Por el agua

 

Bajo la consigna «El agua es del pueblo» y la premisa que «el negocio del privado lo pagará el pueblo con aumento de tarifas», diversos sindicatos y organizaciones sociales convocaron a la Marcha por el Día Mundial del Agua. La actividad comenzó con una concentración en Plaza Libertad (de Cagancha) a partir de las 17 horas, donde se realizó una volanteada informativa, Luego a las 19 horas comenzó la Marcha por el Día del Agua, por la avenida 18 de Julio rumbo a la explanada de la Universidad de la República.

Agua 

Semanario VOCES Por Hoenir Sarthou

Perdí la cuenta de las veces en que, en las últimas semanas, una tormenta pareció a punto de desplomarse sobre el mundo. El cielo se oscurece, se levanta viento, la humedad pesa en los huesos. Pero, repentina y milagrosamente, la tormenta se disipa. El cielo vuelve a brillar, celeste inmaculado, y el calor a cocinarnos la piel y los sesos. Una y otra vez.
En el campo, como es lógico, se percibió mucho antes. Meses, y en algunos lugares incluso años, sin llover como es debido. Cosechas en riesgo o perdidas, animales enflaquecidos, con poca agua y sin comida. Todos sabemos, o deberíamos saber, que no es un problema sólo del campo. La pérdida de cosechas y de carne redunda en escasez de alimentos y aumento de precios para todos.
Ahora la sequía llegó a las ciudades y todos tenemos miedo. Hay localidades, incluida Montevideo, en que las reservas de agua alcanzan para pocas semanas, incluso restringiendo los usos innecesarios, como lo ha planteado ya la OSE.
Les propongo un ejercicio. Busquen en Google, o en cualquier otro buscador de internet, por los términos “sequía mundo 2023”. Verán cosas extrañas.
Por ejemplo, que una situación mundial de sequía crónica, junto con otros desastres climáticos, venía siendo anunciada desde hace años.
Ahora, el Banco Mundial declaró formalmente que existe una crisis hídrica mundial y que para 2030 (fecha recurrente) se espera que el agua potable disponible sea un 40% menos de la requerida para cubrir las necesidades de la Humanidad.
Se podría creer que el Uruguay, instalado sobre dos acuíferos y con ríos, arroyos y lagunas por todos lados, no padecería el problema como lo sufren poblaciones de Africa y Asia.
Eso, en un mundo sediento, en el que el agua cotiza en bolsa, podría ser una fortuna incalculable. Algo así como estar parados sobre yacimientos de oro o de petróleo. Aunque todos sabemos cómo les va a los que están parados sobre oro o petróleo.
Pero Uruguay se ha empeñado (en el doble sentido de la palabra) en maltratar y regalar el que probablemente sea su recurso más valioso.
Plantaciones incontroladas, sobre todo de soja, han hecho que los abonos y los productos químicos invadan las corrientes de agua, las contaminen y las llenen de cianobacterias.
Por otro lado, basta recorrer casi cualquier carretera para ver las enormes filas de eucaliptus, plantados para el uso de empresas pasteras, como UPM y Montes del Plata.
Los eucaliptus “chupan” agua en forma asombrosa. Me baso en la experiencia concreta de productores rurales vecinos a las plantaciones. Su testimonio unánime es que los dejan sin agua, reducen el flujo de ríos y arroyos, secan los pozos y los tajamares. Al principio, algunos técnicos lo negaban, decían que no era cierto que los árboles dejaran sin agua a la zona. Claro, muchos técnicos trabajan para UPM o para Montes del Plata. Pero ahora la verdad es tan evidente que se han callado.
Hay muchos millones de eucaliptus plantados en nuestro territorio. Porque desde 1987 la forestación se volvió una política nacional (“nacional” porque se aplica en el país, no porque haya sido resuelta en nuestro país).
Por si eso fuera poco, las empresas pasteras tienen carta blanca para usar gratuita e ilimitadamente el agua de los ríos Uruguay y Negro. En el caso del Río Negro, estamos obligados además a asegurarle a UPM2 un flujo de agua mínimo, que le permita seguir produciendo celulosa y diluyendo sus deshechos, en zona franca, sin pagar impuestos ni, por supuesto, el agua que consume.
De modo que la situación actual es así. Las cosechas están sin agua y los animales sin agua ni comida. Los uruguayos estamos conminados por OSE a restringir el consumo. Pero las empresas pasteras tienen el agua asegurada y sus árboles continúan sorbiendo la de nuestro suelo y subsuelo.
¿Saben que eso, además de una locura, es inconstitucional?
El artículo 47 de la Constitución establece que la prioridad en el uso del agua es el suministro de agua potable y de saneamiento a las poblaciones. Pero contratos como el de UPM2 invierten las prioridades. Uruguay se obliga a garantizar el flujo que necesita la empresa, pase lo que pase.
Un dato más. ¿Saben quién prestó el dinero para subvencionar la plantación de eucaliptus desde 1987, no sólo aquí sino en una región que comprende partes de Brasil, Argentina, Chile y Paraguay?
Sí, el Banco Mundial. El mismo que ahora proclama la crisis hídrica.
¿Y saben de quién dependen los tribunales internacionales a los que tendríamos que ir en caso de juicio con UPM?
Sí, acertaron, del Banco Mundial.
La tesis del Banco Mundial es que lo que nos lleva a la crisis hídrica es, por un lado, el cambio climático (¡faltaba más!), y, por otro, un problema de “almacenamiento”.
Sí, leyeron bien. “Almacenamiento”. Se preguntarán qué significa eso. Traducido, de la jerga eufemística de los organismos internacionales al criollo, significa que los gobiernos no cuidan ni administran bien el recurso, por lo que falta en los períodos críticos.
Uno se pregunta quién y dónde “almacenaría” los enormes volúmenes de agua requeridos para atender las necesidades de la Humanidad.
El Banco Mundial no lo dice claramente todavía. Pero es obvio que, si yo acuso a quien administra un recurso valioso de administrarlo mal, estoy sugiriendo un cambio de administración, o al menos que alguien intervenga para supervisar esa administración, que obviamente no se hará en “almacenes” sino mediante el control de las fuentes naturales de agua.
Desde hace mucho tiempo, grandes corporaciones están empeñadas en hacerse con el control del agua. Por eso no causa sorpresa que el Banco Mundial, invocando la sequía, abra camino para una forma distinta de “almacenar-administrar” el recurso.
Recapitulando: el Banco Mundial promovió y financió, al menos en nuestra región, una política forestal claramente reñida con la conservación del agua. Luego se convirtió en una especie de tribunal-niñera de las empresas forestales, que vienen a recoger al agua contenida en los troncos y a usar la de los ríos para convertirla en celulosa. Y, por último, pone el grito en el cielo por la falta de “almacenamiento” y cuidado del agua. Sólo falta que nos diga exactamente cómo debemos “almacenarla” y administrarla. Pero ya lo hará, no lo duden. Muy loco, ¿no?
En suma, nos encontramos ante una disyuntiva clara. No sabemos con exactitud las causas ni la duración de la sequía. Tampoco podemos controlar esos factores.
Lo que sí podemos hacer es algo que rompe los ojos: una política nacional de aguas. Es decir, marcar prioridades y poner fin al saqueo incontrolado que realizan las empresas forestales y al daño que producen ciertas formas de cultivo.
Me dirán que eso contradice a los contratos firmados con las pasteras. Y es verdad. Esos contratos leoninos e inconstitucionales nunca debieron firmarse. Por eso se firmaron en secreto.
Hoy, recién, vemos con claridad que no pueden cumplirse sin sacrificar cosas absolutamente valiosas, como nuestra salud, nuestra riqueza y nuestra soberanía.
Me perdonarán que les recuerde, una vez más, que la reforma constitucional “Uruguay Soberano” dispone precisamente la nulidad de esa clase de contratos. Firmar para que se apruebe es nuestra decisión.

