Rematarán predio donde viven 96 familias; vecinos reclaman una solución
17 may. 2015
Son unas 500 personas, entre ellas unos 350 niños. Viven allí desde hace 17 años. El remate está marcado para el 26 de mayo.
EDUARDO BARRENECHEdom may 17 2015
"Rematan nuestras casas y todo. No nos rematan a
nosotros porque somos personas", dijo a El País Óscar Calixto, quien
trabaja como mozo en un conocido bar del Centro de Montevideo.
Al mediodía, Calixto y otros vecinos del barrio 30 de
Julio (Jardines de Instrucciones) cortaron las avenidas De las
Instrucciones y San Martín para reclamar contra el remate. Pretenden
comprar los terrenos donde levantaron sus 96 casas.
"Queremos quedarnos acá. No somos un barrio de vivos.
Somos un barrio de trabajadores y pagamos todos los impuestos y los
servicios públicos", dijo Calixto mostrando las facturas pagas de la
IMM, OSE y UTE.
El barrio es considerado tranquilo por los vecinos. La
mayoría de ellos trabajan en fábricas de la zona o son soldados del
Ejército.
En el barrio hay solo dos casas de madera de
costaneros. Pese a ello, están edificadas en forma ordenada y pintadas.
Las demás son de material y techo de planchada. Algunas de las viviendas
tienen dos pisos y pequeñas barbacoas al fondo.
A mediados de la década de los noventa del siglo
pasado, después que Inlacsa cerró, 77 familias —la mayoría proveniente
del interior— comenzaron a ocupar lotes ubicados en el predio de dos
hectáreas que pertenecía a esa empresa. Más acá en el tiempo, otras 12
familias levantaron casas en una plazoleta.
El padre de Calixto adquirió los derechos de posesión
a uno de los primeros ocupantes del terreno. Luego construyó una casa
de costaneros lo más prolija posible. Ocho años más tarde, edificó una
vivienda con paredes de bloques.
Calixto vivió en esa casa 17 años. Hace ocho, una
persona se fue del barrio y le vendió una modesta construcción de
paredes de bloques constituida por dos piezas, una cocina y un baño.
Calixto y su esposa ampliaron la vivienda para
construir los dormitorios de sus hijos, mejoraron el baño y la cocina y
le colocaron aberturas nuevas.
Beatriz R. tiene una historia parecida. "Mi esposo
es jubilado de una fábrica del barrio. Juntamos nuestros ahorros y
fuimos mejorando la casa. Hasta una barbacoa le hicimos. Queremos
comprar nuestro terreno y regularizar la situación de nuestra vivienda",
advirtió Beatriz, mientras entregaba volantes a automovilistas y
choferes de ómnibus.
A las 17 horas de ayer, los vecinos volvieron a
cortar la avenida De las Instrucciones y continuación Colman con
carteles y redoblantes.
Uno de los carteles desplegados decía: "Barrio 30 de Julio. El 26 de Mayo nos rematan como ganado".
Otro cartel señalaba: "96 familias, más de 350 niños a la calle. No queremos quedarnos sin casa".
A los autos trancados por el "piquete", los vecinos
les entregaban volantes. Uno de ellos expresaba: "Ante el déficit
habitacional por el que atraviesa nuestro país, algunos se empecinan en
sacar a 96 familias de sus casas. Más de 500 vecinos, en su mayoría
niños, carecen de un plan de vivienda donde desarrollar su vida".
Remate.
El miércoles 13, un hombre se bajó de un auto y
preguntó a una vecina del barrio 30 de Julio: "¿Tienen alguna comisión o
algo con quien hablar? Este predio va a un remate judicial y soy uno de
los interesados".
Al otro día de la visita, un desconocido colocó tres
carteles en el barrio que brindaban datos básicos sobre el inminente
remate. Estos señalaban que la subasta judicial del inmueble se hará sin
base, en dólares, a las 14:30 horas del 26 de mayo en Avenida Uruguay
826.
También expresa que el remate surge de un juicio
laboral efectuado por exempleados de la antigua Industria Laminadora
S.A. (Inlacsa), quienes reclaman salarios y beneficios impagos por la
empresa. La orden de remate fue firmada el 30 de abril de este año por
el Juzgado Laboral de 2° Turno.
Según documentos del Registro de Traslaciones de
Dominio en poder de los vecinos, el Directorio de Inlacsa compró el
predio el 17 de noviembre de 1969 a un privado. El 16 de septiembre de
1977, Inlacsa donó el inmueble a la UTE. Y el 5 de octubre de 2012, la
Justicia laboral embargó el predio.
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