>>> Fueron hasta el consulado de Finlandia
>>> Entregaron carta contra UPM al cónsul de Finlandia
Montevideo, 28 de junio de 2019.
Sr. Cónsul Honorario de Finlandia en Uruguay Mr. Andrew Allen Cooper Gibson
Presente.
Señor Cónsul Honorario:
Las organizaciones sociales abajo firmantes deseamos hacerle saber a usted y su gobierno, a través de esta declaración, nuestra total oposición al proyecto de instalación de una segunda planta de fabricación de pasta de celulosa de la empresa UPM en nuestro país.
Entendemos que este proyecto pactado entre UPM y el Poder Ejecutivo uruguayo -de forma arbitraria e inconstitucional-, constituye un grave ataque a la soberanía, al ambiente y a los derechos humanos de este país.
Esperamos que usted transmita este llamado de atención al gobierno finlandés. Sectores cada día más numerosos de nuestra sociedad, al conocer los términos de este “acuerdo” y las características de este megaproyecto (forestal-industrial-ferroviario-portuario) con sus implicancias en terrenos caros a nuestra comunidad, se manifiestan en contra de los términos de este acuerdo en su totalidad.
Si se concreta, este megaproyecto de UPM para producir más de 2 millones de toneladas de celulosa con una planta instalada a orillas del Río Negro, junto con una vía férrea y una terminal portuaria en la ciudad de Montevideo, provocará graves daños a la sociedad, al ambiente y a la economía uruguaya.
Los impactos sociales negativos incluyen: la expulsión de productores familiares de la tierra, la pérdida de empleos en la agricultura, la ganadería y la apicultura por el incremento de los monocultivos de eucaliptus, además de afectar al turismo local, la pesca artesanal y la industria pesquera por el agravamiento de la contaminación de las aguas.
Otros impactos negativos serán el aumento de los alquileres de vivienda en los lugares donde se ubica la planta, la ausencia de adecuados servicios sociales y el aumento de la explotación sexual y la violencia especialmente hacia niñas y mujeres.
El tren de UPM transportará celulosa y productos químicos peligrosos por ciudades y zonas urbanas densamente pobladas, inclusive de la Capital del país, a lo largo de más de 270 kilómetros, con altos impactos negativos y riesgos para los habitantes del lugar, además de pérdida de fuentes laborales en los comercios linderos.
Los impactos ambientales son de gran importancia porque el aporte de los efluentes de la nueva planta, especialmente el fósforo, empeorarán la contaminación del Río Negro en forma exponencial, en un país que ya sufre graves problemas por el deterioro de la calidad del agua. Estos impactos podrán ser peores teniendo en cuenta antecedentes de contaminación con la primera planta.
El proyecto de UPM traerá además graves perjuicios para la economía pues el Estado uruguayo pagará los costos de infraestructura, estimados en más de 4.000 millones de dólares americanos, mientras que UPM no invertirá más de 2.400 millones de dólares con exención de la gran mayoría de los impuestos al operar en una zona franca.
Por último, el proyecto incluye una inaceptable intervención de UPM en la legislación laboral y en los programas de enseñanza del país atentando contra uno de los principios fundamentales como la laicidad; así como el traslado a jurisdicción internacional de las controversias entre el Estado uruguayo y UPM.
La pretensión de la empresa UPM de entrometerse en nuestra legislación rebasa todos los límites. En el “acuerdo ROU-UPM”, que reiteramos consideramos inconstitucional e ilegítimo, se establece, a pedido de UPM que el Uruguay deberá: "... Incorporar al Derecho Positivo Uruguayo -bajo la forma de ley, decreto o eventualmente convenio colectivo-, las normas resultantes de los acuerdos que se logren como resultado de dicha negociación”. Nosotros sabremos como pedirle cuentas al Poder Ejecutivo de nuestro país y esperamos que usted transmita esta oposición de una parte creciente de la ciudadanía a su gobierno. Como habitantes de este territorio nos consideramos seriamente afectados en nuestros legítimos derechos e intereses y apelaremos a todas las instancias posibles para que UPM2 no se lleve a cabo. Por esta razón, hacemos este llamado a la responsabilidad del gobierno finlandés y de la empresa UPM para que desistan de este megaproyecto.
Lo saludan,
Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales Contra UPM FUCVAM
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
Asamblea por el Agua del río Santa Lucia
No al tren de UPM
Coordinación contra Monsanto y el Agronegocio
MOVUS
No UPM Sarandí-Florida
Red Uruguaya de Comunidades
Colectivo Recreo
Our Voice
Asamblea Pachamama
ADES (Comisión en defensa del ambiente)
Comisión Laguna del Cisne
Maldonado por la Tierra y el Agua
Confederación de Pueblos Costeros
Colectivo Ecofeminista Dafnias
Movimiento por la Tierra
Por la Defensa del Solís Chico y sus afluentes
ALAS Piriapolis
Todos por el Agua (Maldonado)
Comisión por un Canelones Libre de Soja
Transgénica y en defensa del Agua
Asociación de Trabajadores Civiles de los Diques del Estado | ATCDE
Por el Costado de la Vía
Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos
CEIPA
Celta FEUU Revista la bicicleta
Reactiva
Coordinación contra UPM y el modelo forestal
La Kandela FM
Plenario intersindical social María Romana - La Paloma Rocha
Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba
Grupo Guayubira
Colectivo Ñangapiré de San Gregorio de Polanco
Mesa Nacional de Colonos
Asociación de Guardaparques del Uruguay COENDU Organización HUM de Maldonado
Mujeres en Alerta Ciudad de la Costa
CONACHA
Este viernes unas 30 organizaciones sociales entregaron un mensaje en la Torre Ejecutiva y luego se dirigieron al Consulado Honorario de Finlandia en el Uruguay para hacerle saber a su titular, Andrew Allen Cooper, su total oposición al proyecto de una segunda planta de pasta de celulosa en el país.