Escasea el agua 
Ángel Segura, Carla Kruk, Claudia Piccini y Guillermo Chalar (*), en La Diaria, 22/3/2023.

Más de la mitad de nuestro cuerpo es de agua. El agua es fundamental para la vida y su valor histórico, cultural y social está consagrado en la Constitución de la República. En este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, proponemos algunos temas para la reflexión sobre su situación en Uruguay. Si bien la sequía que asola al país es importante y sus impactos sociales y ambientales son numerosos, en esta nota nos referiremos a otras sequías que, por la vía de los hechos, comprometen la cantidad y la buena calidad del agua, de la que los uruguayos y las uruguayas solíamos jactarnos.
Las sequías a las que nos referimos son las relacionadas con la situación de extracción y contaminación de las aguas, cuyos efectos a diferentes niveles tienen un origen común: el modelo de producción agroindustrial y agrícola-ganadero, impulsados en las últimas décadas desde los distintos gobiernos. En medio de la sequía, con decretos de OSE de restricciones al uso del agua potable, el presidente Luis Lacalle Pou en la inauguración de la 26ª edición de la Expoactiva de Soriano elogió las políticas forestales y sus plantaciones altamente demandantes de agua, y agregó que Uruguay tiene que aumentar el uso del agua para regar plantaciones de cultivos agrointensivos (por ejemplo, de soja transgénica).
En las últimas dos décadas en el río Uruguay se han cerrado plantas potabilizadoras de OSE como consecuencia de las floraciones de cianobacterias tóxicas, inducidas por el ingreso de fertilizantes desde zonas agrícolas. En otras zonas los aportes de efluentes de la ganadería intensiva generan problemáticas similares. La mala calidad del agua provoca un aumento de los costos de potabilización o la imposibilidad de alcanzar los estándares de calidad mínimos exigidos por la legislación.
En otros ecosistemas acuáticos los costos incrementales que asume la OSE por la mala calidad del agua disponible son millonarios (por ejemplo, en compra de agentes precipitantes y coagulantes, carbón activado, cloro). Asimismo, en varios sistemas acuáticos, algunos de ellos destinados a la potabilización, la concentración de pesticidas en el agua y en los peces es alarmante y refleja un problema menos visible a simple vista que el de las floraciones, pero de enorme gravedad. Ambos procesos son causados por el uso masivo de “insumos” necesarios para sostener este tipo de producción, y en este tema la evidencia científica es abrumadora.
Las floraciones tienen consecuencias tóxicas para los seres humanos e impiden el uso recreativo de gran parte de las playas de Uruguay, excluyendo a los usuarios de estos espacios e impactando en la industria del turismo. Dicha exclusión es claramente selectiva y afecta fundamentalmente a los sectores de menores recursos, que no pueden costear alternativas y deben renunciar al uso de esos espacios tradicionales de disfrute y encuentro o exponerse sistemáticamente a riesgos sanitarios. En este sentido, existen casos confirmados y registrados de intoxicaciones agudas por recreación en Uruguay, emblemáticos a nivel internacional. Considerando el efecto de las floraciones, se encienden varias alarmas sobre el estado de nuestros cuerpos de agua.

Como sociedad, no podemos darnos el lujo de perder un bien tan valioso e imprescindible como el agua y debemos incluir en los balances los impactos positivos y negativos de las actividades que se desarrollan.

Estas “sequías” son fruto de un modelo de desarrollo que genera numerosos impactos a los ecosistemas y, por lo tanto, a la salud humana. La sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en la toma de decisiones sobre su futuro, de manera informada y vinculante. Las soluciones que se plantean para mejorar el escenario del abastecimiento de agua potable apelan al uso de tecnologías y a la elección de fuentes de agua alternativas, que se propagandean como inagotables, pero que a nuestro modo de ver nos adentran aún más en un callejón sin salida. En particular, se plantean emprendimientos en zonas del estuario del Río de la Plata donde los problemas de floraciones son recurrentes (como la zona de Arazatí), catalogadas como de baja concentración de oxígeno (hipoxia) y cuya expansión podría llevar a la generación de “zonas muertas”. Además, se registran en esa zona aumentos estivales de salinidad (principalmente en verano) que dificultan o imposibilitan la potabilización y que requieren grandes cantidades de energía.
En este escenario queremos recordar que conocemos alternativas que se basan en una lógica diferente, no extractivista, no predatoria, que minimizan los impactos ambientales y que permiten un desarrollo justo y equitativo, aportando además a la soberanía alimentaria. Debemos plantearnos si otras formas de producción son posibles, preguntarnos quiénes son los beneficiados con las formas actuales, cuánto perduran en el tiempo las prácticas productivas y cuáles son sus consecuencias. Como sociedad, no podemos darnos el lujo de perder un bien tan valioso e imprescindible como el agua y debemos incluir en los balances los impactos positivos y negativos de las actividades que se desarrollan. Recuperar el funcionamiento natural y un estado generalizado de calidad del agua saludable en Uruguay es posible y debería ser un faro guía común.

(*) Carla Kruk, Claudia Piccini y Ángel Segura son investigadores del Departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y de Modelización Estadística de Datos e Inteligencia Artificial del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República. Carla Kruk es además investigadora del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República, al igual que Guillermo Chalar.

Sequías y agua

José Antonio Rocca

Sequía, restricciones para el uso de agua potable e incendios formaron parte de la agenda de febrero. Lo curioso, es que Uruguay tiene una cantidad muy importante de ríos, lagos, lagunas, arroyos.

Por si todo esto fuera poco el país se encuentra sobre diversos acuíferos, entre los que se destaca uno de los más importantes del mundo como lo es el Guaraní.

Más allá de la incidencia de fenómenos naturales, parece evidente que existen causas vinculadas a la estructura y funcionamiento económico del país, que determinan entre otras consecuencias el uso inadecuado de los recursos hídricos.

Enormes latifundios, monocultivos, la tiranía de la rentabilidad privada, han generado un fuerte deterioro ambiental que altera de manera negativa, la cantidad y calidad del agua a la que acceden la mayor parte de los orientales.

Grandes grupos y empresas privadas utilizan el agua en su beneficio exclusivo, desperdician, contaminan. Sobran ejemplos. Desde el uso de cursos de agua como vertedero de agroquímicos, como el glifosato, hasta la enorme cantidad de agua que absorben la cadena económica con base en plantaciones de eucaliptus. Cada tronco que se utiliza para exportar chips, pasta de celulosa, lleva en su seno una cuota de agua y energías del territorio oriental.

Paralelamente el gobierno promueve privatizaciones en el rubro, violando claramente la voluntad popular plasmada en la constitución, respecto a la consideración del agua potable como derecho humano a ser administrado exclusivamente por el sector público.

Otra de las enseñanzas que brinda la situación actual es una nueva evidencia de la hipocresía de muchos “liberales” de manual o de conveniencia.

