¡Aparecieron!
Crudos testimonios. Salvajes torturas y maltratos a ocho detenidos, entre ellos una mujer embarazada un mes antes del golpe de 1973 El hijo del extinto senador colorado Amilcar Vasconcellos lanzó una re-edición del libro "Febrero Amargo". El mismo recopila la actividad parlamentaria de su padre en los meses previos al golpe de Estado, pero incorpora un material inédito: las actas de la Justicia Civil en las que se denuncian las torturas en una unidad militar.
Vasconcellos (hijo). Encontró las actas en el archivo de su padre.
"Cuando terminé de decir eso, recibí las torturas más grandes que nunca había visto en mi vida, me colgaban de los pies, me sumergían la cabeza hasta la cintura dentro de un tacho de agua y me ponían corriente adentro; cuando no daba más me sacaban; y luego me metían de vuelta. Siempre con los ojos vendados".
El testimonio (transcripto textual y sin correcciones del acta original) fue brindado por uno de los ocho funcionarios municipales detenidos en el Batallón de Infantería Nº 8 entre abril y mayo de 1973 durante una investigación por supuestas irregularidades cometidas en la Intendencia Municipal de Paysandú (IMP).
El 20 de junio de 1973 el hoy extinto senador colorado Amilcar Vasconcellos denunciaba en el Senado de la República estas torturas, en una recordada sesión parlamentaria, tras la cual se conformó una Comisión Investigadora, cuya fecha de inició se pautó para el 3 de julio de ese año.
Sin embargo, la madrugada del 27 de junio de 1973 los mandos militares de la época ingresaron al Palacio Legislativo y concretaron el anunciado golpe de Estado, encabezado por la cúpula castrense, con el beneplácito del entonces presidente de la República, Juan María Bordaberry, quien se pondría al frente del proceso cívicomilitar.
La Comisión Investigadora quedó trunca, pero las actas judiciales fueron celosamente guardadas por Vasconcellos. Treinta y siete años después, su hijo homónimo las encontró dentro del acervo documental de su padre y decidió su publicación, mediante la re-edición del libro "Febrero Amargo", donde se recopila la actuación parlamentaria y política de Vasconcellos desde febrero de 1973 hasta la última sesión de la Cámara de Senadores, la noche del 26 de junio de 1973.
Torturas
Las actas hasta ahora pérdidas fueron extraídas por un escribano del Juzgado Letrado de Primera Instancia de 2º Turno de Paysandú y entregadas por uno de los abogados denunciantes al entonces senador Vasconcellos. Las mismas fueron el punto central de la denuncia realizada en la Cámara de Senadores sobre la existencia de torturas en unidades militares.
Siete funcionarios de la IMP, entre ellos una mujer embarazada, y el esposo de la misma fueron detenidos en los últimos días de abril de 1973 y derivados al Batallón de Infantería Nº 8, donde fueron salvajemente torturados. Los militares indagaban supuestos ilícitos cometidos por los funcionarios municipales.
La totalidad de los denunciantes declaran haber sido sometidos a plantones, sesiones de tortura (mediante golpizas y "submarinos") y amenazas sobre la continuidad de estas prácticas hasta no decir "la verdad" que los militares pretendían escuchar. Todos fueron llevados ante la Justicia donde ratificaron, bajo amenaza, sus dichos. Sin embargo, días después retornaron ante el juez para narrar las torturas sufridas y radicar una denuncia penal por estos hechos.
"Me hicieron sacar la ropa y me eposaron y me empezaron a interrogar (...) me empezaron a propinar golpes en la boca del estómago y choques eléctricos, luego me sumergieron cuando vieron que ya no daba más, me levantaban y me propinaban golpes en el estómago e inmediatamente me volvían a sumergir y me entruducían un cable dentro del agua con corriente y esto parecía que me reventaba la cabeza y los oídos" (sic), expresó uno de los funcionarios ante el magistrado.
