Ellos

5 junio 2019

Agradecemos a la Institución Nacional de Derechos humanos la organización de esta mesa.

Es necesario que el debate que dispararon los Tribunales de Honor al hacerse públicas sus actas continúe. Porque precisamos saber más, porque debemos exigir más y no aceptar la idea de  que esto quedó saldado, sino todo lo contrario.

Quedó claramente expuesto qué Fuerzas Armadas tenemos hoy.

El tema nos preocupa y mucho.

Mas aún después de la votación del senado, negando las venias. De la oscura manera en que todo salió a la luz y en definitiva del triste e incierto panorama que nos deja.

La alerta pública que estos hechos desataron y la rotunda respuesta de la inmensa marcha del 20, abrieron puertas para recorrer un camino que diera respuestas contundentes a esta grave situación.  Pero no lograron  aún un cambio drástico de la voluntad política sobre este tema.

No es la primera vez que esa “tensión” entre el poder civil y las Fuerzas Armadas se hace visible. Sucedió hace poco por ejemplo con la iniciativa de modificar la Caja Militar, que frente a esta presión fue cediendo en los alcances de la reforma.

El tema Fuerzas Armadas no es un tema más. Representa el corazón de lo vivido durante el Terrorismo de Estado. La cruda exposición del pensamiento de los  generales de hoy, mostró lo que pervive enquistado y tolerado por los gobiernos durante estos 33 años de democracia.

El erróneo camino de impunidad que iniciaron los primeros gobiernos post dictadura y la poca voluntad política que se ha mantenido hasta hoy, no ha hecho más que aumentar  los riesgos futuros de nuestra democracia. Allí es donde radica el germen potencial de la repetición de un quiebre institucional, bajo las mismas o diferentes formas que ya vivimos.

Porque, ¿qué podemos esperar de unas  Fuerzas Armadas  que dieron el golpe, que ejercieron el terror de Estado, que controlaron cada aspecto de nuestra vida; si, desde el 85 hasta acá, no se hizo el menor esfuerzo por reformarlas?

Las dejaron continuar intocadas, manteniendo su formación según su propia versión de la historia, en el orgullo y la reivindicación de lo que habían realizado; y aceptando su Ley Orgánica, hecha por ellos mismos, en 1974! Obviamente con privilegios y ajustada a una situación de dominio total de la sociedad.

Hoy, en el año 2019, se están formando cadetes en la Doctrina de la Seguridad Nacional. En la misma ideología sostenida en aquéllos años, en que se autodefinieron como los salvadores de la patria.

Hoy Manini lo expresa nuevamente con claridad al decir que la sociedad occidental y cristiana está en crisis y no la salvará el liberalismo.

Según sus reflotadas ideas, hay que ir a los fundamentos, a la familia como núcleo, a lo más rancio de la iglesia y a las Fuerzas Armadas como institución incorruptible destinada a ser la ultima salvaguarda de esa sociedad.

Defensores acérrimos de la impunidad, su impunidad, terminan sintiéndose un cuerpo por encima y por fuera de nuestra institucionalidad, sin obligación de subordinación alguna a los poderes del Estado y con potestades para, por ejemplo, espiarnos como lo hicieron por lo menos hasta el 2005 (y nadie asegura que no lo estén haciendo ahora).

Si además, se les asigna nuevas tareas en cárceles y fronteras, como se hizo, se les permite opinar sobre temas ajenos a su incumbencia (sin respetar los límites constitucionales que tienen) hasta convertirlos en actores políticos naturalizados por los medios; se les tolera hasta mentir y burlarse descaradamente mientras afirman colaborar en la recuperación de los restos de nuestros desaparecidos, es comprensible que hoy estemos ante la posibilidad que gane el referéndum-Larrañaga y que este mismo Ejército, anquilosado en su tenebroso pasado, se pueda volcar otra vez a las calles en tareas de represión.

La situación es grave.

De todas las omisiones cometidas por los gobiernos, no juzgar sus crímenes en el momento que se recupera la institucionalidad democrática, fue el peor gesto de complicidad con una dictadura feroz que destrozó años de la vida de este país. Esa falta de justicia, blindada por 15 años, no termina de despegar. Es una vergüenza frente al mundo entero, una afrenta cotidiana que impregna a toda la sociedad.