Los mismos grandes grupos vinculados al agro negocio que recitan versos sobre el “libre mercado” y que no invirtieron para generar fuentes de regadío en el momento de vacas gordas, solicitan subsidios y prebendas frente a la sequía y el gobierno fundamentalista de la supuesta reducción de gastos se los otorga.

La moraleja es clara. Cuando el negocio les va bien, para el pueblo, las vaquitas son ajenas, cuando tienen problemas, terminan pagando los trabajadores.

Los recortes de egresos del sector público no son para los “malla oro”, a los que se los favorece por todas las vías, son para el gasto social y lo que es peor, sin medir consecuencias. En este caso también el ejemplo es nítido. La racha de múltiples incendios dejó al desnudo las carencias de OSE y del cuerpo de Bomberos tanto en términos materiales como de recursos humanos exigiendo a los trabajadores esfuerzos sobrehumanos.

El disparate conceptual que significa la no reposición de vacantes como norma, general, provoca tercerizaciones que favorecen intermediarios, elevan costos y rebajan salarios de los trabajadores y desmantelan servicios básicos. El ente que suministra agua potable, es un fiel reflejo de sus consecuencias. Mientras aconseja ahorrar agua potable, las cañerías carecen de mantenimiento y falta personal. El resultado es que se pierden cantidades inverosímiles del líquido elemento.

El gobierno y sus voceros nos intentan mostrar un país de maravillas, mientras el patrón de acumulación capitalista dominante exhibe sus carencias en los más diversos ámbitos.

Monocultivos forestales consumen 22M de m3 de agua por día
El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, un recurso que escasea cada vez en Uruguay, en gran parte por los monocultivos forestales.
22 de marzo de 2023

.La tarde de este miércoles 22 de marzo habrá marchas en todo el país en defensa del agua en el marco del Día Mundial del Agua. Según la OMS más de dos mil millones de personas carecen de agua potable a nivel mundial. Cuidar este recurso esencial para la vida es tarea de toda la sociedad, pero el impacto de las acciones individuales es de una escala mucho menor al de las empresas y las instituciones, por ejemplo, con los monocultivos forestales.

El agua en Uruguay es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución, por ello debe ser especialmente protegida.

"No es solo sequía, es saqueo", dicen las profesoras de geografía nucleadas que elaboraron una serie de placas con información relevante acerca del agua en Uruguay:

Forestación

Los monocultivos forestales consumen 21.742.180 metros cúbicos de agua por día. La silvicultura en Uruguay ocupa más de un millón de hectáreas. Cada hectárea tiene 1000 árboles y u eucaliptus consume 20 litros de agua diariamente. Por esto ha disminuido el 50% de los caudales hídricos.

Arroz

Para producir arroz en Uruguay se utilizan suelos cubiertos de grandes cantidades de agua con agrotóxicos. En 2022 se cultivaron 160.000 hectáreas de arroz. Se utilizan diversos agrotóxicos: herbicidas, plaguicidas y fertilizantes, que en gran medida terminan en los cursos de agua, entre ellos el glifosato. investigaciones recientes encontraron más de 90 agrotóxicos en la laguna Merín, cuya cuenca es la región arrocera por excelencia.

Suelen emplearse doce millones de litros de agua por hectárea a lo largo del ciclo productivo, pero en medio de la sequía se está tomando un 20% más de la prevista, ya que los suelos han perdido mayor cantidad de humedad.

Soja

Para conseguir la producción máxima de soja se consumen en todo el ciclo entre cuatro millones y medio y ocho millones de litros de agua por hectárea.

En Uruguay hay 1.165.000 hectáreas sembradas de soja, más del 50% ubicadas en Soriano, Colonia y Río Negro. La soja requiere entre 52.450.000 y 932.000.000 metros cúbicos de agua para su producción. El consumo de agua del cultivo es el valor de la evapotraspiración acumulada a lo largo del ciclo.

Plantas de celulosa

Las plantas de celulosa consumen y contaminan el agua sin pagar, de acuerdo con el estudio de impacto ambiental de la empresa analizado por Bacchetta en Sudestada.

Las dos plantas ya instaladas consumen 180.000 metros cúbicos de agua por día y la nueva UPM va a extraer del río Negro 125.000 metros cúbicos. Además, 305.000 metros cúbicos de agua contaminada se van a volcar día a día en nuestros ríos, lo que es equivalente al consumo de dos millones (2.000.000) de personas diariamente.

 

 

 

 

 

 

Ningún preso por luchar

Procesan militantes en protesta en la Suprema Corte de Justicia

Conferencia de prensa

Miércoles 15 de marzo,
Para quienes no pudieron concurrir directamente se transmitió por youtube, por el siguiente canal:
 

Procesados por manifestarse contra el traslado de Mariana Mota cuestionaron “operativo político para enterrar las causas de los derechos humanos”

 La diaria 15 marzo 2023

La defensa interpuso un recurso de casación ante la SCJ que “puede demorar entre tres meses y dos años”, y en última instancia recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A un mes de que el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 4º turno ratificase el fallo judicial que condenó a seis personas que en 2013 participaron en una manifestación en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en rechazo al traslado a la Justicia civil de la jueza Mariana Mota, quien tenía a estudio más de 50 causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, este miércoles, por primera vez, hablaron públicamente los condenados.

Lo hicieron ante un centenar de personas en la sede de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom). Aníbal Varela, Irma Leites, Álvaro, Diego y Eduardo Jaume, sentenciados por un delito de atentado a entre ocho y 24 meses de prisión, criticaron al Poder Judicial y “la estructura de la impunidad”. El sexto condenado, Jorge Zabalza, fallecido el año pasado, estuvo simbólicamente presente en un retrato colocado delante de los micrófonos.

También habló Mota, quien junto a los cinco condenados afirmó que lo que hubo el día de su traslado fue “el ejercicio de un derecho de protesta, absolutamente legítimo”. Comparó la situación con los desalojos de las barras en el Parlamento: “¿Por qué acá no podía pasar eso? ¿Por qué teníamos que traspasar esa situación y llegar a una criminalización? Porque tenían que dar una lección: nadie cuestiona a la SCJ”. Sostuvo que el procesamiento de los manifestantes tiene “irregularidades y cosas insólitas”.

Acerca de su apartamiento de las causas vinculadas a la dictadura, la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo dijo que siempre sintió “un enorme honor en poder tramitar esas causas”, las cuales fueron “absolutamente dolorosas”. “Me resulta realmente muy difícil ver a cada víctima y ver cómo sobrevivieron a tanta barbarie. Me emociona pensarlo”, expresó, conmovida. Asimismo, lamentó “no haber podido avanzar más” de lo que lo hizo y aseguró que la movilización en contra de su traslado significó el “mayor honor” que puede tener cualquier juez: “Que la gente apoye su trabajo en forma espontánea”.

Los testimonios

A su turno, Leites, integrante de Plenaria Memoria y Justicia, afirmó que existe una “criminalización” y una “judicialización” de la protesta, con “el único objetivo de tergiversar la realidad”. “Al procesarnos confiscaron el rol que tuvo la gente, porque en realidad fuimos cientos los que entramos a la SCJ”. Según Leites, la suprema corte de “injusticia” sustituyó a Mota para “seguir manteniendo la estructura de la impunidad”.

