Un acuerdo que ata a Uruguay a las multinacionales

EL ACUERDO QUE ATA AL URUGUAY A LAS MULTINACIONALES PAPELERAS

"El acuerdo Finlandia-Uruguay [firmado en el gobierno anterior] es un corsé que limita (por un período de 20 años) las posibilidades de acción del gobierno de Tabaré Vázquez para solucionar el conflicto abierto por las papeleras", es lo que explica Laura Vales en este artículo. EL USURERO PACTO BINACIONAL QUE LA PAPELERA BOTNIA LE IMPUSO A URUGUAY. Cómo tener la pelota bien atada. Supongamos que las papeleras que se construyen en Fray Bentos comienzan a funcionar. Pasa el tiempo, un día ocurre un problema de contaminación. Los vecinos de Fray Bentos protestan. Y sus acciones --cortes de ruta que bloquean la entrada de camiones a las plantas, por ejemplo-- perjudican a las empresas. La situación es nada más que una conjetura, pero ya está prevista y sus consecuencias, férreamente pautadas: el Estado uruguayo se verá obligado a indemnizar a las plantas de celulosa por sus pérdidas, aunque sean culpables de afectar el ambiente. Así lo establece el Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con Finlandia, en cuyo artículo 6 se lee, sin maquillaje: "Los inversores que sufran pérdidas" por "revueltas, insurrecciones o manifestaciones" serán indemnizados "en efectivo, en moneda de libre conversión e inmediatamente transferible", con una cifra que se calculará según el criterio "que resulte más favorable" a los dueños de las empresas. Botnia, la compañía finlandesa que levanta del otro lado del río la megaplanta de procesamiento de pulpa de madera, impuso el acuerdo entre los dos países como condición para instalarse en territorio uruguayo. Fue en el año 2002, durante la presidencia de Jorge Batlle, antes de que la empresa iniciara las obras de construcción. Es una paradoja que la imposición fuera conocida por la actitud del Frente Amplio, que se opuso a su firma. La coalición que poco tiempo después llevaría al gobierno a Tabaré Vázquez argumentó entonces, con razones ahora borradas de su discurso, sobre los riesgos de este instrumento legal que dejó a los uruguayos en una posición muy débil para intervenir en lo que las papeleras hagan en su territorio. El acuerdo fue suscrito el 21 de marzo de 2002, en Montevideo, entre el Poder Ejecutivo de Uruguay y el de Finlandia. El Senado lo aprobó el 15 de octubre siguiente y la Cámara de Representantes, el 4 de mayo de 2004. Votaron a favor las bancadas del Partido Nacional, el Colorado y el Independiente. Se opusieron todos los legisladores de Encuentro Progresista-Frente Amplio. El debate quedó asentado en versión taquigráfica. En las formas, es un convenio para la protección de las inversiones de cada país en el otro, en un tono de reciprocidad. Pero su aprobación fue una exigencia de Botnia. En la discusión del Parlamento nadie lo negó. Al contrario. El diputado Pablo Mieres (Independiente) fundamentó así su postura: "He votado afirmativamente porque parece imprescindible que se proceda con la mayor urgencia para la aprobación de esta inversión. ¡Como si Uruguay viviera en un mundo lleno de inversiones! Acá pasamos meses tratando de aprobar este acuerdo que, como todos sabemos, es el marco necesario para una inversión de mil millones de dólares. Lamentamos que no haya sido por unanimidad. Pero bueno, aunque sea con una mayoría ajustada, está la ley y, por lo tanto, estarán las inversiones" (Actas de la Sesión de la Cámara de Representantes del 04-05-04). Su par Naum Bergstein (batllista) completó el concepto: "En el mundo entero hoy las grandes empresas privadas no hacen inversiones importantes fuera de fronteras si no median previamente estos acuerdos de protección recíproca", dijo.



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