No es cierto que era imposible otro camino, como argumentaron los artífices de la Ley de Caducidad. El primer parlamento del año 85 votó la amnistía, de la que excluyó expresamente a los militares, policías y civiles que participaron en el golpe de estado. Se discutió mucho, tanto que hasta la infame ley de caducidad tuvo que dejar fuera de su alcance a los civiles y los mandos militares para tener los votos suficientes.

Los primeros presidentes profundizaron la impunidad interpretando automáticamente que todo estaba amparado por la ley. Incluso la desaparición y posterior asesinato de Berrios ocurrido en el año 93 gozó de una “caducidad implícita”.

Los gobiernos frenteamplistas aunque interpretaron restrictivamente la ley primero y anularon sus efectos después (recién en el 2011) prolongaron esta tolerancia manteniendo a las Fuerzas Armadas tal cual. Pensaron –lo han dicho- que encontrarían en sus filas militares “amigos, demócratas”, desconociendo la participación institucional –en los crímenes de la dictadura ampliamente denunciada y probada.

Apostaron también a dar vuelta la página, a reconciliarnos, a que la muerte de esta generación por sí misma generaría una depuración y un cambio. Este atajo escogido nos deja frente a la grave situación de hoy.

Así por acción u omisión, todos los gobiernos abonaron, de una u otra forma, a mantenerlas tal cual y a la naturalización de la impunidad como algo que indefectiblemente tenemos que tolerar como parte de las reglas de juego de esta democracia post Terrorismo de Estado.

Resultado: una institución cohesionada, anclada en su pasado, absurdamente inflada en oficialidad, en prebendas y objetivos, con el contrapeso de mantener su pacto de omertá cobijando sus crímenes y ocultando a nuestros desaparecidos.

Fue la movilización social, su labor persistente y comprometida la que de a poco logra dar forma a los espacios de memoria, de transmisión, de denuncia. El esfuerzo en pos de leyes reparatorias, de consagrar delitos de lesa humanidad, de memoria y hasta el logro del tardío decreto para dejar sin efecto la ley de caducidad nos fortalecieron en este camino y logramos sostener esta llama de verdad y justicia que va circulando por nuevas generaciones, que no aceptan la lógica de la impunidad y reclaman hoy por  otras garantías.

Esas garantías que deberían provenir de los gobernantes, son las que tenemos que exigir, ya que nadie hasta ahora ha tenido interés en abordar este problema con seriedad y responsabilidad.

Las organizaciones sociales que planteaban desmantelar el aparato represivo no estaban equivocadas pero eran gotas en el desierto de la impunidad. ¿Cómo es posible que recién en el último año del tercer periodo de gobierno del Frente Amplio se reforme la Ley Orgánica Militar del año 74? ¿Y que ésta sea rápidamente aprobada sin ahondar en la discusión de este tema?

Claro que es mejor la nueva ley, pero como en el caso de la reforma de los retiros privilegiados los cambios propuestos, aunque en algunas áreas son importantes, (doctrina, etc.) parecen por ahora suaves y desparejos.

Lamentablemente se ha perdido la oportunidad de una discusión más profunda, que defina una política de Estado al respecto: Eso es lo que necesitamos y es incomprensible que no se encare. Debemos definir qué Fuerzas Armadas necesita nuestro pequeño país, si es que las necesita. Reducirlas al máximo, no votar las misiones de paz, ni darles objetivos que son propios de otros sectores del Estado. Incidir y verificar realmente su formación. ¿Cómo se va a llevar adelante? ¿En manos de quién y con qué control? Porque si algo aprendimos es que no puede quedar en sus propias manos, ni que esta discusión sea de su ámbito “profesional”. Deberemos estar muy atentos a la  reglamentación de la nueva ley.

Todo esto que debió comenzar hace 30, o por lo menos 15 años, es importante encaminarlo, pero no resuelve la situación actual.

Hoy se necesitan medidas urgentes que muestren la voluntad política de cortar con ese pasado y que guíe un camino democratizador de las Fuerzas Armadas y de fortalecimiento de nuestra institucionalidad.