Álvaro Jaume, padre de Eduardo y Diego, recordó que el mismo día de la manifestación le preguntaron qué opinaba del traslado de Mota: “Este es un operativo político para enterrar las causas de los derechos humanos”, respondió. Una década después, sostuvo, “la historia lo demostró”. Cuestionó su sentencia en contraste con “cientos y cientos de torturadores, asesinos, secuestradores y violadores que no saben lo que es un día de prisión, ni siquiera saben lo que es declarar frente a un tribunal; ese fue el pacto de impunidad que se selló tristemente en este país”.

Eduardo Jaume calificó el fallo judicial como “absurdo” e “inentendible”. Acerca del traslado de Mota, expresó que a su entender era “la única que estaba pinchando a fondo para conseguir –solamente– que los milicos no estuvieran tan tranquilos”.

Diego Jaume dijo que “en Mariana encontramos justicia”, por eso, “cuando nos enteramos de que la iban a sacar no podíamos creerlo”. En 2013 “fuimos a la SCJ desesperados para que Mariana siguiera en el caso, [porque] sabíamos que si no seguía los milicos iban a salir impunes, como salieron después”.

Por último, Varela, dirigente de Adeom, manifestó que con el dictamen del Tribunal de Apelaciones “no ha terminado ni ha claudicado la lucha por los derechos humanos”. Afirmó que “la única manera de combatir es en la calle”.

El abogado de todos ellos, Juan Fagúndez, comentó que, pese a la ratificación, “la sentencia no está firme” debido a que se interpuso la casación; esto es una acción ante la SCJ “que admite ser presentada siempre que sea por una cuestión de error en la aplicación del derecho”. Por lo tanto, ahora la SCJ deberá analizar el caso, lo cual “puede demorar entre tres meses y dos años”, indicó el abogado. Pero incluso si hay un nuevo fallo adverso la defensa recurrirá a “la vía internacional” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Apelaciones confirmó la condena por atentado contra Irma Leites, Álvaro Jaume, Aníbal Varela, Diego Jaume y Eduardo Jaume por los incidentes en la SCJ en 2013, cuando se produjo el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil.  

 

2.11.0.0

Lamentable país

 

 

 

10 de Marzo de 2023

Desde mayo de 2018, el represor Eduardo Ferro no cobró su jubilación militar por disposición del entonces ministro de Defensa de la época, Jorge Menéndez. Luego, Ferro se entregó y pasó a cumplir cárcel en Domingo Arena por delitos de lesa humanidad. Pero una disposición de la jueza Natalia Cereda es un derecho fundamental.

La demanda incluye los haberes jubilatorios militares comprendidos entre agosto de 2018 y marzo de 2021. Durante ese lapso, Ferro estuvo prófugo de la justicia, investigado por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino.

MVD Noticias relató que Ferro huyó desde marzo de 2017. Pero durante un año siguió percibiendo su jubilación a través de una cuenta en el Scotiabank. En mayo de 2018, el militar buscado por la justicia civil efectuó la “fe de vida” o “revista de existencia en Valencia.

Es que un artículo del Presupuesto 1990-1995 establece que un militar retirado que resida en el exterior puede continuar cobrando su jubilación siempre y cuando haga ese trámite de “revista de existencia” de forma semestral y, si no lo hizo, declarando el motivo por el cual no actualizó los datos antes podrá continuar percibiendo sus haberes. Por esto, Ferro se presentó en el Registro Civil de la localidad valenciana de Peñiscola.

Jorge Menéndez, ministro de Defensa en ese año, rechazó el trámite por considerarlo ilegal. Esto provocó que se entregara a la justicia del militar retirado en 2020 y su posterior procesamiento. En ese marco, la cartera ahora encabezada por Javier García también defendió la posición contraria a pagar la jubilación de Ferro porque entiende que el exmilitar sabía las consecuencias de sus acciones.

Pero la jueza Cereda sentenció que Ferro cobre los 4,5 millones de pesos, más intereses, porque el cobro del a jubilación es un derecho fundamental y respondió de forma administrativa al requerimiento de la “fe de vida”.

Quién es Eduardo Ferro

Según la web “Sitios de Memoria”, Eduardo Augusto Ferro Bizzozero es un reconocido torturador que participó en el secuestro y traslado ilegal de Lilián Celiberti, Universindo Rodríguez y sus hijos, desde Brasil hacia Uruguay, y en la desaparición forzada de Óscar Tassino. Por éste último crimen, fue procesado en 2021.

Una crónica del semanario español El Correo el 9 de abril de 2021 indica: “Arrogante, Ferro reconoció en una entrevista reciente en una radio local haber secuestrado en 1978 a una pareja –Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti–“, “los niños estuvieron 18 días en el cuartel de las torturas; los adultos, siete años”.

Y más adelante, señala: “’Vandalizó la carne y el espíritu’, escribe Claudio Invernizzi, uno de los torturados por Ferro y otros esbirros del régimen instaurado en 1973. ‘Mi adolescencia fue estrenada con picana, sed, submarino, plantón, ausencia, violación’”. También añade: “Al menos otros dos de los prisioneros no salieron: Óscar Tassino y Fernando Miranda”.

Incluso reconoció que en democracia realizó seguimiento y vigilancia a integrantes de partidos políticos y a sindicalistas.

 Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol piden no abonar a la “teoría de los demonios”
Desde estas organizaciones consideraron “muy ambiguo y poco explicativo” el proyecto reparatorio a víctimas de la guerrilla, que ya cuenta con media sanción del Senado.'
 
8 de marzo de 2023
Colectivos vinculados a los derechos humanos comparecieron este 8/3/23 20:09 Página 1 de 5 miércoles ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja, donde tratan el proyecto de ley de reparación económica y social a víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976.
La iniciativa surgió de Cabildo Abierto (CA), que solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un proyecto de ley con este cometido. Semanas más tarde, Presidencia redactó el texto y el Senado le dio media sanción a fines del año pasado.
El Frente Amplio (FA) denunció que la iniciativa tuvo un tratamiento “exprés” para que la reforma de la seguridad social, que en ese momento estaba a discusión de esa cámara, se aprobara lo antes posible.
Para algunos frenteamplistas, se trató de una moneda de cambio entre el gobierno y CA para que este partido aprobara la reforma jubilatoria, que hoy se trata en Diputados.
El oficialismo se apresta a aprobar el proyecto de reparación cuanto antes, pero la oposición quiere citar a más delegaciones para que opinen sobre el texto.
Este miércoles fue el turno de la Asociación Toda la Verdad - organización que pide que se reconozca a las víctimas de la guerrilla-, de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la asociación de expresos políticos Crysol y de la Institución Nacional de Derechos Humanos. A favor, pero con dudas Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, señaló a la diaria que solicitaron a los legisladores que aclararan “un poco” el proyecto de ley, ya que lo que está indicando es “como que quieren implantar la teoría de los dos demonios, con la que no estamos de acuerdo”.
En ese marco, 8/3/23 20:09 Página 2 de 5 adelantaron que no comparten la fijación del período 1962-1976, puesto que quedan por fuera algunas víctimas. “Nos llama mucho la atención”, expresó, y recordó que los civiles no habían sido reparados económicamente, pero sí policías y militares en 1973, año en que comenzó la dictadura cívico-militar.
“Por lo tanto, este proyecto de ley debe abarcar sólo a civiles”, indicó Montes de Oca. A su vez, expuso que preguntaron si la iniciativa abarcaba también los hechos y delitos que cometió la Juventud Uruguaya de Pie.
“Es muy ambiguo y poco explicativo lo que ellos quieren reparar; incluso hablan de reparación de bienes”, sostuvo, y añadió que lo que querían que quedara claro es que no es lo mismo los hechos que cometió el Estado, en los que “se agredió a toda la población”, que las acciones de particulares o grupos.
“No tenemos inconvenientes en que se repare a los civiles, pero no tenemos bien claro qué es lo que quieren reparar ni a quiénes [abarcaría la ley]. Si viene con nombre y apellido, no sabemos”, indicó, y resaltó: “Fueron más dudas que cuestionamientos”. Entre ellos, que no usen ese período como “excusa” para decir “que fue lo que provocó la dictadura”.
En tanto, desde Crysol entienden “razonable” que el Estado asista económicamente a los familiares de los ciudadanos que fueron víctimas de la violencia que “vivió nuestro país y que no han sido resarcidos hasta el momento”.
En el documento que presentaron ante los legisladores, y al que tuvo acceso la diaria, indicaron que les “preocupa mucho” el hecho de que se vuelva a resarcir “a víctimas de la acción de particulares, que ya lo fueron oportunamente por el Estado”.
“De acuerdo a la información que manejamos, la inmensa mayoría de las personas fallecidas ya fueron asistidas en su momento por el 8/3/23 20:09 Página 3 de 5 Estado.
Los promotores de este proyecto de ley lo saben”, añadieron, y agregaron que les parece que la “verdadera intención” del documento “no es resarcir a los damnificados durante un período muy difícil en la vida del país, sino generar una operación publicitaria y mediática”.
Asimismo, sostuvieron que es una “evidente maniobra política y marketinera”, que repite el accionar de los “grupos neonazis a nivel europeo e internacional” para condenar “al olvido al holocausto del pueblo judío y a las luchas de los pueblos contra el fascismo”.
Apuntaron que en este caso “se trata de amplificar al máximo posible los resultados siempre dolorosos del clima de violencia y de confrontación que se generó históricamente desde el poder, muy especialmente desde el 13 de junio de 1968, momento en que el presidente Jorge Pacheco Areco implantó las medidas prontas de seguridad”.
A su vez, indicaron que la teoría de los dos demonios “es una interpretación histórica destinada a exculpar a los responsables sociales y políticos del drama histórico que vivió nuestro país”: “Y este proyecto de ley, tan enérgicamente defendido en todos los canales de la televisión privada y estatal por los mismos que defienden a los principales criminales que conoce la historia de Uruguay, va en ese sentido, va en esa orientación: ocultar el terrorismo de Estado, invisibilizarlo, difuminarlo, poniendo el foco en aspectos dolorosos pero menores de la historia que se vivió”.
Otros puntos Diego Burgueño, referente de la Asociación Toda la Verdad e hijo de Carlos Burgueño, asesinado por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros durante la toma de Pando, en 1969, también compareció ante la comisión y manifestó su respaldo al proyecto. 8/3/23 20:09 Página 4 de 5 “Venimos manteniendo desde el comienzo de nuestra lucha reivindicar un pasado que ha sido oculto, enterrado para la ciudadanía, y exponer sobre nuestros propósitos de por qué este proyecto de reparación histórica lo apoyamos”, sostuvo a la diaria.
Según Burgueño, se trata de un “mojón” en la historia que ha tenido “más avances”, no como en otras oportunidades, que se presentaron proyectos en el mismo sentido.
“Esta vez, aparentemente, va a llegar más lejos. De todas formas, no pedimos una reparación económica, lo que pedimos es reparación histórica”, y afirmó que “sí se puede dialogar sobre un pasado que tenemos que mirar más allá de la punta de la nariz”

 

“Los militares ya fueron reparados” 

 

La Asociación de ex presas y presos políticos de la dictadura uruguaya que trabaja por la defensa de los derechos humanos y los derechos de las personas que estuvieron detenidas, salió al cruce de un editorial de un matutino en el que se afirma que “nunca hubo una reparación ni reconocimiento alguno para los 66 muertos y sus familiares durante la intentona revolucionaria de los tupamaros”.

CRYSOL afirma que esa “gran mentira” ha quedado al desnudo.

Texto completo

Desde hace muchos años, los defensores de los terroristas de Estado vienen propalando a los cuatro vientos que las víctimas de la violencia no estatal no fueron reparadas. Una editorial del matutino El país de fecha de 2017 señalaba: “Nunca hubo reparación ni reconocimiento alguno para los 66 muertos (y para sus familiares) durante la intentona revolucionaria de los tupamaros”. Tal cual, un mentiroso contumaz.

La ley 14 106 ya los reparó

Desde hace años existen leyes en nuestro país que atienden la situación de los funcionarios policiales fallecidos en actos de servicio. Una realidad preocupante desde que existe el delito.

La vida humana es única e irrepetible. No tiene valor monetario. En lo referido a los militares fallecidos en actos de servicio en el período predictatorial y dictatorial propiamente dicho, se ha ocultado, de manera intencionada que los mismos ya fueron reparados. Mientras Yamandú Fau era ministro de Defensa Nacional, del segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, hubo un pedido de informes al respecto y así fue constatado.

El Artículo 115 de la Ley 14 106 de marzo de 1973, aprobada aún en democracia, no deja lugar a dudas. En ese momento las Fuerzas Armadas formaban parte del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, y en buena medida ya cogobernaban. Para esa ley hay muertos de primera y de segunda, repara a los militares víctimas de la violencia no estatal de diferentes formas, discriminando al personal subalterno de los oficiales.

“Fíjase la prestación que deberá pagar el Estado por concepto de reparación a los causahabientes del personal militar fallecido con motivo o a causa de la lucha antisubversiva en los siguientes montos en Unidades Reajustables (Artículo 38 y concordantes de la ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968).

2. A) Para los causahabientes del personal de categoría Superior: 2.480 (dos mil cuatrocientas ochenta) Unidades Reajustables. (US$ 85.000.- a valores actuales).
3. B) Para los causahabientes del personal categoría Subalterna: 2.170 (dos mil ciento setenta) Unidades Reajustables. (US$ 75.000.- a valores actuales).

Alimentar la Teoría de los dos demonios

Mediante este proyecto de ley, los sectores más conservadores de la sociedad, en alianza con los nostálgicos del terrorismo de Estado, pretenden alimentar y revitalizar la perimida teoría de los dos demonios para explicar el proceso histórico vivido en Uruguay desde el 13 junio de 1968. De manera indirecta, pretenden quitar gravedad a las desapariciones forzadas, a los secuestros de niños, a los asesinatos, a las torturas, a las calamidades sufridas por miles de exiliados y de insiliados forzosos. Incluso, por las declaraciones formuladas en diferentes medios, pretenden asentar en la conciencia ciudadana que tienen la misma importancia jurídica las conductas de los particulares que las de los funcionarios del Estado.

No se puede equiparar la conducta de los particulares

Las normas de Derechos Humanos son una conquista de la humanidad, un gran logro de los pueblos. Luego de la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial, las mismas surgieron a nivel internacional para proteger a los ciudadanos de los potenciales abusos de los funcionarios estatales, civiles, militares y policiales. En este sentido, solamente los funcionarios del Estado violan las normas de DDHH tal como lo ha señalado hace unos meses en un reportaje el actual presidente de la INDDHH el Sr. Marcos Israel.