Otro de los funcionarios, en tanto, declaró que tras ser sometido a plantón por varias horas fue derivado a una habitación donde le ordenaron desvestirse y le expresaron que tenía que decir la verdad porque "ellos tenía métodos para sacármela". "Yo no sabía lo que ellos querían saber. En ese momento me empezaron a aplicar golpes de puños en el estómago y me echaban agua encima y me aplicaban corno una especie de choques eléctricos por todas partes del cuerpo que estaba al desnudo (...) arrojándome luego al lado de una especie de tacho o recipiente con agua, sumergiéndome la cabeza dentro de eso por un lapso de tiempo, en el que yo, lógicamente tragaba agua, que luego me sacaban yo con la desesperación respiraba y me volvían a sumergir nuevamente". El hombre declaró también que a causa de los plantones terminó con "las piernas, tobillos y rodillas inchados y la ingle totalmente inflamada".
Sin embargo, el testimonio más crudo refiere a la funcionaria detenida y también salvajemente torturada, más allá de estar embarazada de tres meses. La mujer se presentó junto a su esposo en la unidad militar porque sabía que las Fuerzas Conjuntas habían estado en su casa buscándola, tras lo cual fue detenida por existir una orden de captura en su contra.
Un oficial le informó que iba a permanecer "tres o cuatro" días detenida para contestar sobre las irregularidades. "Yo le dije que no había inconveniente y me vendaron los ojos y ese oficial dio la orden que se me llevara a la sala de disciplina. La sala de disciplina era un calabozo", narró.
La mujer fue interrogada, pero negó tener conocimiento sobre los hechos investigados y pidió hablar con su abogado. "Te vamos a demostrar que nosotros somos, abogados, fiscales y jueces", fue la respuesta. "Uno me dio varias cachetadas, me pegaron con el puño cerrado en la cabeza y después me pusieron en las muñecas unas vendas y me esposaron con las manos atrás; me tomaron entre dos soldados de un brazo y una pierna cada uno y me sumergieron en un tacho de agua hasta la mitad del pecho".
Al volver al calabozo la mujer le informó a una policía que estaba embarazada; "entonces vino un soldado que me agravió de toda forma y me dijo: 'que ese era el pretexto de todas las rameras'". Sin embargo, le hicieron los análisis y aunque no le dieron el resultado fue trasladada a otro calabozo.
"El nuevo calabozo al que me trasladaron estaba lleno de hormigueros de hormigas coloradas, por que no pude dormir porque me pase matando hormigas; al otro día cuando me llevaron a declarar les mostré como estaba toda picada (...) y uno de ellos me contestó: 'nos quisiste hacer un gol... pero te hicimos picar por las hormigas y las pulgas, para que no durmieras'. Me hicieron otro interrogatorio y me zambulleron tantas veces en el tanque con agua helada que debo haberme desmayado, porque me desperté en la enfermería".
Días después la llevaron a un interrogatorio con otras personas: "Trajeron a otra persona al que empezaron a castigar y lo nombraron, por lo que me di cuenta que era mi esposo.- Cuando lo empezaron a castigar a mi me sostenían entre dos soldados, apretándome las piernas; y a mi marido sentía las trompadas que le pegaban y cuando lo metían en el agua lloraba y gritaba mi marido (...) también me pasaban electricidad en las manos y me pegaban. Uno de ellos me levantó el buzo y le pedía al otro que me pasara electricidad en el estómago, así se terminaba el problema del embarazo y me podían: hacer cualquier cosa", expresó la funcionaria.
Los testimonios sobre las torturas cobran relevancia por ser efectuados no sólo antes del golpe de Estado, sino que por civiles desvinculados totalmente con el accionar de las guerrillas. Incluso, la totalidad de ellos deja constancia de que la denuncia no tiene por objeto "agraviar" al "Ejército como institución".
"Mi declaración no significa agravio para las Fuerzas Armadas, pero sí que estoy en contra de esos que fueron verdaderos torturadores; que mis palabras no significan repito agravio al Ejército como institución", dijo uno. "Quiero dejar constancia que tengo una gran admiración por nuestro Ejército y estoy firmemente convencida que esto que me ocurrió no es imputable al instituto en sí, sino a un grupo de personas ajenas al mismo que solo le están haciendo daño", declaró otro, mientras un tercero no descartó la posibilidad de aplicar estas medidas contra "la sedición", pero no contra simples funcionarios del municipio.
Archivos desclasificados
Las denuncias de torturas en Paysandú promovidas por Vasconcellos en la Cámara de Senadores implicaron la reacción de la propia Embajada de EEUU en Uruguay, en cuanto al temor existente de que las mismas pudieran afectar el apoyo del Congreso norteamericano al programa de asistencia a la Policía uruguaya.
En este sentido, el segundo de la Embajada norteamericana en Uruguay, Frank Ortiz remitió un memorándum donde se señala que "el último acto del Senado en las tempranas horas del 27 de junio fue votar 16 a 1, para hacer una investigación administrativa sobre las acusaciones de tortura en Paysandú".
Ortiz, representante de la Agencia Internacional para el Desarrollo (Usaid), expresó además que tras la disolución del Parlamento y de la CNT "los grupos de oposición, cuyos líderes están escondidos, están en estado de shock por lo imprevisto y arrasador de las medidas de gobierno", como revelan documentos del Departamento de Estado de EEUU aportados por el National Security Archive (NSA) a la Justicia uruguaya en la causa contra el ex dictador Bordaberry, y de los cuales diera cuenta LA REPUBLICA el pasado 4 de abril.
El representante norteamericano reveló también que un observador en el exterior le señaló que el golpe de Estado sería producto tanto de la imposibilidad del gobierno de conseguir el desafuero del senador nacionalista Enrique Erro (señalado por su presunta vinculación con el MLN-T) como para prevenir la investigación de las denuncias de tortura.
El hallazgo fue a fines del año pasado
Las actas de los interrogatorios llevados adelante por la Justicia Civil entre el 29 y 30 de mayo de 1973, en las que se denuncian las torturas sufridas por funcionarios de la IMP en las entrañas de una unidad militar, se presumían perdidas tras ser rastreadas durante años por periodistas e investigadores.Sin embargo, las mismas se encontraban celosamente guardadas dentro del acervo documental propiedad del extinto senador colorado. "Simplemente, un día las encontré, sabía que él las tenía y que incluso se habían distribuido en el Senado, pero nunca pude conseguirlas. Un día revisando documentos, las encontré", dijo Amilcar Vasconcellos (hijo) a LA REPUBLICA.
Vasconcellos (hijo) y su madre Teresa Cofone (hoy fallecida) donaron tiempo atrás al Archivo General de la Nación una amplia gama de documentos y notas del ex senador colorado. Sin embargo, la extensión del trabajo implicó que varios documentos aún permanezcan en poder de la familia. Dentro de ese material se encontraron las actas, explicó Vasconcellos (hijo). "El archivo de mi padre estaba bastante desordenado y nos causaba mucha dificultad ver la documentación". El hallazgo fue producido sobre fines de 2009 y provocó "un gran asombro", por el valor histórico del mismo. Implicó el lanzamiento de una re-edición del libro con la inclusión de las actas.
"Las publiqué porque me parece un material importante por su trascendencia: es la primera vez que se acredita ante la Justicia ordinaria la existencia de malos tratos dentro de una unidad militar, pocos días antes del golpe de Estado", señaló Vasconcellos (hijo). Asimismo, el libro incorpora las cartas enviadas a la familia por el general Líber Seregni, entre otros, ante lka muerte de Vasconcellos. "La obra no es un estudio ni una investigación, al contrario, es un libro de denuncia, de lucha, de combate", dice el prólogo del libro escrito por Vasconcellos (hijo).
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