Esas medidas pasan por responder la consigna que encabezó la Marcha: “¡Que nos digan dónde están!

Medidas que se asientan en un Ejecutivo que no tolere el mas mínimo desvío a la exigencia de entregar información, la documentación que todavía esconden y la verdad de todo lo que hicieron. Y obviamente, los cuerpos de nuestros desaparecidos que continúan siendo sus rehenes. Un Ejecutivo que responda con firmeza al no cumplimiento de esa voluntad.

Un Legislativo que respalde una política de Estado que busque esta democratización de las Fuerzas Armadas.

Un Poder Judicial a la altura, dispuesto a frenar todo delito de lesa humanidad.

Y por supuesto que todo esto sea público. Tenemos el derecho de conocer y los gobernantes la obligación de informar.

El secreto, la falta de verdad y transparencia sólo abona a la impunidad. Tenemos que conocer a fondo lo sucedido. Por el derecho que tenemos como sociedad y también por un razonamiento lógico no se puede rechazar lo que no se conoce.

Muchas de las conductas criminales de las Fuerzas Armadas se han hecho visibles gracias al coraje y persistencia de los denunciantes, ex presos, familiares de víctimas, abogados, periodistas, organizaciones sociales, sindicatos y más.

Algunas pocas denuncias han logrado sentencias firmes e irrevocables en el sistema judicial. Otras veces, son los mismos integrantes de las Fuerzas Armadas que las dejan al descubierto, (como pasó con los Tribunales de Honor) y han quedado tan evidentes que ni siquiera los políticos que históricamente las han encubierto se animan a defenderlas.

Hoy hasta el propio Sanguinetti, el paladín de la impunidad habla de la “causa sagrada” de la búsqueda de los desaparecidos.

También hoy tenemos ya un caudal importante de información proveniente de archivos militares o policiales, que nos dan un marco histórico, nos muestran protocolos, actas, legajos, interrogatorios. Así como publicaciones, investigaciones periodísticas, que muestran el imparable avance en el conocimiento de la verdad.

Hoy es inadmisible un retroceso que pretenda negar lo ya conocido (como el cuestionamiento de Feola, actual Comandante en Jefe): la participación institucional de las Fuerzas Armadas como ejecutores, de la política represiva llevada adelante en contra de la ciudadanía. Con la venia de toda la cadena de mandos. Han quedado demostradas las tomas de decisión de oficiales superiores sobre las desapariciones y muchos casos de órdenes de homicidios (no todos logrados como los recientes documentos públicos sobre Wilson y Hugo Cores).

No existe Estado que vaya a asumir estos compromisos sin un impulso popular decidido. Lo demuestra la tardanza de todos estos años. Por eso es imprescindible una sociedad informada, consciente, atenta, involucrada; que no tolere las debilidades, los ocultamientos y las demoras en este tema. No más.

Confiamos en la conciencia y determinación popular que sí crece y demuestra que hace mucho ya que no estamos solos en esta preocupación y reclamo. La contundente participación en el pasado 20 de mayo por todo el país, lo demuestra. Los jóvenes, las nuevas generaciones sumándose activamente.

La lucha por todos los derechos que atraviesa a la sociedad, confluyen y se potencian en esa demostración: el derecho al trabajo, educación, vivienda, salud y el respeto a la libre expresión de todo tipo de diversidad. El derecho a la protesta y a la lucha, a no aceptar lo inaceptable, que ha sido nuestro camino.

Todo esto está implicado en esta temática, porque habla del respeto a la vida y la libertad para desarrollar una sociedad más equitativa, solidaria, feliz.

Queremos, necesitamos, exigimos mayor compromiso en este tema,  de todos los partidos políticos, mayor voluntad política de todos los gobernantes, especialmente de los que hoy conducen el país.

Democratizar las Fuerzas Armadas, y exigirles cortar con el pasado criminal que siguen reivindicando, es vital y urgente para una democracia duradera.

No pueden obviar ni trasladar esta responsabilidad a otras generaciones. Ni esperar los posibles efectos del nuevo marco legal en una futura camada de oficiales, que los haga proclives a respetar la constitución y los derechos de las personas y la vida. Porque HOY los están violando.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos