jueves, 20 de junio de 2019

Dos caras de la misma moneda










Denuncian que el Poder Judicial construyó un blindaje jurídico para proteger a torturadores

Distintas organizaciones de DD.HH realizarán una intervención ante la Suprema Corte de Justicia para denunciar que “los criminales, asesinos y torturadores, responsables de genocidio y del terrorismo de Estado han gozado de impunidad gracias al Poder Judicial que construyó un blindaje jurídico para protegerlos”.

Este viernes 21 de junio a las 19 horas en plaza Cagancha, frente a la Suprema Corte de Justicia, se realizará una intervención con el objetivo de “evidenciar, sensibilizar y denunciar al actual Poder Judicial como garante de impunidad y privilegios para quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”.
Convoca el colectivo por la memoria Tramando Resistencia y adhieren: Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Coordinación 25 de Julio. Participa: Laboratorio de práctica teatral.
A través de un comunicado, el colectivo Tramando Resistencia considera que si bien se realizan enormes y justos esfuerzos para “visibilizar” a los represores, también entienden que es necesario “visibilizar y denunciar a quienes desde el Poder Judicial, que debiera ser el órgano de garantía de los derechos de los ciudadanos, sin embargo una y otra vez no sólo han declarado la intención, sino que han operado para intentar crear un muro de medidas y artificios para proteger a los asesinos”.

Blindaje jurídico

“Por tal motivo hablamos de esa misma cara que en una instancia nos aparece como la del represor y torturador y luego, burlándose de la historia de lucha y resistencia de nuestro pueblo, reaparece con su máscara de justicia y desde el pedestal de su arrogancia sosteniendo la impunidad”, cuestiona la organización.
Indican que se trata de dos caras de una misma moneda: “la de los criminales, asesinos y torturadores, responsables de genocidio y de terrorismo de Estado, que han gozado de impunidad gracias al Poder Judicial que construyó una verdadera muralla, un blindaje jurídico para protegerlos”.
El colectivo recuerda en los años ’80 en la Plaza Libertad, los familiares de desaparecidos “empezaron a caminar pidiendo verdad y que sus seres queridos aparecieran con vida”.




La Justicia que no llega a Uruguay: 153 causas de lesa humanidad paralizadas

Los colectivos uruguayos que denunciaron delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura (1973-1985) revelaron que hay 153 causas judiciales paralizadas que fueron presentadas —al menos— hace ocho años. El principal obstáculo —señalado incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— es el Poder Judicial del país.
"Los denunciados son torturadores sádicos, violadores de mujeres; capaces de infligir dolor y lesiones hasta el borde de la muerte; asesinos de gente indefensa; ladrones de bebés; secuestradores que pidieron rescate por sus víctimas y cuando no lo obtuvieron procedieron a asesinarlas. (...) Hay que recordar que esos denunciados continúan delinquiendo hasta el día de hoy porque (...) perpetúan, con su silencio, los delitos", se lee en el comunicado de los denunciantes de los crímenes.

Según se reveló este 18 de junio, hay 187 causas activas referidas a denuncias por delitos de lesa humanidad: 14 en etapa de ejecución, donde los responsables de los crímenes fueron condenados; tres en etapa de sumario, donde existe procesamiento, pero no condena; y 170 en etapa de presumario. A su vez, de éstas, hay 17 con solicitud de procesamiento pendiente a 52 acusados, y 153 en etapa de investigación.
En 2011 la Suprema Corte de Justicia (SCJ)  alertó sobre la posibilidad de la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, instalando la urgencia por la presentación de denuncias ante la eventualidad de que éstas pudieran quedar sin efecto. En este contexto, en octubre de 2011, se presentaron en las comisarías de Montevideo 180 denuncias sobre casos de violación a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado.


Los denunciantes señalan que de las 187 causas activas, sólo tres fueron presentadas después de 2011 (en 2012), aunque también hay de los años 1984, 1985, 1986, 2008 y 2010.

Abuelas de Plaza de Mayo


La cifra de las causas activas fue proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, ante un pedido de información que realizaron los colectivos por la demora en más de ocho años del tratamiento la mayoría de las causas judiciales.
"A modo de ejemplo y con el propósito de posibilitar visualizar el volumen de denunciantes, denunciados, implicados y procesados que involucra una causa", los colectivos señalan la denuncia realizada en 2011 por 26 mujeres que fueron torturadas y abusadas sexualemnte. Hasta ahora se procesó en 2016 a un solo exmilitar por "reiteradas privaciones ilegítimas de libertad", Ascencio Lucero.
La causa incrimina a 108 denunciados, más todas las personas que prestaron funciones en los centros de detención involucrados (18 en todo el país) durante el período que comprende la detención de las denunciantes: 1968-1983.

