discusión (centrado en Ginebra) para saber de qué van los planes de cada país y finalmente decidir si le conviene o no al Uruguay adherirse al acuerdo.
Quienes hasta hoy participan de las negociaciones son: Australia, Canadá, Chile, Taiwán, la Unión Europea, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, la República de Corea, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Turquía, Estados Unidos, Uruguay, Pakistán y Paraguay.
El ámbito fue creado como una respuesta a la lentitud de las negociaciones que se llevaban adelante en el marco de la Organización Mundial de Comercio.
Hay once grandes grupos de servicios: los prestados a las empresas, las comunicaciones, la construcción y servicios de ingeniería conexos, la distribución, la enseñanza, los vinculados al medio ambiente, los financieros, los sociales y de salud, los de turismo, los de esparcimiento y los de transporte.
En Uruguay, el Pit-Cnt fue el primero en pronunciarse en contra, e incluso le dedicó su primer paro parcial en esta administración.
Por su parte, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), que reúne a las empresas de software, considera fundamental que Uruguay se sume a la negociación del TISA porque incrementaría sus posibilidades de exportación en un momento en que ya es notorio el enlentecimiento de la actividad económica local.



Adhesión de Uruguay al TISA

Viana: El TISA es antidemocrático

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una resolución en la cual explica que no brindará la información solicitada por la Justicia respecto a las negociaciones referentes al TISA. El fiscal Enrique Viana, quien realizó la intimación, dijo que ese tipo de acuerdos hacen “desaparecer al Estado – nación” y son antidemocráticos.

La cancillería negó el pedido de la jueza Mónica Bessio de brindar información respecto al acuerdo de servicios (TISA) que se encuentra en etapa de negociación. La justificación dada por el ente fue que se trata de una negociación internacional, por lo que la divulgación de información podría afectar los intereses de otros estados, según informó Montevideo Portal.
La intimación fue realizada a pedido del fiscal Enrique Viana el pasado 4 de mayo. En diálogo con Caras y Caretas, el fiscal dijo que lo que más le llama la atención no es la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino una carta que fue publicada hoy en el semanario Brecha en la cual diversas personalidad uruguayas expresaron que la adhesión de nuestro país al TISA “afecta su desarrollo a futuro”.
Entre los firmantes se encuentran los ex ministros Roberto Kreimerman y Daniel Olesker, acompañados también de Alejandro Sánchez, Marcelo Abdala, Enrique Rubio, Macarena Gelman, Alberto Couriel y Constanza Moreira, entre otros. En el texto, expresaron su “preocupación respecto a la participación uruguaya en las negociaciones” del TISA.
El fiscal dijo que le llama la atención porque ya ha realizado denuncias respecto a este tupo de acuerdos, “no sólo por su confidencialidad, sino porque este tipo de acuerdos implican el sometimiento del estado a la voluntad de empresas privadas”.
“Yo lo vengo sosteniendo respecto al tratado de inversiones con Finlandia, lo sostuve en su momento en el contrato de inversión con Montes del Plata, lo sostuve con el tema de Phillip Morris, también respecto a la negociación del contrato con Aratirí y tengo planteado una inconstitucionalidad que está hoy a consideración de la Suprema Corte de Justicia”, agregó.
Viana dijo que no vio “ningún tipo de reacción” cuando inició dichos accionamientos, “entonces me llama la atención que hoy sí exista con respecto a lo del TISA porque yo leía que algunos acuerdos anteriores son mucho más graves que el TISA o tienen la misma entidad y tienen la misma naturaleza. Acá lo que se busca es que grandes corporaciones tengan poder sobre los estados para manipular la voluntad a favor de sus intereses”.
Para el fiscal, acuerdos como el TISA, “hacen desaparecer el Estado-nación”.
“En éste último caso no solo son antidemocráticos porque son secretos sino por algo más profundo ya que este tipo de acuerdo lo que generan es una fuente de derecho ajena a la soberanía legislativa de los estados y hoy nosotros depositamos en nuestros representantes cada vez que vamos a un acto eleccionario la voluntad de legislar y ya eso no va a tener sentido en la medida que la voluntad de legislar ya no va a estar en manos del estado uruguayo ni del poder legislativo sino que va a estar en manos de estos mecanismos que van a crear derecho a su antojo”, sentenció el fiscal.




1 comentario:

  1. El mundo contra TISA, TTIP, CETA

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