Los funcionarios del Estado tienen la obligación de respetar las normas de Derechos Humanos y asegurar el pleno usufructo de ellas a toda la ciudadanía. El accionar de los particulares nunca puede ser equiparado ni igualado al de los funcionarios del Estado.

La violencia fue generada desde el poder

El proceso iniciado el 13 de junio de 1968, cuando Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), desembocó en la dictadura y luego en el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel protagónico, cargan y cargarán, históricamente, por lo mismo, una pesada mochila. La dictadura cívico militar fue una calamidad nacional. Sobre dicho proceso recae toda la responsabilidad por los costos directos e indirectos del mismo, en daños y sufrimientos, humanos y materiales.

CRYSOL, Jueves 16 de febrero de 2023

 

 

 

2.11.0.0

Las piedras permanentes de la Fosatti

Las piedras permanentes de la Fosatti son una bomba de tiempo que tarde o temprano va a estallar. Sálvese quien pueda. Es insostenible el cuarto piso. Se derrumbará la torre ejecutiva

En los audios difundidos por Legítima Defensa, la fiscal Fossati asegura: la investigación "no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes".

La fiscal Gabriela Fossati, responsable del caso del exjefe de la seguridad presidencia Alejandro Astesiano, denunció en los últimos días ante la Fiscalía General, por difamación e injurias, al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al director de Caras y Caretas, Alberto Grille, y a tres usuarios de redes sociales.

La denuncia contra el director de Caras y Caretas es por un editorial de Alberto Grille, quien la tildó de cobarde. La nota titulada "Entre la cobardía de una fiscal y la hipocresía del sistema judicial", transcribe un audio donde la fiscal afirma que, entre otras cosas, “no se puede investigar nada porque están nombrados todos los que pueden contribuir con la investigación”, “tendría que citar a declarar a todos los funcionarios de jerarquía del gobierno”, entre otras cosas. Y remata afirmando que “si a nadie le interesa, por qué va a interesarme a mi”.

Este viernes en el programa Legítima Defensa, se difundieron tres audios de la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, que surgen de una conversación que mantuvo con un periodista, cuyo nombre no se mencionó.

En el primero de los audios difundidos, Fossati afirma: “Acá el tema es que surgen los nombres de todas las personas que están dirigiendo los organismos que me tienen que investigar, en realidad, quienes tienen que preocuparse por limpiar la situación o tendrían que estar preocupados por los resquicios evidentes que hay en sus instituciones, por lo único que se preocupan es por tratar de taparlo”.

En el segundo sostiene que alguien, cuya referencia no aparece en el audio, pero se desprende que se trataría del fiscal de Corte Juan Gómez, “da señales claras en cuanto a que me quiere clavar a mí con los malos resultados de una investigación que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes, las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia, de Fiscalía”.

En el último, la fiscal afirma que no está “para inmolarse a esta altura de la vida”. “Esto es una bomba de tiempo, y que quede claro que a nadie le interesa. A los que les interesa, les interesa por otros fines, no por la justicia, les interesa para sacar rédito político. A los otros no les interesa y, entonces, los que eventualmente cometieron errores, pero me tienen que auxiliar, lo que hacen es ensuciarme por atrás”.

 

Fossati ingresó en el terreno de la falsedad 

 Por Carlos Peláez 

 

Astessiano - Fossati: se enredó la piola  

Por más que el gobierno afirma que no pasó nada, aún no se sabe cuáles son los alcances de la corrupción y quiénes más están involucrados porque la causa Astesiano se cerró.

 

Por Carlos Peláez

Una investigación que comenzó la fiscal Gabriela Fossati a principios del año pasado por la expedición de pasaportes falsificados giró abruptamente cuando descubrió que el jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astessiano, era partícipe de la banda de falsificadores. De ahí en adelante la piola se fue enredando de tal manera que en los últimos días el frenteamplista Gustavo Leal termina indagado y la fiscal denuncia por difamación e injurias a Fernando Pereira, presidente del FA; a Alberto Grille, director de Caras y Caretas y a tres ciudadanos por sus tuits.

Hasta el 25 de setiembre del año pasado muy pocas personas sabían que la fiscal Gabriela Fossati dirigía desde marzo una investigación sobre falsificación de pasaportes. Ella, su equipo y algunos jerarcas policiales sabían que el jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, estaba involucrado con la banda de falsificadores. El viernes 23 de setiembre la fiscal solicitó la detención de Astesiano. El designado para esa tarea fue el comisario general Claudio Correa, director general de Información e Inteligencia de la Policía. Pero hasta ahora no sabemos qué cosa falló en medio. Astesiano se encontraba ese viernes en Costa Rica acompañando al presidente de la República Luis Lacalle Pou, quien disfrutaba unas vacaciones junto a sus hijos. Ese viernes fue detenido el escribano Álvaro Fernández, presumiblemente el jefe de la banda de falsificadores. Alguien le avisó a Astesiano, no se sabe si fue la esposa de Fernández o el comisario Correa. El asunto es que el jefe de la seguridad presidencial tuvo tiempo para borrar la información que contenía su celular. Astesiano arribó el domingo 25 por la noche a Carrasco y tampoco lo detuvieron allí. El responsable esperó que tanto él como el presidente llegaran a la residencia de Suárez, donde procedió. A partir de ese momento todo se comenzó a desbarrancar. Porque enseguida se supo que Astesiano usó su despacho ubicado en el 4º piso de la Torre Ejecutiva para recibir delincuentes y otras actividades ilegales. A primera hora de la tarde del lunes 26 pocos vieron el rostro desencajado del presidente Luis Lacalle Pou, reconociendo que el responsable de su seguridad había sido detenido. No era la hora habitual de las conferencias de prensa. El presidente dijo que no sabía que Astesiano tenía anotaciones policiales “porque no figuraban en su legajo”. Y agregó que “si lo hubiera sabido no pondría en sus manos a mi familia”.