El pedido de información realizado a Fiscalía también fue presentado ante la SCJ, que aún no ha respondido.
A su vez, los denunciantes recordaron los comentarios que la CIDH realizó tras su visita al país en mayo:
"En materia de memoria, verdad y justicia, la CIDH observa con suma preocupación que, pese a los esfuerzos realizados por el Estado, subsistan interpretaciones judiciales en procesos penales que niegan la imprescriptibilidad de las graves violaciones de derechos humanos en el periodo de la dictadura cívico-militar. Dichas interpretaciones resultan en la impunidad a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y niegan justicia y reparación a las víctimas".
Al respecto, la CIDH recuerda que el Estado tiene la obligación "de dar cabal cumplimiento" a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman vs. Uruguay de 2011, que estableció que "no son admisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas".


La CIDH llamó al Estado, "especialmente" al Poder Judicial, "a cumplir con su deber de aplicación del control de convencionalidad en el marco de su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos".
También hizo hincapié en que "subsiste una deuda del Estado con todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos en materia de justicia y verdad".
El colectivo considera que ante la situación y para "profundizar el proceso de consolidación democrática" uruguayo, la Justicia debe "continuar fortaleciéndose" y la SCJ "debe honrar los compromisos internacionales asumidos y sus sentencias en consecuencia, así como tomar en cuenta las recomendaciones que se le realizan".

Las víctimas de los crímenes presentarán los casos antes los tribunales de Justicia internacionales, en concreto, las denuncias de mujeres que fueron objeto de torturas y abusos sexuales y por los niños que fueron presos políticos en el departamento de Treinta y Tres.
"Seguiremos en el camino de contribuir a dejar un país a nuestros nietos con las garantías de no repetición de las barbaridades sufridas por nuestra sociedad, durante el período del terrorismo de Estado", aseguran desde el colectivo.

 Sputnik https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201906191087680890-causas-crimenes-lesa-humanidad-dictadura-uruguay-153-paralizadas/





Denuncian que hay 153 causas judiciales de lesa humanidad paralizadas

19 de junio de 2019 | Política
Ante la demora de la Justicia uruguaya, se llevarán los casos a tribunales internacionales.


Varios colectivos de denunciantes de crímenes de lesa humanidad solicitaron a la Fiscalía General de la Nación información sobre el avance de las causas presentadas hace, al menos, ocho años. “El resultado es vergonzoso: hay 153 causas judiciales paralizadas”, afirman en un comunicado que se difundió ayer. A su vez, anuncian que van a llevar estos casos a tribunales internacionales, en particular los de mujeres que denunciaron torturas y abusos sexuales en 2011 y la denuncia de los niños presos en Treinta y Tres.

Los colectivos presentaron esta información ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según la información proporcionada por la Fiscalía, existen 187 causas activas, 14 de las cuales están en etapa de ejecución (es decir, existe condena de los represores), tres están en etapa de presumario (hay procesamientos, pero no condenas) y 170 están en etapa de presumario (17 con solicitud de procesamiento y 153 en etapa de investigación).

En el comunicado, los denunciantes mencionan la denuncia de 26 mujeres que fueron torturadas y sufrieron abusos sexuales entre 1968 y1983. Una de ellas, la ex presa política Ivonne Klingler, contó a la diaria que denunciaron a 108 personas entre militares y civiles. De ese total, sólo uno fue procesado por esta causa: el militar retirado y fallecido Asencio Lucero, condenado a prisión por el delito de privación de libertad en 2016, que confesó sus delitos en el juzgado penal. “Todos los demás están libres”, expresó.

Las organizaciones también solicitaron información sobre las causas a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pero no tuvieron respuesta. En el informe presentado a la CIDH destacan que el organismo máximo de Justicia “debe honrar los compromisos internacionales asumidos y sus sentencias en consecuencia”. “No sabemos cuál es la situación de las causas nuestras que se encuentran allí, sí sabemos que se han presentado sistemáticamente dilatorias por parte de los acusados aduciendo inconstitucionalidad respecto de la Ley 18.831 en la que se restableció la pretensión punitiva del Estado cuando se trata de delitos de lesa humanidad, y todos estos recursos se han recibido como válidos”. Sobre este punto, Klingler concluyó: “Es brutal, no entra en la cabeza de nadie que estas causas se sigan demorando. La gente tiene que saber la verdad; después cada uno hace con esa verdad lo que quiere, pero es elemental que se sepa. Pretendemos que se nos escuche y que nos escuche la SCJ”.









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