El objetivo es que al gobierno finlandés le llegue un “llamado de atención” sobre que “sectores cada vez más numerosos de la sociedad rechazan los términos y las implicancias del “acuerdo” alcanzado entre el Poder Ejecutivo y la multinacional.
Advierten que el megaproyecto, que incluye una planta a orillas del río Negro, una vía férrea y una terminal portuaria, provocará grandes daños a la sociedad y a la economía uruguaya.
Más allá de los graves perjuicios ambientales que, sostienen, tendrá la planta, advierten que, mientras Uruguay deberá desembolsar cerca de 4000 millones de dólares para asegurarse su concreción, la inversión de UPM no superará los 24000 millones y disfrutará además de la exención de la mayoría de los impuestos al operar en una zona franca.
Las organizaciones subrayan que el proyecto incluye una inaceptable intervención de la empresa en la legislación laboral y en los programas de enseñanza, atentando contra uno de los principios fundamentales del país, como es la laicidad. También cuestionan el traslado a jurisdicción internacional de cualquier tipo de controversias entre el Estado y UPM.
“Nosotros sabremos cómo perdirle cuentas al Poder Ejecutivo de nuestro país. Esperamos que usted transmita a su gobierno esta oposición de una parte creciente de la ciudadanía”, afirman.
La carta culmina con un llamado a la responsabilidad del gobierno de Finlandia y de la propia empresa UPM para que desistan del proyecto.
Entre los firmantes está la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, el Movimiento Uruguay Sustentable (Movus), FUCVAM, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) y el Frente Estudiantil Susana Pintos, entre otros.
Habrá audiencia
Luego de que el 15 de julio finalice la Feria Judicial menor, la Justicia en lo Civil deberá fijar la fecha de una audiencia de conciliación a la que, eventualmente, tendrían que presentarse el Estado uruguayo y la multinacional de origen finlandés UPM.
Se trata de un paso previo y formal de la demanda que representantes del Movimiento UPM2 No prepara para que los responsables de haber firmado el “contrato” entre el gobierno asuman los “daños futuros” que, previsiblemente, causará la proyectada nueva planta a todos los niveles.
Así se lo conformó a ECOS el abogado Hoenir Sarthou, adelantando que se trata de una demanda compleja.
El texto indica que los citantes, en calidad de ciudadanos y habitantes del Uruguay, asumiendo la representación de intereses difusos de la sociedad, tal como lo prevé el Código General del Proceso, piden que se cite a al Poder Ejecutivo y a UPM como instancia previa a la demanda de declaración de responsabilidad y reparación de daños y perjuicios condicionales o de futuro que se plantean promover en virtud de una serie de consideraciones.
Allí se da cuenta, por ejemplo, que el procedimiento para la celebración del acuerdo que las partes firmaron en noviembre de 2017, así como sus contenidos, transgreden disposiciones constitucionales y legales, dado que el Ejecutivo excedió sus facultades asumiendo obligaciones ajenas a su competencia, en invadiendo prerrogativas de otros poderes del Estado, de gobiernos departamentales y de varios entes autónomos.
También se establece que la negociación y la suscripción del contrato fueron hechas de forma reservada, sin conocimiento de la opinión pública ni aprobación del Parlamento. Se cuestiona asimismo que dicho contrato fuera modificado, en abril de 2018, sin que tampoco los cambios tomaran conocimiento público ni legislativo.
“Eso determina que los ciudadanos nos veamos impedidos de recurrir a los procedimientos democráticos de contralor constitucionalmente previstos, como acciones de inconstitucionalidad y ad referéndum contra las leyes”, se subraya.
Finalmente, se señala que el acuerdo incluye disposiciones directamente violatorias de la Constitución. Como ejemplo, se cita el caso del régimen de uso preferencial de las aguas del río Negro, violatorio del artículo 47 de la Constitución.
Allí se indica que “la protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”. También dice que el agua es un recurso natural esencial para la vida, y su acceso constituye un derecho humano fundamental.
Por otra parte, la demanda indica que las obras de recuperación del Ferrocarril Central, previstas en el contrato, violan el artículo 8 de la Carta Magna, que establece que “todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.
Para los demandantes, el aspecto jurídicamente más grave del acuerdo, sobre todo por la afectación de la soberanía nacional que apareja, es el régimen de estabilidad jurídica y el sometimiento a tribunales arbitrales internacionales, incluso en materias no previstas por la normativa sobre protección de inversiones, que se le otorga a UPM durante la duración del contrato.
Se considera además que el acuerdo es lesivo desde el punto de vista económico y financiero, por cuanto la inversión que realizará el país en la infraestructura adecuada a las necesidades de UPM, las renuncias fiscales, el suministro de energía y combustibles a precios diferenciales, más allá del otorgamiento gratuito y garantizado de enormes cantidades de agua y la compra obligatoria de energía a precio prefijado.
Es una inversión que se estima técnicamente como no inferior a los US$ 4000 millones, que no tiene como contrapartida ninguna participación de Uruguay en las utilidades del negocio.
Desde el punto de vista ambiental, se sostiene que el acuerdo y el tipo de explotación previstos son cuando menos imprudentes, apartados del principio precautorio, por cuanto la planta de celulosa verterá enormes cantidades de efluentes contaminantes en un río ya afectado por contaminación, comprometiendo el estado del sistema hídrico nacional, la salud de la población e industrias como la turística.
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