Sin embargo el martes 27 reconoció que varias personas le habían advertido sobre ese pasado de su funcionario. “No recuerdo si me lo dijo Larrañaga, pero sí otras personas”. Las anotaciones y antecedentes de Astesiano eran públicos desde agosto de 2020 cuando los publicó Caras y Caretas. Un año después los difundió el informativo de radio Sarandí. Por qué razón lo nombró y mantuvo a pesar de las advertencias es algo que el presidente debería explicar públicamente en algún momento. Porque lo conocía desde hacía algo más de 20 años, ya que incluso había cumplido tareas para sus padres. Las dificultades en la investigación surgieron inmediatamente cuando Fossati dijo públicamente que “apenas se había recuperado el 2% de la información contenida en el celular de Astesiano”. Pero casi enseguida el ministerio del Interior informó que se había recuperado el 100%. Que nadie sabe qué es ni a qué refiere, porque Astesiano usaba otros celulares. La fiscalía recibió el equivalente a 2 terabytes de información. Durante la interpelación realizada por el Senado al ministro del Interior Luis Alberto Heber, desbarrancó el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, responsable administrativo de la seguridad presidencial, quien les mintió a los senadores cuando afirmó que “Astesiano no era el jefe de la custodia presidencial, sino un mero integrante”. Ese mismo día el senador Alejandro Sánchez mostró documentos que desmentían a Ferrés. Pero además en su dictamen la fiscal Fossati lo señala como “jefe”. Desbarrancó Heber, quien también les mintió a los senadores cuando afirmó que “Astesiano no tenía acceso a las cámaras de videovigilancia del ministerio ni al Sistema de Gestión de Seguridad Pública”. Con énfasis dijo que “eso es imposible”. La fiscal Fossati lo desmintió con contundencia. La publicación de algunos de los chats, realizada por varios medios, no solo dos “con vinculación política” como dijo el presidente, dejaron en evidencia un clima de corrupción generalizada del que era parte Astesiano. No la única parte. Por lo pronto varios miembros de la plana mayor de la policía aparecían haciendo tareas ilegales para el jefe de seguridad, en asuntos que nada tenían que ver con su función. A través de los chats se supo de negociaciones varias de Astesiano con empresarios privados por licitaciones, algunas otorgadas. Pero lo peor fue el establecimiento de una red para perseguir opositores. La propia fiscal dice en su dictamen que “hasta el presidente le pedía informaciones a su jefe de seguridad”. O sea, Lacalle Pou sabía de los vínculos de su guardaespaldas y se permitió recurrir a él para reclamar informaciones sobre temas que no tenían que ver con su seguridad personal. Desde el principio la fiscal consideró que “el presidente había sido sorprendido en su buena fe”. Pero claro, ahí están los chats. Que desde el 4º piso de la Torre Ejecutiva se había instalado un clima de corrupción generalizada no hay dudas. Por más que el gobierno pretenda que no pasó nada. Cuáles son los alcances de esa corrupción y quiénes más están involucrados es algo que por ahora no sabremos porque la causa Astesiano se cerró con el acuerdo abreviado. Aunque la propia fiscal dijo que “las investigaciones continúan”. Pero el pasado miércoles en el programa “En la mira” dijo al periodista Gabriel Pereyra que “habían cruzado muchísimos nombres de figuras públicas nombradas en los chats y no habían encontrado nada”. Veremos cuando conozcamos todos los chats, incluso los que mantuvo con Lacalle que se mantienen en reserva. Todos sabemos que más temprano que tarde se van a conocer.

Desbarrancó Fossati

La fiscal Gabriela Fossati es una profesional con larga trayectoria en la magistratura. Entre 1993 y 2000 se desempeñó como juez de Paz en Maldonado y a partir de ese año pasó a Fiscalía también en este departamento. Su carrera no estuvo exenta de problemas e incluso de sanciones. Pero en líneas generales se la considera inteligente, formada, sólida en sus dictámenes. Por qué razón se desequilibró con el caso Astesiano es algo desconocido. Al principio estaba molesta con las filtraciones, con que muchos de los funcionarios que debía indagar eran quienes, o jefes de quienes debían colaborar con ella en la investigación. También estaba molesta con algunos periodistas. Hizo pública su molestia con el fiscal de Corte, Juan Gómez, a quien acusó de incumplir el compromiso de trasladarla de Flagrancia a Delitos Económicos. Luego comenzó a hacer públicas sus críticas a través de Twitter. Anunció a fines de noviembre que solicitaría ser exonerada de continuar con esta investigación. Hasta llegar a los dos últimos sucesos: la indagatoria a Gustavo Leal y la denuncia por difamación e injurias contra Fernando Pereira, Alberto Grille y tres tuiteros. Resulta bien curioso que Fossati diga que Astesiano es una persona con derechos humanos a proteger pero a renglón seguido viole los derechos humanos de Leal al indagarlo sin decirle los motivos. Más curioso es que el único político indagado y el único denunciado por difamación sean de la oposición, cuando todos los protagonistas de la trama son del oficialismo. Con respecto a la denuncia por difamación e injurias es algo a lo que tiene derecho. Aunque ella misma reconoció al periodista Gabriel Pereyra que “esperaba que la decisión la tomara Juan Gómez como superior, para defender a una trabajadora agraviada”. Pero eso no ocurrió. Es más, Gómez dijo que “él no era censor de nadie”. No hay antecedentes en el país de que un fiscal lleve a juicio a un dirigente político y a un periodista por presuntos delitos de difamación e injurias. En varias fuentes Caras y Caretas confirmó que la denuncia cayó muy mal en el ámbito de Fiscalía. Es conocido que Fossati no solo no pertenece a la Asociación de Fiscales, sino que también ha tenido duros enfrentamientos con algunos de sus colegas y en particular con el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, y con Juan Gómez actualmente en ese cargo. Los debates han revelado las discrepancias que Fossati tiene con la implementación y aplicación del Nuevo Código del Proceso Penal. Pero como todo en la vida, a veces la discusión se tornó personal.

Del autor de la nota

Por razones de honestidad intelectual debo hacer algunas precisiones

1) Conozco a la fiscal Gabriela Fossati desde hace por lo menos 23 años ya que tuvo una larga trayectoria en Maldonado, primero como juez de paz y luego como fiscal. Siempre la tuve en alta estima.

2) No me consta su pertenencia partidaria si la tiene. Jamás la oí referirse al tema.

3) No somos amigos, en el sentido textual del término, como maliciosamente se ha deslizado por parte de personas malintencionadas. Sí tuvimos hasta hace poco un trato cordial y amable como corresponde a la tarea de ambos y como tengo con muchísimos funcionarios y magistrados.

A principios de febrero escribí una nota criticando sus comentarios posteriores a la declaración en Fiscalía de la señora Lorena Ponce de León. La doctora Fossati se molestó, me bloqueó y se cortó el diálogo.

4) Conozco la grabación que ha mencionado el director de Caras y Caretas, Alberto Grille, y la reproducción que hizo es textual. Coincido con que lo que allí se dice es gravísimo.

5) Desde que la conozco, la doctora Fossati ha mostrado su preocupación por la existencia de actos de corrupción en el ámbito público. Incluso ha participado en seminarios realizados sobre el tema en el exterior.

Lamento profundamente que teniendo ahora la posibilidad de investigar una de las tramas de corrupción más complejas de los últimos tiempos haya decidido cerrar el caso con el argumento de que “Astesiano no es un monstruo ni la persona que hay que seleccionar como un ejemplo de lo que está peor en Uruguay".

Tal vez no sea un monstruo, pero sin duda es una rémora de un pasado que nadie quiere que regrese. Probablemente hay cosas peores en este país, como el hambre y la pobreza. Pero llevarse puesta a la plana mayor de la policía, obligar a mentir a un ministro y a su jefe administrativo, vincular al presidente, hacer negocios para sí y para otros desde la Torre Ejecutiva, son actos de corrupción que imperiosamente deben ser aclarados y juzgados.

 Tras el pedido de certificación médica por 15 días de la fiscal del caso Astesiano, el fiscal de Corte señala que deben “analizar detenidamente” las medidas a tomar, por una cuestión de “ausencia de recursos” y porque la Fiscalía “debe seguir funcionando”

 

Gabriela Fossati, fiscal a cargo del caso del exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano, pidió certificación médica por 15 días, según informó el responsable de comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech. La fiscal tomó esa decisión luego de que el programa Legítima defensa divulgara audios suyos en los que sostiene que la investigación de este caso “no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes” y que “todas las personas que están dirigiendo los organismos” por “lo único que se preocupan es por tratar de tapar”. Benech aclaró que desconoce los motivos de la certificación, ya que las cuestiones vinculadas a la salud son reservadas.

Según informó el periodista Gabriel Pereyra en su cuenta de Twitter, Fossati también envió una carta al fiscal de Corte, Juan Gómez, en la que explica que los audios divulgados fueron fruto de una conversación privada que mantuvo con el periodista Carlos Peláez, que no era su intención que tomaran estado público y que algunos de los asuntos mencionados se fueron solucionando con el tiempo. No obstante, le pidió que la releve del caso Astesiano. Fossati ya había manifestado en otra ocasión, en noviembre de 2022, su voluntad de apartarse de este caso. “Lo mejor parece ser que yo no lo siga”, dijo en aquella oportunidad.

El audio completo de Fossati: “Esto es una bomba de tiempo”

En el audio de Fossati, al que accedió la diaria, la fiscal dijo que el caso Astesiano lo armó “a puro trabajo”, le llegó “sin quererlo” y, como es “responsable”, lo trabajó “yendo hacia el fondo”; no obstante, le dijo al periodista: “Tú te imaginarás: acá el tema es que surgen los nombres de todas las personas que están dirigiendo los organismos que me tienen que investigar. En realidad, quienes tienen que preocuparse por limpiar la situación o tendrían que estar preocupados por los resquicios evidentes que hay en sus instituciones, [por] lo único que se preocupan es por tratar de taparlo”. La fiscal agregó que “del otro lado” están los que quieren “sangre” pero “por un interés político”.

Luego Fossati dijo que el fiscal de Corte “increíblemente da señales claras” en cuanto a que la quiere “clavar” a ella con “los malos resultados de una investigación que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes, las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia y de Fiscalía”. Además, la fiscal negó que este caso sea “un trampolín” para su carrera, dado que tiene “31 años de magistrada” y está “al final”. 

“Al mismo tiempo, me quieren atar a mí con la investigación, cuando ponen piedras; lo que están pretendiendo es que precisamente la investigación fracase, y que haya un nombre, una cara responsable, que sea yo. Entonces, la verdad, acá la Justicia no le importa a nadie, a ninguno de los dos lados. Unos quieren tapar todo; fijate que quienes están mencionados siguen siendo los que dirigen a quienes me tienen que auxiliar”, sostuvo.

Además Fossati señaló que hay jerarcas del gobierno que dicen cosas “que claramente no son”, por ejemplo cuando Francisco Bustillo, ministro de Relaciones Exteriores, dijo que “no hay ningún funcionario involucrado”, pero, para la fiscal, “queda claro que se está investigando porque hay elementos”, y “está claro que es un horror lo que pasaba en la Dirección Nacional de Identificación Civil”.

“Juan Gómez dice que me dio todas las condiciones para dedicación exclusiva, y es mentira, yo estoy en una Fiscalía de Flagrancia, que no le corresponde estar en este caso. Tuve que dejar de lado todos mis casos para atender yo, estoy haciendo las tareas administrativas para que salga adelante, y cada cosa que yo voy avanzando, las mismas personas que me tienen que ser los auxiliares lo filtran para que se enchastre. Entonces, yo ya no estoy para inmolarme a esta altura de la vida, y lo mejor es que la cosa quede clara, que esto es una bomba de tiempo, y que quede claro que a nadie le interesa”, sostuvo.

Gómez: “No se ha ensuciado nada”

En diálogo con la diaria, el fiscal Gómez señaló que en realidad no recibió ninguna carta de Fossati, sino que la “puede haber mandado a la Secretaría de la Fiscalía de Corte”, pero “obviamente” él no maneja la secretaría, ya que “bastante” trabajo tiene. De todas maneras, Gómez confirmó que Fossati pidió licencia médica por 15 días, pero él no lo hizo público “por respeto a cualquier persona que esté certificada”. “Y [Fossati] me mandó los famosos audios, pero -quizás por respeto a mí mismo- no tengo ningún comentario para hacer”, acotó Gómez.

Ante las dos semanas de licencia que Fossati tiene por delante, Gómez dijo que ahora deberán “analizar detenidamente” los pasos a seguir, pero “no por nada muy especial” sino por una cuestión de “ausencia de recursos”, porque la Fiscalía “debe seguir funcionando, como corresponde”. “La certificación es hasta el 19 de marzo, así que de alguna forma hay que prever quién ayudará o quién subrogará esa fiscalía”, subrayó.

Sobre los dichos de Fossati, sobre que la investigación del caso Astesiano no puede llegar a su fin “porque las piedras son permanentes”, Gómez dijo que no puede opinar porque no conoce la situación, pero subrayó que se trata de “una percepción que tiene alguien que está trabajando en un tema y que obviamente lo conoce”. Además, destacó que a Fossati le manifestó que de Fiscalía “no se ha filtrado nada” y que él no lo “permitiría de ninguna forma”.

“Desde la Fiscalía no se ha filtrado nada, no se ha ensuciado nada y no se ha impedido que la fiscal cumpliera con su responsabilidad de llevar adelante una investigación. Hasta ahí es cuanto tengo para manifestar”, finalizó.

Peláez: “En ningún momento me pidió reserva”

Por su parte, el periodista Carlos Peláez explicó a la diaria el contexto del audio de la fiscal. Dijo que el sábado 19 de noviembre en Radio Sarandí informaron que Fossati le había pedido a Gómez que la apartara de la causa; por lo tanto, Peláez le escribió un mensaje de Whatsapp preguntándole si era cierto, y Fossati le contestó con “dos audios seguidos”, y uno de ellos fue el que se difundió. “En ningún momento me pidió reserva ni off the record ni nada por el estilo. Yo he hablado muchas veces con ella por otros casos, y siempre me decía 'esto es para ti' o 'después te digo cuándo se puede publicar'. Me conoce hace 25 años, por lo menos. Así que no es cierto. Yo no la grabé, obviamente; ella me mandó el audio”, indicó.

El periodista dijo que en noviembre, luego de que la fiscal le mandara el audio, debatieron con la dirección de la revista Caras y Caretas -donde trabaja- “sobre la conveniencia o no de darlo a conocer”. Subrayó que lo que expresa la fiscal en el audio “es de extrema gravedad institucional” y de “alto interés público”. Finalmente, en la revista coincidieron con que en noviembre no era el momento indicado para hacerlo público, “para no afectar la causa”, por lo tanto, decidieron publicarlos luego de que la investigación llegara a su fin.

Además, Peláez aseguró que después de que la fiscal le mandó el audio, él le dijo que a raíz de su testimonio le quedaba la sensación de que “estamos en un Estado mafioso” y eso había que escribirlo, a lo que Fossati le contestó: “Y escríbanlo”. “Ella sabe perfectamente cómo fue. Claro, ahora me odia, pero es su problema, yo no fui el que habló, sino ella. Yo le pregunté si era cierto lo de Sarandí”, insistió.

Por último, Alberto Grille, director de Caras y Caretas, también dijo a la diaria que Fossati no pidió “ningún tipo de reserva”, así que nunca consideraron que el audio fuera algo reservado; independientemente de que “también se podría discutir si ante un audio de ese calibre alguien tiene derecho a no decirlo”.

A su vez, sobre la denuncia por difamación e injurias que Fossati presentó contra Grille, por varias columnas de opinión en la revista, el periodista señaló que por ahora no le llegó ninguna notificación. “Mientras no me notifiquen y no sea citado, tenemos para estar contentos todos los periodistas y los medios, por la libertad de prensa y de opinión. Podemos estar tranquilos, no tenemos miedo”, finalizó.

 

 

 

 

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